Se trata de Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, uno de los máximos líderes de “Caicedo”, una confederación de combos con injerencia en las comunas de Buenos Aires, Villa Hermosa, La Candelaria y San Javier. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, fue capturado en Sabaneta. Foto cortesía de Policía.

La Dijín y la Sipol de la Policía lo detuvieron el pasado 25 de julio, en el marco de la llamada Operación Alfa, cuando se movilizaba por una vía del sector La Doctora en el municipio de Sabaneta, en un carro de alta gama. En contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

En su reporte del caso, la Policía consignó que el delincuente administra cerca de $3.000 millones mensuales, “producto del tráfico de estupefacientes, extorsión al sector residencial, comercial y transporte”. Además, que “orientaría la materialización de homicidios de venezolanos que estarían incidiendo en actividades delictivas en sus zonas de influencia”.

A eso se suma un extenso prontuario, debido a una trayectoria delincuencial de más de 25 años, en la que fue paramilitar y posteriormente desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sus antecedentes incluyen otra captura en 2017, por la que fue condenado por el cargo de concierto para delinquir.

En el registro a su vehículo le encontraron siete celulares y $20 millones en efectivo, que fueron incautados.

Pese a esto, en la audiencia de control de garantías fue dejado en libertad por el juzgado, el cual consideró que no había elementos probatorios suficientes para mandarlo a prisión de manera preventiva.

La decisión fue mantenida en reserva por las autoridades policiales, que no le encuentran explicación al fallo.

La banda “Caicedo” tiene vocería en la mesa de “paz total” que funciona en la cárcel de Itagüí, a través de Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”), uno de los hombres más visibles del proceso de conversaciones con la Casa de Nariño.

En menos de dos meses han sido detenidos con órdenes de captura, y posteriormente liberados en audiencias, seis personas conectadas con la mafia de Medellín al más alto nivel y con delegados de las bandas en esa mesa de paz, lo que está generando suspicacias entre las agencias de seguridad.

Además de “Queso”, en esa lista están Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), uno de los jefes históricos de “la Terraza”; Diana Olaya y Daniel Muñoz Olaya, esposa e hijo de José Muñoz Martínez (“Douglas”), el principal vocero de dicha mesa y jefe de “la Terraza” y “la Oficina”; y Vilma Granados Avendaño y Luisa Rojas Granados, viuda e hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de “la Terraza” asesinado en 2024, y quien era gestor de paz del proceso.

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A estas dos últimas les concedieron el beneficio de la detención domiciliaria, mientras que a los otros tres les otorgaron la libertad, en un expediente por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

¿A qué se deben estas decisiones, si se supone que la Policía y la Fiscalía llevaban años reuniendo la evidencia? Esa es una de las cuestiones que queda en el aire, y que deja en el ambiente posibles debilidades investigativas de la institucionalidad o presuntas influencias de la mesa de paz en la rama judicial.

En la misma operación contra “Queso” fueron judicializadas otras personas relacionadas con la banda conocida como “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, uno de los grupos más fuertes de la organización “Caicedo”, que delinque en la parte alta de la comuna de Buenos Aires.

Al cabecilla Jorge Humberto Arroyave Duque (“Copete”), quien está en la cárcel por otros incidentes, le imputaron nuevos cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

De igual manera, por esos mismos delitos, fueron capturados su hermano Juan David Arroyave Duque (“Yiyo”) y su hija Laura Arroyave Jiménez (“la Doctora”).

Esta última, quien en redes sociales figura como abogada, emprendedora e influenciadora, también fue dejada en libertad en la audiencia de control de garantías.

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El Inspector.

En la audiencia de control de garantías, ante el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, se declaró inocente del cargo de concierto para delinquir agravado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Albert Henao Acevedo, alias “Alber”, fue capturado en un apartamento de El Poblado, en un operativo policial coordinado desde Bogotá. Foto cortesía de la Policía.

La detención se produjo en la tarde de este domingo 9 de agosto, en una acción coordinada por policías de Inteligencia de la Sipol y Dipol, cumpliendo con una orden de captura por concierto para delinquir agravado, según fuentes cercanas al caso.

Así fue reseñado Albert Henao Acevedo, luego de su captura por parte de la Policía. Foto de cortesía.

En el sitio le incautaron dos celulares, varios anteojos y pelucas, así como múltiples cédulas de identidad, que al parecer usaba para pasar desapercibido, por causa de la persecución en su contra. El rostro de “Alber” aparecía desde el año pasado en el cartel de los cabecillas más buscados del municipio de Bello, con una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que llevara a su captura.

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, contó que esta operación, denominada “San Rafael”, contó con el apoyo y recursos de la embajada británica en Colombia.

La detención fue difícil, pues el objetivo era “extremadamente selectivo con su círculo confianza, cada semana cambiaba de celular y en los últimos meses rotó su permanencia en 10 inmuebles del área metropolitana, cambiando de lugar cada tres días”, detalló el oficial.

Al parecer varios de sus familiares se contagiaron de covid-19, situación por la cual Henao redujo su contacto con las personas cercanas, aislándose en el apartamento de la Loma del Indio, donde finalmente lo apresaron.

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CONTEXTO DE VIOLENCIA

La detención de este hombre se había convertido en una prioridad para las autoridades desde febrero de 2019, cuando en la localidad bellanita se desató una violenta confrontación que involucró a la banda de “Pachelly”, enfrentada contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”.

Desde que inició la disputa han sido detenidos otros supuestos líderes de “Pachelly”, entre ellos Alexánder Uribe García (“Banano”) e Iván Darío Giraldo Restrepo (“Agapo”).

Y el pasado 21 de marzo, en la cárcel de Cómbita (Boyacá), mataron a puñaladas a Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), en un crimen en el que el principal sospechoso es su enemigo Rodrigo Rodríguez Rodríguez (”el Montañero”), jefe de “el Mesa”, quien estaba detenido en el mismo patio.

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Esta no es la primera vez que “Alber” es detenido por el cargo de concierto para delinquir. En septiembre de 2011 lo capturó la Policía, pero salió en libertad en 2016, tras cumplir la sentencia.

La Policía explicó que volvió a delinquir, al parecer expandiendo las operaciones de narcotráfico, extorsión y minería ilegal de la banda en el Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca, donde al parecer tendría alianzas con el Clan del Golfo.

El general Atehortúa hizo énfasis en que Henao Acevedo se desmovilizó en 2005 del bloque Centauros de las Autodefensas, al lado de Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo jefe del Clan del Golfo.

La audiencia de control de garantías de Henao Acevedo comenzó este lunes 10 de agosto, en el Palacio de Justicia de Medellín ( de manera virtual). Luego de que se declarara inocente de la imputación, el juzgado decidió aplazar la decisión de medida de aseguramiento para el martes.

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La acción se realizó en la mañana de este jueves 10 de enero, en el apartamento de una urbanización residencial, hasta donde llegaron los agentes de la Dirección Antinarcóticos y de la Seccional de Inteligencia (Sipol) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el momento del allanamiento en el apartamento de Sabaneta, Antioquia. Foto de cortesía.

Fuentes judiciales relataron que en el allanamiento decomisaron dos pistolas con sus respectivos proveedores, 30 balas, un silenciador, cinco celulares y una libra de marihuana tipo cripa.

Entre los detenidos está Juan Esteban Vásquez Monsalve, de 23 años y apodado “Juan Tusi”, sospechoso de distribuir estupefacientes en Sabaneta y Envigado, en particular de la droga denominada 2CB o tusibi.

También arrestaron a Emanuel Aragón Posada, un estudiante de bachillerato de 20 años; Marlos Esneider Chavarriaga Rivas, un vendedor de lociones de 21; y a Ánderson Tascón Ríos, un auxiliar famarcéutico de 20. Los acompañaba un joven bachiller de 18 años recién cumplidos.

El informe preliminar del caso señala que estas personas, presuntamente, estarían trabajando para una disidencia de la banda “la Terraza”, originaria del nororiente de Medellín. La célula delictiva es dirigida por alias “Tréllez”.

Las disputas al interior de “la Terraza” quedaron en evidencia el 22 de mayo de 2018, cuando le hicieron un atentado a Mauricio Alberto Zapata Orozco (“Chicho”), uno de los presuntos cabecillas de la organización. Resultó herido cuando unos sicarios le dispararon en un establecimiento público del barrio Estadio.

La división ha provocado asesinatos selectivos en los últimos meses, cometidos en la comuna de Manrique, Envigado y Sabaneta. En el choque contra los disidentes intervienen la estructura tradicional de “la Terraza”, al mando de “Chicho”, en asocio con la banda de “Trianón”, comandada por “el Indio”, que busca recuperar sus plazas en el sur del área metropolitana.

Los detenidos fueron presentados este viernes 11 de enero en la audiencia de control de garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín. El juzgado legalizó el allanamiento y las capturas de cuatro de ellos, pero al bachiller de 18 años lo dejó en libertad (aunque vinculado al proceso), pues ni siquiera había expedido la cédula de ciudadanía.

La Fiscalía les imputó cargos por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, los cuales fueron rechazados por los procesados. El juzgado dictó medida de aseguramiento intracarcelaria contra “Juan Tusi” y Chavarriaga; a Tascón y Aragón y les dieron el beneficio de detención domiciliaria.

NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín.

El Inspector.

Durante las audiencias de control de garantías, realizadas este lunes 5 de marzo en el Palacio de Justicia de Medellín, el presunto jefe y fundador de la organización criminal “los Triana” escuchó con gestos de incredulidad las motivaciones que tuvo el fiscal 70 de la Dirección contra la Criminalidad Organizada para expedir la orden de captura, que se materializó el pasado domingo en un condominio de lujo del municipio de Titiribí.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Elkin Fernando Triana Bustos tiene 46 años y la Fiscalía lo señala de haber fundado la banda “los Triana” en los años 90, en compañía de su hermano John Fredy Triana Bustos (“el Gordo”) y su primo Carlos Mario Triana Vásquez (“Mario Chiquito”). Foto de Santiago Mesa.

El jurista expuso que la investigación nació en octubre de 2013, cuando un ciudadano denunció que fue víctima de desplazamiento forzado por parte de esa banda.

Los investigadores comenzaron a recopilar información y establecieron que desde 2009 existen 40 expedientes asociados con desplazamientos intraurbanos promovidos por ese grupo ilegal, y testimonios de 20 personas que han declarado contra 150 de sus cerca de 300 integrantes.

“Ellos tienen gente en la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía, porque tienen mucha plata para comprar al que sea”, denunció uno de los testigos, según los documentos que leyó el fiscal en la sala.

Otros afectados señalaron que “los Triana” venden lotes ilegales en los sectores de Calle Vieja y La Gabriela, expenden drogas y aguardiente adulterado, controlan el mercado de canasta familiar y la distribución de gas por pipeta en los barrios de Santa Cruz (comuna 2), al igual que extorsionan y asesinan por dinero.

También indicaron que la facción adquiría la droga en laboratorios de cocaína del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia, y que intervenían en cuestiones de deudas cobrando porcentaje.

“Todas las tiendas tienen que comprarle los huevos a Elkin Triana, sino no pueden vender”, y “los pagadiarios tienen que tener un certificado de la banda para poder trabajar”, manifestaron las víctimas citadas en el expediente.

Al escuchar estos señalamientos, Triana Bustos levantó las cejas y negó con la cabeza, mientras comía maní en el sillón de los acusados.

El fiscal prosiguió en sus planteamientos, comentando que en los últimos años habían sido asesinados cuatro ciudadanos que denunciaron formalmente a esa estructura, y que a uno de ellos le mataron dos hermanos, tan solo para forzarlo a aparecer en los velorios.

“Y si mi mamá estuviera muerta, me la desentierran también”, se quejó uno de los testigos, reflejando el temor que despierta este grupo en la comunidad.

DE NUEVO A PRISIÓN
Según las autoridades, la base de operaciones de “los Triana” es la comuna 2 de Medellín, pero sus redes se extienden al corregimiento San Antonio de Prado, Robledo, el suroriente de Bello y algunos barrios de Itagüí, Caldas, Guarne, Amagá, Ebéjico, Granada y Heliconia.

Se tiene conocimiento de sus actividades desde 1999, año en el que habrían masacrado a seis personas en el sector Cañada Negra, de Bello.

Por ese hecho, Elkin Triana pagó nueve años de una sentencia de 46. Antes se había fugados dos veces de la prisión de San Quintín (Bello).

Tras escuchar la presentación de la Fiscalía, que no tuvo objeción por parte de la defensa, el juez Segundo Penal Ambulante de Antioquia dictó medida de aseguramiento en la cárcel contra el detenido.

Su defensora le solicitó al juzgador que considerara la posibilidad de enviar a su cliente a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, “porque en otras corre peligro, pues su nombre lo precede”.

NOTA RELACIONADA: El jefe de la banda “los Triana” regresará a la cárcel.

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ANEXO: ASÍ FUE EL ALLANAMIENTO EN TITIRIBÍ

La captura fue en la madrugada del domingo en una finca valorada en $10.000 millones, en el condominio La Siria, de Titiribí. En el recinto dormían nueve personas, incluyendo a Elkin Triana, su esposa, su mamá y una hija.

Al cabecilla le decomisaron dos carros último modelo, dos pistolas de aire comprimido, 24’045.000 pesos en efectivo, tres recibos de Bancolombia con transacciones por 32 millones de pesos, celulares y equipos de almacenamiento electrónico. Según el acta de captura, Elkin Triana les dijo a los policías que “se quitaba el sombrero” por la forma en que actuaron.

El Inspector.

Entre ellos está su principal cabecilla, alias “Queso”, y otros coordinadores delincuenciales importantes como “Kilin” y “Diego Rosario”.

Estos son los capturados de la Operación Apocalipsis. En el círculo, Diego Valencia Peña, alias “Diego Rosario”. Foto cortesía de la Policía.

Las audiencias de control de garantías ya ajustan tres días, en el estrado del Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia. Las capturas y allanamientos fueron legalizados y están pendientes las decisiones sobre las medidas de aseguramiento.

El pasado domingo 1 de octubre, la Policía Metropolitana desarrolló la Operación Apocalipsis. Tal cual habían informado El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, el primer capturado fue Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso”, quien estaba en una finca del municipio de San Jerónimo (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Queso”, jefe de combos del oriente de Medellín).

Este hombre sería el principal cabecilla de la estructura desde enero, cuando asumió las riendas tras las capturas de otros jefes.

Las acciones de la Fuerza Pública continuaron y lograron arrestar a otros siete miembros de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación ilegal que agrupa a las bandas de las comunas 8, 9 y 10 de Medellín (Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria).

Jaime Agudelo Echavarría, alias “Kilin”. Cortesía.

Entre los demás detenidos está Jaime Agudelo Echavarría, alias “Kilin”, desmovilizado de las Autodefensas y quien integraba la cúpula de “Caicedo”. Las autoridades lo señalan de coordinar homicidios, extorsiones y tráfico de drogas.

También cayó Diego Valencia Peña (“Diego Rosario”), sospechoso de coordinar los crímenes de la facción en el barrio San Diego y del manejo de varias de las “convivir” que extorsionan a nombre de su grupo en el centro de la ciudad.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, la lista la completan: Catalina Martínez Cano (“Cata”), hermana de alias “Martín”, uno de los cabecillas que siguen libres, y presunta encargada de administrar dineros ilícitos; Ánderson Saldarriaga (“el Burro”), sindicado de liderar un grupo de sicarios; Héctor Correa Henao (“Alirio”), quien al parecer coordinaba el cobro de extorsiones en un sector; y Freimar García Muñoz (“Freimar”) y John Naranjo Cano (“Güevón”), supuestos sicarios.

Este es el segundo golpe contra la estructura en el último año. En una operación anterior fue detenido su máximo cabecilla, “Diego Chamizo”, junto a varios lugartenientes (ver la NOTA RELACIONADA: Envían a la cárcel a “Diego Chamizo” y sus lugartenientes).

El Inspector.

La investigación de la Fiscalía, sin embargo, lo señala como uno de los principales cabecillas del crimen organizado de Medellín en la actualidad, por lo que el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento intramural al término de la audiencia de control de garantías.

Así fue presentado alias “Diego Chamizo” en la Alcaldía de Medellín, luego de su captura en Envigado. Foto: cortesía Policía Metropolitana.

Durante la diligencia, se legalizó la captura de “Diego Chamizo” y del allanamiento al apartamento en el que pernoctaba, ubicado en la unidad residencial Bosques del Esmeraldal, en el municipio de Envigado. También se legalizaron los decomisos de 21 millones de pesos, dos celulares Iphone y la camioneta Grand Vitara en la que se movilizaba el “desempleado”.

Un fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado, por su calidad de presunto jefe de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas de las comunas 8, 9 y 10 de la capital antioqueña. Este grupo actúa además como el tentáculo de la macro estructura criminal “la Oficina”, en el oriente de la ciudad.

Muñoz Agudelo, de 47 años, rechazó el cargo y se declaró inocente en el estrado. Y cuando el juez le dictó la medida de aseguramiento en prisión, su defensa interpuso una apelación, por considerar que no había pruebas suficientes para demostrar lo que la Fiscalía estaba imputando; este recurso judicial será resuelto por otro juez en los próximos días.

EL PASADO DEL CABECILLA

Horas antes de la audiencia, en la mañana del miércoles 7 de diciembre, “Diego Chamizo” había sido presentado ante los medios de comunicación, en la Alcaldía de Medellín. La Policía Metropolitana informó que se dio a conocer en el mundo delincuencial desde 2001, cuando formó una banda conocida como “los Chamizos” o los “BJ”, con base en Barrios de Jesús, un vecindario ubicado en lo alto de la comuna 9.

Esta facción trabajaba a órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, como brazo urbano del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas. Una de sus misiones fue confrontar a los grupos del enemigo Bloque Metro ubicados en el barrio La Sierra, el cual queda justo al frente de Barrios de Jesús.

Tras la extradición de “don Berna” en 2008, y la subsiguiente guerra por el poder en el trono de “la Oficina” (2008-2011), el grupo de “Diego Chamizo” se integró a las huestes de Ericson Vargas Cardona, quien a la postre sería el nuevo jefe de la organización criminal más importante del Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Jefe de “la Oficina” pagará 25 años en EE.UU.).

El informe de la Policía precisa que dos hermanos de Muñoz Agudelo fueron integrantes de la banda “los Chatas”, razón por la cual hoy existe una alianza entre ese clan del municipio de Bello y la “Odín Caicedo”, que prácticamente los tiene al frente de “la Oficina”.

Y añade que la gente de “Caicedo” sostiene en la actualidad una rivalidad con la “Odín la Terraza”, “por el control de la ilegalidad en el Centro de la ciudad, lo que ha generado múltiples desplazamientos intraurbanos”.

“‘Diego Chamizo’ al parecer tendría el control total del ingreso y distribución de marihuana tipo cripa en el Valle de Aburrá, lo que le genera altos ingresos económicos a su organización delincuencial”, concluye el reporte oficial.

EL RESTO DE LA BANDA

En una audiencia de control de garantías diferente, pero ante el mismo juzgado, la Fiscalía presentó a otros siete presuntos integrantes de la “Odín Caicedo”, también capturados en la operación conjunta con el Gaula y la Sipol (Seccional de Inteligencia) de la Policía.

El expediente se basó en un hecho perpetrado en abril de 2015, cuando la banda secuestró a un comerciante y a dos miembros de su familia durante varios días, con el propósito de extorsionarlo y quitarle dinero. Además de esto, ingresaron al local de la víctima y robaron varios electrodomésticos. Tras usurpar la plata y mercancía de estas personas, las obligaron a desplazarse del barrio.

Partiendo de allí, el fiscal imputó cargos por secuestro simple, hurto calificado y agravado, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Los afectados fueron Frank Andrés Ibarbo Hernández (“Juancho”), Jorge Humberto Arroyave Duque (“Copete”), David Alexánder Bedoya Ospina (“el Viejo”) y Ánderson Muñoz López (“el Zarco”).

A José Andrés Vásquez Villa y Wilmar Eusebio Mazo Espinal (“Juvenal”) les imputaron el desplazamiento forzado agravado, extorsión y concierto para delinquir; y a William Ancízar Mazo Espinal, extorsión y concierto para delinquir.

Todos rechazaron los cargos, menos “el Viejo”, quien se allanó (aceptó la culpa). Este hombre, según el expediente, es coordinador del grupo en Barrios de Jesús.

El juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural, con excepción de “el Zarco”, por petición de la Fiscalía. La razón es que apenas se está recuperando de una grave lesión en la espalda, por lo que usa un caminador para movilizarse; en consecuencia, recibió el beneficio de la detención domiciliaria.

Tanto “Diego Chamizo” como sus subalternos serán recluidos en la cárcel El Pedregal de Medellín, a la espera de la próxima audiencia.

NOTA RELACIONADA: Cayó “Diego Chamizo”, uno de los presuntos jefes de “la Oficina”.

El Inspector.

Su nombre es Julián Andrey González Vásquez, oriundo de La Merced, Caldas, y fue enviado a la prisión como medida de aseguramiento por un juzgado penal ambulante de Antioquia, tras ser capturado por la Policía Antinarcóticos en Bogotá el pasado 9 de enero.

Según las investigaciones de la Fiscalía, antes de ser un cabecilla de la banda, “Barny” habría sido el jefe de sicarios del patrón José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas” (hoy condenado), cargo en el cual coordinó, presuntamente, decenas de homicidios en el Valle de Aburrá, entre 2008 y 2012. Este es el seguimiento a su caso, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

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Su base de operaciones siempre fueron las comunas de Manrique y Aranjuez, donde supuestamente lideraba los combos agrupados en la “Odín la Terraza” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), que trabaja para “la Oficina” en el nororiente de Medellín.

En la audiencia de control de garantías, la Dirección Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó tres asesinatos y los tres portes ilegales de armas asociados a ellos. González, a quien también apodan “Bebesaurio”, “Señor Bar” y “Bebé Rosado”, negó los cargos.

El primer homicidio ocurrió el 10 de agosto de 2008, en una vía pública del barrio Campo Valdés. Los mercenarios de “la Terraza” iban a matar a un ciudadano y por error le dispararon al empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, cuando iba en moto con su esposa. La mujer sobrevivió herida.

El siguiente crimen acaeció el 26 de agosto del mismo año, cuando John Edwar García Chavarría fue tiroteado en una panadería del barrio Aranjuez.

El tercer asesinato lo perpetraron el 25 de octubre de 2008 y la víctima fue el agente Rodolfo Gaviria Barragán, de la Policía Metropolitana. Ese día estaba de descanso y a las 11:00 a.m. salió a la puerta de su casa, en el barrio Aranjuez, donde lo sorprendió un sicario que huyó en una moto (ver la NOTA RELACIONADA: Sicariado policía en su casa).

Por estos tres homicidios ya fueron procesados otros miembros de “la Terraza”, pertenecientes al círculo de confianza de “Barny”: Juan Camilo Rendón Castro (“Saya”), Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”) y Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo” (ver la NOTA RELACIONADA: “Saya” aceptó la culpa por  dos asesinatos).

La Policía y la Fiscalía adelantan investigaciones de otros asesinatos perpetrados por esa agrupación ilegal, como el de los dos agentes encubiertos de la Dirección Antinarcóticos. Sucedió el 12 de julio de 2012 en la entrada del Jardín Botánico, donde acribillaron dentro de una camioneta a los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro.

Y también hay indagaciones judiciales por la muerte a bala del empresario Jorge León Montoya Negrete, fundador y gerente de la cooperativa de taxis Coopebombas (31 de enero de 2012), cuando se transportaba con su hija en una camioneta por el centro de la ciudad (ver la NOTA RELACIONADA: Un año del crimen que enlutó a los taxistas).

Se prevé que antes de un mes se realice la audiencia de formulación de acusación, en la cual la Fiscalía dejará en firme las acusaciones por los tres decesos imputados; no obstante, no se descarta que la defensa de González proponga un preacuerdo para obtener beneficios, tal cual lo hicieron sus secuaces.

El Inspector.

El cabecilla de 36 años y oriundo de Bogotá, fue detenido a las 6:00 a.m. de este domingo en una finca del corregimiento Palermo, en el municipio antioqueño de Támesis. En la operación de la Dijín fue sorprendido con algunos familiares, varios celulares y un revólver calibre 32. Este es el seguimiento del caso, elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Juan Camilo Rendón, alias "Saya" o "Peluco", quedó a la espera de la sentencia. Al aceptar los cargos, podría recibir rebajas en la pena. Cortesía.

Tras el arresto lo condujeron al Palacio de Justicia de Medellín, donde la Dirección Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó los cargos.

El primero fue el homicidio de John Edwar García Chavarría, abaleado el 26 de agosto de 2008 en una panadería del barrio Aranjuez. Por este hecho ya había sido condenado en 2013 el patrón del “Saya”: Juan Pablo Taborda Zamora, alias “Yordi”, quien paga una sentencia de 16 años (ver la NOTA RELACIONADA: Miembros de “la Terraza” reconocen actos de sicariato).

El segundo episodio fue la muerte de Rodolfo Gaviria Barragán, agente de la Policía Metropolitana, acribillado el 25 de octubre de 2008 en el mismo vecindario. El funcionario estaba en tiempo de descanso, afuera de su casa, cuando unos sicarios en moto le dispararon (ver la NOTA RELACIONADA: Sicariado policía en su casa).

Los otros cargos aceptados por Rendón Castro fueron concierto para delinquir agravado (en calidad de cabecilla) y porte o tráfico ilegal de armas.

El juzgado le dictó medida de aseguramiento y el Inpec lo trasladó a la cárcel El Pedregal, donde espera que la justicia le señale la condena.

Frente la posibilidad de un incremento de los asesinatos en el nororiente de la ciudad, motivado por un eventual reacomodo al interior de la banda “la Terraza”, las autoridades manifestaron que están en alerta. “Nosotros, con el grupo que tenemos de Objetivos de Alto Valor, estamos preparados para cualquier movimiento que se genere por la captura de esa persona y de otras que van a venir”, señaló José Jair Jiménez Londoño, subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

NOTA RELACIONADA: En una finca arrestaron a “Saya”, cabecilla de “la Terraza”.

El Inspector.

Sergio Hurtado aceptó ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín que desmembró los cadáveres de dos muchachas en el barrio Boston y trató de ocultar la evidencia, por lo que fue enviado a la cárcel Bellavista.

Las víctimas, Katherine (arriba) y Cindy. Al lado, la imagen de Sergio Hurtado difundida en internet. Cortesía.

El crimen, al cual Revelaciones del Bajo Mundo le ha hecho seguimiento desde el principio, ocurrió el 4 de marzo de 2009, cuando la Policía encontró en la casa de Hurtado los restos de Cindy Lorena Giraldo Correa y Katherine Cano Patiño.

Las jóvenes de 17 años habían sido desmembradas y el perpetrador ocultó sus miembros en una caneca, la cual llenó luego con cemento. Cuando arribaron los uniformados, el papá de Hurtado evitó que entraran, mientras el sospechoso escapaba por los tejados y huía de la ciudad.

Las familias de las muchachas, de escasos recursos económicos, comenzaron a tocar todas las puertas, clamando apoyo de las autoridades para que el caso no quedara en la impunidad.

En el último mes, la Fiscalía decidió cambiar el expediente de despacho, y el nuevo funcionario asignado expidió la orden de captura, más de cuatro años después de lo sucedido.

En ese tiempo, Hurtado no tuvo mayor presión sobre sus hombros que un grupo de Facebook, en el cual los amigos de las occisas difundieron su foto, y el recordatorio anual que los medios de comunicación hacían sobre el caso.

Con la orden judicial, el CTI lo arrestó hace dos semanas en la ciudad de Montería, Córdoba. En la audiencia, realizada el pasado 13 de diciembre, la Fiscalía le imputó el cargo de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, el cual aceptó el detenido.

Con esa aceptación, podría recibir una rebaja de hasta el 50 por ciento de la condena que después emita el juez, que sería entre 4 y 12 años de prisión, según estipula la ley.

El ente acusador no le imputó el delito de homicidio porque el Instituto de Medicina Legal no logró determinar la causa de la muerte, debido al alto grado de descomposición de las partes y la contaminación producida por la cal y el cemento que Hurtado empleó para tratar de ocultarlas.

En síntesis, se sabe que él las desmembró, pero no hay pruebas científicas para determinar si las mató. La otra hipótesis, tampoco probada, es que fallecieron por una sobredosis de estupefacientes y él quiso deshacerse de los cuerpos después.

Con el proceso penal, tal cual está formulado, Hurtado podría salir muy pronto de la cárcel. La paradoja es que no se probaría que sea un asesino, pero sí un descuartizador. ¿Será que eso es tranquilizador para la sociedad?

Para conocer los detalles del caso desde el principio, pueden leer las NOTAS RELACIONADAS:

Hallados dos cuerpos en caneca con cemento.

Piden recompensa por el caso de Boston.

Cuatro años de un caso atroz y no hay justicia.

El Inspector.

Se trata del cabecilla Juan Pablo Taborda Zamora, alias “Yordi”, “el Gomelo” o “el Mono”; sus lugartenientes Juan Pablo Álvarez Quintero (“el Gordo” o “Galán”) y Luis Carlos Vásquez Barrera (“Maní”); y el informante Luis Arbey Aguirre Gutiérrez (“Arbey”). Esta es la reseña del proceso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: alias "el Gordo" o "Galán", "Maní" y "Yordi". Cortesía El Colombiano.

Este miércoles 6 de noviembre, en el estrado del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, la Fiscalía 24 adscrita a la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes reformuló las imputaciones que había realizado contra estas personas el pasado 8 de agosto.

El ente acusador le imputó a esta estructura delincuencial el homicidio del empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, cometido por equivocación (buscaban a otra persona) el 10 de agosto de 2008. La víctima conducía una motocicleta por el barrio Campo Valdés, en compañía de su esposa, cuando le dispararon; la mujer quedó herida al caer al suelo.

Por esta muerte aceptaron las culpas el cabecilla “Yordi” y “Maní”, quien por su destreza era el encargado de conducir las motos que transportaban a los asesinos.

La Fiscalía también imputó la muerte de John Edward García Chavarría, un residente de Aranjuez, abaleado en una panadería el 26 de agosto de 2008. Este hecho fue reconocido por “Yordi”, quien de la misma manera aceptó el punible de concierto para delinquir agravado.

En la muerte de García habrían participado otros jefes de “la Terraza” que están en la clandestinidad: alias “Barny” y “el Saya” o “Peluco”.

Otro de los incidentes imputados fue el doble homicidio de dos policías encubiertos de la Dirección Antinarcóticos, perpetrado el 12 de julio de 2012 en la entrada del Jardín Botánico de Medellín. Ese día, los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro fueron acribillados en una camioneta, cuando habían acudido a una reunión con el informante “Arbey”, que resultó ser una trampa (ver la NOTA RELACIONADA: Mataron a dos policías que investigaban a “la Oficina”).

El doble crimen fue aceptado por “el Gordo”, quien transportó las armas en su taxi; por “Maní”, que condujo una de las motos de los sicarios; y “Arbey”, quien supuestamente iba a llevar a los uniformados hasta el escondite de dos líderes de la banda “la Oficina” conocidos como “Pichi” y “Barny”, pero los traicionó. Adicionalmente, los tres reconocieron la culpa por porte ilegal de armas y concierto para delinquir (este con excepción de “Arbey”).

Aunque la Policía ha dicho que “Yordi” fue uno de los que coordinó este ataque, aún no ha sido imputado por ello en un juzgado.

Los cuatro procesados permanecen en la cárcel El Pedregal, del corregimiento San Cristóbal, a la espera de que les dicten la condena por los hechos reseñados. La aceptación de los cargos les traerá beneficios en la futura sentencia.

“La Terraza” tiene su base de operaciones en las comunas 3 y 4 (Manrique y Aranjuez) y actúa como un brazo armado de la organización mafiosa “la Oficina”.

NOTA RELACIONADA: Ni la magia negra pudo proteger a alias “Yordi”.

El Inspector.

Siempre se ha rumorado que el día de su captura, "don Mario" estaba con una famosa modelo y presentadora colombiana, aunque la Policía guarda silencio sobre eso. Cortesía.

El combate dejó cinco personas asesinadas dentro de una camioneta Toyota Hilux de placa oficial, cuya carrocería fue traspasada por tiros de fusil. De acuerdo con la investigación, los occisos fueron el patrullero Víctor Alfonso Ramírez Osorio y el subintendente Watson Eduardo Rojas, ambos integrantes activos del Gaula en ese momento; también fallecieron el subteniente (r) Wálter Mauricio Martínez Chía, exmiembro del Gaula; el civil Eduar García Arroyo yel desmovilizado Frende Alberto Suárez Ramírez, alias “Camarrenga”.

Durante las audiencias, “don Mario” indicó que los funcionarios del Gaula al parecer estaban trabajando para “la Oficina” y al momento de su muerte guiaban a los mercenarios, situación que no ha sido confirmada por las autoridades.

Al final de la audiencia de ayer, a la que asistió por videoconferencia, el condenado pidió perdón a las familias de sus víctimas, y dijo que para él “también era difícil” porque pasaría mucho tiempo en prisión sin sus seres queridos.

Jesús David Hernández, alias “Chaparro”, vio acercarse a la triste señora y con asombro recibió su abrazo. Después lloró cuando ella le preguntó: “¿Usted no pensó en sus hijos cuando tenía a mi niña?”.

Alias "Chaparro", según la Policía, era hombre de confianza del capo "Sebastián". Foto de Esteban Vanegas.

Este encuentro sucedió en la mañana de ayer (agosto 20), en el Palacio de Justicia, donde un juez penal de Medellín avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y “Chaparro”, quien aceptará su responsabilidad por los cargos de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

El caso en cuestión ocurrió el 29 de mayo de 2009, cuando la organización criminal “la Oficina”, con apoyo de cuatro policías corruptos de la estación de Itagüí, secuestró en La Estrella a Diego Alejandro Mejía Parra, un enemigo apodado “Veintiocho”.

Él conducía un carro junto a las colegialas Jenifer Puerta (18 años), Yudi Castillo (17) y Laura Echeverry (17).

La investigación de la Fiscalía demostró que los policías realizaron un falso retén, detuvieron a estas cuatro personas y después, en Barrio Colombia (Medellín), se las entregaron a “Chaparro” y sus secuaces.

Cuando Beatriz le indagó a Hernández por el destino de las jóvenes, su respuesta fue: “Madre, esa gente ya no está aquí, se me sale de las manos”, agregando que le entregó el grupo de retenidos a otros sujetos que hoy están muertos. Ninguna de las cuatro víctimas ha aparecido.

Para el próximo lunes está programada la audiencia de lectura del fallo, donde el juez dictará la sentencia y el número de años que pagará “Chaparro”. Este hombre ya tiene dos condenas previas por homicidio y porte ilegal de armas.

NOTA RELACIONADA: Condenaron al Mayor por su obsesión criminal.

El Inspector.

Esa captura del pasado martes 19 de marzo en la finca hotel Río Manso, en el municipio de Urrao, fue el preludio para el destape de uno de los expedientes más tenebrosos en el bajo mundo de la ciudad: el de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), un grupo que comenzó vistiendo el camuflado de las Autodefensas y luego mutó a la mafia de “la Oficina”. Esta es la historia del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: Luis García ("Maicol"), Javier Marín ("Tatú"), Freyner Ramírez ("Carlos Pesebre") y Andrés Álvarez ("Andresito" o "Andrew"). Lucieron tranquilos durante la imputación de cargos. Foto de El Colombiano.

Durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía 27 de la Unidad contra las Bandas Emergentes reveló las declaraciones de unas 15 víctimas y el registro de diversas investigaciones adelantadas contra los cuatro capturados en el allanamiento: Freyner Alfonso Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Luis Aníbal García Gómez (“Maicol”), Javier Ventura Marín Álvarez (“Tatú”) y su primo Andrés Felipe Álvarez López (“Andresito”).

Dentro de las revelaciones en el estrado del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, la Fiscalía hizo énfasis en una que involucra a decenas de funcionarios públicos: “Miembros de la Policía, el Ejército, CTI, fiscales, Sijín, empleados de la Rama Judicial han trabajado para ‘Carlos Pesebre’, tal es el grado de corrupción que genera esta organización”.

Luego leyó el correo enviado por un informante al que le dio credibilidad, según el cual “‘Pesebre’ es el patrón de los policías en Medellín”. Agregó que al parecer los sospechosos usan cédulas a nombre de terceros obtenidas en la Registraduría, incluso al buscar en esa entidad “la tarjeta alfabética del señor Freyner no aparecía”.

Y el 17/11/05 un juez, al parecer, le alteró un proceso penal para que no figurara con hurto de hidrocarburos, sino con porte de estupefacientes, pese a que había sido sorprendido con varios galones.

A la banda se le atribuye el control de válvulas clandestinas para extraer combustible del oleoducto de Ecopetrol que atraviesa el occidente de la ciudad y pasa por áreas de dominio territorial de los ilegales, como Aguasfrías, San Cristóbal y Altavista.

Un exmiembro del clan, quien era encargado del tráfico de hidrocarburos, detalló al organismo judicial cómo funcionaba el proceso: “Maicol”, “Tatú” y otros administraban válvulas para drenar el ducto, luego el combustible era envasado en canecas y transportado en buses de servicio público de una reconocida empresa. Por ese transporte se pagaban $4 millones.

Los buses eran escoltados, según la denuncia, por cuatro policías a bordo de dos motos oficiales, quienes recibían $500.000 cada uno por el recorrido desde la glorieta de Don Quijote hasta Calasanz, donde menores de edad expendían el producto.

Esta confesión le costó caro al exmilitante, quien fue desplazado de su vecindario por querer dejar la banda, según la Fiscalía. Le mataron a un abogado y torturaron a algunos familiares para que delataran su paradero y a una sobrina la raparon.

El 24/3/11 “Andresito” y tres sujetos lo ubicaron en una obra en la que trabajaba, pero este huyó saltando un muro y hoy es testigo protegido.

SICARIATO
Del expediente judicial se extrae que uno de los primeros homicidios atribuidos a la estructura fue el del médico Jaime Posada (03/1/97).

Una testigo relató al ente acusador que “Pesebre” y Carlos Arturo Suárez invadieron ese día su casa con la ropa ensangrentada y le dijeron que no abriera la puerta porque acababan de matar a alguien.

Según la narración, Suárez (alias “Califa”) fue capturado y se atribuyó él solo el crimen, para dejar en limpio a su patrón, por lo que pagó 10 años de prisión. “Pesebre” le habría dado una gruesa suma de dinero para su comodidad en la cárcel Bellavista, pero en su barrio comentaba que su amigo era “un pbore güevón” por estar pagando esa condena. Aún así, “Califa” llegó a ser uno de los “caciques” más respetados en el penal.

Al salir trabajó de contratista para la Secretaría de Gobierno, (2007) como mediador en conflictos de combos dentro de un programa de paz y convivencia, pero el 30/6/07 la misma organización, al parecer, lo asesinó junto a su novia en el barrio Los Colores.

Y no habría sido el único integrante liquidado, presuntamente, por sus antiguos compañeros. “El Meca” (exfuncionario del DAS, 16/7/05), “Jaimico” (05/2/12), “Chino” y “Gallinazo” (08/5/09), “Saya”, “el Negro Elkin” (cabecilla de “la Oficina”, 26/9/08), entre otros, fueron cazados “porque ya no les sirven”, aclaró la fiscal (ver las NOTAS RELACIONADAS: El súper blindaje no fue la salvación y Balacera en un local de repuestos).

Uno de los asesinatos más sonados que se le endilgan al grupo de capturados es el del paciente guatemalteco Roberto Leonel Hernández, ejecutado en la clínica Las Américas (06/2/09) por mercenarios disfrazados de médicos (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques a bala en centros médicos de Medellín).

Otro es el doble homicidio de dos jóvenes en Aures (11/3/13), al parecer, porque no se dejaron reclutar; el de la líder social Judith Vergara (23/4/07); y el que generó el rechazo general de la sociedad paisa: el rapto, tortura, mutilación y entierro de dos niños de 11 años, residentes de la comuna 13 (16/2/13). Por este caso hay una orden de captura contra “Maicol”, como supuesto autor intelectual, quien próximamente será citado a esa audiencia (ver la NOTA RELACIONADA: Arrestan a sospechosos de matar a dos niños).

También trascendió en la diligencia que García tiene una condena pendiente de 11 años y 3 meses por un homicidio de 2003, proferida por un juzgado de Bello.

Muchos de esos “trabajos” serían realizados por jóvenes entrenados en una finca de Guarne. Un exmilitar apodado “Jotalibán”, cabecilla de la facción en Robledo, se encarga del adiestramiento y la distribución de fusiles AK-47, según la información en poder del ente investigador.

En la audiencia, Freyner Ramírez escuchó cuando la funcionaria lo señaló de emplear dos identidades falsas en sus viajes (uno de ellos a Ciudad de México): Diego Gómez Valencia y Carlos Bucharat Mejía, esta última al parecer usurpada a un hombre asesinado en 2008 en el barrio Antonio Nariño.

Y un desmovilizado contó que el cabecilla recibió una vez $5.000 millones por el secuestro de una mujer, cuyo cadáver fue hallado en la maleta de un carro.

Otras víctimas, muchas de ellas milicianos, habrían sido enterradas en el sector La Arenera de la Comuna 13.

LA PLATA O LA VIDA
Dentro de las fuentes de financiación de la “Odín Robledo”, que según la Policía integran unos 200 hombres, está la extorsión a cualquier actividad que huela a comercio.

Las víctimas denunciaron que en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16, y en los corregimientos Altavista y San Cristóbal, vacunaban con $15.000 semanales las máquinas tragamonedas, $35.000 a los buses, de $500.000 a $800.000 mensuales a los parqueaderos y $1 millón a los ingenieros por cada construcción en la zona.

La banda presta el “servicio” de cobranza por deudas superiores a $5 millones, aunque a veces los propios clientes salen amenazados, y también se dedica a la venta de un mismo lote varias veces (estafa).

En este acápite, la Fiscalía citó el caso de una pareja dueña de dos locales de expendio de cerveza frente a la Universidad Nacional. La vacuna empezó en $5.000 a la semana, pasó a $50.000 y después a $200.000, que ya fueron imposibles de pagar para los comerciantes. En consecuencia, quedaron de objetivo militar.

El 09/10/12 la esposa fue a una cita a una finca cerca al barrio El Pesebre, donde la atendieron, entre otros, “Andresito” y “Tatú”, quien le dijo: “Su marido ya es hombre muerto, pero si nos da 15 millones, dejamos así”.

La mujer rogó, hasta que el monto se redujo a $4 millones, que les pagó gracias a un préstamo; sin embargo, no pudieron regresar a sus locales y fueron desplazados con un atentado de por medio.

DESDE QUE ERAN “PARAS”
En la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía hay un completo dosier sobre la estructura de “Carlos Pesebre”, en el que figuran los desmovilizados “Tatú”, “Andresito”, “Maicol” y varias de las 12 personas que estaban con ellos en el hotel el día de la captura, como “Camilo el Grande”, “Lunar” y “Roña”. Estos no fueron detenidos, pero los reseñaron y les incautaron celulares.

De hecho, “Tatú” no solo es reinsertado, sino postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. El 27/6/05 rindió una versión libre en la que confesó haber militado en los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc, y firmó un acta en la que se comprometía a no delinquir más, promesa que, al parecer, incumplió.

También se dijo en la audiencia que Ramírez iba a reuniones con su patrón Diego Murillo (“don Berna”) en Santa Fe de Ralito (Córdoba), donde se acordó con el Gobierno la desmovilización de los paramilitares (2003), orden que él no siguió.

Al final de su exposición, la Fiscalía les imputó a los cuatro las conductas de concierto para delinquir agravado (por ser jefes de la banda), extorsión y uso de menores en la comisión de delitos; solo a “Tatú” le añadieron desplazamiento forzado, por la pareja de comerciantes.

Al preguntarle el juez si entendió las imputaciones, “Carlos Pesebre” se aproximó al estrado y declaró con voz pausada: “Todo está muy claro”. Luego él y sus supuestos lugartenientes rechazaron los cargos.

FIN.

NOTA RELACIONADA: Se derrumba el mito de alias “Carlos Pesebre”.

POSDATA: 10 INTIMIDADES DEL PROCESO

1. A varios de los presentes en las audiencias de control de garantías, celebradas en el Palacio de Justicia de Medellín, les sorprendió que en la bancada de seis abogados defensores estaban tres exservidores públicos que antes se encargaban de perseguir y juzgar a sospechosos de la misma clase. Se trata del exjuez penal del circuito Humberto Navales (suspendido por sus decisiones en el caso de alias “el Cebollero”), el exjuez penal municipal León Buitrago y el exinvestigador del CTI Wilser Molina.

2. Después de las imputaciones de la Fiscalía, el juzgado les dictó a los cuatro procesados una medida de aseguramiento en la cárcel. Sus defensores apelaron dos decisiones en las audiencias de control de garantías: la legalidad del allanamiento y de las capturas, por considerar que en el procedimiento se violaron derechos de sus clientes. Un juzgado penal del circuito resolverá ese recurso en segunda instancia, en una fecha por definir. Mientras tanto, los cuatro estarán tras las rejas, con la salvedad de que mientras no se les venza en un juicio, son considerados inocentes.

3. Los procesados solicitaron al juez que no los remitieran a las cárceles de Bellavista o El Pedregal, pues allí corría peligro su vida. Pidieron que los internaran en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

4. La captura se logró gracias a un informante anónimo, que se autodenominó “Lucho” y llamó a una oficina de la Dijín en Bogotá para dar la ubicación de los sospechosos. Dijo que había sido él quien también había suministrado en 2011 la ubicación de alias “Guayabo”, el capturado jefe de la banda “Pachelly”. A los defensores les pareció muy raro este personaje, pues la orden de captura (supuestamente secreta) se expidió el sábado 16 de marzo, “Lucho” llamó a la Dijín al otro día y ya sabía que “Carlos Pesebre” tenía esa orden; y para rematar, como no es usual, indicó la ubicación de la finca hasta con coordenadas de longitud y latitud (Norte 6°-13 min. – 48.63 seg., Oeste 76°-6 min. – 58.81 seg.). Los defensores hablaron de filtración de información confidencial y exigieron que identificaran a “Lucho”, pero la Fiscalía no lo hizo.

5. Antes de ser llevados a las audiencias, “Tatú” y “Andresito” fueron revisados en un hospital, por presentar cuadros de diabetes y presión alta.

6. En la finca hotel dormían 20 personas: 4 eran el mayordomo y su familia, el resto los huéspedes. Según la Fiscalía, allí habían más miembros de la banda, los cuales aparecen reseñados en expedientes de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, pero no fueron arrestados por carecer de orden de captura: Juan David Mosquera (alias “Lunar”), Ómar Alexánder Ortiz (“Roña”) y “Juan Camilo Álvarez (“Camilo el Grande”), entre otros, mencionó el ente acusador.

7. En la finca hotel la Policía no halló ni un arma, ni droga ni dinero. Inmovilizaron cinco vehículos y decomisaron cerca de 20 celulares y aparatos electrónicos que la Fiscalía revisará para ver si tienen información de la organización ilegal.

8. En las audiencias se mencionaron los alias de otros presuntos miembros del clan criminal: “Toño” (cabecilla de San Cristóbal), “Camilo el Grande”, “Jotalibán” (cabecilla de Robledo), “Roña”, Mauricio Toro, “Pircin”, “El Diablo”, “Goido”, “Campeón” (distribución de hidrocarburos robados), “Platino” (venta de combustible), “Lunar”, “Macumba”, “Tatuaje”, “Galleta”, “El Mono”, “Luisa” (jíbara en comuna 13), “Aristi”, “Chamo”, “Gomelo”, (barrio La Campiña) “Edwin” y “El Cabezón”.

9. También llamó la atención de los presentes que, pese a tener denuncias sobre asesinatos, la Fiscalía no les imputó a ninguno de los cuatro capturados el cargo de homicidio.

10. En las audiencias, el delegado de la Procuraduría instó a la Fiscalía “a llevar a fondo las investigaciones contra estas redes de corrupción” ligadas al parecer a la banda de “Carlos Pesebre”. “Lo más grave de la exposición que acaba de hacer la Fiscalía, es que elementos del Estado estarían en complicidad”, indicó el procurador delegado.

 El Inspector.

Lo dice un oficial de la Dirección Antinarcóticos, saboreando la reciente captura (10/2/13) de Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi”, uno de los presuntos líderes de la organización más peligrosa del Valle de Aburrá.

En nuestra sección EN LA MIRA, les presento este análisis titulado “La nueva cúpula de una ‘oficina’ en declive”, elaborado en equipo por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Según pesquisas de la Policía y la Fiscalía, esta sería la cúpula de la quinta generación de "la Oficina". Fotos de cortesía.

El Juzgado 1° Penal Ambulante de Antioquia le dictó a “Pichi” medida de aseguramiento en prisión, el pasado martes, después de que él negara el cargo de concierto para delinquir. En la audiencia, la fiscal 24 de la Unidad contra Bandas Emergentes dijo que el procesado podría ser “el gerente, su función era ser jefe sicarial de ‘la Oficina’, manejar extorsiones y estupefacientes”.

“La Oficina” surgió en el 2000, tras la guerra y escisión en “la Terraza”, la confederación que agrupaba a los combos del área metropolitana (ver la NOTA RELACIONADA: Así exterminaron a la temible banda ‘La Terraza’).

En su apogeo, esta mafia articuló la delincuencia común (haladores de carros, jíbaros y ladrones) y el narcotráfico, con redes en América y Europa.

En 2009 el Departamento del Tesoro de E.U. la definió como “un violento grupo con base en Medellín, que involucra tráfico de drogas a gran escala y lavado de activos”. Y en su acusación inicial contra el hoy condenado general (r) Mauricio Santoyo (indictment 1:12-Cr- 217), el fiscal Neil MacBride la describió una “organización que cobra deudas empleando secuestro, extorsión y homicidios, a nombre de narcos”.

Su primera cúpula la conformaron “Berna”, “Upegui”, “Danielito” y “Rogelio”, quienes hasta 2006 dominaron el bajo mundo de toda la región.

En la audiencia de “Pichi”, la procuradora citó un antiguo estudio, según el cual “‘la Oficina’ la componían no menos de 306 personas, que articulaban cerca de 10 mil jóvenes de las bandas”.

Luego vinieron extradiciones, muertes y desapariciones de líderes, y en los últimos 7 años la jerarquía pasó por cuatro generaciones: “Yiyo”, “Nito”, “Douglas”, “Beto”, “Valenciano”, “Sebastián” y “Frank”, entre otros, desfilaron por su trono.

Hoy “la Oficina” asiste a la quinta generación de su cúpula, con un aparente desorden que le resta poder. “Los jefes de ahora están al mismo nivel, no hay nadie que mande sobre los demás”, explica el oficial.

Al mundo del hampa lo dirigen 14 Odín (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico), que coordinan a 119 bandas en el Aburrá, según la Policía. No todas son fieles a “la Oficina”.

En 2013 la influencia de la organización se redujo por la pérdida de cabecillas, como consecuencia de una guerra entre los combos de “Sebastián” y “Valenciano” (2008 a 2011) y por la aparición de la banda “los Urabeños”, que a través del patrocinio a grupos locales ha copado territorios en los corregimientos y comunas 5, 8, 13 y 16.

“La guerra de 2008 fue nefasta para ‘la Oficina’, se mataron entre ellos, los jefes que eran invisibles salieron a flote y se convirtieron en un problema nacional, hasta el Presidente ofreció recompensa por ellos”, recuerda un investigador social, que pide reserva de su nombre.

Para el general José Roberto León Riaño, director de la Policía, “día tras día la vida útil de los cabecillas se reduce, ya es más o menos cada tres años (que caen)”.

LA CÚPULA ACTUAL
De acuerdo con información judicial, siete presuntos cabecillas estarían en la cima de la banda. Uno de ellos sería “Pichi”, con influencia en las comunas 3 y 4. También le dicen “Gordo”, “Gordo Pichi”, “Gordolán” o “Pavaroti”.

En las 32 interceptaciones telefónicas expuestas por la Fiscalía 24 en la audiencia, se constató que su mando sería tan extendido, que lo llamaban a ponerle quejas de robos menores, consumo de vicio al frente de colegios y hasta para recuperar una moto hurtada. “Ya mismo cuadro eso”, respondía él.

El otro miembro de la cofradía sería, según el ente acusador, Julián Andrey González Vásquez, alias “Barny”, “Muñeco Rosado”, “Bebesaurio” o “Señor Bar”. Fue individualizado el 25/4/09, durante la captura de su patrón “Douglas” en un edificio de El Poblado.

En la reseña consta que tiene 34 años y es comerciante oriundo de La Merced, Caldas. Posee orden de captura por concierto para delinquir (el mismo proceso de su amigo “Pichi”, según la Dijín) y en las grabaciones de la Fiscalía aparecía presuntamente involucrado en homicidios y tráfico de drogas.

El 25/5/10, en la inspección al carro de “Teletubi”, miembro asesinado del clan, las autoridades hallaron un mapa de la ciudad, dividido por zonas y marcado con el nombre del respectivo jefe. A “Barny” le correspondían también las comunas 3 y 4.

Otros supuestos jefes de “la Oficina” quedaron expuestos en el proceso contra el cabecilla Franklin Vargas (“Frank”), condenado en octubre a 16 años y 4 meses por tráfico de armas, concierto para delinquir y uso de documento falso.

La sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado (N°2012-96860) reproduce el formato de Policía Judicial FPJ-26, en el cual se registró la declaración de un informante, al cual la Fiscalía le dio credibilidad: “‘Fredy Colas’ está encargado de los combos de ‘La Roja’ en Manrique, la Placita de Flórez, El Salvador, Buenos Aires, El Vergel, Pablo Escobar, Loreto, ‘los BJ’, Ocho de Marzo, Villa Lilian, La Libertad, La Granja, El Pinal (…). Esos combos le rinden cuentas a ‘Fredy Colas’ de las vacunas a los buses de flota La Milagrosa, flota Villa Nueva, Cootrasit, Cootrasmaya, Copatra, Cotraespinal”.

Este sujeto, que al parecer delinque en las comunas 8 y 9, carece de orden de captura y su identidad aún no ha sido revelada, según fuentes policiales, que lo asocian a la “Odín Caicedo”.

El cuarto integrante de la cúpula sería Freiner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre” o “Pedro”, de la “Odín Robledo”, con injerencia en las comunas 7, 11, 12 y 13.

El formato FPJ-26 dice de él: “Encargado de los combos de La Torre, La Divisa, Juan XXIII, La Pradera, Zafra, ‘Los Picúas’, ‘La Sexta’, La Loma, Peñitas, Olaya, Villa Flora, La Campiña, La Iguaná, El Pesebre, La Aurora, El Llano (San Cristóbal); vacuna a las empresas de buses Conducciones América, Trasmaya, Cootrabel y Palenque Robledal (…)”.

En la Alcaldía de Alonso Salazar (2008-11), su rostro apareció en el afiche de los más buscados, con una recompensa de 50 millones de pesos.

El FPJ-26 también reseña a otro supuesto líder: “En Bello la plata la recibe Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Chata’, encargado de los combos de La Meseta, Playa Rica, El Carmelo, ‘los del Mesa’, Salento, Cabañitas, El Tapón, La Maruchenga, vacunan la empresa de buses Hato Viejo (…), maneja laboratorios de droga en la zona rural”.
Además de Bello, “Carlos Chata” o “Tom” tendría influencia en el Doce de Octubre.

El pasado martes la Policía Metropolitana incautó 2.3 toneladas de marihuana en Girardota. El general José Mendoza, comandante de esa unidad, señaló que “la droga venía del Cauca para la organización ‘los Chatas’, de ‘Tom’, para ser distribuida en el área metropolitana”.

El 18/2/12, en las audiencias de “Frank”, la Fiscalía 27 contra Bandas expuso como prueba un correo electrónico, enviado a la Sijín por un supuesto exintegrante del cartel de Medellín y conocedor de los secretos de “la Oficina”. Dice así: “‘La Unión’, de Itagüí, maneja la seguridad en cargamentos de cocaína, controla la seguridad en la Plaza Mayorista, entre los que le copian (a ‘Frank’) está ‘don Pepe’”.

El sexto integrante de la cúpula sería César Correa López, “don Pepe”, con poderío en Aburrá Sur y la comuna 16, al frente de la “Odín la Unión”.

En su prontuario hay una condena a 38 años por el homicidio de un agente del CTI (04/7/97) y una captura por el supuesto cobro de una extorsión de $17.000 millones en El Poblado (11/11/11). Está libre.

El más enigmático de la jefatura es “Mateo”, cuyo poder estaría centrado en Envigado, con un perfil más financiero y de narcotráfico. No está individualizado y habría heredado el control de la zona tras la captura de Félix Isaza (“Beto”).

De izquierda a derecha: Giovany Marín, "Fabio Orión" y "Duncan", tres personas muy cercanas a "Berna", el creador de "la Oficina". El paradero de ellos se desconoce hoy. Fotos de cortesía.

LAS RUEDAS SUELTAS DE “LA OFICINA”
Tres desmovilizados de las Auc fueron, según la Policía, personajes clave en las organizaciones fundadas por Diego Murillo, alias “Berna”, entre ellas “la Oficina”. Hoy en día se desconoce su paradero. Ellos son:

1). Héctor Fabio Jaramillo Cardona, alias “Fabio Orión”: participó en la famosa ‘Operación Orión’ de la comuna 13, que sacó a la guerrilla de Medellín.
2). Giovany Marín, “el Mono”: líder de reinsertados de las Auc en la Corporación Democracia.
3). Carlos Arturo Hernández Ossa, “Duncan” o “Jerónimo”: presunto jefe sicarial, se fugó de la casa por cárcel en 2010.

Aunque fueron importantes en los inicios de la organización, hoy se desconoce qué papel juegan en ella, o si fueron excluidos.

DIVISIONES
Una creciente tensión domina a la cúpula del clan. El oficial de Antinarcóticos, así como fuentes de la Dijín, coinciden en que hay una división de criterios entre “Carlos Pesebre”, “Tom” y “Fredy Colas”, en oposición a “Pichi” y “Barny”. En ese debate, “Mateo” y “don Pepe” estarían tomando distancia.

La manzana de la discordia parece ser el futuro de la banda tras la captura de jefes de la cuarta generación (“Sebastián”, “Frank” y “Beto”), en un escenario marcado por la llegada de “los Urabeños” (ver la NOTA RELACIONADA: ‘Los Urabeños’ llegaron a Medellín y con ellos la muerte). Unos jefes son proclives a negociar con ellos, otros son partidarios de pelear.

La crisis se agudizó con la masacre de 9 personas en Envigado (31/12/12), en la que murió “Morro”, cabecilla de la cofradía. Unos y otros se han endilgado la responsabilidad del hecho, incluso públicamente, a través de emisarios (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta habría desatado la masacre de Envigado). Pese a esto, el recuerdo de los daños que dejó la guerra entre “Sebastián” y “Valenciano”, parece evitar por ahora que se desate otra batalla interna, contó el investigador social.

A juicio del oficial, “solo veo un puñado de jefes de combos reunidos, sin mando definido, hoy ‘la Oficina’ parece más una especie de mito”.

NOTA RELACIONADA: Las bandas pierden un jefe, ¿cuándo caerán los otros?

El Inspector.

Ese, sin embargo, no es el caso de alias ‘Douglas’, un presunto cabecilla de la organización ‘La Oficina’, quien lleva más de tres años en el juzgamiento y todavía no se resuelve su situación jurídica.

Alias 'Douglas', capturado el 15 de abril de 2009, está en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Y todo indica que tardará otros meses más, porque la justicia de nuevo le metió el freno y echó reversa, en una audiencia de la semana pasada (14 de mayo).

Ese día, los asistentes al recinto en el Palacio de Justicia de Medellín esperaban que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado definiera el número de años de condena que agobiarían a José Leonardo Muñoz Martínez.

Esto porque el anterior 23 de febrero, ese despacho había anunciado que el sentido del fallo sería condenatorio, por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo; y absolutorio, para los delitos de desaparición forzada, extorsión y dos homicidios.

La sorpresa fue que apareció una nueva jueza en el Juzgado Quinto, que reversó la decisión de su predecesor. La jurista indicó que observó fallas en los procedimientos de la Fiscalía desde el principio, pues en la etapa de imputación, le imputó unos delitos al detenido, en la acusación lo acusó por otros, y después del juicio, en los alegatos finales, pidió que lo condenaran por unos diferentes.

Similar situación habría ocurrido con las otras tres personas vinculadas a ese caso: Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (alias ‘El Compa’), Sergio Alejandro Salazar Muñoz y Estefanía Cardona Rendón.

La decisión de la juez fue anular la actuación de la Fiscalía desde los alegatos conclusivos, es decir, después del juicio; en consecuencia, se quedó sin piso el sentido del fallo, instancia que tendrá que repetirse. Esta proclama fue apelada.

Aprovechando la conyuntura, la defensa de ‘Douglas’ pidió que se anulara de una vez todo el juicio, por considerar que había una violación al debido proceso. Esta petición la rechazó la juez y el abogado apeló.

Lo que sigue es que el Tribunal Superior de Medellín resuelva las dos apelaciones, para ver si valida o no la anulación de la actuación de la Fiscalía, y si acepta o no la petición de anular el juicio. Una vez tomadas las decisiones, se retomará el curso de las audiencias. Por ahora, los cuatro procesados continuarán en sus respectivas cárceles.

En el aire quedó la razón por la cual hubo cambio de juez, algo que resultó determinante en este asunto judicial. La judicatura no lo explicó oficialmente, por lo que en los corredores del Palacio se manejan tres versiones : que el anterior togado se enfermó, que se jubiló y orondo se fue o que lo relevaron del cargo porque su periodo había terminado y llegó alguien nuevo por concurso de méritos.

Sobre el tema de ‘Douglas’, hay que aclarar una falsa noticia que circuló en un medio de comunicación de la Capital. El pasado 9 de mayo mataron a tiros en el municipio de Itagüí a la abogada Leyda Acosta Enciso, quien ejercía en el departamento del Meta y al parecer la citaron aquí para eliminarla.

Posteriormente se publicó que era abogada del citado cabecilla, cuestión que desmintieron los propios defensores de Muñoz Martínez. “Ni siquiera la conocíamos”, dijeron Fermín Amado Saavedra y Luz Esperanza Medina, quienes han representado a este personaje desde el principio.

La investigación, sin embargo, va por buen camino, pues al parecer la occisa portaba una carta al momento del homicidio, la cual está en poder de la Fiscalía y sería la clave para esclarecer quién ordenó su muerte.

Mientras se resuelve el enredo de su proceso, Muñoz Martínez sigue afirmando que es inocente, que él no es “ese tal ‘Douglas’ de ‘La Oficina’ que la Policía menciona”.

Para retomar esta historia desde los antecedentes, les recomiendo la NOTA RELACIONADA: Una condena será el futuro de ‘Douglas’.

El Inspector.

Así lo anunció hoy el juez Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, durante la audiencia de sentido del fallo en el Palacio de Justicia.

Así fueron presentados en Bogotá 'Douglas' (izquierda) y 'El Compa', después de su captura en Medellín.

‘Douglas’, apodado también ‘El Mono’ o ‘La Tía’, observó la diligencia a las 2:45 p.m. a través del sistema de videoconferencia desde un salón de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

El proceso judicial en su contra ha durado 2 años y 10 meses y parece que no terminará a su favor, pese a que en la misma providencia lo absolverán por cuatro delitos por los cuales lo investigaban.

El primero de ellos es la desaparición forzada de Adrián Arboleda Rendón, ocurrida el 4 de febrero de 2008 en el municipio de Bello. Este funcionario, patrullero adscrito a la Sijín de la Policía Metropolitana, era familiar de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, un peligroso oponente de ‘La Oficina’ (ver la NOTA RELACIONADA: El ocaso del narco más buscado del país).

El segundo es un episodio de extorsión en una finca del corregimiento San José del Nus, en el municipio antioqueño de San Roque.

El tercer y el cuarto hecho por los cuales lo declarán inocente son los homicidios de Juan Guillermo Álvarez Ramírez y Elkin Vladimir Rivera González, acaecidos en 2008 en casos diferentes.

La futura sentencia por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo partiría de una pena mínima de 26 años y seis meses, según el Código Penal, y el monto se definirá en la audiencia de lectura del fallo, para la cual no hay una fecha definida aún (podría tardar otro mes).

El secuestro en mención sucedió el 28 de enero de 2008 en la ciudad de Barranquilla. La ofendida fue Marcela Socarraz, de acuerdo con el proceso, quien trabajaba en una empresa comercializadora.

‘La Oficina’ al parecer camufló un cargamento de droga en un envío de dicha corporación, el cual fue incautado por las autoridades. Por tal motivo, la banda la responsabilizó, fue raptada y retenida en Medellín durante 33 días, hasta que pagó cerca de 480 millones de pesos por su libertad (luego tuvo el coraje para denunciar).

Junto a Muñoz Martínez será sentenciado su lugarteniente Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, llamado ‘El Compa’, por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y tráfico de estupefacientes.

Otros dos colaboradores de ‘Douglas’ también pagarán sentencia por su complicidad en el tráfico de estupefacientes (cocaína) y porte ilegal de armas: Sergio Alejandro Salazar y Estefanía Cardona Rendón.

NOTA RELACIONADA: Sacaron a los cabecillas de su zona de influencia.

El Inspector.

El procesado se llama Ómar Alejandro Montoya Holguín, alias ‘Simpson’ y presunto integrante del combo ‘La Platanera’, el cual funciona como una sucursal de la organización criminal ‘La Oficina del Doce’.

El momento en el que Montoya Holguín es llevado por un pasillo del hospital de Bello. Foto cortesía de la Policía.

Hoy se realizó la audiencia preliminar en el Juzgado Segundo Penal de Medellín con funciones de control de garantías. La Fiscalía le imputó al joven los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. A su turno el imputado aceptó los cargos, por lo cual recibirá una rebaja del 50 por ciento de la condena que le imponga la justicia.

El ataque ocurrió en la tarde del pasado 6 de enero, cuando el mandatario llegó en un campero a la casa de su madre en el barrio Los Colores. Apenas se bajó fue encendido a tiros por dos sujetos en motocicleta que al parecer lo estaban esperando.

Un patrullero de la Policía que lo escoltaba reaccionó y disparó contra los agresores. El uniformado y el burgomaestre quedaron heridos, al igual que uno de los atacantes, quien logró escapar del sitio. Sánchez, de 43 años, murió luego en el hospital Pablo Tobón Uribe.

Hoy las autoridades dieron nuevos detalles sobre la investigación que llevó a la detención de ‘Simpson’. Resulta que a los 40 minutos del tiroteo, un sujeto ingresó al hospital Marco Fidel Suárez de Bello. Solo vestía un calzoncillo tipo bóxer y tenía dos heridas de bala en el abdomen.

Al alcalde Jaime Sánchez no alcanzaron a robarle la plata. Fue sepultado en Medellín.

El paciente venía remitido de la unidad intermedia del Doce de Octubre, al noroccidente de Medellín, donde acaeció algo inusual. Montoya arribó con unos 14 o 15 compinches en actitud amenazante, los cuales presionaron a los médicos para que lo atendieran con rapidez y no reportaran la situación a la Policía.

Por ser un establecimiento de atención intermedia, no había recursos para tratarle la herida de bala y tocó remitirlo a Bello. Antes de hacerlo, los acompañantes le quitaron la ropa ensangrentada y lo dejaron en bóxer (las prendas aparecerían luego en su casa del barrio Doce de Octubre y coincidían con la descripción del escolta del Alcalde).

A esa altura la Policía estaba pendiente de cada hospital del Área Metropolitana, aguardando a ver si llegaba el asaltante herido. Por eso cuando ‘Simpson’ apareció en el Marco Fidel los uniformados no tardaron en caerle.

El interrogado explicó que un tipo le había disparado en una cancha del barrio Pedregal, pero no le creyeron porque no había ningún registro de incidentes semejantes en ese sitio. Luego, con la recompensa ofrecida de 50 millones de pesos, varias personas señalaron a Montoya, atando los cabos sueltos.

La captura fue anoche y en plena habitación del hospital, justo después que los doctores lo dieron de alta. En la audiencia, la Fiscalía reiteró que la hipótesis más fuerte sobre el caso es un intento de fleteo (atraco) al Alcalde, ya que este acababa de retirar 40 millones de pesos de un banco antes de la agresión. No obstante, aún no se ha dicho la última palabra sobre el móvil porque falta gente por capturar.

La organización delincuencial ‘La Oficina del Doce’ delinque hace más de 10 años en el noroccidente de Medellín, dedicada al sicariato, el fleteo, la extorsión y el tráfico de drogas, entre otros crímenes.

Lee la primera noticia sobre el homicidio en la NOTA RELACIONADA: ALCALDE DE SANTO DOMINGO asesinado en Medellín.

El Inspector.

Por aceptar los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas en la audiencia de control de garantías, Duván Herley Rodríguez Holguín podrá recibir una rebaja de la mitad de la condena.

Este es el homicida Duván Rodríguez, quien trató de ocultar su rostro durante la audiencia.

El asesinato ocurrió a las 7:40 a.m. del pasado jueves en el barrio Santa Mónica, al centrooccidente de Medellín. El juez Escobar salía de su casa en compañía de su hermana, y cuando ella abordó un taxi, apareció el homicida y le propinó un tiro en el rostro al jurista.

Rodríguez se montó a un bus de servicio público para escapar, pero la información de la ciudadanía guió a los policías hasta el vehículo, el cual fue detenido en el barrio La América.

El matón se había puesto otra camisa y ocultado el arma hechiza calibre 7.65 bajo una silla, pero la descripción del sujeto que hizo la vecindad no dejaba lugar a dudas. Los policías requisaron uno a uno a los pasajeros y después hallaron la pistola, pese a esto el sospechoso tuvo el descaro de decirle a un uniformado: “agente, usted no me ha cogido ningún arma encima“, según los testimonios aportados por la Fiscalía.

El juez asesinado Diego Fernando Escobar, de 45 años.

La Policía Judicial allanó la casa de Rodríguez en el barrio Aranjuez Palermo de Medellín, y en su habitación encontraron dos pruebas que hicieron estremecer a los jueces y colegas del finado, presentes en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia.

Junto al televisor había un papel manuscrito con el nombre Diego Escobar, la dirección de su casa y despacho, la hora en la cual salía de la casa (7:30 a 8:30 a.m., y el crimen fue a las 7:40) y las características del carro.

También descubrieron una foto de la víctima, la cua l le habían tomado mientras ejercía su función, pues el juez octavo penal del circuito aparecía con la toga y hablando por el micrófono de la sala de audiencias.

Cuando Duván Rodríguez aceptó la culpa, pidió además “perdón a Dios y a la familia”. El juez 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Para la Fiscalía es claro que el imputado actuó “por una remuneración” y amangualado con otras personas. Es importante que haya reconocido su responsabilidad (aunque ya el daño está hecho), pero es fundamental que se sepa toda la verdad de los hechos.

El 23 de abril de este año, el gremio judicial marchó en La Alpujarra para condenar este crimen.

Las autoridades deben establecer quién ordenó la muerte del funcionario público y por qué motivo. Para eso hay un estímulo de 350 millones de pesos como recompensa, para quien ayude a esclarecer la situación.

El actual sistema penal acusatorio, que rige en la jurisprudencia colombiana, no obliga a los procesados a que suministren toda la información. Muchos casos han quedado en una impunidad parcial, porque solo cae tras las rejas el autor material, mientras que los orquestadores del crimen siguen campantes en la calles.

Eso no debe ocurrir ni en este hecho ni en otros (como las famosas chuzadas del DAS, por mencionar alguno). Que haya condena, sí, pero también verdad.

NOTA RELACIONADA: SIN UN TESTIGO valiente, no hay caso

El Inspector.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa localidad, con funciones de control de garantías, dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Carlos Alberto Ospina Osorio, alias ‘Maicol’, y Sandy Juliana Sierra Montoya, apodada ‘La Rola’.

La pareja capturada en la audiencia de control de garantías.

En la audiencia celebrada el 16 de enero, la Fiscalía Seccional de Puerto Berrío les imputó los presuntos delitos de homicidio agravado, secuestro y hurto, este último por una moto que al parecer habrían sacado de la casa donde sucedió la matanza.

La Policía capturó a la pareja en la vía que del municipio conduce al corregimiento Puerto Araújo, en el departamento de Santander. Al parecer ambos eran vecinos de las víctimas, una familia procedente de Fusagasugá que llevaba cinco meses en Puerto Berrío.

El bebé fue abandonado en el Centro el 3 de enero.

El crimen fue perpetrado el pasado 30 de diciembre. Mediante asfixia mecánica asesinaron a Karen y a Claudia, dos niñas de 4 y 7 años; también les quitaron la vida a su madre Adriana Rincón, de 24, y a la abuela Amanda Contreras de 51.

De igual manera se robaron un bebé de cinco meses de nacido, a quien presuntamente querían vender pero no pudieron. Entonces lo abandonaron en un edificio del centro de Medellín.

Ahora la Fiscalía debe esclarecer los motivos de este acto atroz y si hay alguien más detrás de la matanza.

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