En el capítulo final de la primera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el pódcast de la Casa Editorial El Colombiano, El Inspector trae un asombroso caso que las autoridades mantuvieron en secreto por varios años: “La misión terrorista contra el metro de Medellín”.

Ya está al aire el capítulo final de la primera temporada del podcast de Revelaciones del Bajo Mundo. Ilustración de Tomás Daza Giraldo.

En el episodio conoceremos lo que sucedió el día que la guerrilla de las Farc estuvo a pocos segundos de ejecutar un catastrófico ataque terrorista en el único tren urbano de Colombia, en una carrera contra el tiempo que llevó a los detectives al límite del desespero.

De acuerdo con los detalles inéditos del caso, una interceptación telefónica alertó a los investigadores, cuando dos miembros del frente 34 hablaban en lenguaje cifrado, mencionando al “gusanito de varios puesticos” (el metro) y la adquisición de “naranjas” y “piñas” (granadas de fragmentación).

Para escuchar la historia, puedes hacer click en el siguiente enlace:  “La misión terrorista contra el metro de Medellín”.

Con esta revelación se cierra con éxito la primera temporada de RBM, iniciada el pasado mes de septiembre, con doce capítulos en total. Según los registros de las plataformas sonoras Spotify y Spreaker, las audiencias disfrutaron de esta producción periodística en 32 países, con más de 131.000 reproducciones a la fecha.

Revelaciones del Bajo Mundo hizo parte del selecto grupos del 5% de los podcast más compartidos del mundo en redes sociales. Para escuchar todos los capítulos, puedes hacer click en el botón de enlace directo a los podcast que tiene el blog, en la columna de la derecha.

También pueden ingresar a la sección de podcast de El Colombiano (www.elcolombiano.com/podcast/revelaciones-del-bajo-mundo) y a la de Q’Hubo Medellín; de igual manera, están disponibles en las plataformas web de Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. ¡No se lo pierdan!

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El Inspector.

Los procesos judiciales afectaron a integrantes de las bandas “los Chatas”, “la Mina”, “Niquía Camacol” y “el Mesa”. Esta es la reseña elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura de Braimer Muñoz, alias “Reblujo” (izquierda), y su hermano Darney Muñoz, alias “Patolín” (derecha). Foto cortesía de la Policía.

A finales del pasado mes de septiembre la Policía detuvo a Braimer Darío Muñoz Rivera (“Reblujo”) en el sector El Poblado, de Medellín. Junto a él cayó su hermano Darney Alberto Muñoz Rivera (“Patolín”).

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada los señaló de ser supuestos cabecillas de la organización criminal “los Chatas” y en la audiencia de control de garantías les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y homicidio.

Según el informe público del ente acusador, los hermanos Muñoz Rivera “al parecer promueven el cobro de cuotas extorsivas y la venta de estupefacientes en Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Santa Rosa de Osos, Guatapé, San Rafael y las comunas 10 y 11 de Medellín (La Candelaria y Laureles). Adicionalmente, estarían involucrados en la ejecución de homicidios selectivos y el desplazamiento de familias”.

Tras finalizar las audiencias, en las que ambos se declararon inocentes, el juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Esta no es la primera que “Reblujo” es apresado. El 8 de marzo de 2017 había sido detenido por la Policía en el barrio La Loma de los Bernal, de Medellín. En ese entonces fungía como secretario privado de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el fundador y máximo líder de “los Chatas” (hoy condenado en prisión).

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En otra acción contra las redes de esa organización, el pasado 3 de octubre las autoridades atacaron al combo “la Mina”, que trabaja para “los Chatas” en los sectores La Mina y La Camila. En ocho allanamientos fueron detenidos seis presuntos miembros de la banda, incluyendo a su coordinador, Ánderson Atehortúa Echavarría (“Barba”).

Julio Echavarría, alias “Magandy”. Foto cortesía.

Los implicados tendrán que responder ante la justicia por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

A una celda también fue enviado Julio Elpidio Echavarría Díaz, (“Magandy” o “Julio el Tuerto”), subcomandante de la banda “el Mesa”. El 10 de agosto fue capturado en un centro comercial de El Poblado, por una orden de captura por concierto para delinquir.

En su reporte del caso, la Policía manifestó que “como hombre de confianza de alias ‘el Montañero’ (jefe del grupo encarcelado), habría sido enviado a Bogotá para liderar esta estructura en lo relativo al tráfico de estupefacientes, principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Rafael Uribe Uribe, y el municipio de Soacha (Cundinamarca)”.

“Magandy” tenía antecedentes penales. En 2003 había sido capturado por hurto calificado y porte de armas de uso privativo, y según las autoridades reincidió en el bajo mundo. En la audiencia de control de garantías se declaró inocente de la nueva imputación.

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Otra de las estructuras del crimen organizado de Bello impactada recientemente es “Niquía Camacol”. El pasado 22 de agosto fue reportada la captura en Medellín de dos de sus cabecillas: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Jhon Alejandro Meneses Jaramillo (“Agujas”).

“Yerbas” tenía en su contra una recompensa de hasta $50 millones, ofrecida por la Alcaldía de Bello. Fue procesado por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión y constreñimiento.

Así aparecía “Yerbas” en el cartel de los más buscados de Bello. Cortesía.

En cuanto a “Agujas”, paramilitar desmovilizado del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), las autoridades informaron que “venía liderando la venta ilegal de lotes del Cerro Quitasol y tenía un vínculo de confianza con alias ‘El Diablo’, cabecilla de ‘el Mesa’”. En el operativo le incautaron un automóvil y una cédula falsa.

Ambos habían reemplazado en la cúpula de esa organización a Juan Fernando Álvarez, alias “Juan XXIII”, quien lideró a “Niquía Camacol” hasta el 14 de junio, cuando lo arrestaron en el barrio Laureles.

“’Juan XXIII’ fue promotor de la confrontación que tuvieron los grupos delincuenciales ‘el Mesa’ y ‘Pachelly’ por la disputa de territorio bellanita (2019-2020). Además, según establecieron las fuentes policiales, sería el encargado de los desplazamientos forzados en zonas como La Frontera, El Caguán, Altos de Niquía, la Casa de Justicia, entre otros; la venta de lotes en el sector de Ciudad Perdida y el Cerro Quitasol, y de ordenar varios homicidios selectivos. La orden de captura se materializó por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión”, informó la Alcaldía de Bello en su momento.

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El Inspector.

A pesar de las 66 capturas, la banda sigue afectando a los habitantes de los barrios Popular N°1 y Granizal, con un control social tan severo que pareciera querer reemplazar a las autoridades legítimas. Esta es la historia detrás de la última operación contra ese grupo, realizada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron algunos de los capturados en el más reciente operativo del Gaula de la Policía Metropolitana, del Gaula Militar Antioquia y del CTI de la Fiscalía, en contra de la banda La 38. Foto cortesía de la Fiscalía.

Decirles “no” a los miembros de la organización criminal La 38 significó firmar la sentencia de destierro para dos vendedores informales del nororiente de Medellín. “Nosotros somos los de la vuelta, y aquí todo el mundo tiene que hacer caso; si no, se van del barrio o los matamos”, advirtieron los delincuentes.

Así de simple y cruel. Los sueños de emprender con el negocio de venta callejera de ollas se esfumaron para el par de amigos, citados a rendir cuentas en una esquina del barrio Popular N°1, en la noche del pasado 8 de marzo.

Los bandidos les cobraron una extorsión por trabajar en los vecindarios controlados por ellos. “Les respondí que apenas estaba empezando y no tenía cómo pagarles, que lo que me ganaba era para el sustento de mi familia. Dijeron que no les importaba, que tenía que darles plata sí o sí”, relató una de las víctimas*.

Al vendedor lo obligaron a ir a su casa y recoger toda su mercancía para entregársela a la banda, como si se tratara de un decomiso. A su compañero le retuvieron la moto y le propinaron una brutal paliza.

En medio de la lluvia de puños y patadas, este logró lanzarse por un barranco y rodar hasta el borde de la ladera. Desde arriba le arrojaron rocas, que por centímetros alcanzó a esquivar, mientras le gritaban “¡te tenés que ir del barrio!”.

Los comerciantes salieron desplazados con sus familias, por temor a la muerte, pero ese hecho reactivó el interés de la Policía y la Fiscalía por atacar a este grupo ilegal.

En los últimos cinco años la Fuerza Pública ha ejecutado tres operaciones contra La 38, capturando a un total de 66 integrantes. A pesar de esto, residentes del área azotada le contaron El Colombiano que la zozobra no disminuye, y las “vacunas” tampoco.

Este diario tuvo acceso al expediente judicial de la tercera y más reciente operación, que entre el 16 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021 generó las capturas y encarcelamientos de 21 miembros de la facción. Las revelaciones de las víctimas, por lo menos las que se atrevieron a denunciar, son aterradoras.

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EMPRESA CRIMINAL
La 38 existe desde los años 90 y es una de las bandas más antiguas del nororiente de Medellín. En la actualidad, según el Gaula de la Policía, delinque en los barrios Popular N°1 y Granizal, y en los sectores conocidos como El Plan, El Filo, La Galera, Divina Providencia y Parque de los Lolos.

En ese territorio, de estratos socioeconómicos 1 y 2, el combo exprime la pobreza de sus habitantes cobrándoles extorsiones semanales. No se salva ningún comerciante, ni las tiendas, supermercados, barberías, carnicerías, vendedores ambulantes, bares, rutas de buses ni camiones distribuidores de alimentos.

Las “vacunas” van de $3.000 a $200.000 a la semana y, según los cálculos de los investigadores, les generan cerca de $60 millones mensuales. El tráfico local de estupefacientes y las otras rentas ilícitas producen ingresos de $240 millones al mes.

Estos negocios incluyen la administración de 13 plazas de vicio, el pagadiario y el monopolio de la distribución de productos de la canasta familiar, con precios que rayan en lo absurdo. “Una canasta de huevos de $12.000, ellos la distribuían en las tiendas a $20.000. Los tenderos no podían comprarles a otros proveedores, porque les imponían una exigencia económica o los desplazaban”, indicó un agente del Gaula.

Para mantener aceitada esta máquina de drenar dinero, a pesar de delinquir en barriadas con tantas penurias, La 38 ejerce un severo control social que, pese a la presencia institucional y los operativos, no se ha acabado.

Con frecuencia les repiten a los residentes que ellos son “la autoridad” en la zona y para sostener esa fama están dispuestos a derramar sangre.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Natalia Rendón, informó que La 38 es investigada por el asesinato de dos hermanos, “porque no quisieron trabajar para esa banda”.

El 3 de noviembre de 2019, cuando caminaba por una calle del Centro, sicarios motorizados acribillaron a Juan Diego Agudelo Ardila, de 23 años. Y el 12 de febrero de 2020 le hicieron lo mismo a su hermano Yoban Estiven, de 31 años, en una esquina del barrio Santa Cruz.

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“AUTORIDAD” ILEGÍTIMA
En los testimonios reunidos en el expediente, y presentados en la audiencia de control de garantías ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, se narraron ocho casos de desplazamiento forzado perpetrados entre 2019 y 2021. La mayoría fue por no pagar extorsiones, aunque se destaca uno derivado de vejámenes sexuales contra una niña de 12 años.

En noviembre de 2020 un secuaz de la banda abusó de la infante y la amenazó con matar a su familia si le contaba a alguien. Sin embargo, la madre la notó extraña y logró sacarle la verdad, después de lo cual formuló una denuncia en la Fiscalía.

Como consecuencia fue capturado el sospechoso de la violación, apodado “el Calvo”.

La retaliación de sus compinches no se hizo esperar. En junio de 2021 hirieron al padrastro de la niña, propinándole una golpiza y dos puñaladas en el hombro y el brazo derecho, a un costado de la estación Popular del metrocable.

Luego le insistieron que su mujer tenía que retirar la denuncia. “Usted vive con esa sapa y a los tres los vamos a desaparecer, ya les dijimos que no los queremos ver en el barrio”, le advirtieron. La familia tuvo que huir.

El reclutamiento de menores también hace parte de las conductas ilícitas de la organización. Un exintegrante, que fungió como testigo de la Fiscalía, recordó que “desde los 11 años empecé a trabajarle al combo, primero como campanero para que la Policía nos les cogiera las plazas de vicio; luego me pusieron a recoger la droga empacada para distribuirla en las plazas. Alos 15 años de edad traté de dejar eso, pero me dijeron que no me podía salir por tener mucha información, y que si lo hacía me asesinaban”.

Los adolescentes son usados igualmente para el cobro de las “vacunas”. Una tendera, a quien le exigían $200.000 semanales, afirmó que a su local siempre iba un joven diferente, de 16 a 17 años, todos los sábados.

En mayo de 2019 tuvo una caída en sus ingresos y ya no pudo seguir pagando la extorsión. “Les dije que no tenía más dinero para darles, porque las ventas estaban muy malas. El muchacho sacó un revólver, me lo puso en la cabeza y dijo que les tenía que pagar o que me fuera del barrio”, narró la afectada, quien huyó de la zona.

El reclutamiento ejercido por La 38 también se suma a las causas de desplazamiento, tal cual le ocurrió a una familia en julio de 2019. Según la denunciante, “un hombre me detuvo en la calle y me pidió que dejara a mi hijo hacerle un mandado. Le respondí que no, y él me dijo: ‘aténgase a las consecuencias’”.

Durante los dos días siguientes, hombres armados fueron de madrugada a golpear la puerta de su casa, llamándola por su nombre. Ella se encerró una semana, aunque fue tal el pánico, que emigró con sus seres queridos.

En algunas ocasiones los delincuentes desalojan a las víctimas sin motivo aparente, en particular a aquellas que pagan arriendo. Los investigadores creen que el interés es ocupar el inmueble con otro arrendatario cercano a ellos.

Así sucedió en octubre de 2020, cuando una mujer llegó de madrugada a la casa que arrendaba en el barrio Granizal, y encontró todos sus enseres en la calle. Trató de ingresar y no pudo, porque le habían puesto un candado a la reja.

En ese momento apareció un coordinador de la banda, aseverando: “A mí me pagaron para sacarla de la casa, y se abre del barrio, porque aquí mando yo”. Después agarró a la víctima a patadas.

Compungida, la señora pidió ayuda en la estación de Policía y regresó al lugar acompañada por unos patrulleros que detuvieron al sospechoso. “Dije que quería denunciarlo, y él delante de los policías repetía que yo me tenía que ir del barrio”, manifestó la desplazada.

Una situación similar acaeció en julio de 2019, en el mismo vecindario, que motivó el destierro de otra familia.

“Un día llegó un muchacho y me dijo que necesitaba que me fuera de la casa. Le pregunté las razones, porque yo estaba al día con el arriendo y con las ‘vacunas’, pero no me dio tiempo de nada. Dijo que la salida mía era inmediata y tuve que irme con lo que tenía puesto. Todas mis cosas quedaron allá adentro, no volví, y luego supe que habían ocupado la casa”, expresó la perjudicada.

En las audiencias de garantías, los 21 capturados se declararon inocentes por cargos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y tráfico de drogas, entre otros.

En los allanamientos, los agentes del Gaula les encontraron una granada de aturdimiento, municiones y 13,6 kilos de marihuana. El juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal a 20 de ellos, y uno más obtuvo la detención domiciliaria.

La noticia causó tranquilidad en algunos sectores de la comuna 1 (Popular), pero sin celebraciones ruidosas, porque otros miembros de La 38 siguen patrullando las calles, cobrando la extorsión e insistiendo en que ellos, como si fueran la autoridad, “son los que mandan”.
*Identidades reservadas por seguridad.

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ANEXO: LA LISTA DE LOS DETENIDOS

En el operativo de noviembre de 2021 contra la banda La 38, fueron capturadas las siguientes personas: los presuntos cabecillas Johany Santa Franco (alias “Santa”) y Miguel Ángel Mejía Ríos (“Pepo”); y los supuestos integrantes Juan Camilo Henao Jiménez (“Camilito”), Cristian David Marín Palacio (“Berruga”), Ánderson Misas Londoño (“Misas”), Jhon Fredy Contreras Cossio, Francisco David Tamayo Londoño (“El Joe”), Katherin Yulieth Arboleda Castaño (“la Flaca” o “Katy”), Jéferson Andrés López Monsalve (“Chichi”) y Jhojan Stiven Arango Duque (“el Enano”).

La lista sigue con Cristian Camilo Restrepo Botero (“la Guagua”) y su hermano Róbinson Esteban Restrepo Botero (“la Guagua Pequeña”), Wilder Yesid González (“el Calvo”), Diego Andrés Restrepo Rúa (“Godines” o “Gorrión”), Juan Esteban Ceballos Ortiz (“Mañez”), Wilson Ferney Acevedo García (“Tetas”), Jorman Ospina Jiménez (“Calvin” o “Mi Niño”), Adriana María García Pulgarín (“la Mona”), Naren Stic Granada Palacio, Jorman Andrés Rodríguez Varela (“Toto”) y Róbinson Estiven Cardona Vergara.

El Inspector.

Se trata de Jaime Eduardo Cano Sucerquia, alias “Jota”, quien según la investigación de la Fiscalía sería un contacto en Colombia de la ‘Ndrangheta, la organización criminal surgida en la región de Calabria y una de las más poderosas de Europa en la actualidad. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Jaime Cano, alias “Jota”, capturado en el barrio Pedregal de Medellín. Foto cortesía de la Policía.

La detención se produjo el pasado 10 de febrero, en una esquina de la calle 105 con la carrera 75 del barrio Pedregal, en el noroccidente de la ciudad. Hasta allá llegaron agentes del CTI y soldados del batallón de Infantería N° 32 General Pedro Justo Berrío, en cumplimiento de una orden judicial de arresto.

En la audiencia de control de garantías, “Jota” fue presentado ante el Juzgado 17 Penal Municipal de Medellín. María Elena Monsalve Idrobo, jefa de la Dirección de Fiscalías contra el Narcotráfico, contó que le imputaron cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, los cuales rechazó el procesado.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador expuso que Cano sería el presunto encargado de coordinar la logística de los despachos de droga que salen por vía marítima hacia los puertos del Mediterráneo, en la modalidad de contaminar con el alijo los cargamentos de comida de exportación.

“Alias ‘Jota’ habría participado en el envío de 63 kilos de cocaína que fueron descubiertos en Livorno (Italia), camuflados entre cajas de banano colombiano, en agosto de 2015. Adicionalmente, estaría involucrado en otro evento en el que las autoridades internacionales encontraron un cargamento de 150 kilos de estupefaciente en la frontera entre México y Guatemala”, comunicó la Fiscalía en su reporte del caso.

ANTECEDENTES

La relación de los narcos de Medellín con los italianos se originó a finales de los años 80, durante la expansión transnacional del cartel de Pablo Escobar y sus socios. En ese entonces, la Camorra Napolitana y la Cosa Nostra (Sicilia) eran los principales aliados italianos en la ruta de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Hoy en día, con otros narcos involucrados en este comercio ilegal, el protagonismo lo asumió la mafia ‘Ndrangheta, cuyos pasos en nuestra ciudad comenzaron a hacerse visibles hace ocho años con la captura de Domenico Trimboli, alias “Pasqale”, uno de sus cabecillas.

Este hombre, de ascendencia italoargentina, tenía a sus hijos viviendo en el barrio Laureles y durante una de sus visitas, en abril de 2013, fue arrestado por Interpol. Debido a un error en el trámite judicial quedó libre, pero de nuevo le pusieron las esposas en junio de 2014, en el municipio antioqueño de Caldas.

De izquierda derecha: Iacomino Tomasso, Roberto Pannunzi y Domenico Trimboli. Fotos cortesía de la Policía.

Otro caso fue el de Iacomino Tomasso, alias “Salvatore Cafareillo”, miembro de relevancia en la Cosa Nostra. Fue capturado en Colombia en 2006 y luego extraditado a Italia. Tras pagar su condena, salió de la cárcel y regresó a nuestro país, donde fue detenido de nuevo en febrero de 2013, en Bogotá.

En Medellín también tenía residencia Roberto Pannunzi, apodado “Bebé” o el “Pablo Escobar europeo”, quien era señalado de exportar dos toneladas de cocaína mensuales al Viejo Continente, para la ‘Ndrangheta. Fue detenido en julio de 2013 en un centro comercial de Bogotá, cuando portaba una cédula falsa con identidad venezolana.

Y en abril de 2016 la Policía detuvo también en la capital a Enricco Muzzolini, otro delegado italiano involucrado en negocios ilícitos entre Medellín y Europa.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos contaron que las rutas más empleadas por los traficantes de esa alianza parten de la costa Atlántica colombiana y el Caribe venezolano, con destino a los puertos de Rotterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) y Génova, Livorno, Napoli y Cagliari (Italia).

Al final de la audiencia de control de garantías de “Jota”, el juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel. Por el momento, la Fiscalía no ha recibido peticiones de extradición por parte de la justicia europea.

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El Inspector.

Los resultados de la operación fueron presentados este martes 3 de noviembre por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en compañía de los alcaldes de Bello, Óscar Pérez, y de Medellín, Daniel Quintero. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los capturados en el operativo contra “los Chatas”. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con el informe, en distintos allanamientos y registros, agentes de la Dijín arrestaron a Ánderson Abad Duque López (“Duque”), quien estudió Negocios Internacionales y sería presunto miembro de la cúpula de “los Chatas”, con 70 hombres a su servicio; Víctor Alfonso Ramírez Valencia (“Víctor” o “Jujuy”), supuesto cabecilla financiero del grupo; Johnny Ferney Vargas Cruz (“Canazo”), señalado de coordinar, aparentemente, el tráfico local de estupefacientes y las ganancias de las otras rentas ilegales, llegando a recaudar cerca de $500 millones mensuales; y Luis Fernando Mora Arboleda (“Yoyo”), presunto encargado del ala sicarial.

Aunque sus órdenes de captura eran solamente por el cargo de concierto para delinquir agravado, también los investigan por su supuesta participación en el constreñimiento a empresas distribuidoras de pipetas de gas, “con el fin de controlar el monopolio de la distribución en Copacabana, Girardota, Barbosa, Cisneros, Santo Domingo, San Roque y algunas de las veredas de Santa Rosa de Osos”, según el reporte policiaco.

“Alias ‘Duque’ se encargaba de cobrar extorsiones por la distribución de gas en el Valle de Aburrá y otros municipios, incluso hacían conexiones a gas ilegales, y cobraban por el suministro”, declaró, a su turno, el alcalde Daniel Quintero.

La Fuerza Pública cree que “serían propietarios de minas ilegales de oro en el corregimiento Porce, de Santo Domingo, Antioquia, y dinamizadores de diferentes delitos como homicidio, venta de estupefacientes, extorsión e instrumentalización de menores”, concluyó el informe.

En la operación fueron incautados 450 gramos de cocaína en bloque, 141 dosis de la misma droga y 12 de tusibí, además de una subametralladora y dos pistolas, entre otros elementos. “Fue una investigación de más de un año”, señaló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El oficial añadió que “los Chatas” siguen, al parecer, bajo las órdenes de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), uno de los cofundadores del grupo, quien está encarcelado y con una condena de 16 años de cárcel.

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“La captura de los cabecillas de los grupos delincuenciales es solo el comienzo de nuestra batalla contra el crimen organizado. No queremos más extorsiones, tráfico de drogas ni de armas, apropiación ilegal de terrenos y demás delitos que afecten el buen vivir en nuestra ciudad”, acotó el mandatario bellanita, Óscar Pérez.

Aunque las cuatro capturas son un golpe importante, en la calle hay otros integrantes de la cúpula de la organización que siguen al frente de la misma, como “Elkin Chata”, “Camilo Chata”, “Jonás” y “Álex Mentiras”.

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El Inspector.

En otra audiencia, el mismo juzgado también envió a una celda a Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), presunto jefe de sicarios de “el Mesa” y enemigo mortal de “Pocho”.

Luego de su captura en Bogotá, Francisco Mazo (“Pocho”) fue trasladado a Medellín. Foto cortesía de la Policía.

En una vía pública de la ciudad de Bogotá, la Dijín de la Policía capturó el 26 de septiembre de 2020 a Mazo Pulgarín. La detención se presentó en cumplimiento de una orden de captura por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Al momento del procedimiento, el sospechoso se identificó con una cédula y una licencia de conducción que tenía su foto, pero los datos de un familiar. Los detectives descubrieron el engaño.

Mazo está en el cartel de los más buscados del municipio de Bello, señalado por las autoridades de ser uno de los supuestos responsables de la guerra de bandas que afecta a esa localidad desde febrero de 2019.

En esa época comenzó una violenta confrontación entre “Pachelly” y sus enemigos de “el Mesa” y “Niquía Camacol”, caracterizada por asesinatos selectivos, tiroteos en vías públicas y desplazamientos intraurbanos.

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En el prontuario de “Pocho” ya hay una condena de cuatro años por concierto para delinquir. En 2014 fue capturado en una finca de El Peñol y puesto tras las rejas. También es desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas paramilitares (2006).

Volvió a las calles a finales de 2016, y según la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, siguió delinquiendo.

En la audiencia de control de garantías, que terminó este martes 29 de septiembre, el ente acusador le imputó el concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público, pero él se declaró inocente de ambos cargos, antes de ser enviado a prisión.

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JEFE DE SICARIOS

“Pirry” también se declaró inocente, en su audiencia del pasado 16 de septiembre. Le imputaron homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por ser el supuesto jefe de sicarios de la banda “el Mesa”.

Jhonathan Castrillón, alias “Pirry”. Cortesía.

La Dijín lo detuvo el 14 de septiembre, en un allanamiento a un apartamento ubicado en el barrio Prado de Bello. De acuerdo con la información preliminar, en dicho procedimiento también le encontraron 10 papeletas del estupefaciente conocido como tusi o 2CB.

Aunque se presume que “Pirry” ha coordinado muchos de los asesinatos en el marco de la guerra contra “Pachelly”, de momento solo le imputaron uno ocurrido el 31 de mayo de 2017.

Aquel día, un grupo de hombres secuestró a Santiago Londoño Álvarez en el barrio Andalucía de Bello. Lo llevaron a una casa del sector El Tapón, donde estaba “Pirry”. Lo señalaron de tratar de robarse una moto y lo degollaron con una sierra.

Después lo desmembraron y empacaron en tres bolsas de plástico, las cuales arrojaron al día siguiente en un calle del barrio Toscana de Medellín.

Jhonathan Castrillón ya tiene una condena en su prontuario, de 2009. Esa vez fue capturado por liderar una red de tráfico de drogas en Soacha (Cundinamarca) y en Bogotá, en particular en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe. Allá la organización criminal “el Mesa” es denominada “los Paisas”.

La sentencia fue de 14 años y cinco meses, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, por tráfico de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer.

Como sucede con casi todos los cabecillas del crimen organizado de Bello, no pagó la pena completa y regresó a las calles el 5 de diciembre de 2016. De hecho, tiene otra investigación penal en curso, porque al parecer en ese expediente figuraba con una identidad fraudulenta, a nombre de Héctor Jhonatan Rua Díaz.

En la actualidad está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

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El Inspector.

Esta banda, que delinque hace tres décadas en las comunas 1 y 2 de la ciudad, se dedica, además de las extorsiones, al tráfico de drogas, sicariato, control social y del mercado de canasta familiar, entre otros delitos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los presuntos miembros de “la 38″ capturados en la Operación Hércules, del Gaula. Foto cortesía de la Policía.

En la mañana del jueves 27 de agosto, la Policía y la Alcaldía anunciaron el operativo en su contra, que incluyó 42 allanamientos y 27 capturas, por cargos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y porte ilegal de armas y de estupefacientes. De este grupo, 18 tenían órdenes de captura pendientes, y otros nueve cayeron en flagrancia. En las acciones incautaron cinco armas de fuego, 1.800 dosis de basuco y 8 kilos de marihuana.

El operativo comenzó en la mañana del pasado martes 25 de agosto, cuando decenas de uniformados rodearon varias manzanas en la zona nororiental, en los barrios Popular N°1 y N°2, Granizal y Santa Cruz. Varios integrantes de la comunidad los recibieron a golpes y trataron de armar asonada, para evitar que se llevaran a los integrantes de “la 38”.

El secretario de Seguridad de Medellín, general (r) José Acevedo, indicó que entre los capturados hay dos cabecillas, alias “Pony” y “Choco”, y tres coordinadores de zona: “Ruso” (coordinaba acciones en Santa Cruz), “Chinga” (Popular N°1) y “Pez” (Granizal).

Con estos resultados, las autoridades aseguraron que se lograron esclarecer 16 casos de extorsión en dichos vecindarios, en los que “la 38” cobraba entre $10.000 y $40.000 semanales a los establecimientos comerciales, los vehículos repartidores, el transporte informal y las rutas de buses.

“Se evitó el pago de $87 millones mensuales aproximadamente, que hacen parte de las rentas ilícitas del grupo delincuencial”, informó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

La Policía agregó que en lo corrido de este año han sido capturadas 123 personas por casos de extorsión en el Valle de Aburrá, de las cuales 85 fueron solo en Medellín.

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El Inspector.

Su detención de suma a las recientes capturas de otros cuatro jefes de bandas del Valle de Aburrá, como alias “Huevo”, de “el Pesebre”; “La Rea”, de “la Campiña”; “Julito”, del combo “el Acopio”; y “Ronald”, de “la Agonía”.

Cristian Duque, alias “Cristian Chata”, estaba desarmado cuando la Policía lo capturó en una vereda de Santa Rosa de Osos, nordeste de Antioquia. Foto de cortesía.

La captura de Cristian Daney Duque García, alias “Cristian Chata” o “el Mono”, ocurrió el 20 de junio de 2020 en una finca de la vereda El Caney, en Santa Rosa de Osos. Policías de la Sijín incursionaron en el predio a la 1:30 p.m., cumpliendo una orden judicial de arresto.

De acuerdo con la investigación de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, ese hombre sería unos de los principales cabecillas de “los Chatas” en la calle, y estaría involucrado en los negocios de narcotráfico de esa organización en los municipios de Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa.

La audiencia de control de garantías se realizó el 21 de junio ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Antioquia. Allí la Fiscalía, de manera virtual, le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado, el cual él rechazó. Al final de la diligencia, el juez le dictó medida de aseguramiento intramural y próximamente será llevado a la cárcel de Itagüí.

La captura de “Cristian Chata” se logró en parte por el renombre que adquirió desde 2017, cuando los principales miembros de la cúpula de la banda fueron arrestados y él tuvo que encargarse temporalmente de los negocios clandestinos. Sin embargo, estos fueron condenados a penas pequeñas, hicieron preacuerdos con la Fiscalía y ya obtuvieron los beneficios de libertad condicional y detención domiciliaria en algunos casos.

En consecuencia, en los últimos meses han salido de prisión cabecillas tradicionales como “Elkin Chata”, “Jonás” y “Álex Mentiras”. La cúpula de la estructura la complementan “Camilo Chata”, que aún no ha sido arrestado; y “Tom”, quien continúa encarcelado.

Otro de los integrantes, Édison Maya Ríos (“el Gomelo”), fue reportado como desaparecido por parte de sus familiares.

NOTA RELACIONADA: Golpe al corazón de la banda “los Chatas”.

GOLPES A LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “ROBLEDO”

En el último mes, las autoridades han capturado a tres cabecillas de combos asociados a la organización criminal “Robledo”, la confederación de bandas que actúa en el occidente de Medellín.

El 18 de junio de 2020, uniformados de la Dijín detuvieron a Sebastián Agudelo Arboleda (“Huevo”), presunto líder del combo “el Pesebre”, con influencia en varios barrios de las comunas 13 y 7. El arresto se presentó cuando conducía un automóvil Renault Clio en inmediaciones del barrio La Aguacatala.

“Huevo”, de 36 años, se desmovilizó en 2005 del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), según la Policía, y es hombre de confianza de Cristian Mazo Castañeda (“Sombra”), miembro de la cúpula de “Robledo” y actualmente encarcelado.

Jhonatan Franco (“La Rea”) y a la derecha Sebastián Agudelo (“Huevo”). Fotos de cortesía.

Ese mismo día, la Dijín también capturó a Jhonatan Andrés Franco Álvarez, conocido como “La Rea”, “La Erre” u “Orejas”, supuesto jefe del combo “La Campiña”, que delinque en los sectores de La Campiña, La Huerta, Monteclaro, Pajarito y Cucaracho, ubicados en la frontera de la comuna 7 (Robledo) con el corregimiento San Cristóbal.

Según el expediente, “La Rea”, de 32 años,  comenzó a delinquir desde los 12, siendo un “carrito” (mensajero) de “Robledo”; luego recibió tareas de sicariato y también ingresó al bloque Héroes de Granada de las Auc, del cual se desmovilizó en 2005. Actualmente figuraba en el cartel de los más buscados. La detención se produjo en el sector El Cucaracho, cuando iba en un Renault Logan con otras tres personas.

“Huevo” y “La Rea” fueron presentados ante el Juzgado Cuarto Penal Ambulante de Antioquia, para las audiencias de control de garantías. La Fiscalía les imputó concierto para delinquir agravado, ellos se declararon inocentes y les dictaron medida de aseguramiento en la prisión de Itagüí.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, contó que “la Rea” y su combo estarían implicados en el cobro de extorsiones a la ruta de buses 250 y múltiples homicidios perpetrados entre 2018 y 2019.

Además de estos dos casos, el pasado 27 de mayo la Dijín capturó a Juan Julio Osorio Molina (“Julito”), presunto cabecilla del combo “el Acopio”, que opera en los barrios Aures N°1 y N°2.

NOTA RELACIONADA: Cabecilla de “el Acopio” se fracturó tratando de evadir el operativo.

ENCARCELADO EL LÍDER DE “LA AGONÍA”

El 26 de mayo de 2020 la Policía capturó en la ciudad de Pereira a Ronald Ronaldo Echavarría Arango, alias “Ronald” o “el Zarco”, cabecilla y fundador de la banda “la Agonía”, que delinque en la comuna 13 de Medellín.

La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y tráfico de armas de fuego. “Ronald” no los aceptó y fue enviado a la cárcel.

La víctima de este caso fue la líder social Liliana Patricia Cataño Montoya, asesinada en 2017 por “la Agonía”. El ente acusador informó  al respecto: “De acuerdo con la investigación, Liliana Cataño promovía la asignación de lotes para reubicar a personas que perdieron las viviendas en un incendio ocurrido en el sector Altos de la Virgen. ‘La Agonía’ se habría opuesto al proceso, porque avanzaba sin el consentimiento de los cabecillas y estaba planeado en una zona en la que tenía injerencia criminal. En ese sentido, fue ordenado el asesinato de la lideresa comunal el 18 de octubre de 2017″.

La captura más reciente de Ronald Echavarría (“Ronald” o “el Zarco”) fue en Pereira. Cortesía de la Policía.

Esta es la tercera vez que “Ronald” va a parar a la cárcel en la última década. Otros líderes de su grupo también están tras las rejas, como “Diego Almuerzos”, “Pocho” y “Jony Caca”.

NOTA RELACIONADA: Capturan a “Ronald”, el terror de la comuna 13.

El Inspector.

Esta es una investigación elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, que presenta cuáles son los nuevos escenarios en el juego del crimen organizado regional.

En la Operación Fénix (2018) capturaron en La Ceja a 34 miembros del combo “Palenque”, patrocinado por “los Chatas”. Foto de cortesía.

Los pueblos de Antioquia se están convirtiendo en un botín para las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, que de manera silenciosa se están propagando para traficar drogas, extorsionar e infectar como una plaga los negocios de aquellos municipios.

El Colombiano indagó con fuentes de inteligencia, judiciales y de la comunidad, y pudo establecer que nueve estructuras ilegales del área metropolitana tienen influencia directa o indirecta en las subregiones del Oriente, Occidente, Suroeste, Norte y Nordeste.

Se trata de “la Terraza”, “los Chatas”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión”, “Limonar 1”, “los Triana”, “la Miel” y “Picacho”; aunque habría otras implicadas, estas son las más documentadas en expedientes y operaciones de la Fuerza Pública en el último lustro.

Participan en el tráfico de armas y drogas, sicariato, extorsión, minería ilegal, pagadiario y lavado de activos, principalmente. En algunos casos actúan por medio del patrocinio o subcontratación de combos locales.

Boris Castaño, analista del conflicto urbano, opina que los lazos entre las bandas del Aburrá y las de los pueblos se fortalecieron por una relación comercial. A Medellín llegan los estupefacientes de mejor calidad para abastecer mercados mayoristas y minoristas de las subregiones, y las crecientes visitas de turistas extranjeros al departamento incrementaron la demanda por nuevos alucinógenos y drogas sintéticas, como 2CB y éxtasis.

A partir de allí, la presencia en los pueblos se fortaleció, aprovechando que no había combos con un poder militar suficiente para enfrentar a las facciones de la metrópoli. Les tocó formar alianzas y aceptar que “los de la ciudad” irrumpieran en la vida de los poblados semirurales.

AMENAZA PARA EL ORIENTE
La banda “los Chatas”, cuya base de operaciones es el municipio de Bello, extendió sus redes de microtráfico de drogas hacia la subregión del Oriente antioqueño, con énfasis en El Retiro y La Ceja. Sus actividades en la zona son monitoreadas desde 2014 y a la fecha la Policía ha ejecutado seis operativos en su contra.

Uno de los primeros fue la Operación Andrómeda, el 25 de septiembre de 2014, cuando capturaron a 31 integrantes que actuaban en los barrios Manantial, Tahami y Obreros de Cristo, de La Ceja. Recibían apoyo logístico de “los Chatas” y en esos vecindarios se hacían llamar “los Bellanitas”.

Con el arribo de este grupo, el pueblo comenzó a atestiguar crímenes truculentos en la zona urbana. El 23 de enero de 2017 “los Chatas” secuestraron a un adolescente de 17 años, consumidor de vicio, a quien acusaron de ser un “sapo” que trabajaba para un combo rival.

En ese entonces había una disputa ilegal por las plazas de los barrios Palenque y San Cayetano. El informe del caso indica que a la víctima la hirieron con arma blanca en el cuello y la espalda, “y al parecer con la intención de incinerarlo fue cubierto con aserrín y Acpm. Cuando lo encontraron, eran evidentes los signos de tortura, entre ellos una cruz marcada en la espalda”. Por ese crimen fueron detenidos cuatro mercenarios de “los Chatas”.

Los sicarios de la estructura mataron a tiros a otro adolescente de 16 años en la vereda La Milagrosa, el 11 de abril de 2018, al parecer por un motivo similar: tráfico de droga.

En los últimos dos años se conformó un combo en La Ceja, con el patrocinio de “los Chatas”, llamado “Palenque”. Según la Policía, ese grupo puede generar narcoingresos anuales cercanos a los $2.800 millones. En 2018 le arrestaron a 34 integrantes, incluyendo a sus cabecillas “el Burro” y “Porcelana”.

En ese municipio también ejerce influencia la banda “Pachelly”, de Bello, en los barrios Manantial y La Aldea.

Las vecinas localidades de El Retiro y Marinilla padecen el influjo de “la Unión”, procedente de Itagüí. Esta facción patrocina con medios logísticos y estupefacientes al combo “los Guarceños”.

La droga es acopiada en el sector Barrio Antioquia, de Medellín, y después enviada a esos socios en El Retiro, quienes se encargan de distribuirla a domicilio en sitios de recreo y senderos ecológicos. Sus ganancias al año rondan los $1.950 millones, de acuerdo con el análisis policial, tras una operación que en abril de 2018 produjo 61 capturas.

En Marinilla, “la Unión” apadrina al combo “los Gavilanes”, también dedicado a la venta de narcóticos a domicilio, con ingresos mensuales de $600 millones.

La trama fue expuesta el 29 de enero pasado, con la detención de 27 sospechosos. El cabecilla de “los Gavilanes”, alias “Jorge Pamplona”, les ofreció $20 millones a los policías para que lo dejaran escapar, sin lograr su cometido.

Sobre dicho combo, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Sierra, declaró que “impactamos los alrededores de dos colegios en Marinilla, donde estas personas aprovechaban para vender los estupefacientes a los menores de edad”.

En los municipios de Guarne, Granada y Sonsón las autoridades han registrado acciones de la banda “los Triana” de Medellín.

En El Peñol, Guatapé y Rionegro circulan drogas y mercenarios de “la Terraza”. En este último lugar tienen una alianza con la banda “los Pamplona”, para el comercio ilícito de marihuana y cocaína.

En Rionegro, su combo rival es “el Laberinto”, que recibe apoyo de otra estructura de Medellín: “Limonar 1”. Esta organización, cuya base es el corregimiento San Antonio de Prado, está a su vez enlazada con el cartel narcotraficante Clan del Golfo.

El pasado 25 de octubre la Fuerza Pública capturó a 15 miembros de “el Laberinto”. En el respectivo informe, consignaron: “se pudo establecer que algunos de sus integrantes iban a cometer los hechos delictivos (en Rionegro) y posteriormente tomaban camino hacia Medellín, barrio El Limonar, para no ser ubicados por la Policía”.

Miembros del combo “los Guarceños”, capturados en El Retiro en abril de 2018. Están aliados con la banda “la Unión”. Cortesía de la Policía.

EN EL OCCIDENTE Y SUROESTE
Delegados de la banda “Picacho”, procedentes del noroccidente de Medellín, incursionaron desde 2015 en el municipio de Buriticá. Según la Fiscalía, estarían participando en el negocio de la minería ilegal, tanto para el lavado de activos como para el comercio clandestino de oro.

En Ebéjico hay nodos de microtráfico de “los Triana” y en Heliconia opera una célula de “Limonar 1”, que además de asuntos de droga se dedicaría a la extorsión.

Los jefes de “Limonar 1”, al parecer, envían jóvenes desde Medellín para actividades delincuenciales en Ciudad Bolívar, en el Suroeste.

En dicha subregión existen células al servicio de “la Terraza”, en Támesis, Jardín y Andes; y de “los Triana”, en Titiribí y Amagá, donde incide por medio de un combo local conocido como “el Hueco”.

En Fredonia, la venta de alucinógenos es liderada por “la Miel”, una banda del cercano municipio de Caldas.

REDES EN NORTE Y NORDESTE
En estas dos subregiones hay una creciente influencia de tres grupos delictivos de Bello: “Pachelly”, “los Chatas” y “el Mesa”.

Su arribo inició con la desmovilización de las Farc, que tenía el monopolio de la actividad ilícita en una extensa área.

Cuando emergieron las disidencias guerrilleras en 2017, se estableció una alianza que le permitió a las bandas bellanitas articular plazas de microtráfico, secuestros y sicariato por mandato de los otrora subversivos.

Esta plaga perjudica a los pobladores de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Donmatías, San Pedro de los Milagros, Gómez Plata, Cisneros, Yolombó, Yalí, Vegachí, Amalfi y Anorí (ver el mapa).

En las montañas, estas bandas coordinan el procesamiento de cocaína en laboratorios y las ganancias se comparten con las disidencias.

En Segovia y Remedios están involucradas en la minería aurífera, y no siempre de manera ilegal, pues investigaciones judiciales señalan que algunos cabecillas figuran como dueños de sociedades mineras o a través de testaferros.

DINÁMICA CRIMINAL
Otra razón por la que ocurre este fenómeno es que “los territorios en Medellín ya están copados y repartidos. Si una banda quiere crecer, se genera una confrontación inmediata con los barrios vecinos, por lo que resulta más conveniente y menos costoso buscar espacio en otros municipios”, dice el analista Castaño.

En este punto coincide con Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Ella afirma que “se ha incrementado la influencia de las organizaciones del Valle de Aburrá en otros municipios, porque la ciudad ya está cooptada por ellas mismas, se han dividido las zonas para la venta de estupefacientes y extorsionar, mientras que en esos pueblos hay un mercado sin dueño, porque la distribución la han tenido algunos bandidos de poca monta”.

El auge de estas mafias en los cascos urbanos va de la mano del crecimiento del consumo en Antioquia. Según el Observatorio de Drogas de Colombia, que depende del Gobierno, nuestro departamento tiene un nivel de consumo de alucinógenos por encima del promedio nacional (Reporte de Drogas de Colombia 2017).

Y el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Sicoactivas en Población Escolar (2016) arrojó que en esta región uno de cada cinco estudiantes consume droga.

Castaño asevera que la presencia de las bandas del Aburrá en los pueblos se explica porque en esos lugares la actividad investigativa y judicial de la Fuerza Pública suele ser más débil. De hecho, en muchos pueblos no hay agentes de Sijín, CTI o Sipol (policías judiciales y de inteligencia) y apenas cuentan con las unidades de vigilancia tradicional.

“Los entes investigativos locales no están acostumbrados a enfrentar una criminalidad tan sofisticada. Esas labores toca hacerlas desde Medellín”, concluye el analista.

Jeremy McDermott, codirector de la fundación Insight Crime, que estudia el proceder del crimen organizado, acota que el mundo del narcotráfico se ha democratizado.

Expresa que “los carteles que ostentaban monopolios de cultivos y plazas de vicio se han ido debilitando, entre ellos el Clan del Golfo, lo que permite la entrada de nuevos grupos pequeños al negocio del narcotráfico fuera de las ciudades”.

Las autoridades tratan de contrarrestar el problema, pero los lugareños temen que se tarden demasiado. Cada día aumenta el riesgo de que sus hijos se vuelvan adictos, de cuenta de las drogas que les llueven desde el Aburrá.

NOTA RELACIONADA: Las fuerzas del crimen organizado en el Valle de Aburrá.

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ANEXO: Cabecillas del Aburrá capturados en pueblos de Antioquia

· En Urrao: Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, de la banda “Robledo” (2013).
· En Támesis: Juan Camilo Rendón Castro (“el Saya”), de “la Terraza” (2014).
· En El Peñol: Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), de “los Chatas” (2017).
· En Titiribí: Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de la banda “los Triana” (2018).
· En San Jerónimo: Giovanni Cataño (“Cataño”), de “la Oficina del Doce” (2018).
· En Guarne: Fernando Rivera (“Nano”), de “la Oficina de Manrique” (2018).
· En Toledo: Fernando Jiménez (“Caníbal”), de la banda “el Tapón” de Bello (2018).
· En San Carlos: Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), de la banda “Pachelly” (2019).

El Inspector.

La acción se realizó en la mañana de este jueves 10 de enero, en el apartamento de una urbanización residencial, hasta donde llegaron los agentes de la Dirección Antinarcóticos y de la Seccional de Inteligencia (Sipol) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el momento del allanamiento en el apartamento de Sabaneta, Antioquia. Foto de cortesía.

Fuentes judiciales relataron que en el allanamiento decomisaron dos pistolas con sus respectivos proveedores, 30 balas, un silenciador, cinco celulares y una libra de marihuana tipo cripa.

Entre los detenidos está Juan Esteban Vásquez Monsalve, de 23 años y apodado “Juan Tusi”, sospechoso de distribuir estupefacientes en Sabaneta y Envigado, en particular de la droga denominada 2CB o tusibi.

También arrestaron a Emanuel Aragón Posada, un estudiante de bachillerato de 20 años; Marlos Esneider Chavarriaga Rivas, un vendedor de lociones de 21; y a Ánderson Tascón Ríos, un auxiliar famarcéutico de 20. Los acompañaba un joven bachiller de 18 años recién cumplidos.

El informe preliminar del caso señala que estas personas, presuntamente, estarían trabajando para una disidencia de la banda “la Terraza”, originaria del nororiente de Medellín. La célula delictiva es dirigida por alias “Tréllez”.

Las disputas al interior de “la Terraza” quedaron en evidencia el 22 de mayo de 2018, cuando le hicieron un atentado a Mauricio Alberto Zapata Orozco (“Chicho”), uno de los presuntos cabecillas de la organización. Resultó herido cuando unos sicarios le dispararon en un establecimiento público del barrio Estadio.

La división ha provocado asesinatos selectivos en los últimos meses, cometidos en la comuna de Manrique, Envigado y Sabaneta. En el choque contra los disidentes intervienen la estructura tradicional de “la Terraza”, al mando de “Chicho”, en asocio con la banda de “Trianón”, comandada por “el Indio”, que busca recuperar sus plazas en el sur del área metropolitana.

Los detenidos fueron presentados este viernes 11 de enero en la audiencia de control de garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín. El juzgado legalizó el allanamiento y las capturas de cuatro de ellos, pero al bachiller de 18 años lo dejó en libertad (aunque vinculado al proceso), pues ni siquiera había expedido la cédula de ciudadanía.

La Fiscalía les imputó cargos por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, los cuales fueron rechazados por los procesados. El juzgado dictó medida de aseguramiento intracarcelaria contra “Juan Tusi” y Chavarriaga; a Tascón y Aragón y les dieron el beneficio de detención domiciliaria.

NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín.

El Inspector.

Sus crímenes quedaron al descubierto tras una operación de la Dijín y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. El caso cobró relevancia porque los mercenarios del grupo estarían implicados en una de las muertes ligadas al hurto de un botín multimillonario del Clan del Golfo.

Esta es la historia elaborada por El Colombiano, que Revelaciones del Bajo Mundo reproduce por considerarla de interés para sus lectores.

En una vía de Manrique mataron a “Deiby”, presunto enlace de “la Oficina de Laureles” con “la Terraza” (sept 17/18). Foto de Santiago Mesa.

Robarle 20.000 millones de pesos a la mafia equivale a invocar una sentencia de muerte. Significa que serás cazado por perros de presa, por hombres de corazón tan negro como los que contrataron para cobrarle con la vida al comerciante Carlos Andrés González Gómez.

Esta persona de 32 años era investigada por las autoridades, por su presunta participación en un asalto del 15 de octubre de 2017 a un edificio de El Poblado, en el que mataron a un caletero y hurtaron la millonaria suma de dinero, al parecer de propiedad del cartel narcotraficante Clan del Golfo. Hoy es difícil saber si él lo hizo, pues la mano de los verdugos actuó primero que la justicia.

El pasado 6 de abril González fue citado bajo amenazas a una edificación del barrio Conquistadores, en el occidente de Medellín. Apenas llegó a la recepción, fue sorprendido por un sicario que le disparó.

Cuando pretendía huir con un compinche en motocicleta, el asesino fue arrollado por un cuñado de la víctima, que esperaba afuera del edificio en un automóvil.

Los mercenarios escaparon corriendo, pero la moto que dejaron en la escena del crimen condujo a los investigadores al hallazgo de una célula criminal secreta, cuyo propósito es tan temido por la sociedad como apetecido por los postores del bajo mundo: matar a quien sea y cuando sea, a cambio de plata.

ESTAFANDO AL DIABLO
El difunto Juan de Dios Perdomo Bonilla había hecho fortuna con una dudosa reputación, pues entablaba negocios posando de agente deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y representante del Consulado de Malta, sin pertenecer a estas instituciones.

La hipótesis de la Fiscalía es que una de esas negociaciones salió mal y que los estafados, al parecer, resultaron ser miembros de la organización criminal “la Oficina” que invirtieron dinero en la compra y venta de pases de futbolistas.

Para saldar la afrenta, los mafiosos contrataron a la célula sicarial, que envió a dos emisarios a la ciudad de Barranquilla. El 18 de febrero de 2018 acribillaron a Perdomo en un parqueadero, delante de su familia, dejando herido a un sobrino de 14 años.

Tras el ataque, la Policía capturó a uno de los agresores, Kevin Samir López Mejía. Este joven era el propietario de la moto abandonada posteriormente en el edificio en el que mataron al comerciante González, lo que puso a los agentes de la Dijín tras la pista de una organización involucrada en esos dos homicidios.

El celular de Kevin López fue interceptado, lo que llevó a los detectives a identificar a otros miembros del grupo. El muchacho de 27 años hablaba con desparpajo desde la cárcel El Bosque, de Barranquilla. Pedía dinero para su sostenimiento, se jactaba de estar en una celda para él solo, con TV y ventilación, y aseguraba que si la condena era muy alta, se fugaba, “porque la salida de acá es muy fácil”.

La captura del presunto sicario Kevin López, en Barranquilla, fue vital para identificar al resto de la banda. Foto cortesía de Policía.

EL TERRITORIO DE LA JAURÍA
Las interceptaciones telefónicas revelaron que, si bien su principal objetivo era el homicidio por contrato, con cobros que iban de $20 a $100 millones, la célula gestionaba otras rentas ilícitas, como la extorsión y el tráfico de drogas.

El territorio en el que ejercían esas actividades, por lo menos desde 2016, eran los barrios Lorena y Laureles, en la comuna 11 de Medellín, y al parecer iban a incursionar en el sector Ciudad del Río, en el barrio Colombia.

Cada mes cobraban entre $100.000 y $200.000 a algunos establecimientos comerciales del primer y segundo parque de Laureles, la avenida Ochenta y la calle San Juan. Los buses de servicio público tampoco se escapaban.

En sus conversaciones se referían a la droga como “los palitos”, “dulces”, “tamales” y “el mango biche”. Cada vez que expendían o cobraban la extorsión, se identificaban como “los de la vuelta de Laureles” o “los de la tiendita”, refiriéndose a un local de la carrera 80B con la calle 40 que usaban como guarida.

Nadie más podía delinquir en la zona sin su autorización, porque ellos regían con brutalidad. Prueba de esto fue la muerte de Juan David Rendón Betancur, un joven de 27 años que diseñaba tatuajes, joyería y expansores para las orejas.

Sucedió en la noche del 29 de mayo anterior. La banda tenía información de que había personas comerciando droga “de contrabando” – sin su permiso-, por medio de domicilios en Lorena. Fingieron ser clientes e hicieron un pedido de éxtasis y 2CB a la tienda, adonde llegó Rendón con la mercancía, sin saber que se trataba de una celada.

Cuatro chacales lo sometieron y le advirtieron que ellos eran los jefes de la plaza. Para dejarlo vivir, tendría que pagar $2 millones de multa.

El retenido llamó a familiares y amigos, implorando por un préstamo de urgencia. Fueron más de 10 llamados de angustia, en los que el tono de los captores se volvía más violento. “Contésteme pues, es que a su hermanito lo voy es a picar y se lo voy a mandar embolsado”, amenazó uno de ellos al interlocutor.

La última llamada fue a la 1:40 a.m. del 30 de mayo. Rendón, en medio del llanto, le contó a un hermano que ya le habían cortado el pelo y que lo estaban torturando. Fue lo último que dijo. Su cadáver fue hallado en la madrugada en una acera del barrio El Velódromo, con 34 heridas producidas con destornillador.

Esa vez nadie les pagó por el homicidio, solo lo hicieron para enviar un mensaje: aquí mandamos nosotros.

Aunque fue un golpe duro contra la célula sicarial, aún quedan miembros por capturar. Cortesía.

LAZOS CRIMINALES
La Dijín, la Sipol y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada se unieron para desenmascarar a la facción que venía dejando esta hilera de muertos, y de la que muy poco se sabía en los corrillos policiales.

Gracias a las interceptaciones, se enteraron que uno de sus principales cabecillas era, presuntamente, Víctor Hugo Benítez (“Repelín”). Su nombre saltó a escena el 14/4/18, cuando fue detenido en el distrito de San Miguelito, en Panamá, portando 200 kilos de cocaína junto a un guatemalteco.

Tras lo sucedido, la jefatura del grupo quedó en cabeza de Juan Pablo Henao Correa (“el Mono”), con sus supuestos coordinadores Carlos Esteban Londoño (“el Cabe”), Esteban Urrea Cano (“Muleta”) y Andrés Pérez Orrego (“el Pulpo”).

Del sicariato se encargaban, al parecer, Santiago Lopera Restrepo (“Peludo”), Didier Torres Gómez (“Didier”), Brayan Múnera Rendón (“Múnera”) y el citado Kevin López Mejía (“Kevin”).

Varios de estos integrantes se coordinaron, según el expediente, para ejecutar otro contrato letal en el que el blanco era Francy Milena Velásquez Vargas, de 32 años y empleada de una óptica de El Poblado.

La acecharon durante una semana y el pasado 18 de julio le dispararon en la cabeza a una cuadra de su casa, en el barrio Triana de Itagüí.

La secuencia de asesinatos paró el 26 de septiembre, cuando los policías capturaron a los miembros de la agrupación, que bautizaron como “la Oficina de Laureles”. A los investigadores les llamó la atención que los cabecillas y coordinadores provenían de familias de estrato alto, que eran “hijos de papi”.

Los ocho detenidos (incluyendo a Kevin) señalaron que eran independientes, pero los agentes encontraron un vínculo con la banda “la Terraza”, que delinque hace más de una década en Medellín.

El enlace entre las facciones era, presuntamente, Arbey Acevedo Restrepo (“Deiby”). Los agentes no alcanzaron a capturarlo porque nueve días antes del operativo, otros sicarios lo aniquilaron cuando conducía una moto por una vía de Manrique Oriental.

En los allanamientos del 26/9/18, a los integrantes de “la Oficina de Laureles” les decomisaron un automóvil, dos motocicletas, una pistola con silenciador y un proveedor expansivo, 3,5 kilos de marihuana, 200 gramos de cocaína y 15 gramos de 2CB.

La Fiscalía les imputó homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado. Los ocho procesados no aceptaron los cargos. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

En la audiencia de control de garantías, a los procesados les endilgaron precisamente los asesinatos del mánager de futbolistas Juan de Dios Perdomo, el diseñador de tatuajes Juan David Rendón, la empleada Francy Velásquez y el comerciante Carlos González.

Sobre este último, la participación de “la Oficina de Laureles” podría arrojar luces sobre el misterioso caso del robo a la multimillonaria caleta del Clan del Golfo, pues a la fecha se han registrado cuatro muertes ligadas a este hecho, tal cual denunció El Colombiano anteriormente (ver el anexo).

Los detenidos están en los calabozos de la Sijín, esperando la remisión a la cárcel. No han querido decir quiénes los contrataban. Por experiencia saben que hablar tiene un duro precio que se paga en esta vida.

NOTA RELACIONADA: La mortal cacería en Medellín del tesoro maldito del Clan del Golfo.

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ANEXO: EL CASO DEL ROBO DE CALETA AL CLAN DEL GOLFO

El pasado 25 de junio en un reportaje titulado “Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas”, El Colombiano denunció una serie de asesinatos relacionados con el robo de 20.000 millones de pesos a la organización criminal Clan del Golfo en Medellín. La historia comenzó el 15 de octubre de 2017, cuando unas personas asaltaron un apartamento en una urbanización de El Poblado, mataron al inquilino Jhon James Palacio Madrid y hurtaron la millonaria suma.

La situación provocó una oleada de retaliaciones, en especial porque, al parecer, quienes robaron el botín no entregaron todas las ganancias a sus jefes. Tras lo sucedido, fue asesinado Jhonattan David Monsalve Acuesta (“Chinga Mala”), en el barrio Campo Valdés (17/10/17).

Luego mataron al comerciante Carlos Andrés González Gómez, en el barrio Conquistadores (06/4/18). Las autoridades presumen que el dinero estaba en su apartamento, y que ese mismo día fue cambiado de lugar.

En el edificio donde él vivía, en el mismo Conquistadores, un grupo ilegal forzó la puerta del garaje y trató de ingresar a su residencia para buscar la caleta, el 13 de abril, sin éxito. En la entrada de esa edificación, mataron el 18 de abril al conductor Wilman Andrés García Correa, cuando llegaba a entregarle medicinas a un inquilino.

A la fecha no se conoce el paradero del botín del Clan del Golfo, pero siguen apareciendo víctimas de esta situación en la ciudad.

El Inspector.

Las audiencias se realizaron el pasado fin de semana, ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los cuatro capturados de la banda “Pachelly”, con los vehículos y el dinero incautados. Foto de cortesía.

José Domiciano Carrillo Montoya (“Sólido”) ya había sido capturado en 2012 y condenado a seis años prisión por concierto para delinquir, pero no pagó la pena completa y regresó a la calle a finales de 2014 (ver la NOTA RELACIONADA: Otro cabecilla de “Pachelly” cae a prisión).

Otro de los procesados es Juan Pablo Henao (“Piña”), hijo de Alber Antonio Henao Echeverri (“Alber”), uno de los máximos cabecillas de “Pachelly”, quien también tiene orden de captura, aunque logró evadir el arresto en esta oportunidad.

La lista de detenidos la completan Milton Antonio Giraldo (“Cuadros”) y Albeiro Andrés Tabares (“Tatareto”).

Fuentes judiciales informaron la Policía Metropolitana capturó al cuarteto el pasado viernes 27 de abril. “Sólido” cayó en un allanamiento en el barrio Campoamor, de Medellín, mientras los otros tres fueron detenidos en el municipio de Bello.

Les incautaron tres automóviles Peugeot 206, Mazda CX5, Kia Sportage, y 10 millones 800.000 pesos en efectivo, además de los celulares.

Durante las audiencias, ninguno aceptó el cargo de concierto para delinquir que les imputó la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. El juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel, y el Inpec los condujo hasta el establecimiento de máxima seguridad de Itagüí.

La banda de “Pachelly” es una de las más peligrosas de Bello. Se dedica al sicariato, narcotráfico, desplazamiento forzado, extorsiones, amenazas, usurpación de lotes y corrupción de funcionarios públicos.

Entre 2014 y 2015, el regreso a la calle de “Sólido” generó varios asesinatos y enfrentamientos de combos en el norte del Valle de Aburrá, pues el cabecilla intentaba recuperar negocios y territorios perdidos en años recientes por su organización. Por eso su recaptura genera alivio en la población, que espera que esta vez sí pase en prisión el tiempo completo de la pena.

NOTA RELACIONADA: Banda de “Pachelly” dispara homicidios para retomar su antiguo poder.

El Inspector.

Esta crónica, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, demuestra que no siempre las bandas de Medellín trabajan para narcotraficantes. También aceptan contratos de grupos insurgentes.

Así presentaron las autoridades a los 12 detenidos en la operación. Los combos de “Carpinelo” y “Carambolas” se dedican al tráfico de drogas, sicariato, extorsiones, amenazas, control social y desplazamientos en las comunas 1 y 3. Foto cortesía de la Policía Metropolitana. 

En el reversadero del barrio Carpinelo, en el extremo nororiental de Medellín, el conductor Humberto* subió a la buseta de Coopetransa, dispuesto a iniciar el recorrido hacia el centro de la ciudad.

El reloj marcaba las 2:50 de la madrugada del 22 de septiembre de 2012, cuando de la oscuridad emergió una jauría de jóvenes, destilando furia por los poros. “¡Abra la puerta de atrás y no mire!”, le ordenaron.

Unos 10 hombres abordaron el vehículo, mientras Humberto temblaba en la cabina. “Apague la luz y arranque”, profirieron. El conductor inició un lento descenso por las empinadas calles del barrio, espantado porque a sus oídos llegaba el eco ahogado de una tortura a medio metro de distancia.

Todos los agresores proferían insultos al mismo tiempo, y entre los aullidos de esos lobos le pareció distinguir las súplicas de su presa, pero no se atrevió a mirar.

Tras pocas cuadras de recorrido, lo obligaron a detenerse y no levantar la vista. Humberto clavó la frente en el volante y creyó que lo iban a matar, para no dejar testigos, pero uno a uno se fueron bajando los salvajes. El último le advirtió, antes de desaparecer, “bote el muerto en Santo Domingo”.

El busero giró lentamente la cabeza y lo vio tendido en el pasillo, boca arriba, con el rostro hinchado por la golpiza y la garganta abierta de un tajo.

Tragó saliva y continuó la marcha, hasta encontrarse en la estación del Metrocable con una patrulla de Policía. Frenó en seco y les mostró a los uniformados que la violencia le había dejado un pasajero.

Lo que en un principio parecía un asesinato individual, terminó siendo una masacre, pues a medida que el Sol iluminaba las barriadas de invasión en los extramuros de Medellín, gritos de dolor despertaban a los vecinos. Tres cadáveres más aparecieron en el sector, con las mismas marcas de sevicia en la piel.

Los cuatro tenían algo en común: eran desertores de las Farc, que habían abandonado las filas de ese grupo guerrillero en el Suroeste antioqueño, para buscar un mejor futuro en la metrópoli.

El crimen estuvo impune por cuatro años y ocho meses, hasta que el pasado martes 30 de mayo la Fiscalía en coordinación con la Policía Metropolitana capturó a 12 personas presuntamente implicadas. Pertenecen a los combos de “Carpinelo” y “Carambolas”, y habrían perpetrado la matanza subcontratados por las Farc.

LA HUIDA DEL MONTE

El frente 34 de las Farc delinquía en los municipios antioqueños de Frontino, Urrao, Vigía del Fuerte y Murindó, así como en Quibdó, Chocó.

Decenas de personas nacidas en esas tierras fueron reclutadas desde los años 90, incluyendo a las cuatro víctimas de esta historia: Asadán Guzmán Santos, de 18 años; Elibar Quejada, de 28; y los hermanos Yesid y Alexis Romero Córdoba, de 29 y 31, respectivamente. Todos crecieron en Urrao y apenas estudiaron un par de años de Primaria, antes de ingresar a la insurgencia.

Testimonios de sus allegados, contenidos en el expediente del caso, detallan que el primero en desertar fue el grupo familiar de los Romero Córdoba, incluyendo a cuatro hermanos y al patriarca Óscar Darío Romero, en 2007.

Unos se quedaron en el pueblo y otros emigraron a Medellín, instalándose en un lote de invasión llamado Brisas del Edén, en la frontera de los barrios Carambolas y Carpinelo, de estrato uno. Fueron acogidos en ese entonces por la Agencia Colombiana para la Reintegración.

La guerrilla les cobró la traición en 2008, acribillando al papá Óscar Darío en el casco urbano de Urrao, y prometiendo no descansar hasta exterminar a sus vástagos.

Elibar Quejada estuvo dos años en las filas, en las que era apodado “Nelo”. Patrullaba las selvas del corregimiento Mandé, en Urrao, y de Arquía, en Vigía del Fuerte. Huyó del frente en 2010, porque le llegó el rumor de que sus mismos compañeros lo iban a matar; se entregó al Ejército e inició el proceso de desmovilización.

El de menos edad, Asadán Guzmán, tenía 17 años cuando las Fuerzas Militares lo detuvieron y entregaron al Bienestar Familiar en 2010; al año siguiente se desmovilizó.

El cuarteto residía con bajo perfil en la misma zona de ranchos de tabla con sus familias, sobreviviendo del subsidio gubernamental para reinsertados y trabajos ocasionales de albañilería, hasta que los espías enviados por sus antiguos jefes los localizaron.

SUBCONTRATO CRIMINAL

“Hubo una reunión entre los altos mandos del frente 34, ‘Pedro Baracutado’, ‘Melkin’ y ‘el Iguano’. Comentaron que necesitaban reunir plata para contratar a un combo de Medellín y que estos ejecutaran a los desertores”, relató a la Fiscalía Octavio*, un desmovilizado de la subversión.

Entre 2010 y 2012, la facción contaba con una célula de milicianos infiltrada en el Programa de Reinserción del Gobierno. “Esta gente disimulaba que se había desmovilizado, pero seguían trabajando para las Farc. Su tarea era identificar a otros reinsertados y excamaradas que colaboraban con el Ejército, para mandarlos a matar. Sus jefes eran ‘Fredy’ y ‘Tomás’”, prosiguió el testigo.

Una de sus primeras víctimas fue el desmovilizado Elievar Quejada (familiar de Elibar), asesinado a tiros en el Centro en agosto de 2012. Quince días después, la célula ubicó a los demás exguerrilleros en Brisas del Edén y contactó a los delincuentes de la zona.

Los investigadores aún no han determinado cuánto dinero pagaron las Farc por los homicidios, lo cierto es que el contrato fue ejecutado por los combos de “Carpinelo” y “Carambolas”, tras una reunión con integrantes de la célula en el barrio Bello Oriente, el 17 de septiembre de 2012. Según la Policía, ambos pertenecen a la “Odín San Pablo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación que agrupa a bandas de las comunas 1 y 3.

MADRUGADA DE HORROR

Un día antes de la masacre, Yesid Romero Córdoba recibió dos llamadas al celular. En la primera, una voz anónima le dijo “que ya sabían dónde vivía y que iban por él”; en la segunda, una familiar le contó que a su hermano medio Gilmar Romero Mosquera, que todavía seguía en la guerrilla, le habían propinado cuatro disparos en una vereda de Frontino, y que no sabían nada más de él.

Las dos cosas le pusieron los nervios de punta y comenzó a beber licor desde las 3:00 p.m., en su casa de Brisas del Edén. Más tarde se le unieron Alexis, Elibar y Asadán.

A las 11:00 p.m. los presagios empezaron a volverse realidad. Según los vecinos, una horda de integrantes de “Carpinelo” y “Carambolas”, armados con revólveres y changones, pasó registrando rancho por rancho, constatando quiénes estaban adentro. Rodearon la montaña, murmurando sobre posibles rutas de entrada y salida, y a los curiosos les decían que estaban vigilando porque les avisaron que había “personal sospechoso en la zona”.

A las 2:00 de la madrugada, Elibar y Asadán salieron a comprar más licor, pero tardaron en regresar, por lo que los hermanos Romero apagaron la luz y se acostaron. Su sueño fue interrumpido una hora más tarde por los alaridos de Elibar que, desde afuera, llamaba a Yesid.

No tuvieron tiempo de levantarse, porque los intrusos derribaron la puerta, penetraron los cuartos y les clavaron las primeras puñaladas. Los arrastraron a la calle, donde vieron a Elibar bañado en sangre y sometido por los captores. Al muchacho Asadán ya se lo habían llevado para el reversadero de Carpinelo, donde a bordo de un bus le robaron el alma con 22 cuchilladas, de acuerdo con la necropsia.

Los Romero fueron conducidos a un cafetal. A pesar de la gritería, ningún vecino se asomó, pues en algunos barrios de la ciudad enterarse de un crimen se paga con la vida.

Cuando se apagaron los quejidos, amigos y familiares salieron a buscarlos. Primero vieron la camisa amarilla de Yesid, cubierta de lodo y carmín, marcas de arrastre en el pantanero y, junto a un tiradero de basura, los cuerpos torturados y apuñalados de Alexis y Elibar.

El cadáver de Yesid apareció más abajo, en una calle del barrio San José La Cima N°1, desnudo y con 53 heridas de arma blanca.

ESPERANDO A LA JUSTICIA

Tres familias salieron desplazadas del sector y están en el Programa de Protección de Testigos. Luego de una investigación liderada por la Unidad Seccional de Vida de la Fiscalía, la Policía capturó el pasado 30 de mayo a 12 supuestos miembros de “Carambolas” y “Carpinelo”.

Se trata de los coordinadores de zona Yeiner Orrego Luna (“Tuto”), Elkin Gómez Ospina (“Chumilo”), Maicon Londoño Londoño (“Chinga”), Argenedis Úsuga Úsuga (“Cachetes”), William Vera Zapata (“Cegatón”) y Carlos Ortega Betancur (“Macuin”).

También cayeron Niber Mazo Duarte, Carlos Pérez Higuita (“Mauro”), Cristian Muñoz Sarrazola (“Petete”), Emilsen Muñoz Sepúlveda, Carlos Ossa Cano e Iván Darío Guzmán Gutiérrez.

En la audiencia de control de garantías les imputaron cargos por homicidio, tortura, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, los cuales rechazaron en el estrado. Durante la diligencia, el ente acusador reveló los pormenores de esta tragedia anunciada.

“Este resultado es muy importante, las personas de esta organización asesinan a unos reinsertados que hacían presencia aquí. Resalto el trabajo articulado de la Policía y la Fiscalía”, celebró el alcalde Federico Gutiérrez en rueda de prensa.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, comentó que lo importante fue haber esclarecido estos hechos, “porque las víctimas fueron sometidas a un trato cruel y torturas”.

A los procesados, el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Los presuntos autores intelectuales, “Pedro Baracutado”, “Melkin” y “el Iguano”, están concentrados con sus combatientes en la zona veredal transitoria de Vigía del Fuerte y hacen parte del proceso de desarme de la guerrilla. En el caso de que sean juzgados por esta matanza, será en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz.

La masacre de Brisas del Edén sucedió un mes antes de que las Farc y el Gobierno anunciaran en Noruega que ya habían diseñado la agenda para abordar el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Estos muertos fueron de los últimos que dejó esa guerra.
*Las identidades de testigos se reservan por seguridad.

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ANEXO: LOS JUZGARÁ LA JUSTICIA ORDINARIA
En este caso, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las bandas de “Carpinelo”y “Carambolas”habrían cometido el crimen por un contrato ilegal con las Farc. Teniendo en cuenta que la guerrilla ahora será juzgada por una Jurisdicción Especial de Paz, ¿habrá posibilidad de que los miembros de esos combos también accedan a ese sistema penal, incluyendo los beneficios que trae? Claudia Carrasquilla responde: “¡Ni de riesgos! Esos delincuentes solo pueden ser juzgados por la justicia ordinaria. La Jurisdicción de Paz se aplica solo a personas que participaron en el conflicto armado interno, y eso no incluye los casos de ‘outsourcing’ (subcontratación) criminal”.

El Inspector.

Teniendo en cuenta el perfil de algunos de los detenidos, como “Soto”, “Reblujo” y Julio Perdomo, lo común sería que se desataran violentos reacomodos en la zona. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: marzo fue el mes menos violento de las últimas cuatro décadas. ¿Qué está pasando en el bajo mundo, para que esto suceda?

Tras su captura, Carlos Soto Isaza, alias “Soto”, fue transportado en tanqueta por la Policía. Foto cortesía Policía.

Comencemos con el recuento de los hechos más relevantes en materia de operativos contra el crimen organizado.

Marzo 31: cayó “Alejo Cachama” con dos policías
Alejandro Álvarez Arroyave, alias “Alejo Cachama”, fue capturado en un apartamento de Bello, señalado de ser el presunto líder del combo de “Córdoba”, que delinque en el noroccidente de Medellín. Procesado por cargos de concierto para delinquir, cohecho y homicidio, los cuales reconoció en el estrado. Será llevado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

En el mismo caso resultaron implicados dos patrulleros de la Policía, David Hernández Erazo y Jesús Arnulfo Charry, quienes no aceptaron los cargos por cohecho (por recibir presuntamente $5 millones para dejar libre a un delincuente que capturaron armado) y falsedad ideológica en documento público. También fue arrestado el taxista Edwin Alzate Marín (“Amarelo”), miembro de la banda, quien aceptó la culpa por el asesinato de Fernando Gallón.

NOTA RELACIONADA: Capturan a “Alejo Cachama”, líder del combo de Córdoba.

Marzo 30: contra los de “Cotranal”
Mediante 15 allanamientos en Medellín y Bello, las autoridades detuvieron a cinco presuntos miembros del combo “Cotranal”, que opera en Castilla, Doce de Octubre y el barrio Las Cabañitas, de Bello. Se trata de alias “Peo”, “Lauris”, “Chanclas”, “Chamorro” y un adolescente de 16 años. Según la Policía, este grupo venía perjudicando a los estudiantes de cinco colegios, por medio de la venta de drogas, y le rendía cuentas a la “Odín Picacho”.

Marzo 24 al 27: bofetada a la banda de “Pachelly”
En un operativo coordinado por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado fueron capturados Carlos Andrés Chaverra Castaño (“Pomponio”) y Gabriel Jaime Rengifo Estrada (“Chiney”), presuntos coordinadores de zona de la banda “Pachelly” de Bello, para la vereda Tierradentro y el barrio Goretti, respectivamente.

Tras este resultado, horas después se entregaron voluntariamente Abel Antonio y Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Abelito” y “Nelson”), supuestos coordinadores del barrio Villa Linda y hermanos de alias “Alber”, uno de los máximos líderes de la organización.

Y en otra acción judicial, fue allanado un inmueble en el barrio Pachelly, donde se incautó el siguiente arsenal: un fusil AK47 con dos cargadores, tres revólveres calibre 38, una pistola con proveedor, una subametralladora Mini Ingran 9 m.m. con proveedor, dos granadas IM 26, dos granadas de gas lacrimógeno, más de 150 cartuchos de diferente calibre y 20 kilos de marihuana.

Los cuatro coordinadores reseñados habían escapado de una operación efectuada el pasado 15 de diciembre, en la cual cayeron 20 militantes de “Pachelly” (ver la NOTA RELACIONADA: Las bandas de Bello habrían arreglado sus diferencias.

Marzo 23: freno a banda de La Estrella
Siete supuestos integrantes del combo “los Margaritos o “La Inmaculada 1”, que delinquen en el municipio de La Estrella, fueron detenidos por la Fiscalía y la Policía. De acuerdo con la investigación, estaban extorsionando a los finqueros de la vereda La Tablaza, en la vecina localidad de Caldas, por una cifra superior a los $80 millones, a cambio de una ficticia vigilancia de los predios.

Con cargos de concierto para delinquir y extorsión fueron procesados: el presunto cabecilla Wilson Arley Franco Álvarez (“Huele”), Cristian Gallego Blandón (“Migra”), Royer Stiven Maldonado Ferraro (“Royer”), Andrés Felipe Ramírez Cano (“Jamoneta”), Járrison de Jesús Ríos Moncada (“Jarry”), Francisco Javier Ramírez Ramírez (“Pacho”) y Jhon Jarlinton Moná Torres (“Jarlinton”). A los primeros seis les dictaron medida de aseguramiento en prisión, a este último se le concedió la detención domiciliaria por problemas de movilidad, informó la Fiscalía.

Marzo 22: golpe a “la Oficina”
La Dijín arrestó en el barrio La Colina, de Medellín, a Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”, presunto líder de la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) y uno de los supuestos integrantes de la cúpula de la quinta generación de “la Oficina”. Procesado por concierto para delinquir, desplazamiento forzado (de una familia en 2012) y uso de documento falso, cargos que rechazó en el estrado, pero un juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel (ver la NOTA RELACIONADA: Terminó la persecución de “Soto”, uno de los jefes de “la Oficina”.

Marzo 15: apresaron a “la Pola”

Cuando conducía una camioneta de alta gama en el barrio Aures, la Sijín capturó a Miguel Erney Piedrahíta Piedrahíta, alias “la Pola”, supuesto cabecilla del combo “el Acopio”, que delinque en la comuna 7 de Medellín. El reporte oficial señala que “es el presunto responsable del desplazamiento de una familia del barrio Aures, ocurrido el 22 de marzo de 2016. Entre los integrantes del núcleo familiar estaba un adulto mayor y un menor de edad”. Por estos mismos hechos ya hay dos personas condenadas y 5 más aseguradas.

“La Pola” no aceptó los cargos por concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado agravado. El Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín le impuso medida de aseguramiento en prisión.

Marzo 15: sorprendieron a Julio Perdomo
Las autoridades capturaron en el barrio La Palma, de Medellín, al desmovilizado de las autodefensas Julio César Perdomo González, alias “el Viejo”. Le imputaron concierto para delinquir y desplazamiento forzado, señalándolo de ser un presunto cabecilla de la “Odín Caicedo”. Perdomo fungía como delegado de “la Oficina” para adelantar las gestiones tendientes a negociar un acuerdo de sometimiento de sus miembros con el Gobierno (ver la NOTA RELACIONADA: Julio Perdomo será recluido en la cárcel de Cómbita).

Marzo 8: cayó el secretario de alias “Tom”

En una operación de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado y la Policía, fue capturado en la frontera de los barrios Aliadas y la Loma de los Bernal, en Medellín, Braimer Darío Muñoz Rivera, alias “Reblujo”. Las autoridades lo señalan de ser el secretario personal de Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el máximo jefe de la banda “los Chatas”, que delinque en el norte del Valle de Aburrá.

Alias “Reblujo”, presunto cabecilla de la banda “los Chatas”. Foto cortesía de la Policía.

Según el informe oficial, estaba encargado de la logística personal de “Tom” y sus familiares, lo representaba en reuniones mafiosas y “además estaría a cargo de extorsiones y desplazamientos forzados, apropiándose de inmuebles con documentos falsos en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, donde mantendría pequeños laboratorios de cocaína. Actualmente estaría extendiendo su accionar delincuencial, específicamente el microtráfico, en los barrios Trinidad, Belén Aguas Frías y el corregimiento Altavista de Medellín”.

Las autoridades también explicaron que en su carrera delincuencial pasó por el combo “los Paracos de la Meseta”, en Bello (2000-2001), y realizó algunos trabajos para el narcotraficante Bayron Alfredo Jiménez Castañeda (“Gordo Pepe”), desmovilizado de las Auc. También hizo parte de la corporación Amigos de mi Barrio, “para tratar de encubrir las extorsiones a la comunidad mediante cobros por una vigilancia informal en los barrios”, indicó la Policía.

“Reblujo”, de 30 años, tenía orden de captura por concierto para delinquir y tres desplazamientos forzados. Y se investiga su presunta participación en la coordinación de los atentados contra Jairo Andrés Ardila Murillo, alias “Guayabo”, uno de los cabecillas de la banda “Pachelly”, al igual que en el asesinato de Wilmar Oswaldo Muñoz Álvarez, profesor del Inder en Bello, ocurrido el 11 de agosto de 2016 en el barrio Los Búcaros (ver la NOTA RELACIONADA: Jefe de banda “Pachelly” sobrevivió a ataque en un bus).

Marzo 7: se pasaron de la “raya”

Once presuntos integrantes de la banda “la Raya”, en especial de sus redes de microtráfico, fueron arrestados por la Sijín y el CTI. Los 10 hombres y una mujer, según la investigación, participaban en la distribución de drogas en el barrio Cristo Rey, los bajos del Puente de la 4Sur y colegios de Guayabal e Itagüí. Entre los detenidos está el presunto coordinador del grupo, apodado “Nano”, al igual que sus compinches “Yiyi”, “Pacho Bonito”, “Mario Tortuga”, “Pacho Bobo”, “Andrea”, “Robin”, “Jorge”, “Pascual”, “Chapo” y “No”.

Marzo 6: un “canario” tras las rejas

Henry Joany Cifuentes Ortiz, alias “Canario”, fue capturado en Medellín cuando le cobraba una extorsión de 100.000 pesos a un comerciante. El presunto integrante de la banda “los Chatas” cayó sorprendido por el Gaula Militar Antioquia, cuando acudió a la cita a recibir la suma en el Centro. Aunque no aceptó el cargo de extorsión agravada, “Canario” fue enviado a la cárcel por el Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín.

Marzo 2: por una muerte brutal

Agentes del CTI y soldados de la Cuarta Brigada adscritos al Gaula Militar Antioquia, arrestaron a Daniel Stiven García Tobón, de 19 años y apodado “Churro”, presunto miembro del combo de “Curazao”, que delinque en la comuna 7 de Medellín. Según la investigación, participó en el asesinato de Jhoan Sebastián Álvarez Caicedo (“Chocha”), de 20 años, cometido el 24 de enero de 2016.

Alias “Churro”, presunto miembro del combo “Curazao”. Cortesía del Gaula.

La banda le quitó la vida en medio de una tortura con cuchillos, piedras y un garrote con clavos, en Robledo. El motivo: 20 días atrás, “Chocha” ingresó a una piscina pública sin pagar y bajo amenazas obligó a las mujeres a desnudarse. Aunque “Churro” no aceptó el cargo por homicidio agravado, el Juzgado 13 Penal Municipal le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Marzo 2: homicidios no quedaron impunes

La Policía Metropolitana capturó a alias “Cuero”, de 44 años y cabecilla del combo “Betania”, que delinque en el barrio del mismo nombre, en la comuna 13 de Medellín. En su contra había orden de captura por su participación en los asesinatos de Juan Camilo Álvarez Valencia y Johny Alexánder Cano Foronda, perpetrados por sicarios en el barrio Belencito en 2009 y 2011, respectivamente.

Marzo 1: perdió “la Capilla”
El Gaula Metropolitano anunció los resultados de la Operación Alesia, en la golpearon con 16 capturas a la banda “la Capilla”, que delinque en la comuna 16 (Belén) de Medellín, bajo las órdenes de la “Odín la Unión”. El grupo es señalado de extorsionar a 60 establecimientos comerciales con vacunas mensuales de $100.000 a $600.000; y a 1.200 familias, con cobros de $5.000 a $20.000, ubicadas en los barrios Belén Rincón y los sectores El Ñeque, La Sintética, La Capilla, El Cuadradero, La Virginia y El Manzanillo.

El capturado de más alto perfil en esta acción policial fue Gustavo Joany Zuluaga Zuluaga, alias “Joa”, el principal delegado de “la Unión” para coordinar sus intereses en Belén. Estaba en el afiche de los más buscados por la Policía Metropolitana desde 2015.

UNA TENDENCIA PARA ANALIZAR

En años pasados, cuando se producía este alto número de capturas de cabecillas y coordinadores en un lapso tan breve de tiempo, en el bajo mundo se generaban violentos reacomodos en las estructuras delincuenciales. Ataques armados, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos solían ser el pan de cada día, mientras los nuevos cabecillas ascendían y se fraguaban divisiones o alianzas en los combos.

Este marzo, sin embargo, sucedió un fenómeno opuesto. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, fue el mes menos violento de los últimos 38 años, al registrar apenas 23 homicidios (cifra que no se veía desde 1979). Según el alcalde Federico Gutiérrez, el resultado se debe a los esfuerzos conjuntos de las autoridades por reducir la criminalidad.

Aunque como ciudadanos debemos valorar el trabajo de la Fuerza Pública, esta no es la única explicación al fenómeno. Tal cual lo han venido informando Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano, las bandas “la Oficina”, “los Urabeños” y los combos alineados con ellos están fraguando la negociación de un acuerdo de sometimiento a la justicia con el Gobierno Nacional.

Eje fundamental de dicho acuerdo será un proyecto de ley que el Congreso deberá aprobar el primer semestre del año, que reglamentará el procedimiento y los beneficios para los miembros de estructuras de crimen organizado que se acojan a la justicia, como lo ordena el Acuerdo de Paz de La Habana con las Farc. El plazo para tramitar y aprobar esa ley vence en junio, cuando expiran las facultades especiales concedidas al presidente Juan Manuel Santos para impulsar las leyes que permitan aplicar lo pactado con la guerrilla en Cuba.

Mientras este proyecto esté en camino, lo más seguro es que las bandas ilegales mantengan una postura relativamente pacífica, al menos este primer semestre, y no solo en el Valle de Aburrá. La misma reducción de muertes se observa en Cali, Buenaventura, Tumaco, el Eje Cafetero y Urabá, donde también actúan estos grupos, ya que incrementar los índices de homicidios sería políticamente incorrecto.

Otra cosa son las extorsiones y el tráfico de drogas, eso sí va a continuar, a pesar de todo.

El Inspector.

Jairo César Ramírez Vera, alias “Comando”, “Julián” o “Aquiles”, es acusado de coordinar a los contactos del Ejército, la Policía y la Fiscalía que durante al menos cuatro años se habrían prestado para las tareas clandestinas, a cambio de sobornos.

Jairo César Ramírez Vera, alias “Comando” o “Julián”, en el momento de su captura. FOTO: cortesía de la Fiscalía.

La información se ha venido destapando de forma paulatina en las audiencias de control de garantías, que comenzaron este fin de semana y todavía continúan en el Palacio de Justicia de Medellín.

Ramírez Vera tiene 38 años. Es oriundo de Pamplona, Norte de Santander, e hizo el curso de detective en el año 2000, incorporándose al DAS en Antioquia. De acuerdo con fuentes judiciales, se destacó como investigador del Gaula Militar, en el que formó equipo con unidades de su institución y del Ejército, hasta su desvinculación en 2007.

Según la Fiscalía, en aquella época habría entablado relaciones con Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, uno de los líderes de “la Oficina” y coordinador de esa facción en el occidente del Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”).

Este cabecilla se beneficiaba de su cercanía con oficiales de la Policía y el Ejército, lo cual le permitía actuar con relativa impunidad y hasta celebrar reuniones en un apartamento vecino a la sede de la Cuarta Brigada, en Medellín. En dichos contactos, presuntamente, uno de los enlaces sería “Comando”.

Sin embargo, el vínculo entre este último y “Carlos Pesebre” se rompió en 2013, cuando el cabecilla fue capturado en una finca de Urrao, Antioquia. Las autoridades tratan de confirmar si es cierta una versión, según la cual hubo un atentado contra “Comando” de parte de la misma organización, que terminó por distanciarlos.

A pesar del incidente, la red de corrupción siguió activa y al servicio de “la Oficina”, solo que ahora este grupo le rendía cuentas a otros líderes de la estructura: Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom” o “Carlos Chata”) y Félix Isaza Sánchez (“Beto”).

Por intermedio de “Tom”, la red comenzó a prestarle servicios a la banda aliada “los Urabeños”, también llamada “Clan del Golfo” (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona Norte).

LOS SERVICIOS ILEGALES
Según el informe de la Fiscalía, entre el portafolio de servicios que ofrecía la red liderada por “Comando” estaba el cobro de deudas de la mafia, extorsiones, sicariato, tráfico de armas y droga, al igual que la venta de información clasificada.

“Esta es una organización encargada principalmente del transporte de cocaína dentro y fuera del país, con el apoyo de funcionarios infiltrados dentro de las instituciones gubernamentales como el Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación”, señaló el ente acusador en su reporte del caso.

La investigación preliminar arroja que el grupo actuó, por lo menos, entre 2012 y 2016. Para el transporte de armas y drogas de las citadas bandas, facilitaba el paso de la mercancía por las vías Medellín-Bogotá y Medellín-Costa Atlántica, en particular en el tramo Yarumal-Puerto Valdivia (norte de Antioquia).

Por pagos de hasta un millón de pesos, los miembros de la red escoltaban los cargamentos de cocaína. Sobre esto, la Fiscalía documentó siete casos en los últimos cuatro años, que suman siete toneladas incautadas del alcaloide.

En cuanto al transporte de arsenal, uno de los hechos que les atribuyen es el movimiento de 52 granadas de fragmentación por la autopista Medellín-Bogotá. Soldados de la Cuarta Brigada interceptaron un automóvil Renault Symbol el pasado 4 de abril, a la altura del sector Potrerillos, en el municipio de El Santuario, Antioquia.

El carro, conducido por alias “Yeison”, de 33 años, tenía un compartimento secreto en los bafles traseros, donde además de los artefactos explosivos, había un uniforme camuflado de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En esa ocasión, el Ejército informó que los elementos decomisados iban dirigidos a “los Urabeños”.

Los integrantes de la red clandestina también estarían involucrados en el cobro de microextorsiones en el municipio de La Estrella y el sector El Hueco, del centro de Medellín.

PRESUNTOS MIEMBROS DE LA RED
La investigación lleva varios años, liderada por la Dirección de Fiscalías Antinarcóticos, el Gaula Militar Antioquia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la DEA.

Los uniformados propinaron el golpe entre el 22 y el 23 de noviembre pasados, logrando 14 capturas en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cartagena y Cali.

Entre los detenidos están “Comando” y su mano derecha Hernán David Mejía Franco, apodado “KB”. A juicio de Luis Miguel Martínez, director Nacional de Articulación de Policías Judiciales Especializadas, alias “KB” era el delegado para buscar y reclutar a los servidores públicos.

En la lista también están José Gregorio Vergara López y Carlos Andrés Rueda Hoyos, integrantes del CTI Seccional Medellín, al parecer implicados en un plan para asesinar a un testigo protegido de la Fiscalía, por orden de “la Oficina”. Según Álvaro Osorio, director Nacional de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, estos agentes iban a suministrar a la banda la ubicación reservada del testigo.

Los demás capturados son: Daniel de Jesús Agudelo, sargento activo del Ejército Nacional y quien fue jefe de armamento de una guarnición militar, de la cual al parecer sacaban armas para venderlas al crimen organizado; Leonardo González Soto, sargento (r) del Ejército; el soldado John Alexánder Montoya Cano; soldado (r) Iván Armando Ceballos González; Rubén Darío Cossio Rodríguez, subintendente activo de la Policía Nacional en Palmira, Valle, y quien supuestamente traficaba información reservada; y los civiles Juan Eliécer Ceballos González, Carlos Enrique Areiza Monsalve, Juan Carlos Osorio Obando, Fernando Mendoza Ortiz y Gustavo Rodríguez Arias.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado; a los dos investigadores del CTI, les añadió las conductas de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y cohecho propio.

El juzgado ya legalizó las 14 detenciones, mientras avanzan las diligencias para establecer las medidas de aseguramiento.

Osorio declaró que “lo más preocupante para la Fiscalía es que haya un compromiso de personas vinculadas con las instituciones del Estados. Vamos a reaccionar muy fuertemente en contra de esta infiltración. ¡Cero tolerancia con la corrupción”.

NOTA RELACIONADA: Agente de Interpol filtraba información a “los Urabeños”.

El Inspector.

El primero de ellos, conocido como “el Diablo”, permanece tras las rejas; y el segundo, apodado “Gordo Arepas”, fue hallado sin vida a la vera de un camino.

William Alberto Duque Ciro, alias “el Diablo”. Cortesía de Policía Metropolitana.

El deceso de Jonathan Stuart Buriticá Gil, alias “Gordo Arepas”, fue confirmado por forenses de Medicina Legal al mediodía de este miércoles 21 de septiembre. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue encontrado a las 11:00 p.m. del martes 20 de septiembre, abandonado en un paraje de la vereda San José de La Montaña, en el corregimiento San Cristóbal de Medellín.

Vestía un bluyín y estaba sin camisa, con una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza y un orificio de bala en la frente, según el informe oficial del caso.

Estos son los volantes que distribuyó la Policía, ofreciendo la recompensa contra “el Diablo” y “Gordo Arepas”. Cortesía.

La Policía señalaba a “Gordo Arepas” de liderar una rebelión interna en la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), por la cual una facción del combo de “Córdoba” se separó de su cabecilla William Alberto Duque Ciro, alias “el Diablo”.

La división provocó disputas entre las huestes de “el Diablo” y las de “Gordo Arepas”, que dispararon el índice de homicidios en barrios como El Hueco de La Candelaria, Córdoba, Caribe, El Volador, Ciudad Central, Altamira y El Progreso, entre otros lugares vecinos (ver la NOTA RELACIONADA: Cuatro conflictos afectan la vida en Medellín).

La Alcaldía ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por las capturas de estos hombres. En el paquete también incluyó a Milton Fernando López Marín, alias “el Pecoso”, cabecilla de la banda “la 40″ que delinque en Castilla, quien venía sosteniendo otra pugna con “los Mondongueros”, cuestión que también había provocado varios asesinatos selectivos.

La recompensa dio resultado el pasado 4 de septiembre, cuando un ciudadano reveló la ubicación de “el Diablo” y la Policía lo capturó en una vivienda del barrio El Pesebre, en poder de dos pistolas y un revólver. A este hombre de 31 años, la Fiscalía lo investiga por su presunta participación en 14 hechos delictivos, entre desplazamientos forzados, utilización de menores para cometer delitos y tráfico de armas y drogas, perpetrados desde el año 2011.

Entre los homicidios que se le imputan, según el reporte del ente acusador, están:

– Luis Fernando Molina Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Córdoba.

– Carlos Mario Guerra Castaño, conductor de taxi.

– Rubén Darío Parra Agudelo, integrante de un grupo de mariachis (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinan a mariachi que había denunciado extorsiones).

– José Rolando Taborda, subintendente de la Policía Antioquia (ver la NOTA RELACIONADA: Mataron a otro policía cuando estaba desarmado).

– Rubén Darío Soto Giraldo, miembro de la Sipol (ver la NOTA RELACIONADA: Cárcel para el supuesto asesino de agente de Inteligencia).

– Doble homicidio de mujeres menores de edad cuyos cuerpos apuñalados fueron hallados en un taxi (ver la NOTA RELACIONADA: Presunto heredero criminal de Robledo cae a prisión).

Aunque “el Diablo” no aceptó ninguno de los cargos imputados en su audiencia de control de garantías, el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

El siguiente 9 de septiembre, la Policía capturó a “el Pecoso” en una casa del barrio Robledo Villa Flora; la justicia también lo envió a prisión.

Milton López Marín, alias “el Pecoso”. Cortesía.

El único que quedaba libre de los tres más buscados por la Alcaldía y la Fuerza Pública, era “Gordo Arepas”. El general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, dice que la principal hipótesis es que lo mataron sus propios compañeros, pues el delincuente “había optado por entregarse y dar información“.

Ahora que no están estos cabecillas al frente de la guerra de combos en la frontera de Castilla y Robledo, es necesario que las autoridades aprovechen el momento y recuperen la zona, antes de que las mafias nombren a los sucesores.

Por lo pronto, la ayuda social que prometió la Alcaldía no ha llegado, según residentes de los vecindarios afectados. Y ya se dice en el bajo mundo que alias “Alejo Cachama” y “Camilo el Grande” continuarán el pleito en el sector.

NOTA RELACIONADA: “El Diablo” y “Gordo Arepas” son los objetivos de la Policía.

El Inspector.

Este martes (octubre 21) inició el despliegue de uniformados, liderados por la Fiscalía 27 de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado y la Sijín, con 42 allanamientos en los barrios La Unión, El Rosario, Olivares, La Cruz, Santamaría, Artex y Playa Rica de Itagüí; así como en el barrio Aranjuez de Medellín, Envigado y Sabaneta. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alcalde Carlos Trujillo. Al lado, el bastón-revólver incautado en el operativo. Cortesía.

El resultado es de 21 presuntos integrantes capturados, entre ellos Humberto Bedoya Robledo, en cuya casa encontraron una pistola y un artefacto que llamó la atención de los agentes: un bastón, con una adaptación para disparar una bala de calibre 38.

De acuerdo con la Fiscalía, esta arma fue fabricada con un objetivo: asesinar al Alcalde. El atentado, explicaron fuentes judiciales, pensaban ejecutarlo en un acto público en favor de la tercera edad, de los que normalmente organiza la Primera Dama del municipio, para lo cual ya tenían estudiado al anciano que usarían como asesino con bastón.

Otro de los objetivos de esta operación fue Leidy Marcela Moreno Viana, apodada “la Cucha”, detenida en un inmueble de Aranjuez.
Según la Fiscalía, es compañera sentimental de Wálter Román Jiménez, alias “el Tigre” o “Ramón Chaqueta”, uno de los máximos líderes de “la Unión”. Este hombre se encuentra en la cárcel desde el año pasado, por concierto para delinquir (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades enjaularon a “El Tigre” de Itagüí).

Leidy Moreno Viana, alias “la Cucha”. Cortesía.

El Director Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado, Álvaro Sarmiento, declaró que “el Tigre” continuaba dirigiendo la organización desde la cárcel El Pedregal de Medellín.

El balance de la acción judicial contempla la incautación de $86 millones, 4 kilos de marihuana, una libra de cocaína, dos pistolas, munición para pistola y fusil, equipos de cómputo, listados con la contabilidad y los miembros de la banda, y 6 vehículos que figuraban a nombre de testaferros.

En las próximas horas se realizarán las audiencias de control de garantías, en las que la Fiscalía estudia la imputación de conductas como concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, extorsión y lavado de activos.

Uno de los logros de Trujillo en seguridad fue conseguir que el Gaula Antioquia montara su sede en Itagüí. A cambio de un edificio dotado y recursos para operar, este grupo especializado contra el secuestro y la extorsión ha atacado a varias organizaciones criminales de la localidad, como “la María”, “el Ajizal”, “Calatrava”, “la Raya” y “la Unión”.

Otros golpes contundentes han sido propinados por la Dirección Antinarcóticos (Dirán) y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), que en los últimos dos años capturaron a los máximos jefes de “la Unión”: Carlos Correa (“don Pepe”), Didier Ríos (“Tuto”) y “el Tigre”.

En la mañana de hoy (22 de octubre), el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, sorprendió a la opinión pública diciendo que no era cierto que se hubiese detectado un atentado contra el Alcalde. Horas antes, el fiscal Sarmiento había dicho que sí, gracias a informaciones de fuente humana e interceptaciones telefónicas. Mientras la Policía y la Fiscalía debaten la situación, Trujillo guarda silencio.

El Inspector.

Los grupos especiales de la Institución ejecutaron la Operación Objetivo 7 contra el combo de “Curazao”, el cual estaba siendo patrocinado por “los Triana” para extender su influencia en la zona.

El Comando de Operaciones Especiales (Copes) fue la punta de lanza en la Operación Objetivo 7. Cortesía Policía Metropolitana.

El resultado de la acción policial, que inició en la madrugada del pasado 25 de abril, es de 13 adultos y dos menores de 17 años de edad aprehendidos, a quienes les imputaron cargos por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, tráfico de armas y de estupefacientes.

Entre los arrestados están: alias “Mofle”, “Cabezón”, “Gafas”, “Mico”, “la Chinga”, “el Putas”, “Ángelo”, “Elegancia”, “Duván”, “Jorgito” y “Builes”, los cuales al parecer se dedicaban a intimidar a la población con amenazas y cobro de vacunas extorsivas.

Se realizaron 15 allanamientos en varios barrios de Robledo, pero solo les incautaron un revólver, cinco proveedores para armas de fuego, municiones y equipos de cómputo y comunicaciones.

“Esta estructura desde el año anterior había atacado con disparos a varias unidades residenciales como advertencia, anunciando a sus administradores que debían comenzar a pagar vacunas, tal cual lo hacían los comerciantes y transportadores”, precisa el informe oficial del caso.

Desde 2010 la organización criminal “los Triana” comenzó un proceso de expansión en el Valle de Aburrá. Partiendo de su área de operaciones tradicional (el suroriente de Bello y la comuna 2 de Medellín), extendió las redes hasta el corregimiento San Antonio de Prado, el centro de la capital antioqueña, la comuna 7 y el vecino municipio de Itagüí.

La manera de hacerlo es mediante el patrocinio de combos locales, como “Curazao”, “las Bifas” y “Convivir”.

Su avance por Robledo estaba desestabilizando el orden público en los últimos meses, razón la cual se convirtieron en una prioridad para las autoridades. Sin embargo, la cúpula de la banda conserva a dos de sus principales cabecillas, “Elkin” y “Bolillo”, quienes salieron de la cárcel tras pagar penas irrisorias.

NOTA RELACIONADA: Guerra de combos deja dos muertos en Robledo.

El Inspector.

Se trata de la operación Séneca, coordinada por el Gaula Metropolitano y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que terminó con las capturas de 14 supuestos integrantes de estos grupos ilegales.

Varios de los detenidos en la operación Séneca fueron trasladados en una tanqueta blindada. Cortesía Policía Metropolitana.

Este 20 de marzo la Policía anunció los arrestos, logrados mediante 16 allanamientos. Los detenidos fueron: alias “Igor”, “el Loco”, “Flechas”, “Culas”, “Julio”, “Vargas”, “Edwin”, “Pichi”, “Sebastián”, “Sanduño” y un par de tipos apodados “Juan” y otro par llamados “Ratón”. Algunos cayeron por orden judicial, otros en flagrancia y unos más fueron notificados del nuevo proceso en cárceles donde ya pagaban por otros delitos.

Este logro de las autoridades representa un respiro para los residentes de los barrios Alcázares, Calasanz, La Pradera, Santa Rosa de Lima, Santa Lucía, El Metropolitano, Niza, Danubio, La América y La Floresta. Allí estos dos combos, aliados entre sí, se dedican a la extorsión, los homicidios, amenazas, tráfico de drogas y desplazamientos, entre otros.

De acuerdo con el informe oficial del caso, los detenidos están inmersos en investigaciones por el desplazamiento de 18 personas (tres familias) de Santa Rosa de Lima en 2013; el homicidio de una adolescente de 14 años en La América, en 2012; y el asesinato de la denunciante Mariela de Jesús Salazar Londoño, en Los Alcázares (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinan a otra denunciante de la banda “el Coco”). De igual manera, en cerca de 10 ejecuciones perpetradas en los últimos años en el parqueadero Los Tobón, ubicado entre los barrios Niza y Danubio.

Hay que advertir que los capturados, quienes en su mayoría fueron procesados por concierto para delinquir, hacen parte de la estructura de base de estas organizaciones, las cuales no han sido desmanteladas del todo. La comunidad sigue pendiente del arresto del líder principal: alias “Machete”.

NOTA RELACIONADA: “Machete” perdió a dos de sus presuntos mercenarios.

El Inspector.

De igual manera, una célula criminal que delinquía para la banda de “Pachelly” en el municipio de La Ceja, Antioquia, fue desmantelada. Esta es la reseña de los casos, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los adultos capturados en la operación Destello 2, contra la banda "Pachelly", en La Ceja. Cortesía Policía Antioquia.

Las acciones en Medellín, coordinadas por la Unidad Nacional de Fiscalías contra las Bandas Emergentes y la Policía, derivaron primero en la captura de alias “el Gomelo”, en la noche de este lunes (marzo 10).

Según fuentes judiciales, este hombre sería el coordinador en la zona de Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, integrante de la cúpula de “la Oficina” y cabecilla de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una estructura con redes en las comunas 7, 11, 12, 13, 16 y los corregimientos Altavista y San Cristóbal (ver la NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”).

“Carlos Pesebre” está pagando una condena de 9 años de cárcel por concierto para delinquir, por lo que “Gomelo” se habría encargado de sus asuntos con los combos ubicados en la frontera de Belén con Altavista. A este último, un juzgado de garantías le dictó medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal, por concierto para delinquir.

La operación de la Fuerza Pública continuó en la madrugada de este miércoles (marzo 12), logrando hasta ahora las capturas de 18 personas más, así como la incautación de dinero y estupefacientes.

CONTRA “PACHELLY”

La otra organización golpeada esta semana ha sido “Pachelly”, cuya base de operaciones está en Bello, aunque sus redes se extienden por otros municipios (ver la NOTA RELACIONADA: Con “Pocho” se extingue una generación de “Pachelly”).

El Departamento de Policía Antioquia arrestó a cinco presuntos integrantes en varios allanamientos en los barrios Manantial y La Aldea, de La Ceja.  Según el reporte oficial, el grupo se dedicaba al tráfico de estupefacientes, el sicariato y las intimidaciones.

Los detenidos fueron: José Efraín Chalarca Otálvaro, alias “Chalarca” (50 años); Andrés Esteban Herrera Franco, “Popeye” (21); Yuber Arenas Ríos, “Laiza” (22); Julián Uribe Montoya, “Negro” (18); y un adolescente de 17 años, apodado “Zarco”, cuya identidad se omite por reserva de ley.

Les incautaron un revólver calibre 38, una escopeta,una pistola 7.65,  municiones y marihuana tipo Cripa. La justicia los procesó por tráfico de armas y estupefacientes.

El Inspector.