Aunque aún se desconocen los móviles y autores, el crimen sucedió en medio de un escenario de alta tensión por una disputa criminal entre la banda “el Mesa”, el Clan Oriente y el Clan del Golfo.

En esta vivienda del sitio Alto del Perro, en la vereda Llanogrande de Rionegro, ocurrió la matanza. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, un grupo de diez hombres armados con fusiles de calibre 5.56 y pistolas irrumpió en una casa del sector conocido como el Alto del Perro, en la vereda Llanogrande, a las 7:30 p.m. de este martes 25 de junio.

Adentro acribillaron a siete personas, de las cuales seis fallecieron en el sitio y una más en un centro asistencial, posteriormente. Los asesinos escaparon en dos camionetas (una blanca y una negra) y dos motocicletas, en dirección a la vereda El Capiro, del vecino municipio de El Carmen de Viboral.

Rionegro, y en general el Oriente antiqueño, está siendo afectado por varios conflictos entre organizaciones criminales del Valle de Aburrá que buscan expandir allá su mercado de drogas, y facciones locales que defienden sus plazas de vicio a sangre y fuego.

Uno de los enfrentamientos más severos se da entre la banda “el Mesa”, originaria del municipio de Bello, y el Clan Oriente, una estructura heredera de las Autodefensas del Magdalena Medio.

Desde 2019 “el Mesa”, que ya tenía un amplio dominio en la distribución de drogas del Oriente cercano (Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, Cocorná y Guarne), decidió expandirse hacia el Oriente lejano (Sonsón, Argelia, San Francisco, San Luis y Nariño). En esta zona hay una hegemonía tradicional del Clan Oriente.

La situación empeoró cuando este grupo estableció una alianza con el cartel narcotraficante Clan del Golfo, que en esa subregión ejerce presencia por medio del frente Gener Morales. Esta organización, de alcance transnacional, le exigió a “el Mesa” que desalojara el Oriente.

Ante la negativa, el cartel ordenó el asesinato de Edwin Fernando Morales Londoño (“el Crespo”), de 38 años y presunto coordinador de “el Mesa” en el municipio de Sonsón. Un sicario le propinó once disparos el 27 de mayo de 2o24, cuando manejaba un automóvil Renault rojo por una calle del barrio Buenos Aires, de Medellín.

En este carro se transportaba alias “el Crespo” por una calle del barrio Buenos Aires de Medellín, cuando fue acribillado por un sicario. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Según fuentes judiciales, “el Mesa” contraatacó a los tres días. El 30 de mayo mataron en el mall El Indio, ubicado en el barrio San Diego de Medellín (junto a la vía Las Palmas), a Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años.

La víctima fue citada a un establecimiento público del mall, y estando en una silla fue sorprendido por dos homicidas que llegaron con el rostro cubierto con cascos de moto, guantes de caucho para no dejar huellas y pistolas con silenciador. Aniquilaron a Pérez con múltiples disparos y luego escaparon en una moto.

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Varios videos del ataque circularon por redes sociales y la noticia se viralizó. Aunque el finado solo tenía antecedentes por evasión de impuestos, al parecer los delincuentes lo relacionaron como supuesto socio financiero de sus enemigos.

Los dos sicarios que mataron a Yovany de Jesús Pérez Estrada en el mall El Indio de Medellín, huyeron en la misma foto. Cortesía.

El 11 de junio el Clan del Golfo distribuyó un panfleto por diferentes chats de WhatsApp de la zona, firmado por el frente Gener Morales. En su comunicado declararon objetivo militar a los miembros de “el Mesa” y a su máximo cabecilla, Rodrigo Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), también llamado Gustavo Pérez Peña, según un cambio de nombre en la Registraduría.

“En algunos municipios se han presentado homicidios y amenazas a la población civil, por conflictos internos entre las bandas delincuenciales, que son lideradas por alias el Montañero, quien cambió su nombre por el de Gustavo Pérez Peña, sujeto que por décadas, y aún estando encarcelado, ha liderado a ‘los Mesas’ (sic), que ahora se identifican como los 2-13 (o los del 13), atacando con sevicia a la población civil que no se alinee con sus propósitos. Estos son los grupos que combatimos sin descanso”, dice el panfleto.

Rodrigo Rodríguez o Gustavo Pérez, alias “el Montañero”. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” salió de la cárcel de Itagüí el 14 de marzo de 2024, tras cumplir apenas cuatro años y cinco meses de una sentencia de ocho años, por cargos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Es uno de los siete voceros principales de las bandas del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional desde el 2 de junio de 2023.

La disputa de “el Mesa” contra el Clan Oriente y el Clan del Golfo es una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades sobre la masacre perpetrada en Rionegro.

El coronel Carlos Martínez Romero, comandante de la Policía Antioquia, comentó que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el crimen.

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El Inspector.

Se trata de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “el Montañero”, jefe de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín. Bogotá, Soacha, Boyacá y varias subregiones de Antioquia, en asocio con el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“El Montañero”, jefe de la banda “el Mesa”, está de nuevo en libertad. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” había sido transferido el año pasado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por gestión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Allí se llevan a cabo los diálogos con el Gobierno, junto a los principales jefes de las bandas del Aburrá que participan en ese proceso.

Fuentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a El Colombiano que está libre desde el pasado 14 de marzo.

“El Montañero” había sido capturado el 26 de octubre de 2019 en una finca de Aranzazu, Caldas. Fue condenado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Esto quiere decir que apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia, y que un juzgado de control de penas y medidas autorizó su libertad a pesar de tener a cuestas una investigación por homicidio.

El crimen en cuestión ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá. La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

“El Montañero” es un viejo conocido del sistema judicial en Colombia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá ya lo había condenado a 26 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo.

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La sentencia fue por liderar un asalto a un camión de transporte de valores en 2003, en el barrio Las Flores de Bogotá, en el que fue asesinado un policía de la Sijín. A pesar de esto, apenas estuvo nueve años preso y regresó a la calle en 2013.

Retomó las riendas de “el Mesa”, una organización que cuenta con unos 300 integrantes, dedicados al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, lavado de activos, desplazamientos forzados, secuestros y desapariciones.

Una de las maneras en las que suele evadir la justicia, según fuentes judiciales, es mediante el cambio de identidad. En los registros de la rama judicial figura en expedientes penales con tres nombres: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña. Con este último fue que obtuvo su libertad.

Por su influencia en el mundo criminal fue llamado a ser vocero de paz en la mesa de paz del Gobierno y las bandas del Valle de Aburrá.

Hasta ahora el Gobierno ha guardado silencio sobre esta libertad, y acerca de la manera en que seguirá participando en el proceso, dado que los demás voceros cumplen con la condición de estar reunidos en la cárcel de Itagüí.

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El Inspector.

En prisión también está “Nando Robles”, otro cabecilla de Medellín, esperando la condena. Esta es la reseña de los casos, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Johnny Alexánder Ramírez Arenas, alias “el Diablo”, cabecilla de “el Mesa”. Foto cortesía de la Fiscalía.

Carlos Roberto Izquierdo, director especializado de la Fiscalía contra las Organizaciones Criminales, detalló que en las audiencias de control de garantías le imputaron a “el Diablo” el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio.

Ramírez Arenas, también apodado “la Negra” o “Limón”, se declaró inocente, pero le dictaron medida de aseguramiento intramural, mientras continúa el proceso penal.

“Este hombre sería uno de los principales articuladores de una violenta disputa entre grupos delictivos, que dejó más de 150 muertos en Medellín y Bello entre 2019 y 2020”, recalcó el fiscal Izquierdo.

Como uno de los líderes de “el Mesa”, prosiguió el funcionario, “estaría involucrado en el tráfico de estupefacientes al menudeo, extorsiones, desplazamientos y desapariciones ocurridas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, La Ceja, El Carmen de Viboral, La Unión, Sonsón, Argelia, Nariño y Caldas (Antioquia); Soacha (Cundinamarca) y Bogotá”.

“El Diablo” fue capturado por la Dijín el pasado 23 de agosto en una vivienda de Bello, durante la operación Luzbel II. Fuentes cercanas al procedimiento contaron que al llegar al sitio había seis sospechosos, y en principio no reconocieron a Ramírez, pero más tarde confirmaron su identidad en el examen de dactiloscopia.

A “el Mesa” ingresó hace 20 años, “inicialmente como escolta de los cabecillas de la época, y actualmente tendría a su cargo 500 personas. En su contra había una notificación azul de Interpol”, concluyó Izquierdo.

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Luis Fernando Zapata Ruiz (“Nando Robles”), capturado por la Policía en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín. Cortesía.

LA CAÍDA DE “NANDO ROBLES”
“El Diablo” no ha sido el único cabecilla del Valle de Aburrá que cayó a la cárcel recientemente. En la prisión de Bellavista se encuentra, esperando su condena, Luis Fernando Zapata Ruiz (“Nando Robles”), miembro de la cúpula de la organización criminal “San Cristóbal”.

Según el dosier de la Policía, este personaje comandaba una confederación ilegal que agrupa a varios combos del corregimiento San Cristóbal y de la comuna 4 de Medellín (Aranjuez), entre ellos “los Paracos del Llano” y “Moravia”.

Fue capturado el pasado 8 de junio en Barrio Nuevo, en la cabecera corregimental de San Cristóbal, y judicializado por concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico de estupefacientes y utilización de menores de edad para delinquir.

Es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las AUC y fuentes de Inteligencia presumen que al parecer tiene conexiones delincuenciales con el Clan del Golfo.

En el juzgado aceptó la responsabilidad en los delitos imputados, por lo que será condenado en los próximos meses.

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El Inspector.

La situación, que se venía rumorando en las últimas semanas en el bajo mundo del Valle de Aburrá, fue denunciada en redes sociales por el exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los cabecillas de tres bandas de Bello buscan traslados desde las cárceles a los resguardos indígenas. Foto ilustrativa de Manuel Saldarriaga.

“Primero pasan papeles diciendo que son miembros de una comunidad indígena, de la cual evidentemente nunca han hecho parte, y lo logran. Segundo, le solicitan a los jueces de Ejecución de Penas que, como son indígenas, que los pasen de las cárceles a un resguardo. Y tercero, los jueces como que comen cuento, y les ayudan”, explicó el politólogo y magíster en Estudios Humanísticos, exponiendo documentos judiciales como evidencia.

Según su denuncia, hasta el momento se han detectado cinco delincuentes involucrados en esta clase de trámites. De la banda “el Mesa” figuran, presuntamente, Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), Róbinson Abraham Tobón Duque (“el Perro”) y Néstor Estivell Rodríguez (“Peluche”).

Por parte de la organización criminal “Pachelly” aparece Albert Henao Acevedo (“Alber”); y, por “los Triana”, Maximiliano Gil Durango (“Tombito”).

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Todos ellos fueron capturados entre 2020 y 2022, por su liderazgo en estos grupos dedicados al sicariato, el narcotráfico, la extorsión, desplazamientos forzados y tráfico de armas, entre otros delitos.

Extracto de los registros judiciales, con la petición de alias “Alber”, de la banda “Pachelly”. Cortesía.

El Colombiano conoció algunos de los documentos en los que constan sus peticiones a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas, responsables del seguimiento a sus sentencias. Detrás del papeleo, lo que buscan al parecer es que los remitan a lugares con condiciones mínimas de vigilancia.

En cuanto a “Alber”, uno de los principales líderes de “Pachelly”, en los registros de la Rama Judicial quedó documentada a principios de 2022 su solicitud de traslado desde la cárcel de Cómbita (Boyacá) al resguardo indígena Umbra Guaqueramae, ubicado en Quinchía, Risaralda. De momento no le han concedido la petición.

Extracto del registro de la rama judicial, en el que consta la petición de alias “Tombito”, de “los Triana”. Cortesía.

Alias “Pirry” también pidió que lo condujeran a este sitio, en la zona rural del Eje Cafetero, según Tobón. Y “Peluche” elevó su solicitud para que lo movieran al resguardo El Águila del pueblo misak, en Belén de los Andaquíes, Caquetá.

“Tombito” radicó su solicitud el 2 de enero de 2023, pidiendo traslado desde la prisión municipal de Rionegro, Antioquia, al resguardo Kwe Sx Yu Kiwe, localizado en Florida, Valle del Cauca. Hacia este mismo lugar también pidió el traslado alias “el Perro”.

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El Inspector.

Este hombre de 48 años, señalado de ser uno de los presuntos narcotraficantes más peligrosos del municipio de Bello, al parecer estaba auspiciando la conformación de un nuevo grupo armado en el monte.

Los capturados por el Ejército en Yarumal, de izquierda a derecha: “Zorro”, supuesto escolta; Ana, compañera sentimental; y “Caníbal”, ataviado con una ruana. Foto cortesía del Ejército.

Según el reporte de la Cuarta Brigada del Ejército, el operativo de captura se realizó el 17 de octubre de 2022 en una finca del corregimiento Ochalí, en el municipio de Yarumal.

Lo acompañaban su supuesto jefe de seguridad, Alcides Castañeda Jaramillo (“Zorro”), y su compañera sentimental Ana María Henao Uribe. Otros tres sospechosos, entre ellos un menor de edad, también fueron detenidos con tres fusiles, una subametralladora, cuatro pistolas, un revólver, cinco granadas de mano y más de 600 municiones de distintos calibres.

Parte del arsenal incautado a los hombres de “Caníbal” en el operativo militar. Foto cortesía del Ejército.

“El Caníbal”, tal cual ha reportado Revelaciones del Bajo Mundo en anteriores informes, es un viejo conocido del sistema penitenciario en Colombia. Con cerca de tres décadas de carrera criminal, ha pasado por los bloques Metro y Centauros de las Autodefensas paramilitares; ha sido el cabecilla histórico de la banda “el Tapón” de Bello; y socio para el narcotráfico de las organizaciones “el Mesa”, “Pachelly”, la disidencia del frente 36 de las Farc y la guerrilla del Eln.

La Fiscalía lo ha investigado por homicidio, tráfico de armas, narcotráfico y concierto para delinquir, entre otros crímenes, aunque siempre logra permanecer poco tiempo en prisión.

Material de intendencia incautado con logo del Movimiento Armado Campesino Colombiano (MACC). Cortesía.

En los últimos años comenzó una expansión de sus negocios en las subregiones del Norte y el Nordeste de Antioquia, gracias a la alianza con la disidencia de las Farc. De esa manera, según datos de Inteligencia, instaló laboratorios de droga y plazas de vicio en Ituango, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, San José de la Montaña y San Pedro de los Milagros, entre otros.

En esa dinámica estaba cuando el Ejército lo capturó el 25 de agosto de 2018 en límites de Toledo y San Andrés de Cuerquia, escoltado por cinco exguerrilleros de las Farc.

La Fiscalía le imputó en ese entonces cargos por porte ilegal de armas, narcotráfico y concierto para delinquir; sin embargo, por falta de testigos en contra, fue absuelto por un juez luego del juicio oral.

Al regresar a la libertad, se refugió una vez más en el monte, donde fue recapturado la semana pasada. Algo interesante de esta última detención, es que además del arsenal le hallaron material de intendencia de un supuesto grupo delincuencial nuevo, denominado Movimiento Armado Campesino Colombiano (MACC).

Con logos de esa agrupación había pañoletas y brazaletes, lo que llamó la atención de los agentes de Inteligencia.

Hasta el momento se desconocen las actividades de esta supuesta organización, ni cuáles serían sus propósitos. Lo cierto es que ahora las agencias de seguridad tendrán los ojos abiertos frente al tema.

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El Inspector.

Los procesos judiciales afectaron a integrantes de las bandas “los Chatas”, “la Mina”, “Niquía Camacol” y “el Mesa”. Esta es la reseña elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura de Braimer Muñoz, alias “Reblujo” (izquierda), y su hermano Darney Muñoz, alias “Patolín” (derecha). Foto cortesía de la Policía.

A finales del pasado mes de septiembre la Policía detuvo a Braimer Darío Muñoz Rivera (“Reblujo”) en el sector El Poblado, de Medellín. Junto a él cayó su hermano Darney Alberto Muñoz Rivera (“Patolín”).

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada los señaló de ser supuestos cabecillas de la organización criminal “los Chatas” y en la audiencia de control de garantías les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y homicidio.

Según el informe público del ente acusador, los hermanos Muñoz Rivera “al parecer promueven el cobro de cuotas extorsivas y la venta de estupefacientes en Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Santa Rosa de Osos, Guatapé, San Rafael y las comunas 10 y 11 de Medellín (La Candelaria y Laureles). Adicionalmente, estarían involucrados en la ejecución de homicidios selectivos y el desplazamiento de familias”.

Tras finalizar las audiencias, en las que ambos se declararon inocentes, el juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Esta no es la primera que “Reblujo” es apresado. El 8 de marzo de 2017 había sido detenido por la Policía en el barrio La Loma de los Bernal, de Medellín. En ese entonces fungía como secretario privado de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el fundador y máximo líder de “los Chatas” (hoy condenado en prisión).

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En otra acción contra las redes de esa organización, el pasado 3 de octubre las autoridades atacaron al combo “la Mina”, que trabaja para “los Chatas” en los sectores La Mina y La Camila. En ocho allanamientos fueron detenidos seis presuntos miembros de la banda, incluyendo a su coordinador, Ánderson Atehortúa Echavarría (“Barba”).

Julio Echavarría, alias “Magandy”. Foto cortesía.

Los implicados tendrán que responder ante la justicia por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

A una celda también fue enviado Julio Elpidio Echavarría Díaz, (“Magandy” o “Julio el Tuerto”), subcomandante de la banda “el Mesa”. El 10 de agosto fue capturado en un centro comercial de El Poblado, por una orden de captura por concierto para delinquir.

En su reporte del caso, la Policía manifestó que “como hombre de confianza de alias ‘el Montañero’ (jefe del grupo encarcelado), habría sido enviado a Bogotá para liderar esta estructura en lo relativo al tráfico de estupefacientes, principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Rafael Uribe Uribe, y el municipio de Soacha (Cundinamarca)”.

“Magandy” tenía antecedentes penales. En 2003 había sido capturado por hurto calificado y porte de armas de uso privativo, y según las autoridades reincidió en el bajo mundo. En la audiencia de control de garantías se declaró inocente de la nueva imputación.

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Otra de las estructuras del crimen organizado de Bello impactada recientemente es “Niquía Camacol”. El pasado 22 de agosto fue reportada la captura en Medellín de dos de sus cabecillas: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Jhon Alejandro Meneses Jaramillo (“Agujas”).

“Yerbas” tenía en su contra una recompensa de hasta $50 millones, ofrecida por la Alcaldía de Bello. Fue procesado por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión y constreñimiento.

Así aparecía “Yerbas” en el cartel de los más buscados de Bello. Cortesía.

En cuanto a “Agujas”, paramilitar desmovilizado del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), las autoridades informaron que “venía liderando la venta ilegal de lotes del Cerro Quitasol y tenía un vínculo de confianza con alias ‘El Diablo’, cabecilla de ‘el Mesa’”. En el operativo le incautaron un automóvil y una cédula falsa.

Ambos habían reemplazado en la cúpula de esa organización a Juan Fernando Álvarez, alias “Juan XXIII”, quien lideró a “Niquía Camacol” hasta el 14 de junio, cuando lo arrestaron en el barrio Laureles.

“’Juan XXIII’ fue promotor de la confrontación que tuvieron los grupos delincuenciales ‘el Mesa’ y ‘Pachelly’ por la disputa de territorio bellanita (2019-2020). Además, según establecieron las fuentes policiales, sería el encargado de los desplazamientos forzados en zonas como La Frontera, El Caguán, Altos de Niquía, la Casa de Justicia, entre otros; la venta de lotes en el sector de Ciudad Perdida y el Cerro Quitasol, y de ordenar varios homicidios selectivos. La orden de captura se materializó por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión”, informó la Alcaldía de Bello en su momento.

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El Inspector.

Se trata de Willington Andrés Carmona Rodríguez, alias “Gordo Willington”, cuya captura fue celebrada por el propio presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Así fue presentado alias “Gordo Willington”, tras su captura en el municipio de Bello. Foto cortesía de la Policía.

Carmona, de 41 años, fue capturado por la Dijín de la Policía el pasado 10 de diciembre, en el municipio de Bello. En su contra había una orden de captura solicitada por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, por concierto para delinquir agravado.

“Seguimos demostrando que el que la hace la paga”, publicó el presidente Duque en su cuenta de Twitter, agregando que el “Gordo Willington” estaba en el cartel de los más buscados.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, reiteró que “es una de las más importantes capturas en el área metropolitana de Medellín. El grupo delincuencial ‘el Mesa’ se dedica al tráfico local de estupefacientes, cobro de extorsiones, sicariato y otros delitos”.

En el informe oficial del caso, la Institución recordó que este hombre es primo de Rodrigo Rodríguez, alias “el Montañero”, fundador y máximo líder de la banda, quien está encarcelado desde 2019. Carmona habría ingresado a la organización cuando apenas tenía 16 años, de la mano de este último.

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En su prontuario figura que al parecer participó en el sonado atraco a un camión de valores de la empresa Wackenhut de Colombia S.A., en el barrio Las Flórez de Bogotá, el 3 de noviembre de 2003. Los criminales de “el Mesa” pretendían apoderarse de $1.000 millones, pero se produjo una balacera con la Policía, en la cual murieron un atracador y el intendente Jesús Merchán, de la Sijín.

Pese a estar en la mira de la Policía, por la oleada de violencia que sacudió a Bello entre 2019 y 2020, la cual protagonizó “el Mesa” en su guerra contra la banda “Pachelly”, el “Gordo Willington” siguió visitando sus vecindarios de injerencia. Lo hacía en motos de alta gama, sin percatarse de que lo seguían.

La estructura ilegal es originaria de Bello, pero en el siglo XXI extendió sus redes criminales a Bogotá y Soacha, en Cundinamarca; al departamento de Boyacá y a varias subregiones de Antioquia, como el Norte y el Oriente.

En la audiencia de control de garantías, Carmona Rodríguez se declaró inocente por el concierto para delinquir, y el juez lo envió a la cárcel.

Ahora los investigadores se enfocan en otros líderes del grupo que siguen en la calle, como “el Diablo”, “Magandy” y “el Indio”, así como de sus principales socios para el narcotráfico, conocidos como “Palique” y “el Pollo”, que al parecer posan como empresarios de Bello.

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El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue realizado el pasado 10 de agosto, por parte de la Fiscalía y agentes del Grupo de Administración Pública de la Dijín de la Policía, que viajaron desde Bogotá. Los detenidos son el funcionario Gustavo Amet Restrepo Ortiz, quien fungía como asistente de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada en la capital antioqueña; y el abogado litigante Mauricio de Jesús Morales Múnera.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada tiene sus despachos en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto de Archivo.

De acuerdo con la investigación preliminar, en su calidad de asistente, Restrepo tenía acceso a información sobre las órdenes de captura que expedían los despachos de la Dirección, en particular aquellas dirigidas a los cabecillas e integrantes de las bandas “el Mesa”, “Niquía Camacol” y “Pachelly”.

En las audiencias de control de garantías, que se desarrollan de manera virtual en este momento, el ente acusador ha revelado interceptaciones telefónicas en las cuales, supuestamente, el funcionario le advertía al abogado cuando se solicitaban dichas órdenes.

En tales conversaciones, se oyen frases atribuidas por la Fiscalía a Restrepo, en las que al parecer habría dicho: “Yo las voy dilatando”, refiriéndose a las órdenes de detención.

En otra de las llamadas en poder de las autoridades, el indiciado le habría advertido al penalista que las autoridades estaban preparando el arresto de unos delincuentes: “Para que usted les avise, para que les diga que les van a caer en Pascua, después de Semana Santa. Eso ya está listo. Ya las sacaron (las órdenes) del horno hoy”.

Así fueron reseñados por la Policía los dos capturados. El proceso está pendiente de la etapa de acusación. Foto cortesía de la Policía.

El abogado Morales había sido defensor de algunos integrantes de organizaciones ilegales de Bello. Uno de ellos fue Édgar Pérez Hernández, alias “el Oso”, jefe de la banda “Niquía Camacol”, quien murió de un ataque cardiaco el 6 de abril de 2020, en la cárcel Picaleña de Ibagué.

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En las audiencias de control de garantías, los procesados no aceptaron las imputaciones por concierto para delinquir y utilización de asunto sometido a secreto, y se declararon inocentes.

Durante la diligencia, Restrepo renunció a su cargo en la Fiscalía, institución en la cual apenas le faltaba un año para jubilarse. El 17 de agosto, al finalizar las audiencias, el juzgado le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que al abogado lo envió a la cárcel.

El Colombiano buscó una declaración oficial de la Fiscalía sobre el caso, pero la entidad no se ha pronunciado por el momento.

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El Inspector.

De acuerdo con los afiches distribuidos, los reseñados son Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“el Diablo”), presunto líder de la banda “el Mesa”; y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”) y Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”), supuestos cabecillas de “Niquía Camacol”.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el nuevo cartel de los delincuentes más buscados del municipio de Bello. Foto cortesía de la Policía.

En su contra hay una recompensa de hasta $50 millones, según Daniela Ortega, secretaria de Seguridad de Bello. En la lista hay otros personajes, identificados solo por el alias, como “Perica” y “Sebas”, del grupo ilegal “Pachelly”; “Trompón” y “Yonier”, también de “el Mesa”; y “Ruiz” y “el Gordo”, de “los Chatas”.

El alcalde local, Óscar Andrés Pérez, declaró que “recibimos la visita del ministro del Interior, el doctor Daniel Palacio, y manifestamos lo efectivo que ha sido el trabajo interinstitucional para cerrar un 2020 más tranquilo, donde hemos logrado neutralizar la guerra en nuestra ciudad, con todos los líderes criminales judicializados. Hoy presentamos a quienes lideran de nuevo a la criminalidad”.

Tras conocer este cartel, algunos ciudadanos de Bello se quejaron por la ausencia de algunos importantes jefes del crimen organizado que ya salieron de la cárcel, y al parecer, continuaron delinquiendo. Entre ellos están “Jonás”, “Elkin Chata” y “Alex Mentiras”, de la banda “los Chatas”; “Roger”, de “la Camila” (se fugó de la estación Belén de la Policía); “el Gordo Triana”, de “los Triana”; y “Guayabo”, de “Pachelly”.

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El Inspector.

De acuerdo con testigos, su reunión se dio el pasado 30 de septiembre, cuando al recinto llegó Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”), señalado por las autoridades de ser uno de los dos máximos jefes de la banda. Allí se encontró con su homólogo delincuencial, Albert Henao Acevedo (“Alber”), y el lugarteniente César Martínez Rondón (“Care Palo”).

Esta es la historia detrás del pacto de no agresión entre las bandas de Bello, realizada por EL COLOMBIANO con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Las capturas de Francisco Mazo (“Pocho”) en Bogotá (foto), y de Albert Henao (“Alber”) en Medellín, fueron cruciales para que esa banda ilegal pidiera una tregua a los enemigos. Cortesía de la Policía.

Hicieron el balance de las pérdidas que dejó la disputa, de casi dos años de duración, contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Entre febrero de 2019 y el 23 de octubre de 2020, hubo 236 asesinatos en Bello, y la Policía asegura que por lo menos el 90% estuvieron ligados a esa pelea.
A “Pocho” le mataron un hermano y un sobrino. Del lado enemigo también corrió sangre de seres queridos. La guerra llegó a tal nivel de degeneración, que las familias de los cabecillas, otrora intocables por norma mafiosa, terminaron escondidas.

Con el pretexto de proteger a sus allegados, los tres decidieron pedirle una tregua a los rivales. “Alber”, desmovilizado de las Autodefensas y con experiencia en batallas de este tipo, comentó que, por medio de un abogado, les enviaría un mensaje de paz a los jefes encarcelados de “el Mesa”, con quienes tiene interlocución.

Después de esto hubo una segunda reunión, esta vez en un baño de la Sijín. “Alber” y “Care Palo” les comunicaron la noticia a varios policías. Tal parece que “el Mesa” y “Niquía Camacol” aceptaron la propuesta, porque en octubre el índice de homicidios se desinflamó en el municipio.

Esta es la segunda tregua que pactan las bandas de Bello entre 2019 y 2020, y aunque no se sabe qué tan estable sea el periodo de tranquilidad, hay que resaltar que la disputa dejó cinco consecuencias: 1). Delincuentes otrora intocables, sufrieron un verdadero asedio por parte de las autoridades y sus adversarios; 2). Se reconfiguró el mapa criminal; 3). El municipio obtuvo apoyo del Gobierno Nacional; 4). Se consolidó la política de recompensas; 5). La lupa quedó puesta en la deuda social.

1. Sin intocables
La enemistad de “Pachelly” y “el Mesa”, dos grupos con tres décadas de existencia, tuvo varios episodios breves de violencia en los últimos 10 años, con tropeles carcelarios y homicidios selectivos. Ambas estructuras confluyen en Niquía, la comuna más próspera de la localidad en materia económica, por lo que siempre hubo competencias por las plazas de vicio y los territorios para la extorsión.

En 2019 los problemas acumulados estallaron. Según Inteligencia policial, hubo una fractura en la línea de mando de “Pachelly” y antiguos jefes, como “Sólido” y “Gancho”, reclamaron sus derechos en esa empresa ilegal, pues tras haber caído a la cárcel perdieron dinero e influencia.

El río revuelto fue aprovechado por “el Mesa”, junto a sus aliados de “Niquía Camacol”, para asestar el primer ataque. El 10 de febrero de 2019 comenzó la guerra con un triple homicidio en el barrio Niquía, donde murió Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), cabecilla de “Pachelly”.

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A partir de ahí empezaron los tiroteos diarios, desapariciones forzadas y desplazamientos. En algunas noches, caravanas de motos recorrieron las calles, obligando a la gente a encerrarse. El conflicto se concentró en dos comunas, Niquía y Altos de Niquía; tuvo su máximo pico en mayo, con 22 muertos; y un grave componente de ciberterrorismo, que a punta de chats de Whatsapp y panfletos mantuvo en zozobra a la comunidad.

La confrontación llegó hasta agosto, cuando los involucrados pactaron la primera tregua, entre otros motivos, por las elecciones regionales y la Navidad. Se desconoce si actores políticos impulsaron la decisión, pero en febrero de 2020 se reactivó la pelea, en las comunas de Niquía, La Cumbre y Bellavista.

En el segundo round, el pico de violencia estuvo en marzo, con 21 asesinatos, antes del aislamiento estricto por la pandemia.

Durante estos dos periodos, la Fuerza Pública impactó como nunca a esas bandas. De “Pachelly” cayeron “Albert”, “Pocho”, “Care Palo”, “Banano”, “Tapas” y “Agapo”, entre otros; de “Niquía Camacol”, “el Oso” y “Steven”; y de “el Mesa”, alias “el Montañero”, “Malacate”, “Faro”, “Jalea”, “Piolo”, “Pirry” y “Máscara”. Los golpes a este último grupo son significativos, porque nunca antes las autoridades lo habían atacado de manera estructural.

La degradación de esta lid extendió las agresiones a los familiares. El 5 de marzo de 2019, en una finca de San Jerónimo, asesinaron a Darío Rodríguez, de 80 años y tío de Luis Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), jefe de “el Mesa”.

Contra los allegados a “Pocho” circularon panfletos amenazantes con sus fotos;a su hermano Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), lo mataron de 40 puñaladas en la cárcel de Cómbita, el 21 de marzo de 2020, y el principal señalado del ataque es “el Montañero”, quien estaba en el mismo patio;y el 12 de agosto pasado en el barrio Araucarias, sicarios mataron a su sobrino Juan Esteban Pulgarín Cárdenas.

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2. El mapa criminal
La contienda debilitó en el bajo mundo la posición de “Pachelly” y sus combos aliados, “Playa Rica” y “El Congolo”. Con operaciones de extinción de dominio y capturas, también fue afectada la coalición de “el Mesa”, que incluye a las bandas de “Niquía Camacol” y “El Tapón”.

Mientras esas estructuras se diezmaban las unas a las otras, se fortalecieron “los Chatas”, otra organización histórica, que articula la alianza más grande de bandas de Bello, con “París”, “los Peludos”, “Guasimalito”, “la Camila”, “los Triana” y “el Mirador”.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que van más de 20 operaciones estructurales en Bello y que ahora habrán más extinciones de dominio, para disminuir las finanzas de estas bandas.

3. Apoyo nacional
Aunque Bello ha sufrido por la mafia desde los años 80, cuando “la Ramada” ejecutaba las funestas órdenes del cartel de Medellín, el municipio siempre tuvo que afrontar solo esa problemática. En la reciente disputa, en cambio, hubo un apoyo nacional y regional nunca antes visto.

Dos consejos de seguridad con el presidente Iván Duque y otro par con el Ministerio de Defensa ejemplifican ese respaldo. El Ejército sumó 200 hombres a los patrullajes y la Policía trajo grupos especiales de la Dijín y Antinarcóticos.

Estos esfuerzos, desde la Casa de Nariño hasta el despacho del alcalde en el parque de Bello, también influyeron en el desánimo de los cabecillas, que no vieron otra salida para su crisis que pactar la tregua.

4. Las recompensas
En los consejos de seguridad salieron a flote quejas de la ciudadanía, según las cuales hay una especie de connivencia antigua entre las autoridades locales y las bandas. Aunque la Procuraduría se comprometió a investigarlas, no ha emitido sanciones.

Sacudiéndose de esos señalamientos, la presente Alcaldía, como principal aporte a la lucha contra el crimen organizado, ha logrado consolidar este año una efectiva política de recompensas. La secretaria de Seguridad bellanita, Daniela Ortega, contó que durante 2020 se han entregado $337 millones, que han facilitado las capturas de objetivos de alto valor. “Seguimos ofreciendo el pago de hasta $50 millones por los cabecillas”, dijo.

5. Y ahora, lo social
En septiembre hubo 12 homicidios en Bello, según la Policía, y la cifra se redujo en octubre y noviembre. El congelamiento del conflicto pone de presente, más allá de las tareas de la Fuerza Pública, lo que deben hacer las autoridades civiles a nivel social, para evitar que de nuevo se encienda la mecha.

El personero Bernardo García ha dicho que hace falta recuperar a “una juventud perdida en la delincuencia”, con proyectos educativos y de empleo. Para el alcalde Óscar Pérez esa estrategia ya está en curso, con un plan de trabajo con las empresas privadas, pensando en llevar oportunidades a la nueva generación.

Entretanto, la comunidad bellanita permanece en tensa calma. ¿Hasta cuándo durará la tregua? Las fuentes de Inteligencia aseguraron que todo depende de lo que pida “el Mesa”y lo que esté dispuesto a ceder “Pachelly”, en cuanto a negocios y territorios, porque aunque nadie ganó, ninguno quiere irse de la guerra con las manos vacías .

Negociaciones

Después de la primera tregua de septiembre de 2019, la banda de “el Mesa” se quedó con varios sectores de la comuna de Niquía, que antes ocupaba “Pachelly”, como la zona de Niquía Viejo, el sector La Guayana y las inmediaciones de la clínica del Norte, según fuentes judiciales.

Una de las condiciones de la segunda tregua, indicaron testigos a EL COLOMBIANO, fue excluir a las familias de la pelea entre “Pachelly”, “el Mesa” y “Niquía Camacol”; la segunda, fue disminuir los asesinatos en Bello, para no provocar los operativos de la Fuerza Pública.

Tras la nueva tregua, hay varias peticiones en juego: “el Mesa” pidió a “Pachelly” que le devuelva a su exjefe, alias “Guayabo”, la porción del negocio que perdió al caer a prisión; “Sólido”, otro exlíder de “Pachelly”, exigió que le devolvieran unas minas de oro que tenía en el Nordeste. Aún no se sabe si “Pachelly” cederá a estos reclamos.

El Inspector.

En otra audiencia, el mismo juzgado también envió a una celda a Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), presunto jefe de sicarios de “el Mesa” y enemigo mortal de “Pocho”.

Luego de su captura en Bogotá, Francisco Mazo (“Pocho”) fue trasladado a Medellín. Foto cortesía de la Policía.

En una vía pública de la ciudad de Bogotá, la Dijín de la Policía capturó el 26 de septiembre de 2020 a Mazo Pulgarín. La detención se presentó en cumplimiento de una orden de captura por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Al momento del procedimiento, el sospechoso se identificó con una cédula y una licencia de conducción que tenía su foto, pero los datos de un familiar. Los detectives descubrieron el engaño.

Mazo está en el cartel de los más buscados del municipio de Bello, señalado por las autoridades de ser uno de los supuestos responsables de la guerra de bandas que afecta a esa localidad desde febrero de 2019.

En esa época comenzó una violenta confrontación entre “Pachelly” y sus enemigos de “el Mesa” y “Niquía Camacol”, caracterizada por asesinatos selectivos, tiroteos en vías públicas y desplazamientos intraurbanos.

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En el prontuario de “Pocho” ya hay una condena de cuatro años por concierto para delinquir. En 2014 fue capturado en una finca de El Peñol y puesto tras las rejas. También es desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas paramilitares (2006).

Volvió a las calles a finales de 2016, y según la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, siguió delinquiendo.

En la audiencia de control de garantías, que terminó este martes 29 de septiembre, el ente acusador le imputó el concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público, pero él se declaró inocente de ambos cargos, antes de ser enviado a prisión.

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JEFE DE SICARIOS

“Pirry” también se declaró inocente, en su audiencia del pasado 16 de septiembre. Le imputaron homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por ser el supuesto jefe de sicarios de la banda “el Mesa”.

Jhonathan Castrillón, alias “Pirry”. Cortesía.

La Dijín lo detuvo el 14 de septiembre, en un allanamiento a un apartamento ubicado en el barrio Prado de Bello. De acuerdo con la información preliminar, en dicho procedimiento también le encontraron 10 papeletas del estupefaciente conocido como tusi o 2CB.

Aunque se presume que “Pirry” ha coordinado muchos de los asesinatos en el marco de la guerra contra “Pachelly”, de momento solo le imputaron uno ocurrido el 31 de mayo de 2017.

Aquel día, un grupo de hombres secuestró a Santiago Londoño Álvarez en el barrio Andalucía de Bello. Lo llevaron a una casa del sector El Tapón, donde estaba “Pirry”. Lo señalaron de tratar de robarse una moto y lo degollaron con una sierra.

Después lo desmembraron y empacaron en tres bolsas de plástico, las cuales arrojaron al día siguiente en un calle del barrio Toscana de Medellín.

Jhonathan Castrillón ya tiene una condena en su prontuario, de 2009. Esa vez fue capturado por liderar una red de tráfico de drogas en Soacha (Cundinamarca) y en Bogotá, en particular en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe. Allá la organización criminal “el Mesa” es denominada “los Paisas”.

La sentencia fue de 14 años y cinco meses, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, por tráfico de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer.

Como sucede con casi todos los cabecillas del crimen organizado de Bello, no pagó la pena completa y regresó a las calles el 5 de diciembre de 2016. De hecho, tiene otra investigación penal en curso, porque al parecer en ese expediente figuraba con una identidad fraudulenta, a nombre de Héctor Jhonatan Rua Díaz.

En la actualidad está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

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El Inspector.

La operación con fines de extinción de dominio, denominada Temis III, requirió un trabajo de un año y fue ejecutada por la Fiscalía y la Policía en ocho municipios de Antioquia (Bello, Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana, Rionegro, El Retiro y San Jerónimo), en Tolú (Sucre) y Mitú (Vaupés), donde fueron detectados los bienes adquiridos, presuntamente, con dinero teñido de miedo y sangre.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es una de las fincas embargadas en el norte del Valle de Aburrá. En los círculos aparecen los cabecillas y principales sospechosos de liderar la trama de lavado de activos. Fotos cortesía de la Policía.

En la lista de embargos hay 32 apartamentos, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales, 13 fincas, seis lotes, cuatro locales, cuatro garajes, tres casas, tres parqueaderos, un cuarto útil y un edificio. Sobresalen una cabaña de lujo frente al mar, en la playa de Tolú, y un título minero en la lejana ciudad de Mitú.

Sobre esto último, Ana Catalina Noguera, delegada de la Fiscalía contra las Finanzas Criminales, indicó que el título permitía la explotación de un yacimiento de coltán en 1.995 hectáreas, en una zona de protección ambiental.

Este mineral, usado en la fabricación de artefactos electrónicos, como cámaras y celulares, tiene un valor en el mercado de $1.200 millones por tonelada, según la Policía.

EL MODUS OPERANDI
“El Mesa” se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, hurto, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otras conductas. El dinero producido en esas actividades, es lavado en propiedades como las ocupadas en Temis III, de acuerdo con la Fiscalía.

Noguera señaló que dichos bienes estaban a nombre de familiares y testaferros de varios integrantes de la cúpula de la organización, incluyendo niños y ancianos. Las propiedades les eran transferidas con la modalidad de compraventas simuladas y traspasos.

De hecho, como representante legal de la mina de coltán figura una mujer de estrato económico bajo, afiliada al Sisbén, que al parecer estampó su firma en el documento sin tener cómo justificar semejantes recursos.

Los cabecillas sospechosos de participar en este esquema de lavado están condenados y tras las rejas, por concierto para delinquir agravado. Ellos son: Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), sentenciado a 14 años; Luis Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), quien paga ocho años y tiene una investigación en curso por homicidio; Eligio Pérez Peña (“Malacate”), ocho años y cuatro meses; y Luis Fernando Betancur Otálvaro (“Piolo”), siete años y medio.

El informe oficial indicó que “Vallejo”, cofundador y socio financiero del grupo, “trató de darle apariencia de legalidad a su dinero, aduciendo haberse ganado la lotería”, hecho que fue desvirtuado.

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El general Fabio López, director de la Dijín, declaró que varias de las propiedades, en especial las de Bello, eran adquiridas con “exigencias extorsivas a las constructoras”.

Este fenómeno, conocido como “la mafia del ladrillo”, lleva más de una década implementándose en la localidad, no solo por parte de “el Mesa”, sino de otras bandas como “Pachelly”, “los Chatas”, “Niquía Camacol” y “la Camila”. Consiste en exigirle a los constructores varios apartamentos como pago por “el derecho” a edificar en los vecindarios que ellos “controlan”.

En esos recintos suelen vivir familiares y amigos de los integrantes de las organizaciones delictivas, o terceras personas que les pagan arriendo.

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EMPRESA CRIMINAL
Según fuentes judiciales, “el Mesa” delinque desde los 90, cuando nació en el barrio del mismo nombre, en Bello. A pesar de llevar tanto tiempo activa, su persecución solo fue priorizada por las autoridades en 2018, cuando estableció alianzas con el Eln y disidencias de las Farc, para producir y vender drogas en el Norte y Nordeste de Antioquia.

Hasta entonces, ni siquiera aparecía en las listas de blancos estratégicos priorizados.

Esa suerte de anonimato favoreció su crecimiento, hasta convertirse en una empresa criminal con tentáculos en Medellín, Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y el Oriente antioqueño. El general López dijo que hoy tendría 85 integrantes fijos y cerca de 300 colaboradores.

Con varios de los jefes en prisión desde 2019, el mando del grupo en la calle recayó en alias “Magandy”, “el Diablo” y “Gordo Willington”.

Noguera reconoció que “esta es la primera gran operación contra el patrimonio ilícito de ‘el Mesa’”. Los bienes a los cuales les aplicaron las medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

La sentencia fue proferida el pasado 30 de julio por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín (Radicado N°0500 16000000 201800468), por el cargo de concierto para delinquir agravado, luego de un proceso de audiencias y juicio oral que se tardó dos años y cinco meses. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”) no aceptó el preacuerdo con la Fiscalía y decidió someterse a un juicio, el cual perdió en primera instancia. Foto cortesía de la Policía.

En el expediente, la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada indicó que “Vallejo”, de 53 años, era el cabecilla financiero de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín y Bogotá, al igual que un enlace entre dicho grupo y otras bandas de Medellín asociadas a “la Oficina”. Tales estructuras se dedican al narcotráfico, el sicariato, la extorsión y la corrupción de servidores públicos, entre otros delitos.

Desde su captura en una vía de El Poblado, en Medellín, el 6 de marzo de 2018, “Vallejo” siempre sostuvo que era inocente, a pesar de que las autoridades lo presentaron en ese entonces como un pez gordo de la mafia.

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Durante el juicio reiteró que era un comerciante con más de 25 años de experiencia, que aprendió el oficio de electricista y estudiaba Administración de Empresas de forma virtual.

Entre los testigos de la defensa, de acuerdo con el fallo judicial, estuvo el exconcejal bellanita Manuel Oquendo Giraldo (periodos 2008-2011 y 2016-2019), quien comentó que nunca supo de actividades ilícitas por parte de Vallejo; y que por el contrario, lo conoció por sus actividades comerciales como proveedor de logística, sonido, tarimas y silletería, al igual que por sus negocios con el establecimiento de ventas Hipercentro del Bebé, localizado en el parque principal de Bello.

A pesar de esto, otros testigos terminaron hundiendo al procesado, entre ellos algunos exintegrantes de “el Mesa”, como Jader Obeimar Fernández Tobón (“el Chivo”), una de las fuentes clave de la Fiscalía en el caso. Este hombre desentrañó los secretos de la banda, luego de que sus exsocios mataran a su padre John Jairo Fernández en 2015 e iniciaran una serie de extorsiones para quitarle un parqueadero familiar.

Su denuncia tuvo un alto costo. Desaparecieron a su hermana de crianza Leidy Johana López y después desplazaron a varios de sus seres queridos. Finalmente, el 16 de diciembre de 2018, Fernández fue encontrado sin vida en su celda de la cárcel El Pedregal, aparentemente envenenado.

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En la actualidad, “Vallejo” se encuentra recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá. Sin embargo, su defensa solicitó que se estudiara la posibilidad de un traslado a otro sitio, debido a padecimientos de salud. El 29 de junio de 2011, mientras estaba reunido con otros delincuentes de Bello en una urbanización del barrio Castropol de Medellín, el señalado fue víctima de un atentado por parte de un comando sicarial.

Los mercenarios incursionaron disparando en el apartamento, por lo que Vallejo y otros inquilinos saltaron desde una ventana del séptimo piso. Dos personas murieron aquel día, mientras que él sobrevivió con varias secuelas,que hoy agravan su condición médica.

En la sentencia, el Juzgado ordenó la compulsa de copias para abrir otra investigación por la desaparición de Leidy López; y también para indagar si hubo irregularidades en la expedición de salvoconductos para que Vallejo Alarcón portara armas de fuego legales, tras el reciente escándalo de corrupción que involucró a oficiales del Ejército con el trámite de permisos para integrantes del crimen organizado del Valle de Aburrá.

“Se probó en el juicio que Jorge de Jesús Vallejo Alarcón contaba con permiso especial para el porte y tenencia de tres armas de fuego, razón por la cual se ordenará la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue si en el procedimiento adelantado para otorgar los permisos se incurrió en alguna irregularidad”, detalló el fallo.

El abogado de Vallejo Alarcón apeló la condena y el recurso será resuelto en las próximas semanas por el Tribunal Superior de Medellín.

Actualmente, “el Mesa” protagoniza una escalada de violencia en el municipio de Bello, por cuenta de un enfrentamiento con la banda de “Pachelly” que inició en febrero de 2019. Esta situación puso a sus integrantes en la mira de las autoridades, que a la fecha han capturado a otros integrantes de su cúpula, como “el Montañero”, “Malacate”, “el Loco Crazy”, “el Tigre”, “Faro”, “Piolo” y “Jalea”.

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El Inspector.

El incremento de estas “cocinas” clandestinas va de la mano de traficantes y químicos independientes, que trabajan para el mejor postor, incluyendo a las bandas del área metropolitana, el Clan del Golfo y la guerrilla del Eln.

El momento en que los policías de la Dirán y el Goes allanaron la finca en la vereda El Zarzal la Luz, de Copacabana. Foto cortesía de la Policía.

El hallazgo más reciente fue el 11 de marzo de 2020 en la vereda Zarzal La Luz, del municipio de Copacabana. Investigadores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Dirán) lograron infiltrar una red que traficaba base de coca desde el departamento de Cauca, y la traía a Antioquia en motos de alto cilindraje acondicionadas con caletas.

Los encargados de coordinar esa ruta son apodados “Luis” y “Yeison Aristides”, según fuentes cercanas al caso. El infiltrado, que decidió colaborar con las autoridades porque estos le quedaron mal en un negocio, ayudó a instalarles unos dispositivos GPS a las motos, en un taller de mecánica localizado en el sector La Bayadera, zona céntrica de Medellín.

El rastreo a las motos permitió encontrar una vivienda semirrural de Copacabana. Allí era descargada la base de coca, para su procesamiento y transformación en cocaína, en un laboratorio artesanal dentro del recinto.

Policías de la Dirán y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) llegaron al sitio y fueron recibidos a tiros desde un cerro colindante. De acuerdo con las pesquisas iniciales, el laboratorio era custodiado por presuntos integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres, de la guerrilla del Eln. Los uniformados respondieron al fuego, y tras un intercambio de disparos, los delincuentes escaparon por la maleza.

Al ingresar a la finca, no había nadie. El laboratorio estaba equipado con compuestos químicos (1.320 galones de insumos líquidos y 665 kilos de sólidos) , recipientes para destilar, hornos microondas y demás implementos necesarios para fabricar el estupefaciente.

Incautaron 73.5 kilos de cocaína y 18.5 kilos de base de coca, al igual que varias marquillas para identificar la mercancía al momento de su distribución.

El siguiente golpe fue el pasado 20 de junio, en el municipio de Concepción, en el Oriente antioqueño. La Dirán encontró otro laboratorio, esta vez en un campamento de madera dentro del bosque, que vertía desperdicios contaminantes a las aguas del embalse de Guatapé.

Ahí decomisaron 259 kilos de cocaína, 113 kilos de base de coca, 1.125 kilos de insumos sólidos y 2.070 de líquidos, según el informe del caso. Algo que llamó la atención de los investigadores es que también había varios moldes de marquillas y una de ellas, con las siglas YZY, era igual a la encontrada en el laboratorio de Copacabana, tres meses antes.

A la izquierda de la línea roja, las marquillas encontradas en Copacabana; a la derecha, las de Concepción. Fotos cortesía.

ACERCÁNDOSE A MEDELLÍN

Fuentes de la Policía contaron que hace cinco años comenzó a incrementarse la instalación de laboratorios de droga en cercanías y dentro del Valle de Aburrá.

Estar cerca del perímetro urbano trae varias comodidades a los traficantes: 1). Facilidades para negociar, adquirir y transportar insumos químicos, camuflándose en la dinámica comercial y de movilidad vial de las ciudades más pobladas; 2). Evitar las áreas selváticas, en las que hay conflictos armados activos y presencia constante del Ejército (por ejemplo en el Bajo Cauca); 3). Conseguir más socios y clientela, por cuenta de las múltiples organizaciones delictivas que habitan en el área metropolitana.

Frente a esto último, hay múltiples casos documentados. El 4 de septiembre de 2013, el CTI y el Gaula Militar encontraron un laboratorio en la vereda La Pretel, de San Pedro de los Milagros, municipio vecino de Bello. El 14 de agosto de 2014 la Sijín destruyó otro en la vereda El Espinal de la misma localidad.

Se presume que en la administración y vigilancia de esas “cocinas” participaban el Clan del Golfo y la banda “los Chatas” de Bello, en sociedad.

El 25 de agosto de 2015, en un paraje limítrofe de los municipios de San Rafael y Alejandría, el Ejército descubrió lo que calificó como “el laboratorio más grande detectado en Antioquia en los últimos cinco años”. Se trató de un cristalizadero conformado por 11 construcciones rústicas, con capacidad para producir dos toneladas semanales de base de coca y ganancias mensuales cercanas a los $9.500 millones.

Los militares indicaron que la dueña del entable era la confederación criminal “la Oficina”, en particular “los Chatas”, que para ese momento estaban al frente de esa empresa ilegal.

El 8 de marzo de 2017, en el occidente de Medellín, fue capturado Braimer Muñoz Rivera (“Reblujo”), uno de los cabecillas de “los Chatas”. En el informe de la detención, la Policía detalló que “estaría a cargo de extorsiones y desplazamientos forzados, apropiándose de inmuebles con documentos falsos en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, donde mantendría pequeños laboratorios de cocaína”.

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El 3 de septiembre de 2016 hubo otro hallazgo en una finca de la vereda El Zarzal, en Copacabana. Con información de inteligencia de la Embajada del Reino Unido, agentes del CTI y soldados de la Cuarta Brigada allanaron una propiedad recreativa, empleada para el alquiler y realización de fiestas con reguetoneros y DJ populares.

Allí había un laboratorio en el cual mezclaban cocaína con pegante para construcción, con el propósito de evadir los controles para su exportación. Los investigadores recuperaron 300 kilos del estupefaciente e indicaron que al cuidado de la mercancía estaba la banda “la Viña”, cuya base de operaciones es la comuna de Manrique, en el n0roriente de Medellín.

Otra banda urbana involucrada en la instalación y manejo de laboratorios es “el Tapón”, de Bello. Según la Fiscalía, administra estos entables para surtir la demanda de drogas en el Valle de Aburrá y las subregiones del Norte, Nordeste y Oriente, en alianza con grupos como “el Mesa”, el Eln y la disidencia del frente 36 de las Farc.

Su cabecilla, Fernando Jiménez Ruiz, alias “el Caníbal”, fue capturado el 25 de agosto de 2018.

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Los hallazgos de laboratorios, instalados por diversas bandas, continuaron el 15 de mayo de 2018 en otra finca del corregimiento Popalito, en el municipio de Barbosa; el 30 de agosto de 2018, en la vereda El Venado, de Girardota; y el 17 de septiembre de ese mismo año, en la vereda Los Alpes, de Marinilla. Estos tres hallazgos, al parecer, también guardan relación con organizaciones criminales del Aburrá.

Hasta el momento, ningún jefe mafioso del área metropolitana ha sido juzgado por la instalación, vigilancia o administración de estos laboratorios, que cada vez se construyen más cerca de la capital antioqueña.

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El Inspector.

Según el informe de la Policía, a las 5:30 p.m. de este 29 de abril pasaron por un puesto de control de la Policía un automóvil Kia Picanto marrón y una motocicleta Yamaha Nmax negra, que lo escoltaba. Frente a la señal de pare de los uniformados, ambos vehículos emprendieron la huida.

En esta cuadra del sector Villas del Sol interceptaron el carro que llevaba los tres cadáveres. Foto de Carlos Alberto Velásquez.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, declaró que las patrullas comenzaron una persecución de varias cuadras hasta el sector Villas del Sol, donde el automóvil colisionó contra dos carros estacionados. El chofer y su copiloto escaparon, pero no los ocupantes de la moto, de 28 y 29 años, quienes fueron detenidos en el procedimiento.

Cuando los agentes revisaron el automotor, encontraron tres cadáveres: dos hombres en la silla trasera y una mujer tendida a sus pies, con la cabeza tirada hacia la caja de cambios. Todos tenían heridas letales de arma de fuego y carecían de identidades, por lo que fueron registrados como NN de 25 a 30 años.

La hipótesis de las autoridades es que los llevaron en el automóvil hacia un paraje desolado del municipio y los ejecutaron. Después los verdugos pretendían repartir los despojos en sitios distintos, justo cuando los descubrieron.

Al día siguiente, a las 5:30 de la mañana del 30 de abril, en una calle del barrio bellanita Buenos Aires encontraron un envoltorio de costales y bolsas, que contenían los restos desmembrados de un hombre de 30 a 35 años.

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Así encontraron un cadáver masculino sin identificar, en un separador vial del barrio El Trapiche, el 27 de abril de 2020. Cortesía de Guardianes Antioquia.

ANTECEDENTES RECIENTES

Esta nueva oleada de asesinatos había comenzado el 24 de abril en el barrio La Selva, cuando los homicidas arrojaron una víctima acuchillada a la quebrada La García.

El 25 de abril en el barrio Girasol abalearon a Jhon Jeiler Lemos Mena, de 28 años, y en un callejón del barrio Santa Ana dejaron un cuerpo NN masculino a la vía, con la boca cubierta con cinta de enmascarar.

La racha siguió el 27 de abril, con el hallazgo de otro par de occisos comprimidos en costales, a las 5:00 a.m. en el barrio Camacol y a la 1:00 p.m. en El Trapiche. Y el 28 de abril encontraron otro envuelto en bolsas en el barrio La Gabriela, también sin identificar.

La teoría de la Policía es que estos 10 crímenes, perpetrados en apenas seis días, guardan relación con la contienda entre las bandas “Pachely”, “el Mesa” y “Niquía Camacol”, que comenzó en febrero de 2019 y que la Fuerza Pública no ha sido capaz de frenar.

Fuentes extraoficiales comentan que en Bello hay un elevado número de personas desaparecidas, pero que sus familiares no los reportan por miedo a los delincuentes. Varios de ellos han sido encontrados sin vida.

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El Inspector.

Este es el capítulo más reciente de una contienda ilegal que ajusta un año y dos meses, y que ha tenido como protagonistas a la estructura de “Pachelly” contra las de “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Desde febrero de 2019 ese conflicto ha sido el principal detonante de homicidios, en particular en las comunas de Niquía, Altos de Niquía, Bellavista y La Cumbre.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, fue detenido en enero de 2019 en San Carlos, Antioquia. Y Édgar Pérez (“el Oso”) fue capturado el pasado diciembre en Bello. Fotos cortesía de Policía y CTI.

El pasado de 21 marzo mataron a Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, supuesto líder de “Pachelly”, en la cárcel de Cómbita (Boyacá). Estaba allí luego de su captura en enero de 2019, acusado por el cargo de concierto para delinquir.

El crimen sucedió a las 2:00 p.m., cuando caminaba por uno de los corredores del patio N°2, en compañía de otras personas. Ahí se desató una riña entre dos grupos de internos, en la cual “Titi” murió de 40 puñaladas. En el mismo hecho perdió la vida Fabio Rojas Osorio (“Dany”) y un tercer convicto que sobrevivió herido.

Sobre la autoría de este hecho existen dos hipótesis: la primera fue difundida en su momento por fuentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), según la cual “Dany” habría atacado a “Titi”, y después fue acuchillado en venganza por los escoltas de aquel.

La otra versión es analizada por la Fiscalía 9° Seccional de Tunja, bajo la noticia criminal N°152046300150 202080072. En ese expediente, que está en fase de indagación preliminar, figura como indiciado del homicidio Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), supuesto cabecilla de “el Mesa”, y quien estaba detenido desde octubre de 2019 por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público. Él también resultó lesionado en la reyerta y después fue trasladado a La Picota, en Bogotá.

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El sobreviviente del ataque se convirtió en el principal testigo para resolver el caso, por lo que los entes judiciales solicitaron que sea aislado y protegido en la penitenciaría.

En la disputa de grupos criminales de Bello, además de pelear por el dominio de los negocios ilegales, fueron asesinadas personas cercanas a cada bando. Entre las víctimas estuvo Darío Rodríguez, campesino de 80 años y tío de “el Montañero”, a quien mataron el 05/3/19 en una finca de San Jerónimo, Antioquia.

Y a los familiares de Mazo Pulgarín les tramitaron medidas de protección, por las constantes amenazas. Francisco Mazo (”Pocho”), hermano de “Titi”, está en el cartel de los más buscados y es perseguido por las agencias de seguridad.

A pesar de que “Pachelly” y “el Mesa” estaban en guerra en las calles de Bello, “Titi” y “el Montañero” fueron enviados al mismo patio de Cómbita. El Colombiano. solicitó una respuesta al Inpec por esta decisión, sin obtener su postura, pues la entidad está “a la espera de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía”.

EL FINAL DE “EL OSO”
La segunda muerte de un supuesto líder mafioso de Bello ocurrió este lunes 6 de abril. Un ataque cardiaco, después de un traslado de cárcel, es la teoría principal sobre la muerte de Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), del combo de “Niquía Camacol”.

Su abogado Mauricio Morales contó que el deceso se produjo a la 1:00 a.m. en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagüé. Según la historia clínica, “el Oso”, de 50 años, padecía diabetes y tenía antecedentes de enfermedad cardíaca.

El rostro de Pérez figuraba en el cartel de los más buscados de Bello y el pasado 8 de diciembre fue capturado en una casa del barrio Camacol. La Fiscalía le imputó concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y extorsión, cargos que él negó. El Juzgado 19 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Itagüí.

El domingo 5 de abril a las 5:00 a.m. le notificaron que sería trasladado a la prisión de Picaleña, en Ibagüé, a lo cual se opuso por su estado de salud y porque la citas de revisión las tenía programadas en Medellín. “Yo hablé con el Inpec, y me dijeron que era necesario el traslado dizque porque había una posibilidad de fuga”, manifestó el abogado.

El viaje por tierra duró siete horas hasta la capital tolimense. “Cuando lo vieron allá, estaba descompensado”, prosiguió Morales. A las 10:00 p.m. fue revisado en el área de sanidad de la cárcel y el médico determinó que estaba en riesgo de infarto, confirmó el Inpec.

Por eso fue remitido al hospital, donde más tarde falleció por infarto al miocardio, diagnóstico que deberá ser confirmado por Medicina Legal.

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Pese a la cuarentena, una multitud recorrió las calles de Niquía el 7 de abril, en marcha fúnebre por la muerte de “el Oso”. Cortesía.

VIGILANDO A BELLO
Marzo fue el mes con más homicidios en Bello este año, con 20 casos superó a Medellín, que apenas contó 19 gracias a la cuarentena; en abril solo se ha presentado uno (al cierre de edición), el de un joven de 17 años enterrado en una fosa en el barrio La Araucaria N°1.

Varios pobladores del municipio, cuyas identidades reservamos, comentaron que hay temores después de las muertes de “Titi” y “el Oso”, pues esto podría generar retaliaciones u ofensivas de los enemigos.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, señaló que “frente a las consecuencias (de esas muertes), aún no hemos notado confrontaciones. Esperamos las investigaciones de Fiscalía y Medicina Legal”.

Agregó que después del consejo de seguridad con el Ministro de Defensa, Carlos Holmes (marzo 5), se incrementó el pie de fuerza, el cual tuvo que duplicar sus tareas, entre la vigilancia habitual y las campañas de prevención por la pandemia de covid-19.

“Tenemos un equipo de investigadores trabajando con la Fiscalía, revisando en qué casos podríamos aplicar medidas de extradición y extinción de dominio”, concluyó el oficial.

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El Inspector.

Se trata de Gustavo de Jesús Rúa Díaz (“Faro”) y Jhon Alexánder Paniagua Londoño (“Jalea”), miembros de la cúpula de la banda “el Mesa”, quienes también figuraban en el cartel de los más buscados de la localidad.

A la izquierda, Jhon Paniagua (“Jalea”), y a su lado Gustavo Rúa (“Faro”). Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a las 11:30 p.m. de este sábado 21 de marzo una patrulla estaba haciendo labores rutinarias de vigilancia en la carrera 51 con la calle 55 del sector Andalucía de Bello, cuando observaron a dos hombres que se asustaron y emprendieron la fuga.

Los policía pidieron refuerzos y unas cuadras más adelante detuvieron a los sospechosos. Al verificar sus antecedentes, confirmaron que se trataba de alias “Faro” y “Jalea”, quienes tenían órdenes de captura por concierto para delinquir agravado.

Rúa Díaz, de 40 años, vivía cerca del lugar donde fue arrestado. Les dijo a los uniformados que era un simple desempleado; mientras que Paniagua Londoño, de 35, aseguró que era un comerciante. Nadie les creyó, sobre todo cuando constataron que su rostro estaba en el afiche de los delincuentes más buscados.

NOTA RELACIONADA: A “el Montañero” no le sirvió el disfraz contra las autoridades.

Según la investigación de la Fiscalía, “Faro” sería uno de los coordinadores de sicarios de “el Mesa”, mientras que “Jalea” estaría coordinando una de las células de la banda en la ciudad de Bogotá.

Del cartel de los más buscados de Bello, publicado en 2019, falta por capturar a “Botellita”, “Pocho” y “Alber”. Foto: cortesía de la Policía.

Tras esta captura, se unirán a otros jefes de la organización encarcelados, como “el Montañero”, “Malacate” y “Piolo”. De acuerdo con fuentes judiciales, en la calle la banda sigue activa, bajo el mando de “Gordo Willington” y “Diablito”, entre otros.

En la tarde de este domingo se realizaron las audiencias de control de garantías en el Palacio de Justicia de Medellín, donde “Faro” y “Jalea” aceptaron su responsabilidad por el cargo de concierto para delinquir agravado, que les imputó la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.

El Juzgado Cuarto Penal Ambulante de Antioquia  les dictó medida de aseguramiento y serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde tendrán que cumplir, ahora sí, la cuarentena tras las rejas.

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El Inspector.

Una serie de asesinatos desde febrero, caracterizados por tiroteos públicos y hallazgos de cadáveres, tiene como protagonistas a “Pachelly” contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”, según la Policía.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La violencia en Bello también afecta a Copacabana y Medellín. En este carro iban “Tetero” y “Cachetes”, miembros de “Pachelly” asesinados en la Autopista Norte, a la altura de Castilla. Foto de Andrés Osorio.

Las tres estructuras están envueltas en una confrontación desde 2019, por traiciones, negocios malhabidos y retaliaciones, lo que provocó el aumento del índice de homicidios entre febrero y agosto de ese año, llegando al 175% de aumento en esas muertes, concentradas en las comunas de Niquía y Altos de Niquía (ver la NOTA RELACIONADA: División en la banda “Pachely” provocó desorden público en Bello).

La situación escaló hasta las altas esferas del Gobierno. El presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa y la Gobernación encabezaron consejos de seguridad, exigiendo resultados. A Bello llegó un refuerzo en pie de fuerza policial y militar sin precedentes, hubo operativos y capturas de cabecillas, hasta que la violencia disminuyó.

Antes de las elecciones regionales hubo una tregua entre las bandas, según fuentes de Inteligencia, por lo que los bellanitas votaron tranquilos en octubre y gozaron de una Navidad sin aspavientos.

Sin embargo, en febrero de 2020, tras cuatro meses de paz, revivió la disputa, esta vez focalizada en las comunas La Cumbre, Bellavista y Niquía.

Entre los crímenes está el ataque a bala contra dos primos, en el que falleció Robin Guzmán Palacio, de 28 años, y su familiar de 21 quedó herido, el 29 de enero en Niquía.

El 6 de febrero abandonaron en una manga de El Trapiche el cadáver abaleado de un joven de 17 años, envuelto en una cobija y un costal.

El periodo más crítico empezó el 20 de febrero, cuando en el baúl de un carro, en el barrio Santa Ana, dejaron el cuerpo sin vida de David Andrés Sandoval, de 29 años. Ese mismo día hubo otros dos asesinatos en El Ángel y Camacol; en el segundo sitio la víctima fue Cristian Peláez (“Boso”), un presunto mando medio de “Pachelly”.

Él era el comerciante y exfutbolista Juan Diego González Alzate. Foto de archivo El Colombiano.

El 22 de febrero hubo dos ataques sicariales en el barrio Buenos Aires, que dos muertos y un herido. El 29 de febrero acribillaron a otro adolescente de 17 años en el barrio Bellavista.

En total, en enero hubo 4 asesinatos, en febrero se duplicó a 9 y dos más en marzo (15). Las vecindades más afectadas son Playa Rica, Niquía, Buenos Aires y El Trapiche, en Bello.

La confrontación se trasladó a Copacabana, municipio adyacente en el que han botado cinco cuerpos amarrados y envueltos en cobijas, del 15 de enero al 27 de febrero; en este último día, los bomberos rescataron dos cadáveres del río, metidos en costales, y uno de los difuntos resultó ser el exfutbolista Diego González (ver el Anexo).

En Medellín hubo otro episodio al mediodía del 5 de marzo, cuando sicarios abalearon a dos supuestos integrantes de “Pachelly” que iban en un carro por la Autopista Norte, en Castilla. Murieron David Grajales (“Tetero”), presunto coordinador del grupo en el sector Villas del Sol, y Johan Betancur (“Cachetes”).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Ómar Rodríguez, opinó que la reacción de la Fuerza Pública ha impedido que el problema escale a las mismas proporciones del año pasado. “Tenemos un refuerzo de 200 policías adicionales, hicimos allanamientos, logramos 48 capturas y la incautación de 18 armas de fuego. La situación se ha estabilizado”, precisó.

La operación más reciente contra estos grupos delincuenciales la realizó el Gaula de la Policía el pasado 27 de febrero, capturando a 11 presuntos miembros de “Pachelly” en Bello. En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado; ninguno aceptó la culpa y el juzgado les dictó medida de aseguramiento en prisión.

Los procesados fueron: Arley Duque Callejas (“Churro”), Sergio Duque Callejas (“Cheo”), Diego Patiño Barco (“Estropajo”), Carlos Angulo Landázuri (“el Negro”), Juan Vélez Pérez (“Chuky”), Víctor Giraldo Galeano (“Pelos”), Duvaney Giraldo Galeano (“Leche”), Wilson Giraldo Galeano (“Lino”), Dubán Giraldo Galeano (“Ñapa”), Jair Restrepo Díez (“Ojara”) y Dulfay Cadavid Arroyave (“Gaby”).

El mismo 5 de marzo visitó el municipio el ministro de Defensa, Carlos Holmes, y anunció otras medidas: 1). La Policía y el Ejército incrementarán sus patrullajes en los barrios Niquía, Pachelly, Bellavista, Villa Linda y Nueva Jerusalén; 2). El Gaula hará una intervención puerta a puerta, durante 60 días, para instruir a la comunidad sobre medidas contra la extorsión; 3). El Ministerio acompañará a la Gobernación y a las alcaldías en la construcción de un Plan Integral de Seguridad Metropolitano.

Estos son los 11 supuestos miembros de “Pachelly” capturados por el Gaula en Bello. Un juez los envió a la cárcel. Foto cortesía de la Policía.

La secretaria de Gobierno de Bello, Daniela Ortega, reiteró que la Alcaldía ofrece hasta $10 millones para quien suministre datos que lleven a la captura de los generadores de violencia: “Invitamos a la comunidad a que haga parte de las estrategias de seguridad, ayudando con información”.

Aunque los jefes de las tres bandas están encarcelados, en libertad hay varios cabecillas que las siguen regentando. La Policía y la Fiscalía tienen entre ojos a alias “Juan 23”, de “Niquía Camacol”; a “Pocho” y “Alber”, de “Pachelly”; y a “Mangandy”, “Gordo Willington” y “Jalea”, de “el Mesa”.

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ANEXO: EL FUTBOLISTA ASESINADO

A los 39 años fue asesinado el exfutbolista y comerciante antioqueño Juan Diego González Alzate, quien jugó en Envigado, Medellín, Santa Fe, Once Caldas, San Lorenzo (Argentina) y Santos Laguna (México).

La información fue confirmada por dos amigos cercanos, quienes indicaron que su familia reconoció el cuerpo en la morgue de Medicina Legal, el martes 3 de marzo. El coronel Ómar Rodríguez contó que el cadáver fue hallado el 27 de febrero en Copacabana, junto a un joven de 19 años llamado Deiber Galeano, quien residía en Niquía y estaba desaparecido desde hacía tres días.

González se formó en la cantera del club Sajo’s de Bello, y de allí pasó a la selección de Antioquia. Oriundo del barrio Machado (Copacabana), hizo parte de una camada de talentos que incluía al volante Mauricio Molina, con quien dio el salto del fútbol aficionado al Envigado F.C., luego de sus destacadas campañas con la Selección Antioquia prejuvenil.

NOTA RELACIONADA: Futbolista del Medellín murió junto a un menor.

El Inspector.

La detención de Luis Rodrigo Rodríguez, cabecilla de la banda “el Mesa”, se registró el 26 de octubre y este lunes 28 finalizaron las audiencias de control de garantías ante el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, que le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Cómbita (Boyacá).

Esta era la apariencia de “el Montañero” al momento de su captura en Aranzazu, Caldas. Foto cortesía de la Policía.

Según las autoridades, la ubicación de este hombre de 49 años se logró gracias a un informante, quien conduj0 a la Policía a la finca de Aranzazu. En principio, “el Montañero” dijo que era un campesino, pero al ver que no le creían, terminó confesando su verdadera identidad.

En el lugar estaba acompañado por otro hombre y un mayordomo, los cuales no fueron judicializados. Le incautaron una pistola calibre 9 milímetros y tres proveedores llenos de balas. Después lo trasladaron a Medellín.

En la audiencia, la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada le imputó cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público, pues al momento de la detención se identificó con una cédula diferente. El procesado se declaró inocente en el estrado.

Los cambios físicos de “el Montañero” a lo largo de los años para evadir a la justicia. FOTO: Cortesía.

Según el expediente, “el Montañero” estaría delinquiendo desde los años noventa. La banda “el Mesa” nació en el barrio del mismo nombre, en el municipio de Bello, y en la actualidad coordina células delictivas en Medellín, el oriente antioqueño, Boyacá, Bogotá y Soacha (Cundinamarca). Entre sus actividades están el narcotráfico, sicariato, extorsión, desplazamiento forzado y secuestros (ver la NOTA RELACIONADA: “El Mesa”, la empresa del crimen que nadie toca”).

Tiene alianzas con múltiples grupos delictivos, como las bandas “Niquía Camacol” y “el Tapón”, en Bello; “la Oficina”, en Medellín; la guerrilla del Eln y la disidencia del frente 36 de las Farc en el norte de Antioquia.

Durante mucho tiempo esta organización logró mantenerse al margen de la operatividad de la Fuerza Pública, que la consideraba un combo convencional y no la incluía en los objetivos de alto valor. Sin embargo, una disputa a sangre y fuego contra la estructura “Pachelly”, que disparó el índice de homicidios en Bello en el primer semestre del año, puso a sus cabecillas en la mira.

Por primera vez aparecieron en el cartel de los más buscados y sus apodos fueron mencionados en consejos de seguridad con el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y el Gobernador de Antioquia a bordo. En consecuencia, este año han caído tres de sus líderes más importantes: “Malacate”, “Piolo” y ahora “el Montañero”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que “el presidente Iván Duque había pedido su captura en el último consejo de seguridad. Este hombre manejaba muchos negocios ilegales, ¿y cómo terminó? Huyendo, andando con una mochila de vereda en vereda. Es la prueba de que el crimen no paga”.

Rodríguez había tratado de evadir la acción de la justicia cambiando de nombre varias veces. Las autoridades le registraron tres identidades diferentes, y con cada una de ellas tiene un proceso penal distinto (ver la NOTA RELACIONADA: Policía volvió a meter a “el Montañero” entre los más buscados).

La Policía informó que la banda estaría lavando el dinero de sus ganancias en bienes raíces ubicados en Medellín y el occidente de Antioquia.

Los investigadores están analizando quién podría ser el sucesor de este grupo en la calle, quien estaría al frente de unos 300 integrantes. Se presume que saldría de una cúpula conformada, entre otros, por “el Gordo Willington”, “Magandy”, “Jalea”, “Faro” y “Peluche”.

NOTA RELACIONADA: Tres cabecillas de Bello han caído a prisión por la guerra que promovieron.

El Inspector.

El mandatario regional hizo esa afirmación este martes 16 de julio, después de un consejo de seguridad.

El gobernador Luis Pérez haciendo el anuncio, luego del consejo de seguridad en Bello. Foto cortesía de la Gobernación de Antioquia.

Según Pérez, la información inicial provino de un hombre sobreviviente a una tortura, quien afirmó a la Fiscalía que los restos de las víctimas de los combos eran arrojados a los marranos, para que los devoraran. El gobernador no dio más detalles, pero pidió colaboración a la ciudadanía para añadir información a esta denuncia y sacar adelante el caso.

El anuncio de Pérez cogió fuera de base a los investigadores judiciales, pues apenas se trata de una versión preliminar que no ha sido verificada; no obstante, puso la alerta sobre los casos de secuestrados y desaparecidos.

El mandatario regional seguirá liderando los consejos de seguridad sobre la situación de Bello, una tarea que asumió desde que el alcalde César Suárez Mira fue condenado en primera instancia por haber cometido fraude con un diploma de bachiller falsificado (ver la NOTA RELACIONADA: Por fraude capturan al alcalde del municipio de Bello).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En el consejo de seguridad se resaltó que Bello llevaba 11 días sin homicidios, aunque eso no implica el fin de la oleada de violencia. El pasado 12 de julio, una mujer y dos hombres fueron heridos a bala cerca al Hospital Mental; cuatro días después, otros dos hombres quedaron lesionados en una balacera en el barrio Buenos Aires.

Luis Fernando Betancur Otálvaro, alias “Piolo”. Cortesía.

Este año se han registrado 91 asesinatos en la localidad, por lo que las autoridades pretendían imponer el cierre temprano de los establecimientos comerciales, a la medianoche. Los comerciantes agremiados protestaron y, tras un día de deliberación, la Alcaldía tumbó la medida.

Las que sí están vigentes son la prohibición del porte de armas y de la circulación de pasajeros en motocicletas, así como el toque de queda nocturno para los menores de edad.

El más reciente logro en contra del crimen organizado de Bello fue la captura de Luis Fernando Betancur Otálvaro, alias “Piolo”, cabecilla de la banda “el Mesa”. Los comandos de la Policía lo apresaron el 1 de julio en una finca de Copacabana y le hallaron una pistola 9 milímetros con dos proveedores.

La Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado y un juez lo envió a la cárcel como medida de aseguramiento.

“Piolo” es señalado de dirigir una célula de “el Mesa” en Medellín, la cual tiene su centro de operaciones en el barrio Palermo de la comuna 4 (Aranjuez). También es sospechoso de liderar el aparato sicarial de la organización, por lo cual habría ordenado varias ejecuciones. Hasta el momento no le han imputado ninguna.

NOTA RELACIONADA: Tres cabecillas de Bello han caído a prisión por la guerra que promovieron.

El Inspector.