Aunque aún se desconocen los móviles y autores, el crimen sucedió en medio de un escenario de alta tensión por una disputa criminal entre la banda “el Mesa”, el Clan Oriente y el Clan del Golfo.

En esta vivienda del sitio Alto del Perro, en la vereda Llanogrande de Rionegro, ocurrió la matanza. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, un grupo de diez hombres armados con fusiles de calibre 5.56 y pistolas irrumpió en una casa del sector conocido como el Alto del Perro, en la vereda Llanogrande, a las 7:30 p.m. de este martes 25 de junio.

Adentro acribillaron a siete personas, de las cuales seis fallecieron en el sitio y una más en un centro asistencial, posteriormente. Los asesinos escaparon en dos camionetas (una blanca y una negra) y dos motocicletas, en dirección a la vereda El Capiro, del vecino municipio de El Carmen de Viboral.

Rionegro, y en general el Oriente antiqueño, está siendo afectado por varios conflictos entre organizaciones criminales del Valle de Aburrá que buscan expandir allá su mercado de drogas, y facciones locales que defienden sus plazas de vicio a sangre y fuego.

Uno de los enfrentamientos más severos se da entre la banda “el Mesa”, originaria del municipio de Bello, y el Clan Oriente, una estructura heredera de las Autodefensas del Magdalena Medio.

Desde 2019 “el Mesa”, que ya tenía un amplio dominio en la distribución de drogas del Oriente cercano (Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, Cocorná y Guarne), decidió expandirse hacia el Oriente lejano (Sonsón, Argelia, San Francisco, San Luis y Nariño). En esta zona hay una hegemonía tradicional del Clan Oriente.

La situación empeoró cuando este grupo estableció una alianza con el cartel narcotraficante Clan del Golfo, que en esa subregión ejerce presencia por medio del frente Gener Morales. Esta organización, de alcance transnacional, le exigió a “el Mesa” que desalojara el Oriente.

Ante la negativa, el cartel ordenó el asesinato de Edwin Fernando Morales Londoño (“el Crespo”), de 38 años y presunto coordinador de “el Mesa” en el municipio de Sonsón. Un sicario le propinó once disparos el 27 de mayo de 2o24, cuando manejaba un automóvil Renault rojo por una calle del barrio Buenos Aires, de Medellín.

En este carro se transportaba alias “el Crespo” por una calle del barrio Buenos Aires de Medellín, cuando fue acribillado por un sicario. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Según fuentes judiciales, “el Mesa” contraatacó a los tres días. El 30 de mayo mataron en el mall El Indio, ubicado en el barrio San Diego de Medellín (junto a la vía Las Palmas), a Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años.

La víctima fue citada a un establecimiento público del mall, y estando en una silla fue sorprendido por dos homicidas que llegaron con el rostro cubierto con cascos de moto, guantes de caucho para no dejar huellas y pistolas con silenciador. Aniquilaron a Pérez con múltiples disparos y luego escaparon en una moto.

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Varios videos del ataque circularon por redes sociales y la noticia se viralizó. Aunque el finado solo tenía antecedentes por evasión de impuestos, al parecer los delincuentes lo relacionaron como supuesto socio financiero de sus enemigos.

Los dos sicarios que mataron a Yovany de Jesús Pérez Estrada en el mall El Indio de Medellín, huyeron en la misma foto. Cortesía.

El 11 de junio el Clan del Golfo distribuyó un panfleto por diferentes chats de WhatsApp de la zona, firmado por el frente Gener Morales. En su comunicado declararon objetivo militar a los miembros de “el Mesa” y a su máximo cabecilla, Rodrigo Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), también llamado Gustavo Pérez Peña, según un cambio de nombre en la Registraduría.

“En algunos municipios se han presentado homicidios y amenazas a la población civil, por conflictos internos entre las bandas delincuenciales, que son lideradas por alias el Montañero, quien cambió su nombre por el de Gustavo Pérez Peña, sujeto que por décadas, y aún estando encarcelado, ha liderado a ‘los Mesas’ (sic), que ahora se identifican como los 2-13 (o los del 13), atacando con sevicia a la población civil que no se alinee con sus propósitos. Estos son los grupos que combatimos sin descanso”, dice el panfleto.

Rodrigo Rodríguez o Gustavo Pérez, alias “el Montañero”. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” salió de la cárcel de Itagüí el 14 de marzo de 2024, tras cumplir apenas cuatro años y cinco meses de una sentencia de ocho años, por cargos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Es uno de los siete voceros principales de las bandas del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional desde el 2 de junio de 2023.

La disputa de “el Mesa” contra el Clan Oriente y el Clan del Golfo es una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades sobre la masacre perpetrada en Rionegro.

El coronel Carlos Martínez Romero, comandante de la Policía Antioquia, comentó que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el crimen.

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El Inspector.

En prisión también está “Nando Robles”, otro cabecilla de Medellín, esperando la condena. Esta es la reseña de los casos, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Johnny Alexánder Ramírez Arenas, alias “el Diablo”, cabecilla de “el Mesa”. Foto cortesía de la Fiscalía.

Carlos Roberto Izquierdo, director especializado de la Fiscalía contra las Organizaciones Criminales, detalló que en las audiencias de control de garantías le imputaron a “el Diablo” el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio.

Ramírez Arenas, también apodado “la Negra” o “Limón”, se declaró inocente, pero le dictaron medida de aseguramiento intramural, mientras continúa el proceso penal.

“Este hombre sería uno de los principales articuladores de una violenta disputa entre grupos delictivos, que dejó más de 150 muertos en Medellín y Bello entre 2019 y 2020”, recalcó el fiscal Izquierdo.

Como uno de los líderes de “el Mesa”, prosiguió el funcionario, “estaría involucrado en el tráfico de estupefacientes al menudeo, extorsiones, desplazamientos y desapariciones ocurridas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, La Ceja, El Carmen de Viboral, La Unión, Sonsón, Argelia, Nariño y Caldas (Antioquia); Soacha (Cundinamarca) y Bogotá”.

“El Diablo” fue capturado por la Dijín el pasado 23 de agosto en una vivienda de Bello, durante la operación Luzbel II. Fuentes cercanas al procedimiento contaron que al llegar al sitio había seis sospechosos, y en principio no reconocieron a Ramírez, pero más tarde confirmaron su identidad en el examen de dactiloscopia.

A “el Mesa” ingresó hace 20 años, “inicialmente como escolta de los cabecillas de la época, y actualmente tendría a su cargo 500 personas. En su contra había una notificación azul de Interpol”, concluyó Izquierdo.

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Luis Fernando Zapata Ruiz (“Nando Robles”), capturado por la Policía en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín. Cortesía.

LA CAÍDA DE “NANDO ROBLES”
“El Diablo” no ha sido el único cabecilla del Valle de Aburrá que cayó a la cárcel recientemente. En la prisión de Bellavista se encuentra, esperando su condena, Luis Fernando Zapata Ruiz (“Nando Robles”), miembro de la cúpula de la organización criminal “San Cristóbal”.

Según el dosier de la Policía, este personaje comandaba una confederación ilegal que agrupa a varios combos del corregimiento San Cristóbal y de la comuna 4 de Medellín (Aranjuez), entre ellos “los Paracos del Llano” y “Moravia”.

Fue capturado el pasado 8 de junio en Barrio Nuevo, en la cabecera corregimental de San Cristóbal, y judicializado por concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico de estupefacientes y utilización de menores de edad para delinquir.

Es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las AUC y fuentes de Inteligencia presumen que al parecer tiene conexiones delincuenciales con el Clan del Golfo.

En el juzgado aceptó la responsabilidad en los delitos imputados, por lo que será condenado en los próximos meses.

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El Inspector.

El cabecilla y 13 de sus subalternos fueron capturados a principios de julio de 2023 por el Gaula de la Policía y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Elkin Mesa Vallejo, alias “Elkin Chata”, líder de la organización criminal “los Chatas”. Foto cortesía de la Fiscalía.

A todos los señalaron de integrar la banda “los Chatas”, originaria de Bello, pero con tentáculos en otros lugares del Valle de Aburrá, Oriente, Bajo Cauca y Norte de Antioquia.

El grupo se dedica, desde los años 90, al narcotráfico, sicariato, extorsiones, hurto, minería ilegal, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otros delitos.

En el caso puntual de “Elkin Chata”, las autoridades indicaron que asumió el control de la organización desde mayo de 2020, cuando salió de la cárcel con libertad condicional, luego de haber estado apenas tres años es prisión por concierto para delinquir.

En la primera semana de julio de 2023 fueron capturados por el Gaula 14 miembros de “los Chatas”. Foto cortesía de Fiscalía.

Ricardo Romero, delegado de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, explicó que Mesa Vallejo y sus hombres le estaban cobrando el llamado “impuesto de vigilancia” a los residentes de varios barrios de Bello.

A un habitante del barrio El Rosario le cobraron $8 millones, de los cuales solo alcanzó a pagar una parte. Como castigo, el pasado 19 de febrero fue secuestrado y retenido durante cuatro horas en una finca de la vereda Hato Viejo.

“Los Chatas” le exigieron a su familia $50 millones por la liberación, pero cuando los seres queridos tampoco pudieron reunir esa suma, los expulsaron a todos del vecindario, generando un desplazamiento forzado.

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En la audiencia de control de garantías, a “Elkin Chata” le imputaron los cargos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y desplazamiento forzado. Aunque se declaró inocente, el juez lo envió a la cárcel como medida preventiva.

A los otros 13 miembros de la banda le imputaron cargos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, extorsión agravada, uso de menores de edad en la comisión de delitos, hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Entre los detenidos también se destacan Norbey Sánchez Layo (“Pepe”), presunto coordinador de extorsiones y venta de drogas en el municipio de Girardota, según la Fiscalía; Dúver Alberto García Tejada (“Rosadito”) y John Jairo Bedoya García (“Jairito”), supuestos coordinadores del grupo en los barrios bellanitas de El Mirador, Santa Ana, Pérez y Espíritu Santo.

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“Elkin Chata” es hermano de Juan Carlos Mesa Vallejo, apodado “Tom” o “Carlos Chata”, quien no solo es líder de “los Chatas”, sino también de “la Oficina”, la confederación que reúne a las bandas más importantes del Valle de Aburrá.

Actualmente está recluido en la cárcel de Itagüí y actúa como vocero en la mesa de paz de los grupos ilegales del área metropolitana con el Gobierno Nacional.

El Inspector.

Estando en la entrada del socavón fue atacado por sicarios, quienes le quitaron la vida a balazos y huyeron al abrigo de la noche.

Con esta imagen distribuida en redes sociales, los allegados de alias “Sólido” expresaron su luto. Foto de cortesía.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el hecho acaeció en la noche del 16 de junio de 2023, en una mina de oro conocida como San Nicolás, la cual está ubicada en la vereda Campo Alegre. Allí estaba José Domiciano Carrillo Montoya (“Sólido”), de 48 años, cuando sus asesinos lo encontraron.

Domiciano Carrillo (“Sólido”) en su juventud. Foto de cortesía.

Carrillo era oriundo de Segovia, donde tenía importantes inversiones legales e ilegales en minería. Sin embargo, era más conocido por ser integrante de la cúpula de “Pachelly”, una de las bandas paridas en el municipio de Bello, la cual se dedica al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, secuestros, desplazamientos forzados y desapariciones, entre otros delitos.

En varias oportunidades protagonizó enfrentamientos contra otros cabecillas de la banda, a quienes acusaba de intentar desplazarlo de los negocios. Según organismos de inteligencia, estuvo asociado a dos disputas internas que afectaron el orden público de Bello y el Norte del Valle de Aburrá, entre 2014 y 2015, y de 2019 a 2020.

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Su carrera delictiva incluía dos capturas en la última década. En 2012 fue detenido y condenado a seis años de cárcel por concierto para delinquir, de los cuales apenas estuvo dos en prisión.

De nuevo lo capturaron en 2018, otra vez por concierto para delinquir, y estuvo tras las rejas hasta finales del año pasado.

Ahora los investigadores se preguntan quién pudo haberlo matado. Las divisiones internas en “Pachelly” son latentes desde hace 10 años, y una hipótesis sugiere que sus exsocios lo ajusticiaron; tampoco se descarta que el crimen lo haya cometido el Clan del Golfo, el cartel narcotraficante que domina el bajo mundo en Segovia; y una tercera teoría apunta a que la muerte se derivó por inconvenientes con otros mineros.

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El Inspector.

La operación fue realizada por agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y del Gaula, en el corregimiento Doradal del municipio de Puerto Triunfo. Aunque la diligencia se realizó el pasado 7 de noviembre, solo se conoció públicamente este fin de semana. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Los capturados, de izquierda a derecha: alias “Morongoro”, “Ómar” y “Gago”. Foto cortesía de la Policía.

Fuentes cercanas al caso le relataron a El Colombiano que alias “Ómar” era uno de los principales objetivos de las autoridades, que lo consideran unos de los líderes de “Pachelly”, la banda oriunda de Bello que se dedica al narcotráfico, el sicariato y cobro de extorsiones hace más de tres décadas.

Asumió el liderato de la estructura en la calle después de la captura en 2020 de su hermano Alber Henao Acevedo (“Alber”), y de otros cabecillas reconocidos como “Pocho”, “Sólido”, “Lancha”, “Guayabo” y “Banano”.

Esta es la finca en la cual se realizó el allanamiento, en el municipio antioqueño de Puerto Triunfo. Cortesía.

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Para festejar su cumpleaños congregó en una finca de Doradal a varios amigos, secuaces y seis jóvenes prostitutas, de acuerdo con la Policía. Hubo licor en exceso, por lo que ninguno se dio cuenta que el lugar era vigilado por un dron desde los aires.

Cuando los comandos allanaron la vivienda, “’Ómar” trató de correr, pero tropezó y se dio un golpe en la frente. Uno de los policías le hizo la curación al finalizar el operativo.

En la vivienda también fueron capturados dos presuntos lugartenientes, Juan Diego Cortés Carvajal (“Morongoro”) y Eider Alexánder Sierra Giraldo (“Gago”).

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado. Todos se declararon inocentes y el juzgado les dictó medida de aseguramiento en prisión. “Ómar”, quien ya había sido detenido en 2016, será llevado a la cárcel de Bellavista una vez más.

Un policía le hizo curaciones a “Ómar” en la frente, luego del golpe que se dio en el intento de escape. Foto cortesía.

Además de “Alber”, otros de sus familiares encarcelados son sus hermanos Rodrigo y Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Perica” y “Empanada”, respectivamente), y su sobrino Yeison Alexánder Henao Zárate (“Yandel”), todos relacionados con la banda.

La Policía también lo investiga por ser el supuesto enlace entre “Pachelly” y el cartel narcotraficante Clan del Golfo. Esta sociedad está inundando de drogas las plazas de vicio de los municipios de Bello, Barbosa, Copacabana, Girardota, Yarumal, Briceño, Ituango, San Pedro de los Milagros, Toledo y Valdivia.

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El Inspector.

Este hombre de 48 años, señalado de ser uno de los presuntos narcotraficantes más peligrosos del municipio de Bello, al parecer estaba auspiciando la conformación de un nuevo grupo armado en el monte.

Los capturados por el Ejército en Yarumal, de izquierda a derecha: “Zorro”, supuesto escolta; Ana, compañera sentimental; y “Caníbal”, ataviado con una ruana. Foto cortesía del Ejército.

Según el reporte de la Cuarta Brigada del Ejército, el operativo de captura se realizó el 17 de octubre de 2022 en una finca del corregimiento Ochalí, en el municipio de Yarumal.

Lo acompañaban su supuesto jefe de seguridad, Alcides Castañeda Jaramillo (“Zorro”), y su compañera sentimental Ana María Henao Uribe. Otros tres sospechosos, entre ellos un menor de edad, también fueron detenidos con tres fusiles, una subametralladora, cuatro pistolas, un revólver, cinco granadas de mano y más de 600 municiones de distintos calibres.

Parte del arsenal incautado a los hombres de “Caníbal” en el operativo militar. Foto cortesía del Ejército.

“El Caníbal”, tal cual ha reportado Revelaciones del Bajo Mundo en anteriores informes, es un viejo conocido del sistema penitenciario en Colombia. Con cerca de tres décadas de carrera criminal, ha pasado por los bloques Metro y Centauros de las Autodefensas paramilitares; ha sido el cabecilla histórico de la banda “el Tapón” de Bello; y socio para el narcotráfico de las organizaciones “el Mesa”, “Pachelly”, la disidencia del frente 36 de las Farc y la guerrilla del Eln.

La Fiscalía lo ha investigado por homicidio, tráfico de armas, narcotráfico y concierto para delinquir, entre otros crímenes, aunque siempre logra permanecer poco tiempo en prisión.

Material de intendencia incautado con logo del Movimiento Armado Campesino Colombiano (MACC). Cortesía.

En los últimos años comenzó una expansión de sus negocios en las subregiones del Norte y el Nordeste de Antioquia, gracias a la alianza con la disidencia de las Farc. De esa manera, según datos de Inteligencia, instaló laboratorios de droga y plazas de vicio en Ituango, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, San José de la Montaña y San Pedro de los Milagros, entre otros.

En esa dinámica estaba cuando el Ejército lo capturó el 25 de agosto de 2018 en límites de Toledo y San Andrés de Cuerquia, escoltado por cinco exguerrilleros de las Farc.

La Fiscalía le imputó en ese entonces cargos por porte ilegal de armas, narcotráfico y concierto para delinquir; sin embargo, por falta de testigos en contra, fue absuelto por un juez luego del juicio oral.

Al regresar a la libertad, se refugió una vez más en el monte, donde fue recapturado la semana pasada. Algo interesante de esta última detención, es que además del arsenal le hallaron material de intendencia de un supuesto grupo delincuencial nuevo, denominado Movimiento Armado Campesino Colombiano (MACC).

Con logos de esa agrupación había pañoletas y brazaletes, lo que llamó la atención de los agentes de Inteligencia.

Hasta el momento se desconocen las actividades de esta supuesta organización, ni cuáles serían sus propósitos. Lo cierto es que ahora las agencias de seguridad tendrán los ojos abiertos frente al tema.

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El Inspector.

Los procesos judiciales afectaron a integrantes de las bandas “los Chatas”, “la Mina”, “Niquía Camacol” y “el Mesa”. Esta es la reseña elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura de Braimer Muñoz, alias “Reblujo” (izquierda), y su hermano Darney Muñoz, alias “Patolín” (derecha). Foto cortesía de la Policía.

A finales del pasado mes de septiembre la Policía detuvo a Braimer Darío Muñoz Rivera (“Reblujo”) en el sector El Poblado, de Medellín. Junto a él cayó su hermano Darney Alberto Muñoz Rivera (“Patolín”).

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada los señaló de ser supuestos cabecillas de la organización criminal “los Chatas” y en la audiencia de control de garantías les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y homicidio.

Según el informe público del ente acusador, los hermanos Muñoz Rivera “al parecer promueven el cobro de cuotas extorsivas y la venta de estupefacientes en Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Santa Rosa de Osos, Guatapé, San Rafael y las comunas 10 y 11 de Medellín (La Candelaria y Laureles). Adicionalmente, estarían involucrados en la ejecución de homicidios selectivos y el desplazamiento de familias”.

Tras finalizar las audiencias, en las que ambos se declararon inocentes, el juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Esta no es la primera que “Reblujo” es apresado. El 8 de marzo de 2017 había sido detenido por la Policía en el barrio La Loma de los Bernal, de Medellín. En ese entonces fungía como secretario privado de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el fundador y máximo líder de “los Chatas” (hoy condenado en prisión).

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En otra acción contra las redes de esa organización, el pasado 3 de octubre las autoridades atacaron al combo “la Mina”, que trabaja para “los Chatas” en los sectores La Mina y La Camila. En ocho allanamientos fueron detenidos seis presuntos miembros de la banda, incluyendo a su coordinador, Ánderson Atehortúa Echavarría (“Barba”).

Julio Echavarría, alias “Magandy”. Foto cortesía.

Los implicados tendrán que responder ante la justicia por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

A una celda también fue enviado Julio Elpidio Echavarría Díaz, (“Magandy” o “Julio el Tuerto”), subcomandante de la banda “el Mesa”. El 10 de agosto fue capturado en un centro comercial de El Poblado, por una orden de captura por concierto para delinquir.

En su reporte del caso, la Policía manifestó que “como hombre de confianza de alias ‘el Montañero’ (jefe del grupo encarcelado), habría sido enviado a Bogotá para liderar esta estructura en lo relativo al tráfico de estupefacientes, principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Rafael Uribe Uribe, y el municipio de Soacha (Cundinamarca)”.

“Magandy” tenía antecedentes penales. En 2003 había sido capturado por hurto calificado y porte de armas de uso privativo, y según las autoridades reincidió en el bajo mundo. En la audiencia de control de garantías se declaró inocente de la nueva imputación.

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Otra de las estructuras del crimen organizado de Bello impactada recientemente es “Niquía Camacol”. El pasado 22 de agosto fue reportada la captura en Medellín de dos de sus cabecillas: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Jhon Alejandro Meneses Jaramillo (“Agujas”).

“Yerbas” tenía en su contra una recompensa de hasta $50 millones, ofrecida por la Alcaldía de Bello. Fue procesado por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión y constreñimiento.

Así aparecía “Yerbas” en el cartel de los más buscados de Bello. Cortesía.

En cuanto a “Agujas”, paramilitar desmovilizado del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), las autoridades informaron que “venía liderando la venta ilegal de lotes del Cerro Quitasol y tenía un vínculo de confianza con alias ‘El Diablo’, cabecilla de ‘el Mesa’”. En el operativo le incautaron un automóvil y una cédula falsa.

Ambos habían reemplazado en la cúpula de esa organización a Juan Fernando Álvarez, alias “Juan XXIII”, quien lideró a “Niquía Camacol” hasta el 14 de junio, cuando lo arrestaron en el barrio Laureles.

“’Juan XXIII’ fue promotor de la confrontación que tuvieron los grupos delincuenciales ‘el Mesa’ y ‘Pachelly’ por la disputa de territorio bellanita (2019-2020). Además, según establecieron las fuentes policiales, sería el encargado de los desplazamientos forzados en zonas como La Frontera, El Caguán, Altos de Niquía, la Casa de Justicia, entre otros; la venta de lotes en el sector de Ciudad Perdida y el Cerro Quitasol, y de ordenar varios homicidios selectivos. La orden de captura se materializó por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión”, informó la Alcaldía de Bello en su momento.

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El Inspector.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el hallazgo se registró a las 6:30 a.m. de este sábado 30 de julio, en inmediaciones del barrio La Gabriela. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este sector del barrio La Gabriela de Bello fueron abandonados los cadáveres. Foto de Andrés Osorio.

En la calle 37 con la carrera 45, al lado de un conjunto residencial, los vecinos observaron los cuerpos envueltos en bolsas plásticas negras y cinta adhesiva. Al costado había dos carteles manuscritos, con el mensaje: “Por ratas HP”.

Los técnicos forenses del CTI de la Fiscalía llegaron posteriormente al lugar y confirmaron que se trataba de dos personas, cuya causa de muerte será establecida en el laboratorio de Medicina Legal.

De acuerdo con lo observado en las cámaras de vigilancia del sector, al parecer los cadáveres fueron traídos en un carro desde otro lugar, para luego arrojarlos junto a la vía. De momento se desconoce la identidad de las víctimas.

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El Inspector.

Se trata de Willington Andrés Carmona Rodríguez, alias “Gordo Willington”, cuya captura fue celebrada por el propio presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Así fue presentado alias “Gordo Willington”, tras su captura en el municipio de Bello. Foto cortesía de la Policía.

Carmona, de 41 años, fue capturado por la Dijín de la Policía el pasado 10 de diciembre, en el municipio de Bello. En su contra había una orden de captura solicitada por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, por concierto para delinquir agravado.

“Seguimos demostrando que el que la hace la paga”, publicó el presidente Duque en su cuenta de Twitter, agregando que el “Gordo Willington” estaba en el cartel de los más buscados.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, reiteró que “es una de las más importantes capturas en el área metropolitana de Medellín. El grupo delincuencial ‘el Mesa’ se dedica al tráfico local de estupefacientes, cobro de extorsiones, sicariato y otros delitos”.

En el informe oficial del caso, la Institución recordó que este hombre es primo de Rodrigo Rodríguez, alias “el Montañero”, fundador y máximo líder de la banda, quien está encarcelado desde 2019. Carmona habría ingresado a la organización cuando apenas tenía 16 años, de la mano de este último.

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En su prontuario figura que al parecer participó en el sonado atraco a un camión de valores de la empresa Wackenhut de Colombia S.A., en el barrio Las Flórez de Bogotá, el 3 de noviembre de 2003. Los criminales de “el Mesa” pretendían apoderarse de $1.000 millones, pero se produjo una balacera con la Policía, en la cual murieron un atracador y el intendente Jesús Merchán, de la Sijín.

Pese a estar en la mira de la Policía, por la oleada de violencia que sacudió a Bello entre 2019 y 2020, la cual protagonizó “el Mesa” en su guerra contra la banda “Pachelly”, el “Gordo Willington” siguió visitando sus vecindarios de injerencia. Lo hacía en motos de alta gama, sin percatarse de que lo seguían.

La estructura ilegal es originaria de Bello, pero en el siglo XXI extendió sus redes criminales a Bogotá y Soacha, en Cundinamarca; al departamento de Boyacá y a varias subregiones de Antioquia, como el Norte y el Oriente.

En la audiencia de control de garantías, Carmona Rodríguez se declaró inocente por el concierto para delinquir, y el juez lo envió a la cárcel.

Ahora los investigadores se enfocan en otros líderes del grupo que siguen en la calle, como “el Diablo”, “Magandy” y “el Indio”, así como de sus principales socios para el narcotráfico, conocidos como “Palique” y “el Pollo”, que al parecer posan como empresarios de Bello.

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El Inspector.

Las detenciones han tocado a las bandas de “Pachelly”, “el Mesa” y “la Camila”. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “el Gordo Ruiz” regresó a la cárcel, después de haber pagado una condena por concierto para delinquir. Foto cortesía de la Policía.

A principios de noviembre se registró la captura de Jairo Andrés Ardila Murillo, alias “Guayabo”, uno de los cabecillas históricos del bajo mundo en esa localidad. Es desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y desde los años 90 integró la cúpula de la organización criminal “Pachelly”.

Jairo Ardila, apodado “Guayabo”.

La Policía lo arrestó en 2011 y fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión por concierto para delinquir, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y falsedad personal. Durante su estadía en prisión fue testigo de la Fiscalía en las investigaciones penales contra el clan político de los Suárez Mira, que terminaron con la condena del excongresista y exalcalde bellanita Óscar Suárez, por crímenes ligados a la corrupción.

Esta colaboración con la justicia le permitió salir pronto de la cárcel, pero su regreso a las calles no fue bien recibido por la mafia. El 31 de octubre de 2014 se transportaba en un bus de servicio público contratado por el Inpec, junto a otros 11 internos de la cárcel de Cómbita (Boyacá), para gozar de un permiso de libertad condicional de 72 horas.

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Al llegar a Bogotá, sicarios motorizados atacaron el vehículo a tiros. Un pasajero murió y “Guayabo” sobrevivió con heridas en el rostro. Dos años después, cuando manejaba un carro por una calle de El Poblado, en Medellín, otros mercenarios lo tirotearon, atentado del cual también logró salir con vida.

Fuentes policiales manifestaron que “Guayabo” trató de recuperar su antiguo poder en “Pachelly”, pero los jefes del momento se lo negaron. Fue así como durante la disputa criminal entre ese grupo y “el Mesa” y “Niquía Camacol”, que triplicó el índice de homicidios en Bello entre 2019 y 2020, Ardila habría conspirado en favor de estas últimas dos bandas, para que atacaran a sus antiguos socios.

Otro de los capturados en noviembre fue Arley Echeverry Jaramillo (“Calambre”), presunto aliado de “el Mesa” y enlace de la mafia de Bello con la estructura mafiosa conocida como “la Oficina”.

“Calambre” es señalado de ser la mano derecha de Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), un socio financiero de “el Mesa” y “la Oficina”, y quien paga actualmente una condena de 14 años en prisión. Justamente estaban juntos en 2008 cuando la Policía los detuvo por un supuesto caso de extorsión, del cual salieron airosos.

Desde 2005 las autoridades le hacían seguimiento a “Calambre”. Cortesía.

La Policía también investiga a Echeverry por presuntas conexiones con funcionarios corruptos del aeropuerto de Rionegro, en temas relacionados con narcotráfico.

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La lista de detenidos también incluye a Róbinson Abraham Tobón Duque (“el Perro”) y Néstor Estivell Rodríguez (“Peluche”), presuntos mandos medios de “el Mesa” y quienes aparecían en el cartel de los más buscados. Daniela Ortega, secretaria de Seguridad de Bello, precisó que este último es hermano de Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), máximo cabecilla y fundador de esa banda, recluido en una celda desde 2019.

De acuerdo con Ortega, alias “Guayabo”, “Calambre”, “el Perro” y “Peluche” fueron procesados por concierto para delinquir agravado y homicidio.

La siguiente captura fue la de John Jairo Ruiz Muñetón (“el Gordo Ruiz” o “el Calvo”), de 53 años y jefe de la banda “la Camila”, que delinque en Bello, Copacabana y Medellín. El 13 de noviembre la Policía lo apresó cuando iba en un vehículo por la vía Las Palmas, a la altura del barrio La Asomadera.

Ruiz fue policía en el pasado y se desmovilizó del bloque Centauros de las Auc. Ya había sido arrestado en 2014 y sentenciado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir. Regresó a las calles hace tres años.

Esta vez tendrá que responder por cargos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, narcotráfico y homicidio, según el reporte de la Policía.

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Por fortuna, las capturas de estos personajes no han desestabilizado el orden público en Bello, que desde octubre de 2020 goza de una tensa calma, sin enfrentamientos abiertos entre las más de 10 estructuras de crimen organizado que delinquen en su jurisdicción, entre las que se cuentan “el Mesa”, “Pachelly”, “Niquía Camacol”, “la Camila”, “París”, “los Triana”, “el Tapón”, “los Peludos”, “la Meseta”, “Playa Rica”, “el Congolo”, “el Pinal” y “los Chatas”.

“El Gordo Ruiz” aparecía en el cartel de los más buscados desde 2010. Cortesía.

El 6 de diciembre las autoridades presentaron en el parque principal del municipio los resultados de un reciente operativo en contra de “Pachelly”, que incluye la judicialización de siete de sus presuntos integrantes.

Entre los afectados está Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Perica”), presunto líder de la estructura, quien está preso en la cárcel La Picota (Bogotá), tras su captura el pasado 2 de septiembre. En ese entonces, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo, perpetrados entre 2019 y 2021.

Con la evidencia recaudada por el ente acusador en este último operativo, le añadieron otras imputaciones por homicidio y desplazamiento.

Entre las prioridades de la Policía y la Fiscalía están las ubicaciones y capturas de otros tres presuntos cabecillas que hoy encabezan el cartel de los más buscados en Bello: Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“el Diablo”), de la banda “el Mesa”; y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”) y Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”), de la organización “Niquía Camacol”.

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El Inspector.

La banda fue atacada por la Fiscalía, el Gaula y Unipol el pasado 2 de septiembre, mediante 42 allanamientos en Bello y Medellín, de acuerdo con las autoridades. Aunque el propósito era arrestar a 26 personas, los uniformados solo detuvieron a 10 por orden de captura y uno más en flagrancia, por lo que se investiga si hubo filtraciones de información momentos antes del operativo.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son algunos de los capturados de “Pachelly”, en la denominada Operación Avalancha. Foto cortesía de la Policía.

En la diligencia se destaca la captura de tres miembros del clan Henao, que al parecer integran la cúpula de la organización: los hermanos Rodrigo y Nelson de Jesús Henao Acevedo, alias “Perica” y “Empanada”, respectivamente; y Yeison Alexánder Henao Zárate (“Yandel”), hijo del primero, y quien tenía en su poder marihuana y una agenda con supuestas anotaciones de venta de droga.

Estas personas son familiares de Albert Antonio Henao Acevedo (“Alber”), uno de los máximos líderes de “Pachelly”, quien fue arrestado por segunda vez en agosto de 2020 y continúa en prisión.

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Fuentes cercanas al operativo relataron que las detenciones de “Perica” y “Empanada” no fueron sencillas, pues ambos, en distintos apartamentos del municipio de Bello, se tiraron por la ventana. Uno fue apresado en una casa contigua y el otro en un parqueadero.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Carlos Rodríguez, contó que dentro de las evidencias recolectadas hay testimonios de ciudadanos que fueron extorsionados por dejar sus vehículos estacionados en vías de los barrios Araucarias, Pachelly y Villa Linda; y también por realizar reformas estructurales a sus viviendas.

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Otros detenidos fueron “Toro”, “Ternera”, “Chinchán”, “Chicunguña”, “el Ñato”, “Zasa”, “Sebastián” y “Orejas”, a quienes les incautaron un revólver, un kilo de marihuana y $11’400.000, según el reporte policial.

Las audiencias de control de garantías comenzaron el pasado viernes, ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín. Las capturas fueron legalizadas y la Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, secuestro simple, hurto calificado y agravado, entre otros delitos cometidos entre 2019 y 2021. Todos los procesados se declararon inocentes.

Entre los casos expuestos en el estrado, está el de un domiciliario de Rappi, que en febrero del presente año fue interceptado por integrantes de la banda en cercanías al CAI Valadares, en Bello. El muchacho fue intimidado, le dijeron que tenía que pagar “vacuna” para poder trabajar en la zona, y le robaron $180.000 que llevaba en la billetera.

Después le retuvieron la motocicleta en la que laboraba, y le ordenaron que buscara más dinero para devolvérsela. La madre de la víctima le transfirió $300.000, que el domiciliario les entregó a los bandidos para recuperar su moto.

Un hecho similar se repitió en marzo, también en Bello, cuando el afectado fue un taxista. Los miembros de “Pachelly” lo bajaron del taxi, le quitaron $70.000 y se llevaron el vehículo, con el propósito de cobrarle también para recuperarlo.

Al conductor lo obligaron a abordar una moto, para trasladarlo a un lugar clandestino y presionar el pago, pero la víctima se armó de valor y a las cinco cuadras de recorrido se tiró del vehículo y logró escapar.

“Pachelly” es una de las estructuras de crimen organizado más antiguas del Valle de Aburrá y está activa desde los 90. Aunque sus acciones se concentran en Bello, sus redes se extienden al Oriente antioqueño, el Nordeste y Bajo Cauca, donde administra plazas de vicio y coordina diversos crímenes, como secuestros, extorsiones, desapariciones y sicariato. En algunos de esos sectores tienen alianzas con el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

“Es una de las bandas delincuenciales que más daños produce en nuestra ciudad, sobre todo por los desplazamientos intraurbanos, venta ilegal de lotes y urbanización ilegal”, indicó la secretaria de Seguridad de Bello, Daniela Ortega.

Este miércoles 8 de septiembre terminaron las audiencias en el Juzgado 41. A todos les dictaron medida de aseguramiento en la cárcel, menos a “Yandel”, quien fue favorecido con la detención domiciliaria.

Las autoridades indicaron que las operaciones para detener al resto de sus integrantes no se detendrán.

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El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue realizado el pasado 10 de agosto, por parte de la Fiscalía y agentes del Grupo de Administración Pública de la Dijín de la Policía, que viajaron desde Bogotá. Los detenidos son el funcionario Gustavo Amet Restrepo Ortiz, quien fungía como asistente de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada en la capital antioqueña; y el abogado litigante Mauricio de Jesús Morales Múnera.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada tiene sus despachos en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto de Archivo.

De acuerdo con la investigación preliminar, en su calidad de asistente, Restrepo tenía acceso a información sobre las órdenes de captura que expedían los despachos de la Dirección, en particular aquellas dirigidas a los cabecillas e integrantes de las bandas “el Mesa”, “Niquía Camacol” y “Pachelly”.

En las audiencias de control de garantías, que se desarrollan de manera virtual en este momento, el ente acusador ha revelado interceptaciones telefónicas en las cuales, supuestamente, el funcionario le advertía al abogado cuando se solicitaban dichas órdenes.

En tales conversaciones, se oyen frases atribuidas por la Fiscalía a Restrepo, en las que al parecer habría dicho: “Yo las voy dilatando”, refiriéndose a las órdenes de detención.

En otra de las llamadas en poder de las autoridades, el indiciado le habría advertido al penalista que las autoridades estaban preparando el arresto de unos delincuentes: “Para que usted les avise, para que les diga que les van a caer en Pascua, después de Semana Santa. Eso ya está listo. Ya las sacaron (las órdenes) del horno hoy”.

Así fueron reseñados por la Policía los dos capturados. El proceso está pendiente de la etapa de acusación. Foto cortesía de la Policía.

El abogado Morales había sido defensor de algunos integrantes de organizaciones ilegales de Bello. Uno de ellos fue Édgar Pérez Hernández, alias “el Oso”, jefe de la banda “Niquía Camacol”, quien murió de un ataque cardiaco el 6 de abril de 2020, en la cárcel Picaleña de Ibagué.

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En las audiencias de control de garantías, los procesados no aceptaron las imputaciones por concierto para delinquir y utilización de asunto sometido a secreto, y se declararon inocentes.

Durante la diligencia, Restrepo renunció a su cargo en la Fiscalía, institución en la cual apenas le faltaba un año para jubilarse. El 17 de agosto, al finalizar las audiencias, el juzgado le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que al abogado lo envió a la cárcel.

El Colombiano buscó una declaración oficial de la Fiscalía sobre el caso, pero la entidad no se ha pronunciado por el momento.

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El Inspector.

De acuerdo con los afiches distribuidos, los reseñados son Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“el Diablo”), presunto líder de la banda “el Mesa”; y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”) y Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”), supuestos cabecillas de “Niquía Camacol”.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el nuevo cartel de los delincuentes más buscados del municipio de Bello. Foto cortesía de la Policía.

En su contra hay una recompensa de hasta $50 millones, según Daniela Ortega, secretaria de Seguridad de Bello. En la lista hay otros personajes, identificados solo por el alias, como “Perica” y “Sebas”, del grupo ilegal “Pachelly”; “Trompón” y “Yonier”, también de “el Mesa”; y “Ruiz” y “el Gordo”, de “los Chatas”.

El alcalde local, Óscar Andrés Pérez, declaró que “recibimos la visita del ministro del Interior, el doctor Daniel Palacio, y manifestamos lo efectivo que ha sido el trabajo interinstitucional para cerrar un 2020 más tranquilo, donde hemos logrado neutralizar la guerra en nuestra ciudad, con todos los líderes criminales judicializados. Hoy presentamos a quienes lideran de nuevo a la criminalidad”.

Tras conocer este cartel, algunos ciudadanos de Bello se quejaron por la ausencia de algunos importantes jefes del crimen organizado que ya salieron de la cárcel, y al parecer, continuaron delinquiendo. Entre ellos están “Jonás”, “Elkin Chata” y “Alex Mentiras”, de la banda “los Chatas”; “Roger”, de “la Camila” (se fugó de la estación Belén de la Policía); “el Gordo Triana”, de “los Triana”; y “Guayabo”, de “Pachelly”.

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El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el ataque sucedió el pasado 4 de enero, en el barrio El Trapiche. Héctor Fabio Zapata Gil (“Hache”), de 42 años, quien residía en una urbanización del vecindario, salió en compañía de su esposa hacia un local de comidas, ubicado en la calle 56 con la carrera 67B.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta esquina del barrio El Trapiche, en Bello, sucedió el ataque sicarial que terminó con la vida de alias “Hache”. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

Cuando estaban en la entrada del establecimiento, a las 7:30 p.m., aparecieron dos hombres en motocicleta, quienes dispararon con pistola en contra de Zapata. De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, la víctima recibió ocho impactos en el pecho, los brazos, la pierna derecha y el mentón.

Los agresores lograron escapar y al poco tiempo llegó una patrulla policial, que se encontraba cerca del sitio y escuchó los gritos de angustia. Los uniformados ayudaron a transportar al herido hacia el hospital Marco Fidel Suárez, de Bello; posteriormente fue remitido de urgencia al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde falleció al mediodía del 7 de enero.

La noche que ocurrió el ataque, su cónyuge, aún en estado de shock, les dijo a los investigadores que no sabía nada de posibles enemigos o amenazas en contra de su pareja. Sin embargo, en el bajo mundo al parecer había un precio por su cabeza.

En 2018 ocurrió una ruptura en la línea de mando de “la Terraza”, una de las bandas más antiguas del Valle de Aburrá. Tras la captura de varios de los cabecillas principales, los líderes que quedaron en las calles se fueron a la guerra por el poder.

Las investigaciones de la Fiscalía indicaron que de un lado estaba Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”) y del otro Andrés Fernando Bustamante Osorno (“Tréllez”), quien era secundado por su socio “Hache”. Estos dos últimos lideraron, presuntamente, una disidencia de “la Terraza”, que se enfrentó a sus antiguos compañeros por el control de plazas de vicio, territorios para la extorsión y contratos para el cobro de deudas mafiosas.

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En esta contienda, los disidentes pidieron apoyo a la banda “los Chatas”, de Bello, que rivaliza desde hace años con “la Terraza”, lo que añadió más leña al fuego.

“Hache” era uno de los objetivos pendientes de capturar por la Policía Metropolitana, los cuales aparecen en este organigrama. Cortesía de la Policía.

Tal cual informaron El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo en su momento, los atentados selectivos dejaron 14 muertos y ocho heridos de bando y bando, en Medellín, Sabaneta y Envigado, entre mayo de 2018 y enero de 2019. Algunas de las víctimas fueron ciudadanos inocentes, que recibieron balas perdidas en medio de los ataques.

“Chicho” fue capturado por la Policía el 3 de abril de 2019, en una urbanización de El Poblado. A “Tréllez” lo arrestaron el 11 de febrero de 2020, cuando acababa de salir de una reunión entre criminales, en el barrio bellanita El Porvenir.

La única pieza que quedaba pendiente de aquel conflicto era “Hache”. En los reportes judiciales figuraba sin antecedentes penales y carecía de orden de captura, aunque su rostro aparecía en los organigramas de los objetivos de alto valor estratégico de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El propósito era detenerlo este año, pero los criminales se adelantaron.

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El Inspector.

De acuerdo con testigos, su reunión se dio el pasado 30 de septiembre, cuando al recinto llegó Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”), señalado por las autoridades de ser uno de los dos máximos jefes de la banda. Allí se encontró con su homólogo delincuencial, Albert Henao Acevedo (“Alber”), y el lugarteniente César Martínez Rondón (“Care Palo”).

Esta es la historia detrás del pacto de no agresión entre las bandas de Bello, realizada por EL COLOMBIANO con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Las capturas de Francisco Mazo (“Pocho”) en Bogotá (foto), y de Albert Henao (“Alber”) en Medellín, fueron cruciales para que esa banda ilegal pidiera una tregua a los enemigos. Cortesía de la Policía.

Hicieron el balance de las pérdidas que dejó la disputa, de casi dos años de duración, contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Entre febrero de 2019 y el 23 de octubre de 2020, hubo 236 asesinatos en Bello, y la Policía asegura que por lo menos el 90% estuvieron ligados a esa pelea.
A “Pocho” le mataron un hermano y un sobrino. Del lado enemigo también corrió sangre de seres queridos. La guerra llegó a tal nivel de degeneración, que las familias de los cabecillas, otrora intocables por norma mafiosa, terminaron escondidas.

Con el pretexto de proteger a sus allegados, los tres decidieron pedirle una tregua a los rivales. “Alber”, desmovilizado de las Autodefensas y con experiencia en batallas de este tipo, comentó que, por medio de un abogado, les enviaría un mensaje de paz a los jefes encarcelados de “el Mesa”, con quienes tiene interlocución.

Después de esto hubo una segunda reunión, esta vez en un baño de la Sijín. “Alber” y “Care Palo” les comunicaron la noticia a varios policías. Tal parece que “el Mesa” y “Niquía Camacol” aceptaron la propuesta, porque en octubre el índice de homicidios se desinflamó en el municipio.

Esta es la segunda tregua que pactan las bandas de Bello entre 2019 y 2020, y aunque no se sabe qué tan estable sea el periodo de tranquilidad, hay que resaltar que la disputa dejó cinco consecuencias: 1). Delincuentes otrora intocables, sufrieron un verdadero asedio por parte de las autoridades y sus adversarios; 2). Se reconfiguró el mapa criminal; 3). El municipio obtuvo apoyo del Gobierno Nacional; 4). Se consolidó la política de recompensas; 5). La lupa quedó puesta en la deuda social.

1. Sin intocables
La enemistad de “Pachelly” y “el Mesa”, dos grupos con tres décadas de existencia, tuvo varios episodios breves de violencia en los últimos 10 años, con tropeles carcelarios y homicidios selectivos. Ambas estructuras confluyen en Niquía, la comuna más próspera de la localidad en materia económica, por lo que siempre hubo competencias por las plazas de vicio y los territorios para la extorsión.

En 2019 los problemas acumulados estallaron. Según Inteligencia policial, hubo una fractura en la línea de mando de “Pachelly” y antiguos jefes, como “Sólido” y “Gancho”, reclamaron sus derechos en esa empresa ilegal, pues tras haber caído a la cárcel perdieron dinero e influencia.

El río revuelto fue aprovechado por “el Mesa”, junto a sus aliados de “Niquía Camacol”, para asestar el primer ataque. El 10 de febrero de 2019 comenzó la guerra con un triple homicidio en el barrio Niquía, donde murió Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), cabecilla de “Pachelly”.

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A partir de ahí empezaron los tiroteos diarios, desapariciones forzadas y desplazamientos. En algunas noches, caravanas de motos recorrieron las calles, obligando a la gente a encerrarse. El conflicto se concentró en dos comunas, Niquía y Altos de Niquía; tuvo su máximo pico en mayo, con 22 muertos; y un grave componente de ciberterrorismo, que a punta de chats de Whatsapp y panfletos mantuvo en zozobra a la comunidad.

La confrontación llegó hasta agosto, cuando los involucrados pactaron la primera tregua, entre otros motivos, por las elecciones regionales y la Navidad. Se desconoce si actores políticos impulsaron la decisión, pero en febrero de 2020 se reactivó la pelea, en las comunas de Niquía, La Cumbre y Bellavista.

En el segundo round, el pico de violencia estuvo en marzo, con 21 asesinatos, antes del aislamiento estricto por la pandemia.

Durante estos dos periodos, la Fuerza Pública impactó como nunca a esas bandas. De “Pachelly” cayeron “Albert”, “Pocho”, “Care Palo”, “Banano”, “Tapas” y “Agapo”, entre otros; de “Niquía Camacol”, “el Oso” y “Steven”; y de “el Mesa”, alias “el Montañero”, “Malacate”, “Faro”, “Jalea”, “Piolo”, “Pirry” y “Máscara”. Los golpes a este último grupo son significativos, porque nunca antes las autoridades lo habían atacado de manera estructural.

La degradación de esta lid extendió las agresiones a los familiares. El 5 de marzo de 2019, en una finca de San Jerónimo, asesinaron a Darío Rodríguez, de 80 años y tío de Luis Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), jefe de “el Mesa”.

Contra los allegados a “Pocho” circularon panfletos amenazantes con sus fotos;a su hermano Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), lo mataron de 40 puñaladas en la cárcel de Cómbita, el 21 de marzo de 2020, y el principal señalado del ataque es “el Montañero”, quien estaba en el mismo patio;y el 12 de agosto pasado en el barrio Araucarias, sicarios mataron a su sobrino Juan Esteban Pulgarín Cárdenas.

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2. El mapa criminal
La contienda debilitó en el bajo mundo la posición de “Pachelly” y sus combos aliados, “Playa Rica” y “El Congolo”. Con operaciones de extinción de dominio y capturas, también fue afectada la coalición de “el Mesa”, que incluye a las bandas de “Niquía Camacol” y “El Tapón”.

Mientras esas estructuras se diezmaban las unas a las otras, se fortalecieron “los Chatas”, otra organización histórica, que articula la alianza más grande de bandas de Bello, con “París”, “los Peludos”, “Guasimalito”, “la Camila”, “los Triana” y “el Mirador”.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que van más de 20 operaciones estructurales en Bello y que ahora habrán más extinciones de dominio, para disminuir las finanzas de estas bandas.

3. Apoyo nacional
Aunque Bello ha sufrido por la mafia desde los años 80, cuando “la Ramada” ejecutaba las funestas órdenes del cartel de Medellín, el municipio siempre tuvo que afrontar solo esa problemática. En la reciente disputa, en cambio, hubo un apoyo nacional y regional nunca antes visto.

Dos consejos de seguridad con el presidente Iván Duque y otro par con el Ministerio de Defensa ejemplifican ese respaldo. El Ejército sumó 200 hombres a los patrullajes y la Policía trajo grupos especiales de la Dijín y Antinarcóticos.

Estos esfuerzos, desde la Casa de Nariño hasta el despacho del alcalde en el parque de Bello, también influyeron en el desánimo de los cabecillas, que no vieron otra salida para su crisis que pactar la tregua.

4. Las recompensas
En los consejos de seguridad salieron a flote quejas de la ciudadanía, según las cuales hay una especie de connivencia antigua entre las autoridades locales y las bandas. Aunque la Procuraduría se comprometió a investigarlas, no ha emitido sanciones.

Sacudiéndose de esos señalamientos, la presente Alcaldía, como principal aporte a la lucha contra el crimen organizado, ha logrado consolidar este año una efectiva política de recompensas. La secretaria de Seguridad bellanita, Daniela Ortega, contó que durante 2020 se han entregado $337 millones, que han facilitado las capturas de objetivos de alto valor. “Seguimos ofreciendo el pago de hasta $50 millones por los cabecillas”, dijo.

5. Y ahora, lo social
En septiembre hubo 12 homicidios en Bello, según la Policía, y la cifra se redujo en octubre y noviembre. El congelamiento del conflicto pone de presente, más allá de las tareas de la Fuerza Pública, lo que deben hacer las autoridades civiles a nivel social, para evitar que de nuevo se encienda la mecha.

El personero Bernardo García ha dicho que hace falta recuperar a “una juventud perdida en la delincuencia”, con proyectos educativos y de empleo. Para el alcalde Óscar Pérez esa estrategia ya está en curso, con un plan de trabajo con las empresas privadas, pensando en llevar oportunidades a la nueva generación.

Entretanto, la comunidad bellanita permanece en tensa calma. ¿Hasta cuándo durará la tregua? Las fuentes de Inteligencia aseguraron que todo depende de lo que pida “el Mesa”y lo que esté dispuesto a ceder “Pachelly”, en cuanto a negocios y territorios, porque aunque nadie ganó, ninguno quiere irse de la guerra con las manos vacías .

Negociaciones

Después de la primera tregua de septiembre de 2019, la banda de “el Mesa” se quedó con varios sectores de la comuna de Niquía, que antes ocupaba “Pachelly”, como la zona de Niquía Viejo, el sector La Guayana y las inmediaciones de la clínica del Norte, según fuentes judiciales.

Una de las condiciones de la segunda tregua, indicaron testigos a EL COLOMBIANO, fue excluir a las familias de la pelea entre “Pachelly”, “el Mesa” y “Niquía Camacol”; la segunda, fue disminuir los asesinatos en Bello, para no provocar los operativos de la Fuerza Pública.

Tras la nueva tregua, hay varias peticiones en juego: “el Mesa” pidió a “Pachelly” que le devuelva a su exjefe, alias “Guayabo”, la porción del negocio que perdió al caer a prisión; “Sólido”, otro exlíder de “Pachelly”, exigió que le devolvieran unas minas de oro que tenía en el Nordeste. Aún no se sabe si “Pachelly” cederá a estos reclamos.

El Inspector.

Los resultados de la operación fueron presentados este martes 3 de noviembre por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en compañía de los alcaldes de Bello, Óscar Pérez, y de Medellín, Daniel Quintero. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los capturados en el operativo contra “los Chatas”. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con el informe, en distintos allanamientos y registros, agentes de la Dijín arrestaron a Ánderson Abad Duque López (“Duque”), quien estudió Negocios Internacionales y sería presunto miembro de la cúpula de “los Chatas”, con 70 hombres a su servicio; Víctor Alfonso Ramírez Valencia (“Víctor” o “Jujuy”), supuesto cabecilla financiero del grupo; Johnny Ferney Vargas Cruz (“Canazo”), señalado de coordinar, aparentemente, el tráfico local de estupefacientes y las ganancias de las otras rentas ilegales, llegando a recaudar cerca de $500 millones mensuales; y Luis Fernando Mora Arboleda (“Yoyo”), presunto encargado del ala sicarial.

Aunque sus órdenes de captura eran solamente por el cargo de concierto para delinquir agravado, también los investigan por su supuesta participación en el constreñimiento a empresas distribuidoras de pipetas de gas, “con el fin de controlar el monopolio de la distribución en Copacabana, Girardota, Barbosa, Cisneros, Santo Domingo, San Roque y algunas de las veredas de Santa Rosa de Osos”, según el reporte policiaco.

“Alias ‘Duque’ se encargaba de cobrar extorsiones por la distribución de gas en el Valle de Aburrá y otros municipios, incluso hacían conexiones a gas ilegales, y cobraban por el suministro”, declaró, a su turno, el alcalde Daniel Quintero.

La Fuerza Pública cree que “serían propietarios de minas ilegales de oro en el corregimiento Porce, de Santo Domingo, Antioquia, y dinamizadores de diferentes delitos como homicidio, venta de estupefacientes, extorsión e instrumentalización de menores”, concluyó el informe.

En la operación fueron incautados 450 gramos de cocaína en bloque, 141 dosis de la misma droga y 12 de tusibí, además de una subametralladora y dos pistolas, entre otros elementos. “Fue una investigación de más de un año”, señaló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El oficial añadió que “los Chatas” siguen, al parecer, bajo las órdenes de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), uno de los cofundadores del grupo, quien está encarcelado y con una condena de 16 años de cárcel.

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“La captura de los cabecillas de los grupos delincuenciales es solo el comienzo de nuestra batalla contra el crimen organizado. No queremos más extorsiones, tráfico de drogas ni de armas, apropiación ilegal de terrenos y demás delitos que afecten el buen vivir en nuestra ciudad”, acotó el mandatario bellanita, Óscar Pérez.

Aunque las cuatro capturas son un golpe importante, en la calle hay otros integrantes de la cúpula de la organización que siguen al frente de la misma, como “Elkin Chata”, “Camilo Chata”, “Jonás” y “Álex Mentiras”.

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El Inspector.

En otra audiencia, el mismo juzgado también envió a una celda a Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), presunto jefe de sicarios de “el Mesa” y enemigo mortal de “Pocho”.

Luego de su captura en Bogotá, Francisco Mazo (“Pocho”) fue trasladado a Medellín. Foto cortesía de la Policía.

En una vía pública de la ciudad de Bogotá, la Dijín de la Policía capturó el 26 de septiembre de 2020 a Mazo Pulgarín. La detención se presentó en cumplimiento de una orden de captura por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Al momento del procedimiento, el sospechoso se identificó con una cédula y una licencia de conducción que tenía su foto, pero los datos de un familiar. Los detectives descubrieron el engaño.

Mazo está en el cartel de los más buscados del municipio de Bello, señalado por las autoridades de ser uno de los supuestos responsables de la guerra de bandas que afecta a esa localidad desde febrero de 2019.

En esa época comenzó una violenta confrontación entre “Pachelly” y sus enemigos de “el Mesa” y “Niquía Camacol”, caracterizada por asesinatos selectivos, tiroteos en vías públicas y desplazamientos intraurbanos.

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En el prontuario de “Pocho” ya hay una condena de cuatro años por concierto para delinquir. En 2014 fue capturado en una finca de El Peñol y puesto tras las rejas. También es desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas paramilitares (2006).

Volvió a las calles a finales de 2016, y según la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, siguió delinquiendo.

En la audiencia de control de garantías, que terminó este martes 29 de septiembre, el ente acusador le imputó el concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público, pero él se declaró inocente de ambos cargos, antes de ser enviado a prisión.

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JEFE DE SICARIOS

“Pirry” también se declaró inocente, en su audiencia del pasado 16 de septiembre. Le imputaron homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por ser el supuesto jefe de sicarios de la banda “el Mesa”.

Jhonathan Castrillón, alias “Pirry”. Cortesía.

La Dijín lo detuvo el 14 de septiembre, en un allanamiento a un apartamento ubicado en el barrio Prado de Bello. De acuerdo con la información preliminar, en dicho procedimiento también le encontraron 10 papeletas del estupefaciente conocido como tusi o 2CB.

Aunque se presume que “Pirry” ha coordinado muchos de los asesinatos en el marco de la guerra contra “Pachelly”, de momento solo le imputaron uno ocurrido el 31 de mayo de 2017.

Aquel día, un grupo de hombres secuestró a Santiago Londoño Álvarez en el barrio Andalucía de Bello. Lo llevaron a una casa del sector El Tapón, donde estaba “Pirry”. Lo señalaron de tratar de robarse una moto y lo degollaron con una sierra.

Después lo desmembraron y empacaron en tres bolsas de plástico, las cuales arrojaron al día siguiente en un calle del barrio Toscana de Medellín.

Jhonathan Castrillón ya tiene una condena en su prontuario, de 2009. Esa vez fue capturado por liderar una red de tráfico de drogas en Soacha (Cundinamarca) y en Bogotá, en particular en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe. Allá la organización criminal “el Mesa” es denominada “los Paisas”.

La sentencia fue de 14 años y cinco meses, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, por tráfico de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer.

Como sucede con casi todos los cabecillas del crimen organizado de Bello, no pagó la pena completa y regresó a las calles el 5 de diciembre de 2016. De hecho, tiene otra investigación penal en curso, porque al parecer en ese expediente figuraba con una identidad fraudulenta, a nombre de Héctor Jhonatan Rua Díaz.

En la actualidad está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

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El Inspector.

La operación con fines de extinción de dominio, denominada Temis III, requirió un trabajo de un año y fue ejecutada por la Fiscalía y la Policía en ocho municipios de Antioquia (Bello, Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana, Rionegro, El Retiro y San Jerónimo), en Tolú (Sucre) y Mitú (Vaupés), donde fueron detectados los bienes adquiridos, presuntamente, con dinero teñido de miedo y sangre.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es una de las fincas embargadas en el norte del Valle de Aburrá. En los círculos aparecen los cabecillas y principales sospechosos de liderar la trama de lavado de activos. Fotos cortesía de la Policía.

En la lista de embargos hay 32 apartamentos, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales, 13 fincas, seis lotes, cuatro locales, cuatro garajes, tres casas, tres parqueaderos, un cuarto útil y un edificio. Sobresalen una cabaña de lujo frente al mar, en la playa de Tolú, y un título minero en la lejana ciudad de Mitú.

Sobre esto último, Ana Catalina Noguera, delegada de la Fiscalía contra las Finanzas Criminales, indicó que el título permitía la explotación de un yacimiento de coltán en 1.995 hectáreas, en una zona de protección ambiental.

Este mineral, usado en la fabricación de artefactos electrónicos, como cámaras y celulares, tiene un valor en el mercado de $1.200 millones por tonelada, según la Policía.

EL MODUS OPERANDI
“El Mesa” se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, hurto, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otras conductas. El dinero producido en esas actividades, es lavado en propiedades como las ocupadas en Temis III, de acuerdo con la Fiscalía.

Noguera señaló que dichos bienes estaban a nombre de familiares y testaferros de varios integrantes de la cúpula de la organización, incluyendo niños y ancianos. Las propiedades les eran transferidas con la modalidad de compraventas simuladas y traspasos.

De hecho, como representante legal de la mina de coltán figura una mujer de estrato económico bajo, afiliada al Sisbén, que al parecer estampó su firma en el documento sin tener cómo justificar semejantes recursos.

Los cabecillas sospechosos de participar en este esquema de lavado están condenados y tras las rejas, por concierto para delinquir agravado. Ellos son: Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), sentenciado a 14 años; Luis Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), quien paga ocho años y tiene una investigación en curso por homicidio; Eligio Pérez Peña (“Malacate”), ocho años y cuatro meses; y Luis Fernando Betancur Otálvaro (“Piolo”), siete años y medio.

El informe oficial indicó que “Vallejo”, cofundador y socio financiero del grupo, “trató de darle apariencia de legalidad a su dinero, aduciendo haberse ganado la lotería”, hecho que fue desvirtuado.

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El general Fabio López, director de la Dijín, declaró que varias de las propiedades, en especial las de Bello, eran adquiridas con “exigencias extorsivas a las constructoras”.

Este fenómeno, conocido como “la mafia del ladrillo”, lleva más de una década implementándose en la localidad, no solo por parte de “el Mesa”, sino de otras bandas como “Pachelly”, “los Chatas”, “Niquía Camacol” y “la Camila”. Consiste en exigirle a los constructores varios apartamentos como pago por “el derecho” a edificar en los vecindarios que ellos “controlan”.

En esos recintos suelen vivir familiares y amigos de los integrantes de las organizaciones delictivas, o terceras personas que les pagan arriendo.

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EMPRESA CRIMINAL
Según fuentes judiciales, “el Mesa” delinque desde los 90, cuando nació en el barrio del mismo nombre, en Bello. A pesar de llevar tanto tiempo activa, su persecución solo fue priorizada por las autoridades en 2018, cuando estableció alianzas con el Eln y disidencias de las Farc, para producir y vender drogas en el Norte y Nordeste de Antioquia.

Hasta entonces, ni siquiera aparecía en las listas de blancos estratégicos priorizados.

Esa suerte de anonimato favoreció su crecimiento, hasta convertirse en una empresa criminal con tentáculos en Medellín, Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y el Oriente antioqueño. El general López dijo que hoy tendría 85 integrantes fijos y cerca de 300 colaboradores.

Con varios de los jefes en prisión desde 2019, el mando del grupo en la calle recayó en alias “Magandy”, “el Diablo” y “Gordo Willington”.

Noguera reconoció que “esta es la primera gran operación contra el patrimonio ilícito de ‘el Mesa’”. Los bienes a los cuales les aplicaron las medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

La sentencia fue proferida el pasado 30 de julio por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín (Radicado N°0500 16000000 201800468), por el cargo de concierto para delinquir agravado, luego de un proceso de audiencias y juicio oral que se tardó dos años y cinco meses. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”) no aceptó el preacuerdo con la Fiscalía y decidió someterse a un juicio, el cual perdió en primera instancia. Foto cortesía de la Policía.

En el expediente, la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada indicó que “Vallejo”, de 53 años, era el cabecilla financiero de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín y Bogotá, al igual que un enlace entre dicho grupo y otras bandas de Medellín asociadas a “la Oficina”. Tales estructuras se dedican al narcotráfico, el sicariato, la extorsión y la corrupción de servidores públicos, entre otros delitos.

Desde su captura en una vía de El Poblado, en Medellín, el 6 de marzo de 2018, “Vallejo” siempre sostuvo que era inocente, a pesar de que las autoridades lo presentaron en ese entonces como un pez gordo de la mafia.

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Durante el juicio reiteró que era un comerciante con más de 25 años de experiencia, que aprendió el oficio de electricista y estudiaba Administración de Empresas de forma virtual.

Entre los testigos de la defensa, de acuerdo con el fallo judicial, estuvo el exconcejal bellanita Manuel Oquendo Giraldo (periodos 2008-2011 y 2016-2019), quien comentó que nunca supo de actividades ilícitas por parte de Vallejo; y que por el contrario, lo conoció por sus actividades comerciales como proveedor de logística, sonido, tarimas y silletería, al igual que por sus negocios con el establecimiento de ventas Hipercentro del Bebé, localizado en el parque principal de Bello.

A pesar de esto, otros testigos terminaron hundiendo al procesado, entre ellos algunos exintegrantes de “el Mesa”, como Jader Obeimar Fernández Tobón (“el Chivo”), una de las fuentes clave de la Fiscalía en el caso. Este hombre desentrañó los secretos de la banda, luego de que sus exsocios mataran a su padre John Jairo Fernández en 2015 e iniciaran una serie de extorsiones para quitarle un parqueadero familiar.

Su denuncia tuvo un alto costo. Desaparecieron a su hermana de crianza Leidy Johana López y después desplazaron a varios de sus seres queridos. Finalmente, el 16 de diciembre de 2018, Fernández fue encontrado sin vida en su celda de la cárcel El Pedregal, aparentemente envenenado.

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En la actualidad, “Vallejo” se encuentra recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá. Sin embargo, su defensa solicitó que se estudiara la posibilidad de un traslado a otro sitio, debido a padecimientos de salud. El 29 de junio de 2011, mientras estaba reunido con otros delincuentes de Bello en una urbanización del barrio Castropol de Medellín, el señalado fue víctima de un atentado por parte de un comando sicarial.

Los mercenarios incursionaron disparando en el apartamento, por lo que Vallejo y otros inquilinos saltaron desde una ventana del séptimo piso. Dos personas murieron aquel día, mientras que él sobrevivió con varias secuelas,que hoy agravan su condición médica.

En la sentencia, el Juzgado ordenó la compulsa de copias para abrir otra investigación por la desaparición de Leidy López; y también para indagar si hubo irregularidades en la expedición de salvoconductos para que Vallejo Alarcón portara armas de fuego legales, tras el reciente escándalo de corrupción que involucró a oficiales del Ejército con el trámite de permisos para integrantes del crimen organizado del Valle de Aburrá.

“Se probó en el juicio que Jorge de Jesús Vallejo Alarcón contaba con permiso especial para el porte y tenencia de tres armas de fuego, razón por la cual se ordenará la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue si en el procedimiento adelantado para otorgar los permisos se incurrió en alguna irregularidad”, detalló el fallo.

El abogado de Vallejo Alarcón apeló la condena y el recurso será resuelto en las próximas semanas por el Tribunal Superior de Medellín.

Actualmente, “el Mesa” protagoniza una escalada de violencia en el municipio de Bello, por cuenta de un enfrentamiento con la banda de “Pachelly” que inició en febrero de 2019. Esta situación puso a sus integrantes en la mira de las autoridades, que a la fecha han capturado a otros integrantes de su cúpula, como “el Montañero”, “Malacate”, “el Loco Crazy”, “el Tigre”, “Faro”, “Piolo” y “Jalea”.

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El Inspector.

Un equipo de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía lo capturó en la tarde del 13 de agosto, en una urbanización del sector La Cola del Zorro, en El Poblado, suroriente de Medellín, para que responda por una condena de seis años y cuatro meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El político Óscar Suárez Mira fue detenido en un apartamento de El Poblado, en Medellín. Foto cortesía de la Policía.

El expediente, adelantado por la Corte Suprema de Justicia (Proceso N° 27267) comenzó en el año 2009, en el marco de las investigaciones por la “parapolítica”, es decir, los nexos criminales entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los partidos políticos colombianos.

Varios desmovilizados atestiguaron que Suárez Mira recibió apoyo de las facciones paramilitares en el Valle de Aburrá y la subregión de Urabá, que presionaron a la población para obtener votos, que finalmente sirvieron para que el abogado antioqueño lograra curules para la Cámara de Representantes en 2002 y el Senado en 2006.

Óscar Suárez Mira nació en Bello, Antioquia, donde luego fue alcalde. Foto de archivo.

Ese constreñimiento a los electores llegó por parte del bloque Élmer Cárdenas, que lideró Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), y de la banda “Pachelly” de Bello.

En 2011 fue detenido y el 24 de julio de 2013 el alto tribunal lo condenó a nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado; sin embargo, el exalcalde de Bello apenas estuvo preso tres años y 11 meses. En noviembre de 2014, un juez de ejecución de penas y medidas le concedió la libertad condicional, valorando su buen comportamiento en la cárcel de Yarumito.

DINERO SUCIO
En el fallo de la primera sentencia, la Corte ordenó compulsar copias para abrir otro expediente en contra de Suárez, esta vez por el cargo de enriquecimiento ilícito, por haber recibido presuntamente dineros de las Auc y de la organización criminal “la Oficina”.

Dentro de los testimonios reunidos, estuvo el de Juan Carlos “el Tuso” Sierra, uno de los principales financiadores de las Auc. Señaló que Suárez Mira tenía una estrecha relación con Daniel Mejía Ángel (“Danielito”), comandante del bloque Héroes de Granada y de “la Oficina”.

“El aporte a Óscar Suárez fue a través de Daniel, en efectivo”, afirmó, aduciendo que el dinero, entre $200 y $300 millones, se camufló como parte de proyectos productivos en La Ceja, de 2002 en adelante.

Otro declarante fue John Jairo Ortega, un testigo protegido de la Fiscalía, quien afirmó que ese mismo año hubo una reunión en la cárcel de San Quintín, en Bello, donde varios jefes paramilitares le entregaron $20 millones al político.

Durante las audiencias, el procesado siempre negó dichas reuniones.

Esta nueva línea del caso produjo una decisión el 12 de noviembre de 2015: la Corte dictó una medida de aseguramiento; no obstante, Suárez Mira escapó antes de ser arrestado de nuevo.

En la clandestinidad, les dijo a sus abogados que era inocente y además víctima de una persecución política. Justificó su ausencia de los estrados aseverando que no tenía garantías procesales. En redes sociales, sus seguidores le expresaron respaldo con la etiqueta #SuárezYoTeCreo.

El proceso penal continuó, con él en calidad de prófugo, y el 3 de agosto de 2020 el alto tribunal informó que lo halló culpable otra vez, ahora por el citado enriquecimiento ilícito.

Esta sentencia reactivó la cacería de las autoridades, que lograron arrestarlo el 13 de agosto, allanando su apartamento en El Poblado. El condenado, que se encontraba en compañía de dos hombres y una mujer, no opuso resistencia.

“Desde hace un año se venía realizando inteligencia policial y seguimientos, con el fin de esclarecer qué movimientos hacía y cuáles eran sus relaciones con otras personas en el Valle de Aburrá”, expresó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

El ciudadano de 61 años fue internado en el calabozo de la URI Sur de la Fiscalía, en Envigado, a la espera de que el Inpec decida su lugar de reclusión. Según el oficial, la Corte habría solicitado que lo trasladen a un establecimiento carcelario de Bogotá.

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El Inspector.