Se trata de Daniel Muñoz Olaya, quien se había evadido de un operativo en contra del círculo cercano y financiero de su padre, el pasado 9 de junio de 2025, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y su hijo Daniel Muñoz Olaya (recuadro). Fotos de cortesía.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que Muñoz se presentó voluntariamente con su abogado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la mañana del jueves 17 de julio, donde agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía le leyeron los derechos del capturado.

De igual manera, las fuentes indicaron que entre la defensa del procesado y la Fiscalía hubo una conversación previa, en la cual se preacordó verbalmente que Muñoz se presentaba y el ente acusador le solicitaba al juez una detención domiciliaria que le evitaría la cárcel, de momento.

La investigación en la cual está implicado es adelantada por la Fiscalía Sexta de la Unidad de Lavado de Activos, que desde 2021 rastrea las operaciones financieras de las bandas “la Oficina” y “la Terraza”.

El mes pasado este despacho expidió órdenes de captura contra cinco personas sospechosas de enriquecerse con las ganancias ilegales de esos grupos.

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Además del propio Daniel Muñoz, fueron afectadas su madre Diana Olaya; Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), lugarteniente de “Douglas” y líder histórico de “la Terraza”; Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

Al momento del operativo todos fueron detenidos, con excepción de Daniel Muñoz, quien no estaba en su domicilio de El Poblado cuando lo allanaron. Extrañamente, su madre sí estaba, pero con un abogado, lo que implica que la información sobre el procedimiento judicial ya había sido filtrada.

En la audiencia de control de garantías, el juzgado les otorgó la libertad a “Yordi” y Diana Olaya, alegando que no había pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel. Seguirán vinculados al expediente, pero respondiendo en libertad; mientras que a las familiares de “Pichi Gordo” les dictaron detención domiciliaria.

El caso ha estado rodeado por varias irregularidades, comenzando por la filtración del operativo. Fuentes judiciales le contaron a este diario que “Douglas”, quien está preso en la cárcel de Itagüí, se enteró de las órdenes de captura en contra de sus allegados y mandó un mensaje de advertencia a la Alcaldía de Medellín, sugiriendo que podía desatar una oleada de violencia en la ciudad si aquello ocurría.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora Isabel Zuleta, quien funge como coordinadora de la delegación del Gobierno en la mesa de Itagüí, habría tratado de evitar la diligencia, algo que ella negó.

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El Inspector.

La acción judicial fue ejecutada este lunes 9 de junio por parte de la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda (“Yordi”). Fotos de cortesía.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó en 2021, con el rastreo de dinero, los testaferros y bienes inmuebles asociados a la banda delincuencial.

La captura de “Yordi” se produjo en una vivienda de la ciudad de Armenia, donde le encontraron varios artículos de santería, una práctica pagana a la que se entregó hace varios años.

En el Valle de Aburrá fue detenida Diana Olaya, exesposa de “Douglas”; su hijo Daniel Muñoz Olaya, quien también tiene orden de captura, no estaba en su residencia al momento del allanamiento y las autoridades están en su búsqueda.

En el mismo procedimiento fueron apresadas Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro líder de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

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En la cárcel de Itagüí, donde está recluido, la Fiscalía le notificó a “Douglas” que le imputará el cargo de lavado de activos, al igual que a los demás capturados.

Vale la pena recordar que Muñoz Martínez está pagando una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La apertura de un nuevo expediente en su contra genera expectativas de cara a la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, de las cuales “Douglas” es uno de sus princpiales voceros en la actualidad.

Esta no es la primera vez que sus familiares resultan inmersos en causas penales por lavado de activos. Por ese delito también fueron procesados en el pasado su segunda esposa, Diana Marcela Olaya Galeano, y su hermano Gerardo Muñoz Martínez.

A este golpe contra “la Terraza” se suma la reciente captura de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), otro de los cabecillas, quien precisamente está investigado por el asesinato de su exsocio “Pichi Gordo”.

La Policía lo arrestó el pasado mes de marzo en una casa de lujo en la vereda Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro. Esa captura fue por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, debido a su coordinación del combo “el Faraón”, que administra plazas de vicio en el nororiente de Medellín.

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El Inspector.

Yo soy El Inspector y esta es la historia que abordaré en el nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, el pódcast de El Colombiano, titulado “El tesoro maldito del gurú empresarial”.

Ya está al aire el nuevo episodio titulado “El oro maldito del gurú empresarial”. Ilustración de Tomás Giraldo.

Este episodio relata los detalles de un crimen que ocupó los titulares de la prensa en Colombia, y que combinó la sevicia del crimen organizado con las ambiciones que despierta el oro en la gente.

Ya pueden escucharlo en www.elcolombiano.com/podcast/revelaciones-del-bajo-mundo y en las plataformas digitales de Spotify, Google Pódcast, Spreaker y Apple Pódcast.

Allí también están disponibles las otras historias de la primera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, a las que puedes acceder de forma directa dando click en estos enlaces:

1). Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín.

2). Los conjuros siniestros del Clan del Golfo.

3). “Otoniel”, el monstruo de las mil guerras (parte 1).

4). “Otoniel”, el monstruo de las mil guerras (parte 2).

5). Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal.

6). La conspiración contra el fiscal Pecci, un crimen que destruyó un sueño de amor.

7). Raptada por un duende (parte 1).

8). Raptada por un duende (parte 2).

9). Las once vidas de “Cabuyo”, el traidor del proceso de paz.

10). “El tesoro maldito del gurú empresarial”.

Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico que mezcla el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas.

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El Inspector.

La entidad estatal informó que la venta se hará por medio de El Martillo, la subasta virtual del Banco Popular, y está programada para los próximos 24 y 25 de octubre. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el Ferrari 812 Superfast modelo 2020, incautado a Juan José Valencia (“Falcon”). Foto cortesía de la SAE.

Según el Twitter de la SAE, los vehículos “aún huelen a nuevo”: “Los ferraris de la mafia serán para la inversión social. El recaudo será destinado a los propósitos del Gobierno de Nacional de Gustavo Petro”.

Se trata de un Ferrari Portofino blanco, modelo 2019, con apenas 1.717 kilómetros de uso; un Ferrari 488 Spider gris, modelo 2019 y 1.703 km; y un Ferrari 812 Superfast rojo, modelo 2020, con 806 km de recorrido.

Aunque el banco anunció que se trata de una subasta con precio base oculto, en su página web aparecen los valores de depósito previo para cada carro: si quiere el blanco, debe tener como mínimo $194’632.857: por el gris, $206’841.954; y por el rojo, $349’898.149.

Estos vehículos de alta gama fueron importados a Colombia desde Italia, según la Policía, por Juan José Valencia Zuluaga, alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao”. Este hombre de 40 años, oriundo de Medellín, fue extraditado a EE. UU. el pasado 27 de junio, por cargos de narcotráfico.

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Este es el Ferrari Portofino blanco, modelo 2019, que también será subastado. Foto cortesía de la SAE.

Las autoridades de ambos países lo señalan de ser un socio estratégico del cartel narcoparamilitar Clan del Golfo, al cual al parecer le manejaba los negocios en el departamento de Bolívar y la zona portuaria de Cartagena, hasta el momento de su captura, el 7 de mayo de 2021.

La Dirección Antinarcóticos allanó su vivienda en la vereda Llanogrande, del municipio antioqueño de Rionegro, una fastuosa propiedad de 9.000 metros cuadrados, con zona deportiva y piscinas (una de ellas con agua traída del mar Muerto), en la cual almacenaba más de 30 vehículos.

En su garaje estaban los tres ferraris, seis motos customizadas, ocho camionetas y autos clásicos de colección, entre otras bellezas adquiridas presuntamente con dineros ilegales.

Además de sus actividades delictivas, Valencia tenía negocios de construcción y propiedad raíz, que le daban la fachada de próspero empresario. Así hizo amistad con varios artistas de la farándula nacional, que asistían a fiestas y conciertos privados en su palacio de Llanogrande.

Fuentes cercanas al caso contaron que fue un reguetonero paisa, amigo de “Falcon”, quien lo convenció de comprar los ferraris.

Este es el Ferrari 488 Spider, modelo 2019, con 1.703 k.m. de uso. Foto cortesía de la SAE.

El artista, cuyo nombre reservaron las fuentes, ya tenía una colección de esta clase de automotores, y le transmitió ese gusto al narcotraficante.

La importaciones se hicieron entre 2019 y 2020. El más costoso fue el Ferrari 812 Superfast rojo, capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en solo 2,9 segundos, y el cual fue traído desde la ciudad italiana de Venecia por un valor cercano a los $1.200 millones.

A su esposa le trajo el Ferrari Portofino blanco, por $950 millones; y completó la colección con el Ferrari 488 Spider gris, por el que pagó cerca de $810 millones.

Con ellos salía a rodar por las vías que conectan a Rionegro con Envigado y Medellín, como la avenida Las Palmas, en compañía de su amigo reguetonero, sin sospechar que las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos le seguían la pista.

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El Inspector.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió a las 5:00 p.m. de este miércoles 23 de junio. A esa hora, un hombre desesperado llamó a la Línea de Emergencia 123, diciendo que a su primo le acababan de disparar.

Una patrulla policial reaccionó a ese llamado de auxilio y llegó a un establecimiento de comidas en la carrera 46 con la calle 7, donde varias personas aterradas rodeaban el cuerpo del comerciante Óscar Mauricio Henao Toro, de 53 años, y quien en los expedientes de la justicia estadounidense figuró en el pasado como alias “el Contador”.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

Los técnicos forenses del CTI inspeccionaron la escena del crimen en el restaurante, encontrando vainillas de calibre 7.65. Foto de archivo.

De acuerdo con su familiar, él, Henao y otro comerciante se habían reunido en ese lugar para conversar de negocios, en particular sobre la posibilidad de invertir en una empresa de divisas. A los 20 minutos de haber comenzado la charla, al recinto ingresó un hombre con una chaqueta oscura y una gorra, quien se aproximó a la mesa y le disparó al ciudadano con una pistola calibre 7.62, impactándolo en el antebrazo izquierdo y en el corazón.

El mercenario salió de inmediato y abordó una motocicleta KTM 200 Duke, conducida por un compinche, y ambos lograron escapar.

FUEGO Y HIELO
Según archivos de la Policía y la Fiscalía, Henao Toro había sido capturado en febrero de 2009, en el marco de la operación Fire and Ice (“Fuego y Hielo”), ejecutada por la DEA, la Dijín e Interpol, en contra de las redes financieras de “la Oficina”, una organización criminal del Valle de Aburrá con negocios transnacionales de narcotráfico y lavado de activos.

El blanco principal de la investigación era el presunto narcotraficante antioqueño Nelson Eugenio Aristizábal Martínez, alias “One Two Three” o “Juantutri”, señalado de liderar una ruta de exportación de cocaína en asocio con “la Oficina”, además de una red de blanqueo de las ganancias ilícitas.

Según el expediente N°04-20065-CR-SEITZ de la Corte del Distrito Sur de La Florida, la célula de “One Two Three” administraba una ruta que salía de Colombia por el Caribe y tenía un punto de acopio en Jamaica, con destino final en Miami, Estados Unidos. Esta estructura habría exportado el alcaloide entre 1997 y 2006, de acuerdo con las pruebas recaudadas en ese momento.

Aristizábal no alcanzó a ser juzgado por las autoridades. Investigadores judiciales relataron que fue desaparecido a finales de 2008 por sus mismos aliados de “la Oficina”, quienes lo habrían ejecutado tras la incautación de varios cargamentos de droga, que le crearon una deuda impagable con la mafia. Su cuerpo no ha sido encontrado.

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El 11 febrero de 2009 las agencias de seguridad capturaron con fines de extradición a siete de sus secuaces, entre ellos “el Contador”, quien cayó en Medellín y fue enviado a la cárcel de Cómbita (Boyacá). En septiembre de ese año, la Fiscalía embargó 118 propiedades a nombre de los involucrados en la red, y de sus testaferros, valoradas en 60.000 millones de pesos.

Se trató de 66 inmuebles, 23 vehículos, 19 establecimientos comerciales y 10 acciones de empresas, los cuales fueron ocupados en Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, con fines de extinción de dominio.

El 22 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable (radicado 31658) para la extradición de Henao, por lo que él y los otros seis procesados fueron enviados a La Florida para responder por cuatro cargos de conspiración para exportar y distribuir cocaína en esa nación.

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El registro público de la Corte del Distrito Sur de La Florida indica que “el Contador” comenzó sus audiencias en el extranjero en octubre de 2009; al mes siguiente, se declaró inocente de las acusaciones, pero luego de un año de juicio, firmó un acuerdo de culpabilidad (Plea Agreement) por uno de los cargos: conspiración para importar 5 o más kilos de cocaína a EE.UU.

En agosto de 2010, la juez Patricia A. Seitz lo condenó a 11 años y siete meses de prisión, tres años de libertad posterior bajo vigilancia y una multa de 100 dólares. Sin embargo, por su colaboración con la justicia, Henao logró renegociar la pena y salió de la cárcel el 7 de julio de 2016, según el archivo del Buró de Prisiones.

Después de siete años de prisión regresó a Medellín, se radicó en El Poblado y tomó las riendas de una empresa de químicos.

Las causas del homicidio no han sido esclarecidas por ahora. El Colombiano buscó una declaración oficial de la Policía sobre este tema, pero la Institución no se ha pronunciado de momento.

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ANTECEDENTE CERCANO

Este es el segundo asesinato perpetrado en Medellín en el último mes, en el que la víctima fue una persona mencionada en investigaciones penales por narcotráfico en Estados Unidos.

Al mediodía del pasado 20 de mayo, en el barrio Conquistadores, sicarios motorizados le quitaron la vida al abogado Jaime Alberto Roll Cifuentes, de 42 años. El ciudadano iba en un taxi con una mujer, y el ataque se produjo cuando pasaban por la calle 33 con la carrera 66B.

El jurista falleció en un centro médico, con 10 heridas de bala, mientras que su acompañante y el taxista sobrevivieron con lesiones leves.

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El finado era sobrino de Dolly Cifuentes Villa, alias “la Meno”, una de las integrantes más conocidas del Clan Cifuentes Villa. Esta organización, con pasado en el cartel de Medellín, tenía una sociedad para el narcotráfico y el lavado de activos con el cartel mexicano de Sinaloa.

“La Meno” fue extraditada en 2012 y pagó tres años de prisión en Estados Unidos. Lo último que se supo de este clan, según fuentes judiciales, fue que algunos de sus integrantes estaban siendo llamados por la DEA para declarar como testigos en el caso contra Joaquín “el Chapo” Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, quien está purgando una cadena perpetua en EE.UU.

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El Inspector.

El hallazgo ocurrió en el marco de la Operación Argenta, desarrollada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía, y sus resultados fueron presentados el 9 de marzo por el fiscal General de la Nación.

Estos son algunos de los taxis decomisados por las autoridades a la red de lavado de activos de “la Terraza”. Foto: cortesía de la Policía.

“Incautamos $10.000 millones a ‘la Terraza’, estamos quitándoles la fuente de financiamiento a estas organizaciones y golpeando las economías ilegales que afectan a la ciudad”, declaró el fiscal Francisco Barbosa.

“La Terraza” es una de las bandas más antiguas, surgió en los años 80 y está en la segunda generación de su cúpula. Obtiene ingresos de múltiples negocios, como narcotráfico, administración de plazas de vicio, cobro de deudas mafiosas, sicariato, extorsiones, pagadiario y venta ilegal de lotes, entre otros.

Bajo su estructura confederada tiene 55 combos a su disposición, que actúan en las comunas de Aranjuez, Manrique, Popular, La Candelaria, Castilla y El Poblado; en el Suroeste y Oriente de Antioquia.

La Operación Argenta golpeó a una de estas subestructuras, “la convivir de San Benito”, la cual tiene influencia en los barrios Estación Villa, San Benito, Candelaria y Villa Nueva, del centro del Medellín.

Según Ángela Bahamón, delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, este grupo integra el ala financiera de “la Terraza”, “encargado de ocultar los recursos obtenidos por la venta de estupefacientes, mediante la compra de inmuebles y taxis, desarrollando también otras maniobras de ocultamiento para ingresar dinero al sistema financiero”.

En allanamientos realizados en Medellín y el municipio de San Roque, fueron capturados siete presuntos integrantes de “la convivir de San Benito”, todos de la misma familia: el presunto cabecilla Hernán Monsalve García (“el Viejo”), Cristian Monsalve Hincapié, Darwin Monsalve Cortés, Caroline Monsalve Hincapié, Luz Monsalve Jaramillo, Estefanía Monsalve Cuartas y Yeny Guzmán Monsalve.

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que ellos negaron en el estrado. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Las autoridades embargaron dos casas, siete apartamentos con sus parqueaderos, dos locales comerciales, dos edificios en etapa de construcción y los 14 taxis, entre otras propiedades, por un valor de $10.000 millones. Sobre estos bienes inició un proceso de extinción de dominio.

También investigan varios hoteles y residencias del Centro, que al parecer eran usados para el acopio y venta de droga, según la fiscal Bahamón.

¿PARA QUÉ LOS TAXIS?
De estos embargos, lo que más sorprende es la “flotilla amarilla”. ¿Para qué le interesa a “la Terraza” invertir su plata en taxis? Para resolver la inquietud, consultamos a investigadores de la Dijín y la Fiscalía que han combatido a esta banda.

“A ellos les sirve para movilizar a sus integrantes de forma desapercibida, y para el transporte de armas y drogas”, indicó uno de ellos. Esta situación quedó ejemplificada con una sentencia del Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Medellín, proferida el 15 de diciembre de 2014 contra el taxista Pedro Peña Pérez, alias “Pedrito”.

La justicia lo condenó a 12 años y medio de cárcel por concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y uso de menores para delinquir, al comprobar que transportaba drogas para las plazas de vicio de “la Terraza” y pistolas para las “vueltas” de sus sicarios. En sus desplazamientos llevaba a un niño vecino, para no levantar sospechas.

El vehículo estaba a nombre de su mamá, a quien le liquidada $60.000 diarios, y adscrito a una empresa legal de taxis de Medellín.

Otro uso que le dan a los “amarillos” es en labores de seguimiento de futuras víctimas de secuestro y asesinato. Un episodio asociado a esto ocurrió el 12 de julio de 2012, en la entrada del Jardín Botánico, donde la banda acribilló a dos policías dentro de una camioneta: los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro, de la Dirección Antinarcóticos, quienes hacían un trabajo encubierto para capturar a “Pichi Gordo” y “Barny”, dos jefes de “la Terraza”.

Aquel día esperaban a un informante que los llevaría a la finca en la que supuestamente estarían los cabecillas, pero este los traicionó y a la cita solo llegaron los asesinos.

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La investigación demostró que antes del ataque, un taxi hizo rondas para vigilar la zona, y que ahí se transportaron las armas de los sicarios. El taxista Juan Pablo Álvarez Quintero (“el Gordo”) fue condenado a 14 años por su participación en el crimen.

“A ellos también les sirven los taxis para blanquear el dinero que consiguen de forma ilegal, por medio de testaferros. A la DIAN le reportan unas ganancias mensuales, que en realidad son infladas para ocultar los ingresos de las plazas de vicio, ¿porque quién puede confirmar exactamente cuánta plata hace un taxi con sus carreras?”, señaló otro de los investigadores.

“La Terraza” –al igual que otras bandas del Valle de Aburrá– usa estos automotores como inversión “legal”. “En este caso les encontraron 14 taxis, todos afiliados a empresas, y supongamos que cada uno liquidaba $80.000 diarios. Eso da $33’600.000 al mes, no es un mal negocio”, concluyó la fuente.

ANTECEDENTES CERCANOS
Esta es el segundo golpe con fines de extinción de dominio que le hacen a “la Terraza” en menos de dos años. El 30 de octubre de 2019 se ejecutó la Operación Amonet, en la cual fueron embargados 378 bienes valorados en $400.000 millones, los cuales estaban a nombre de supuestos testaferros y familiares de “Pichi Gordo”, “Barny”, “Chicho”, “Guasón”, “Saya”, “Keiler”, “el Cerdo” y otros miembros de la facción.

Entre los bienes hubo 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades. Esto incluyó cuatro edificios en el sector El Hueco, del centro de Medellín.

Ya pasaron 17 meses desde aquella medida y, según fuentes judiciales, el proceso avanza muy lento. El juzgado está a la espera de que la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio presente la demanda de extinción, la cual le ha devuelto dos veces para que le haga ajustes. Se presume que resolver este caso podría tardar otros tres años.

En la resolución de medidas cautelares expedida por la Fiscalía 65 (radicado N°1100 16099 068201 701074) fueron expuestas algunas de las modalidades con las que “la Terraza” adquiere estos bienes.

“Es tal su poder que se dedica a tomar la ley por su cuenta, se subrogan funciones de ‘conciliadores’ o ‘notarios’, para realizar partición de herencias, bajo la intimidación a sus víctimas, que se ven obligadas a firmar documentos y aceptar las condiciones por ellos impuestas”, indicó la Fiscalía, y aseveró: “Aunado a ello, se establece la participación de personas que prestan su nombre para efectuar negociaciones para ellos, pretendiendo ocultarse en el perfil de comerciantes”.

Las propiedades y bienes embargados en las dos operaciones están bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyendo los taxis con los que al parecer ejecutaban sus fechorías.

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La operación con fines de extinción de dominio, denominada Temis III, requirió un trabajo de un año y fue ejecutada por la Fiscalía y la Policía en ocho municipios de Antioquia (Bello, Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana, Rionegro, El Retiro y San Jerónimo), en Tolú (Sucre) y Mitú (Vaupés), donde fueron detectados los bienes adquiridos, presuntamente, con dinero teñido de miedo y sangre.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es una de las fincas embargadas en el norte del Valle de Aburrá. En los círculos aparecen los cabecillas y principales sospechosos de liderar la trama de lavado de activos. Fotos cortesía de la Policía.

En la lista de embargos hay 32 apartamentos, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales, 13 fincas, seis lotes, cuatro locales, cuatro garajes, tres casas, tres parqueaderos, un cuarto útil y un edificio. Sobresalen una cabaña de lujo frente al mar, en la playa de Tolú, y un título minero en la lejana ciudad de Mitú.

Sobre esto último, Ana Catalina Noguera, delegada de la Fiscalía contra las Finanzas Criminales, indicó que el título permitía la explotación de un yacimiento de coltán en 1.995 hectáreas, en una zona de protección ambiental.

Este mineral, usado en la fabricación de artefactos electrónicos, como cámaras y celulares, tiene un valor en el mercado de $1.200 millones por tonelada, según la Policía.

EL MODUS OPERANDI
“El Mesa” se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, hurto, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otras conductas. El dinero producido en esas actividades, es lavado en propiedades como las ocupadas en Temis III, de acuerdo con la Fiscalía.

Noguera señaló que dichos bienes estaban a nombre de familiares y testaferros de varios integrantes de la cúpula de la organización, incluyendo niños y ancianos. Las propiedades les eran transferidas con la modalidad de compraventas simuladas y traspasos.

De hecho, como representante legal de la mina de coltán figura una mujer de estrato económico bajo, afiliada al Sisbén, que al parecer estampó su firma en el documento sin tener cómo justificar semejantes recursos.

Los cabecillas sospechosos de participar en este esquema de lavado están condenados y tras las rejas, por concierto para delinquir agravado. Ellos son: Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), sentenciado a 14 años; Luis Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), quien paga ocho años y tiene una investigación en curso por homicidio; Eligio Pérez Peña (“Malacate”), ocho años y cuatro meses; y Luis Fernando Betancur Otálvaro (“Piolo”), siete años y medio.

El informe oficial indicó que “Vallejo”, cofundador y socio financiero del grupo, “trató de darle apariencia de legalidad a su dinero, aduciendo haberse ganado la lotería”, hecho que fue desvirtuado.

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El general Fabio López, director de la Dijín, declaró que varias de las propiedades, en especial las de Bello, eran adquiridas con “exigencias extorsivas a las constructoras”.

Este fenómeno, conocido como “la mafia del ladrillo”, lleva más de una década implementándose en la localidad, no solo por parte de “el Mesa”, sino de otras bandas como “Pachelly”, “los Chatas”, “Niquía Camacol” y “la Camila”. Consiste en exigirle a los constructores varios apartamentos como pago por “el derecho” a edificar en los vecindarios que ellos “controlan”.

En esos recintos suelen vivir familiares y amigos de los integrantes de las organizaciones delictivas, o terceras personas que les pagan arriendo.

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EMPRESA CRIMINAL
Según fuentes judiciales, “el Mesa” delinque desde los 90, cuando nació en el barrio del mismo nombre, en Bello. A pesar de llevar tanto tiempo activa, su persecución solo fue priorizada por las autoridades en 2018, cuando estableció alianzas con el Eln y disidencias de las Farc, para producir y vender drogas en el Norte y Nordeste de Antioquia.

Hasta entonces, ni siquiera aparecía en las listas de blancos estratégicos priorizados.

Esa suerte de anonimato favoreció su crecimiento, hasta convertirse en una empresa criminal con tentáculos en Medellín, Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y el Oriente antioqueño. El general López dijo que hoy tendría 85 integrantes fijos y cerca de 300 colaboradores.

Con varios de los jefes en prisión desde 2019, el mando del grupo en la calle recayó en alias “Magandy”, “el Diablo” y “Gordo Willington”.

Noguera reconoció que “esta es la primera gran operación contra el patrimonio ilícito de ‘el Mesa’”. Los bienes a los cuales les aplicaron las medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

El objetivo era golpear una de red de tráfico internacional de cocaína, liderada desde Antioquia y emparentada con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. La investigación identificó a 10 presuntos integrantes, por lo que los agentes y comandos especiales se repartieron para capturarlos con fines de extradición en Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Cali, Bogotá y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Arnobio Del Río Jiménez, alias “el Tío” (izquierda), y su hijo Ánderson Del Río Pasos, apodado “el Grande”. Fotos cortesía de la Policía.

En la capital antioqueña, los policías incursionaron a las 6:00 a. m. de ese domingo en una urbanización del barrio San Diego. El blanco era Gabriel Jaime Marín Macías, apodado “Chepe” o “el Veterinario”, un comerciante y ganadero de 46 años, oriundo de Amalfi, y sospechoso de ser uno de los supuestos coordinadores de la organización.

“¡Abra la puerta! Policía Nacional, ¡rápido, hombre!”, gritó uno de los uniformados, mientras su compañero golpeaba la puerta con el puño, en un apartamento ubicado en el tercer piso de una de las torres. Al no obtener respuesta, comenzaron a violentar la chapa con una barra de metal.

Marín estaba solo y se despertó estrepitosamente. Ni siquiera alcanzó a ponerse una pijama y salió en ropa interior a la sala. No acató la orden de la fuerza pública y en pocos segundos tomó una decisión fatal.

Tal cual quedó registrado en la grabación por celular que hizo un vecino, se asomó al balcón. Al parecer, quería saltar a un pino y unas palmeras, cuyas ramas estaban a pocos centímetros del borde, pero calculó mal el paso y cayó al vacío.

En la caída rompió una vidriera y se estrelló de bruces contra el suelo de grama. Al escuchar el estruendo, los policías corrieron hasta el sitio y encontraron a “Chepe” inmóvil. “¡Llamen una ambulancia!”, pidió uno de ellos, mientras palpaba sus signos vitales. A pesar de los esfuerzos, la muerte vino a reclamarlo.

Los funcionarios se quedaron con una Circular Roja de Interpol en la mano, con la cual pretendían arrestarlo. En contra de Marín pesaba una acusación de la Corte del Distrito Medio de La Florida (expediente 2019-122186), por los cargos de “conspiración para distribuir cinco kilos o más de cocaína en EE. UU. y conspiración para poseer con la intención de distribuir cinco kilos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de EE. UU.”, de acuerdo con los documentos del caso conocidos por El Colombiano.

Según las pruebas obtenidas por la DEA y la Diran, que incluyen interceptaciones telefónicas y entrevistas, el difunto, al parecer, estuvo involucrado en tres exportaciones de droga interceptadas en altamar.

El primer caso fue el 16 de junio de 2015 en aguas del Pacífico, cuando la Guardia Costera estadounidense detuvo un semisumergible con cuatro tripulantes y 2,4 toneladas de cocaína; el segundo fue el 26 de abril de 2017, cuando la misma Guardia interceptó una lancha con cuatro ocupantes y 711 kilos de cocaína, cerca de Guatemala.

El tercer episodio fue el primero de diciembre de 2018, en aguas cercanas a la isla de Jamaica. El guardacostas persiguió un barco con cuatro navegantes, que se deshicieron de la mercancía tirándola por la borda y después fueron arrestados.

Tras conocerse la muerte del extraditable, ni el Ministerio de Defensa ni la Dirección Antinarcóticos emitieron declaración alguna en ese momento, alegando que se trataba de una operación en curso y que faltaban varias personas por capturar. Sin embargo, cinco semanas después, El Colombiano tuvo acceso al informe secreto de Milenio III, que explica cómo actuaba esa red transnacional de narcotráfico desde Antioquia.

En el recuadro aparece alias “Chepe” y en el círculo se aprecia el balcón por el cual cayó de manera accidental. Fotos de cortesía.

LA RUTA CLANDESTINA

Según el documento, la estructura llevaba por lo menos cinco años exportando cocaína por el Pacífico hacia Norte América, por medio de una ruta que empleaba contactos en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

La coca era cultivada en los departamentos de Nariño y Cauca, y procesada en laboratorios artesanales localizados en los corregimientos de El Mango y El Plateado, en el municipio caucano de Argelia; y en Huisitó y San Juan de Mechengue, en la localidad de El Tambo.

La mercancía era trasladada en mulas hasta las embarcaciones en los ríos Guapi, Timbiquí y San Juan de Micay, y de allí sacada al océano Pacífico. En algunos casos, la enviaban directamente a Centroamérica; en otros, la llevaban primero a la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, donde terminaban de almacenar las cantidades deseadas, abastecían el combustible en la isla Galápagos y después seguían la ruta por altamar.

El transporte marítimo se hacía empleando lanchas rápidas y semisumegibles, aunque también usaban avionetas, carros acondicionados con caletas (para introducir la cocaína por la frontera de México con EE. UU.) y ocultaban la droga entre los contenedores y cajas de embarcaciones legales.

En este último punto, la organización tenía un método particular: “contaminaban los contenedores con pulpa de fruta, mezclando el alimento orgánico con clorhidrato de cocaína”, dice el reporte. La cocaína traficada por este grupo era combinada con bentonita, una especie de arcilla de grano fino, comúnmente empleada en obras de ingeniería civil, y en las industrias petrolera y cosmética.

Las autoridades detectaron esta modalidad el 22 de junio de 2018 en el puerto de Buenaventura: en un buque había un contenedor cargado con 768 kilos de cocaína, camuflados en bentonita y pulpa de fruta.

Los capturados en la Operación Milenio III, con fines de extradición. De izquierda a derecha: alias “Macario”, “Enano”, “Firi”, “Macario Papá”, “el Tío”, “Jacobo” y “el Paisa”. No está en la foto alias “Leiner”. Foto cortesía de la Policía.

LOS IMPLICADOS
Las autoridades de Colombia y EE. UU. creen que al mando de la organización estaría el veterano comerciante Luis Arnobio Del Río Jiménez, alias “el Tío”, propietario de discotecas en Medellín y empresas importadoras de productos. Entre sus antecedentes hay una condena de 12 años de prisión, proferida el 11 de febrero de 2004 por el Tribunal Superior de Buga, por su participación en una estructura que exportaba estupefacientes a Francfort, Alemania.

Su mano derecha sería su hijo Ánderson Del Río Pasos (“el Grande”), quien, según el informe oficial, “es el encargado de lavar el dinero producto del narcotráfico, mediante la utilización de empresas fachada y la instrumentalización de terceras personas para consignación y creación de sociedades empresariales ficticias”.

Los investigadores presumen que la banda lavaría, por lo menos, 30.000 millones de pesos anuales, camuflando los activos en 112 establecimientos comerciales. Con una de esas compañías habrían importado 90 toneladas de bentonita en los últimos años, para mezclarla con la cocaína.

La Policía decomisó parte de esas ganancias el 6 de octubre de 2018, en el allanamiento a un apartamento en Bogotá, donde encontraron 1.630 millones de pesos encaletados. En ese procedimiento arrestaron a tres personas.

Los otros integrantes del grupo, de acuerdo con el organigrama elaborado por las agencias de seguridad, serían: Alfonso Torres (“Macario Papá”) y su hijo homónimo Alfonso Torres (“Macario”), quienes, al parecer, coordinaban la logística desde Cali y Tumaco; al igual que el difunto “Chepe”, quien presuntamente coordinaba actividades de exportación desde Medellín.

En el área de producción de la droga, los responsables serían William Herrera (“Jacobo”), en Bogotá, y Lerner Daza (“Leiner”), radicado en Popayán. El transporte terrestre era manejado, supuestamente, por Carlos Arias (“el Paisa”), quien estaba en Bogotá; mientras que el marítimo lo operaban Martín Castillo (“Enano”) y Ader Castillo (“Firi”).

Todos ellos fueron capturados entre el 24 y el 28 de noviembre pasados, con excepción de “Chepe”, fallecido de formal accidental, y de “Grande”, quien es buscado con Circular Roja de Interpol. En la actualidad, los procesados están en la cárcel, pendientes del avance del proceso de extradición.

En la investigación logró establecerse que el principal cliente de esta estructura es el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNC), considerado por la DEA como “uno de los cinco grupos de crimen organizado transnacional más peligrosos del mundo”. Tiene injerencia en 23 de los 32 estados de México y su principal base de operaciones en EE. UU. está en Los Ángeles, California; trafica con cocaína, metanfetaminas y heroína en América, Europa, Asia y Australia.

Su máximo líder es Nemesio Oseguera Cervantes (“el Mencho”), por quien el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece 10 millones de dólares de recompensa. Sus enlaces con la organización colombiana serían dos ciudadanos mexicanos apodados “Tío Gil” y “el Gordo” o “el Ingeniero”, quienes permanecen en la clandestinidad.

A pesar del fuerte golpe propinado con Milenio III, fuentes cercanas al caso consideran que la estructura criminal no está muerta. El último movimiento detectado fue el pasado 14 de noviembre en Panamá, cuando en un apartamento fueron incautadas 1,4 toneladas de cocaína. La cacería continuará para dar con los cabos sueltos en Antioquia, México y Estados Unidos.

NOTA RELACIONADA: Capturan con fines de extradición al empresario José Piedrahíta.

El Inspector.

En el operativo, con fines de extinción de dominio, resultó salpicado un futbolista profesional. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos dos edificios, ubicados en el centro de Medellín, fueron embargados en el operativo contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

“Estamos ante la extinción de dominio más grande en la historia de Medellín contra una banda criminal”. Así lo aseguró este miércoles 30 de octubre el alcalde Federico Gutiérrez, cuando informó acerca de los 378 bienes y propiedades embargados por el Estado por estar presuntamente vinculadas con “la Terraza”.

Los bienes fueron avaluados en más de $400.000 millones y estaban a nombre de los cabecillas “Chicho”, “Pichi Gordo”, “Guasón”, “Andrés el Cerdo” y “Keiler”, familiares suyos y testaferros. El operativo que permitió dar este golpe fue bautizado como Amonet y fue desplegado tras seis meses de investigación por parte de la Fiscalía y la Dijín (NOTA RELACIONADA: “Chicho” vuelve a prisión y “la Terraza” sigue activa).

Las rentas criminales, producto de homicidios, extorsiones, desplazamientos, narcotráfico y otras actividades delictivas, permitieron a estructura la adquisición de 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades.

“No se trata solo de capturas, sino ir detrás de la plata de las estructuras. Esto sí que les duele”, expresó el mandatario y agregó que el operativo puede animar a las víctimas para que denuncien contando cómo les fueron arrebatadas sus propiedades, que al final pasan a pertenecer a los jefes de las estructuras, en algunos casos con procedimientos ilegales en notarías.

Entre bienes embargados destacan cuatro edificios en el sector El Hueco del centro de Medellín, dos de ellos de 16 pisos y uno a una cuadra de la estación de Policía de La Candelaria. Estos inmuebles, que fueron sellados este miércoles, pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Los demás son 127 bodegas, 91 parqueaderos, 82 locales comerciales, 17 apartamentos, 14 lotes, 6 casas, 2 chalets y una finca. En locales comerciales hay 4 empresas de inversiones de bienes inmuebles, 3 boutiques, 2 peluquerías, una ferretería, una comercializadora de belleza, una empresa textil, una droguería y un polígono de tiro deportivo, este último propiedad del futbolista antioqueño Andrés Felipe Cadavid Cardona.

Fachada del establecimiento El Viejo Oeste, en el barrio Los Colores, occidente de Medellín. Foto de cortesía.

En sociedades se ocuparon 6 compañías de servicios inmobiliarios y de construcción y una comercializadora de cosméticos; 375 de los bienes están en Antioquia (Envigado, Copacabana, Bello y San Jerónimo), otros dos en Magdalena y uno más en Atlántico.

El primer paso fue el embargo, luego sigue interponer la demanda de extinción de dominio ante el juez (la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para hacerlo). El veredicto podría durar hasta cinco años, según los antecedentes.

“Los golpes los vamos a seguir dando hasta el último día de gobierno. Espero que el próximo alcalde no pare esta lucha contra las bandas criminales, porque hay que liberar a Medellín de estas mafias”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

UN FUTBOLISTA SALPICADO CON LOS EMBARGOS

“Andrés Cadavid no tiene nada que ver con la banda ‘la Terraza’”, aseveró Mauricio Beltrán, abogado de ese futbolista, en respuesta a esta operación con fines de extinción de dominio, en la que las autoridades incluyeron tres bienes del jugador.

El informe de la Fiscalía indicó que “los bienes eran usados por ‘la Terraza’ como estrategia para evadir la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a los recursos producto de sus crímenes”.

Y en la lista de posesiones afectadas aparecen un carro, una camioneta Ford Edge y el establecimiento El Viejo Oeste, en el cual se ofrece el servicio de polígono, cursos para el manejo de armas de fuego y venta de accesorios de tiro y caza deportiva. Estos tres bienes pertenecen a Cadavid, futbolista profesional vinculado actualmente al club Deportivo Independiente Medellín.

La camioneta embargada a Cadavid fue presentada por las autoridades, en el marco de la operación contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

El abogado Beltrán criticó la manera en que las autoridades presentaron el caso ante los medios de comunicación, pues a su juicio mezclaron expedientes diferentes.

“El embargo (de los dos vehículos y la compañía) fue la semana pasada, y la Alcaldía revolvió una cosa con la otra. Ese embargo, que es una medida administrativa, fue solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ejército con el tema de los salvoconductos; en esa investigación se menciona a El Viejo Oeste, y por eso tomaron esta medida cautelar. Pero no tiene nada que ver con ‘la Terraza’”, declaró el jurista.

A mediados del presente año estalló un escándalo sobre presunta corrupción en el Ejército, relacionado con irregularidades en la contratación y la supuesta existencia de una red de militares corruptos que manipulaban la venta de armas y la expedición de permisos especiales para el porte, con el propósito de favorecer a las bandas criminales, entre ellas “la Terraza” (ver la NOTA RELACIONADA: Jefes de bandas, con permisos para portar armas).

La investigación, que está en etapa de indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, puso la lupa en la Dirección de Control Comercio de Armas (DCCA) y la Cuarta Brigada, por hechos ocurridos en 2016 y 2017. Una de las hipótesis de las agencias de seguridad es que en esa red estarían involucrados establecimientos de tiro deportivo y polígono, al parecer favorecidos con permisos y licencias firmados por los uniformados sospechosos. Fue en ese contexto en el cual las fuentes de los investigadores mencionaron a El Viejo Oeste.

Para el momento de esos hechos, la empresa ubicada en el barrio Los Colores de Medellín, a una cuadra del comando de la Cuarta Brigada, pertenecía a dos socios: Andrés Cadavid y Alexánder Giraldo Santa.

La compañía apareció de nuevo mencionada en una investigación judicial el 22 de mayo de 2018, cuando en las afueras del local unos sicarios hirieron a bala a Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), cabecilla “la Terraza” y uno de los perjudicados con el decomiso de bienes en la reciente Operación Amoret. En ese ataque, una esquirla de proyectil lesionó en un pie a un administrador del polígono (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín).

Y el siguiente 12 de agosto en el municipio de Bello, mataron a los dos escoltas de Giraldo Santa, el socio de El Viejo Oeste. A raíz de lo sucedido, él le vendió sus acciones a Cadavid y salió de la ciudad.

En entrevista con El Colombiano, el pasado 29 de julio, el futbolista declaró: “Yo no conozco a ese señor (‘Chicho’). Esos hechos no fueron adentro del negocio, por eso a mí ni siquiera me llamaron de la Fiscalía esa vez”.

Añadió que los militares nunca le pidieron sobornos para tramitar las licencias de funcionamiento de la empresa y reiteró: “Yo soy un hombre de bien. Mis actuaciones están a la vista de la gente, todos saben lo que hago, cuándo entreno, cuándo viajo. En ningún momento me han llamado de la Fiscalía, pero no tengo nada que esconder”.

Respecto a la indagación preliminar sobre la trama de corrupción de los militares, el abogado Beltrán precisó que el ente acusador no ha vinculado a su cliente como persona natural, “eso está cerrado, él no está involucrado ni como imputado ni como testigo. Pero la Fiscalía quiso tomar esas medidas cautelares sobre la sociedad comercial, mientras avanza en el caso”.

Luego del embargo de los dos vehículos y del establecimiento, la Fiscalía tiene seis meses para decidir si interpone o no una demanda de extinción de dominio ante un juzgado. “Andrés tiene derecho al debido proceso, vamos a demostrar que esos bienes los consiguió de manera legal con el dinero que ha ganado como futbolista”, acotó Beltrán.

El jurista también emitió un comunicado en el cual reiteró que en las bases de datos de la Fiscalía no figuran anotaciones ni procesos penales contra el deportista y le solicitó al Alcalde de Medellín “que rectifique la información fuera de contexto que entregó a los medios de comunicación, donde señaló a mi cliente como parte de una estructura criminal y testaferro de la misma, además de mencionar que se encontraba capturado”.

Hasta el momento Cadavid no se ha pronunciado acerca de esta situación. Está en concentración para el primer partido de la final de la Copa Colombia, este sábado, contra el Deportivo Cali.

NOTA RELACIONADA: “Guasón” salió de las sombras y cayó a prisión.

El Inspector.

La detención se produjo a las 6:00 a.m. de este viernes  29 de septiembre en la hacienda La Contadora, por parte de uniformados del CTI de la Fiscalía y del Ejército, quienes lo trasladaron a una cárcel de Bogotá, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida si autoriza la extradición. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Bayron Piedrahíta Ceballos fue detenido en su hacienda La Contadora, de Caucasia. Foto cortesía del Ejército.

Este es un nuevo expediente en contra de Piedrahíta, a quien las autoridades estadounidenses han vinculado en investigaciones pasadas por presuntos nexos con el Cartel de Cali y la organización criminal “la Oficina”. Al respecto, el empresario siempre se ha declarado inocente.

LA ACUSACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
La orden de arresto con fines de extradición parte de una investigación de la Fiscalía estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de La Florida (caso N°17-20651 cr-Scola), que se hizo pública el pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con los documentos revelados por el Departamento de Justicia, la historia comenzó en 1991, cuando el Servicio de Aduanas de EE.UU. y la DEA lanzaron la Operación Piedra Angular en contra del Cartel de Cali. En dichas pesquisas, fueron reseñadas 18 personas, sospechosas de narcotráfico y lavado de activos para ese grupo ilegal, entre las cuales estaba José Byron Piedrahíta.

Al frente de la operación estuvo el agente especial Chistopher V. Ciccione, integrante de la agencia Homeland Security Investigations (HSI), y quien más adelante terminaría involucrado en la presunta red de corrupción.

El expediente, firmado por los fiscales Luke Cass y Jennifer A. Clarke de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, señala que tres personas conspiraron para que el empresario antioqueño fuera borrado de la lista de sospechosos de la Operación Piedra Angular: el agente Ciccione, el propio Piedrahíta y Juan Carlos Velasco Cano, alias “Cabezón”, un exsocio del Cartel de Cali que tras salir de una cárcel norteamericana se convirtió en informante de la HSI.

Este hombre sirvió de enlace entre el funcionario federal y Piedrahíta, quien según los acusadores habría sobornado al investigador con el pago de cerca de 20.000 dólares, una cena lujosa, fiesta y encuentro con prostitutas.

Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 9 de diciembre de 2010, cuando Ciccione y otro compañero de la HSI viajaron a Bogotá y se hospedaron en el hotel Marriott. Allí fueron recibidos con un banquete, licor y tres chicas prepago, con quienes se acostó el agente.

Al día siguiente hubo otro banquete en el exclusivo restaurante capitalino Pesquera Jaramillo. Además de Ciccione, Piedrahíta y Velasco, asistieron varias mujeres, un coronel del Ejército y una reconocida estrella de música Pop colombiana, cuyos nombres no revela el expediente.

Todos estos gastos, incluyendo 17.700 dólares en efectivo, habrían sido pagados por el empresario.

En consecuencia, el proceso de la Operación Piedra Angular fue archivado por un juez de distrito en La Florida, el 21 de octubre de 2011.

Ciccione es acusado de alterar bases de datos y mentir en declaraciones, argumentando que nunca fue posible identificar al sospechoso. Adicionalmente, movió fichas para lograr que Piedrahíta y su esposa obtuvieran una visa Parol especial para ingresar a territorio estadounidense.

La captura del agente Ciccione fue anunciada por el Departamento de Justicia el pasado lunes. En contra de este funcionario de 55 años hay seis cargos, por conspiración para defraudar a EE.UU., fraude y obstrucción a la justicia.
Los mismos cargos cobijan a Piedrahíta y al informante Velasco, quien continúa prófugo de las autoridades y se oculta en Bolivia.

PROCESOS ANTERIORES
El 3 de mayo de 2016 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, incluyó a Piedrahíta en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras, al señalarlo como presunto lavador de dinero para la organización criminal “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá y tiene redes transnacionales. La sanción administrativa cobijó a otros miembros de su familia, empleados y a sus compañías.

El organigrama de la Lista Clinton, en la que fue incluido Piedrahíta con varios familiares, empleados y compañías en 2015. Cortesía Ofac.

Por otro lado, en una Corte del Distrito Oeste de Virginia, cursa en su contra desde 1997 un proceso penal por la supuesta comisión de lavado de activos para el Cartel de Cali (ver la NOTA RELACIONADA: Patrocinador secreto de “la Oficina” en la mira de EE.UU.).

En una entrevista concedida a El Colombiano el pasado 10 de abril, Piedrahíta se declaró inocente de esas sindicaciones y expresó que sus abogados ya estaban presentando todas las pruebas antes las autoridades norteamericanas.

Con base en los señalamientos de sus pares estadounidenses, la Fiscalía colombiana le abrió un proceso de extinción de dominio y en octubre de 2016 le embargó 18 bienes y propiedades, por valor cercano a los 13 millones de dólares.

Sin embargo, el empresario ganó esa batalla jurídica, y el 28 de marzo de 2017 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia falló a su favor (radicado 0500 3120 002 2016 0002800), declarando ilegal el embargo y ordenando la devolución de los bienes al propietario.

A juicio de Piedrahíta, los señalamientos en su contra vienen de personas extraditadas que buscan beneficios judiciales a cambio de enlodarlo. “Eso viene de una infinidad de denuncias que vengo colocando hace más de 12 años contra estos grupos al margen de la ley, tanto a ‘la Oficina de Envigado’ como a ‘los Urabeños’ y otros grupos armados, por encontrarme yo en esta región del país tan vulnerable a todo esto (Bajo Cauca). Una forma de ellos afectarme ha sido que han hablado algo de mí, diciendo que los he financiado. La Fiscalía no se ha tomado ni siquiera el tiempo para llamarme a que les explique las denuncias que tengo contra esos grupos. No hay ningún detenido. Hay denuncias por extorsión, desplazamiento forzado y asesinato de mis empleados”, señaló en la entrevista.

Tras su captura, la Fiscalía colombiana expidió un comunicado, indicando que también lo investigan por su supuesta participación en una red de lavado de activos en Argentina, que blanqueaba dineros del narcotráfico para “la Oficina”. Esta organización estaría liderada por el inversionista inmobiliario Mateo Corvo Dolcet, quien junto a cinco personas fue detenido en la mañana de este viernes en aquella nación.

LA VERSIÓN DE LA DEFENSA

La defensa judicial de Piedrahíta Ceballos considera que el operativo para detenerlo fue un gasto innecesario, ya que él no se estaba escondiendo y “siempre ha colaborado con la justicia”.

Así lo expresó el abogado Luis Guerra: “Nos sorprende el gasto en tiempo y dinero de las autoridades colombianas, cuando muy bien sabían que con una llamada el señor Piedrahíta se hubiera presentado en cualquier lugar, sin necesidad de usar helicópteros ni hombres armados, que me imagino costó mucha plata”, opinó el jurista.

Manifestó que su cliente lleva más de un año cooperando con la justicia de Estados Unidos para aclarar el incidente.

Dijo que el expediente que señalaba a Piedrahíta (la Operación Piedra Angular) es de hace más de dos décadas, cuando en Colombia ni siquiera existía un convenio de extradición. Este acuerdo solo se aprobó en diciembre de 1997, “entonces, ¿para qué iba a sobornar a un agente para que lo quitaran de un caso por el que ni siquiera lo podían extraditar?”, cuestionó el jurista.

Guerra enfatizó que su cliente ha venido aclarando con los fiscales estadounidenses lo ocurrido en 2010 con el agente Ciccione y que la verdad sobre ese tema no está totalmente esclarecida. “Ese agente americano extorsionó a muchos y vendió visas”, según el abogado, y añadió que si Piedrahíta cometió algún error, “él mismo lo reconocerá, porque nunca huye de sus problemas”.

Pero si él venía colaborando con los fiscales de EE.UU., ¿por qué le pidieron orden de captura con extradición?
“La extradición siempre era discutida (entre las partes) porque hay hechos que son problemáticos. Y solo porque estemos de acuerdo en algunos hechos, no significa que estamos de acuerdo en todos. Este caso es muy importante para los fiscales americanos dado que se trata de un agente federal que estaba actuando de manera ilegal; para los americanos eso es muy grave y no hay mecanismo para llevar a un colombiano desde Colombia para un proceso en EE.UU. sin extradición”.

Si Piedrahíta no tenía necesidad de sobornar al agente, ¿por qué le dio dinero y patrocinó el banquete con prostitutas en Bogotá?
“Los fiscales americanos están haciendo su trabajo. Nosotros el de nosotros. Los hechos no están en la luz todavía completamente, porque el caso recién inició. Pero hay que tener claro que el señor (Piedrahíta) estaba colaborando con la justicia americana para aclarar los hechos y lograr un acuerdo. Si en eso se cometieron errores, los confrontaremos”.

¿Y ahora qué sigue en el proceso?
“La extradición es necesaria en el caso. Tanto nosotros como los fiscales norteamericanos pensamos igual. Y sigue presentarnos en EE.UU. ante el juez Scola y continuar el proceso allá”.

¿Cuánto podría demorar la aprobación de la extradición aquí en Colombia?
“En mi experiencia, creo que puede tomar de seis meses a un año. Queremos apurar el proceso para llegar a EE.UU. lo más pronto posible”.

NOTA RELACIONADA: Juez declaró ilegal el embargo de bienes a José Piedrahíta.

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ANEXO: ¿QUIÉN ES JOSÉ BAYRON PIEDRAHÍTA?

Piedrahíta Ceballos nació hace 58 años en el municipio antioqueño de Bello. Es subteniente retirado del Ejército (1983), estudió Economía en la Escuela Militar de Cadetes y fue director del colegio militar José María Córdova.

Se inició como comerciante en los años 80, con ferreterías en el centro de Medellín. Después se radicó en Valle del Cauca, donde creó la planta de sacrificio FrigoYumbo. En los 90 ingresó a la Federación Nacional de Cafeteros, administrando haciendas de más de un millón de matas.

En la actualidad se concentró en negocios de ganadería y comercialización de pieles. Sus principales compañías están en la subregión del Bajo Cauca, donde genera 600 empleos, y es dueño de otras firmas en Panamá y Argentina. En la última década llegó a ser el segundo exportador de pieles de Colombia, con mercado en China.

El Inspector.

Esta es la segunda acción del Departamento de Tesoro de EE.UU. en contra de este clan familiar, cuyas actividades económicas se relacionan desde hace tres décadas con la ganadería, la caballería y el sector agroindustrial. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El informe de la Ofac relaciona a los empresarios con alias “Tom”, cabecilla de “la Oficina”. Foto de cortesía.

Santiago y Pedro Gallón Henao fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro el 24 de junio de 2015, que los incluyó en la citada Lista Clinton. Desde entonces, sus transacciones financieras quedaron congeladas con el mercado estadounidense, lo que también derivó en el rechazo de entidades bancarias y comerciales en Colombia.

Estas son las cuatro personas relacionadas con el clan Gallón Henao que fueron incluidas también en la Lista Clinton. Cortesía de la Ofac.

El argumento para esta sanción administrativa, según la Ofac, es que los empresarios ofrecieron, al parecer, apoyo logístico o financiero a las actividades de lavado de activos y narcotráfico internacional de “la Oficina”, la principal estructura de crimen organizado del Valle de Aburrá.

Su principal enlace con esta organización, de acuerdo con los documentos del Tesoro, sería el cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, por cuya captura el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece hasta 2 millones de dólares de recompensa.

Este miércoles 31 de mayo, la Ofac informó que incluyó a otras cuatro personas relacionadas con la familia en la Lista Clinton: Mariana Gallón Aristizabal y Claudia Mercedes Vargas Giraldo, hija y exesposa de Juan Santiago Gallón Henao; el socio comercial Santiago Álvarez Castro y el abogado Gabriel Jaime Aguilar Ramírez.

Junto a ellos, también fueron sancionadas cinco empresas, todas ellas domiciliadas en Medellín: Agroindustrias Cima S.A.S., C.M.V. Carnes S.A.S., Guisanes S.A.S., Agropecuaria Mais S.A.S. y Clamasan S.A.S., esta última con seccionales en los municipios de Amagá y San Roque.

“Estas nuevas designaciones del Departamento del Tesoro reducirán aún más el poder económico de los frecuentes financistas de ‘la Oficina de Envigado’, mediante la identificación y la selección de los testaferros y las empresas que trabajan en su nombre”, declaró John E. Smith, director de la Ofac.

Aunque la sanción de la Ofac es de carácter financiero y no penal, desde 2014 han sido incluidas en la Lista Clinton más de 100 personas y empresas presuntamente ligadas con “la Oficina”, lo que ha puesto de relieve la completa red de blanqueo de activos de la estructura delincuencial.

Smith añadió que su despacho seguirá “tomando medidas para evitar que estos ingresos ilícitos entren en el sistema financiero estadounidense”.

A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, en Colombia los integrantes del clan Gallón Henao no tienen órdenes de captura vigentes. En el pasado los dos hermanos fueron investigados por su supuesta participación como determinadores en el asesinato del futbolista Andrés Escobar (1994), pero a ambos los absolvieron y la justicia condenó a uno de sus escoltas como autor material.

NOTA RELACIONADA: “Natilla”, “don Gabriel” y los Gallón Henao caen en la Lista Clinton.

El Inspector.

El crimen sucedió a las 11:45 a.m. de este sábado 22 de abril y la víctima fue José Antonio Ocampo Obando, conocido como “Pelusa”.

En este lugar sucedió el homicidio del ganadero José Campo Obando. Foto de Google Maps.

En su informe preliminar de los hechos, la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín indicó que Ocampo llegó en su camioneta a una estación de gasolina Esso de la vía Las Palmas, que solía frecuentar, a la altura del barrio Asomadera N°2.

El anciano descendió del vehículo, mientras un empleado tanqueaba el vehículo y le revisaba el aceite. En ese momento se aproximó un joven, cubriendo su rostro con un casco, y le disparó dos veces en la cabeza.

El asesino abordó una motocicleta Auteco Pulsar NS200  amarilla y huyó de la escena. La víctima, nacida en Tuluá (Valle), falleció en el lugar, ante el desconcierto de los presentes.

Una de las primeras referencias públicas que hubo sobre José Ocampo apareció en el libro Los Jinetes de la Cocaína, publicado por Fabio Castillo en la década del 90. En sus páginas, mencionó que “Pelusa” era un hombre cercano al capo Pablo Escobar Gaviria y su primo Gustavo Gaviria, cabecillas del Cartel de Medellín.

Aunque se inició en la vida laboral como taxista, llegó a convertirse en un importante empresario en los años 80, invirtiendo en la compra de tierras en Urabá y Córdoba, cabezas de ganado y en la conformación de compañías del sector agroindustrial. Fue propietario de la discoteca Kevin’s, en Medellín, famosa en aquella época por traer a varios de los artistas más reconocidos del momento.

En 1989 las autoridades ocuparon algunos de esos bienes y detuvieron a Ocampo, en el marco de un proceso por lavado de activos, pero los jueces de Instrucción Criminal lo dejaron en libertad al poco tiempo, por falta de pruebas contundentes.

En 2007, según un reportaje del diario El Espectador, la Fiscalía volvió a reseñar sus bienes, esta vez relacionándolos con las finanzas ilegales de Daniel Rendón Herrera (“don Mario”) y la banda “los Urabeños”. Su defensa logró demostrar en el estrado que no existían tales nexos, y en 2009 las autoridades cesaron el proceso y le devolvieron las propiedades.

En la base de datos de la Fiscalía, aparece vinculado como indiciado (sospechoso) en un caso de violencia intrafamiliar del 31 de enero de 2014; y también como víctima de invasión de tierras, hecho que denunció el pasado 11 de marzo.

En el presente, “Pelusa” era accionista de dos establecimientos de entretenimiento muy populares en El Poblado: la discoteca Capitol y el bar de estriptis La Isla. También era un reconocido ganadero en Antioquia y Córdoba, con fincas en Necoclí y San Antero, pese a que sus familiares manifestaron a la Policía que tenía deudas millonarias.

NOTA RELACIONADA: Mercenarios asesinaron a un antiguo narcotraficante.

El Inspector.

El político costeño es una de las piezas clave para entender el escándalo de corrupción detrás de la firma brasileña Odebrecht, pero también las presuntas movidas de “la Oficina” para lavar el dinero de los activos conseguidos a punta de violencia. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Al excongresista Otto Bula le ocuparon bienes con fines de extinción de dominio, por su presunta relación con “la Oficina”, entre otros motivos. En el recuadro aparece Wilmar Metaute, alias “Pichi Calvo”. Fotos de Colprensa y cortesía.

Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias “Pichi Calvo”, llegó a cumplir una cita de negocios a las 9:00 a.m. del 12 de junio de 2014, en un bar-discoteca de la vía Las Palmas, en Medellín.

Estacionó su camioneta 4Runner blanca y blindada en el parqueadero externo, y descendió en compañía del conductor Iván Darío Ciro Muñoz.

Apenas abrió la puerta, un sicario se aproximó empuñando una pistola y los acribilló a ambos. Metaute, de 42 años, falleció en el acto; Ciro, de 26, pereció cuatro días más tarde en una camilla de hospital (ver la NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”).

Las autoridades reportaron que “Pichi Calvo”, desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc, era un presunto cabecilla de la banda “la Oficina”, encargado de los asuntos financieros y los contactos de narcotráfico entre Antioquia y Centroamérica.

Han pasado dos años y ocho meses desde aquel incidente y, aunque la hipótesis principal apunta a que Metaute fue ejecutado por su propia organización, el doble asesinato está en la impunidad, sin una sola captura efectuada.

Pese a esto, los hallazgos en la escena del crimen permitieron abrir otra investigación por lavado de activos.

El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, señaló que en la camioneta 4Runner de “Pichi Calvo” fueron halladas agendas y documentos que permitieron inferir una presunta relación comercial entre el excongresista Otto Bula Bula y miembros de “la Oficina”.

Uno de los apuntes, revelado este lunes 27 de febrero por las autoridades, dice: “Guillermo Arango le debe a Otto Bula para pagar en feb 15/2014. $ 5’400.000.000 en propiedades, le dará Garantías Hipotecarias”.

Las pesquisas de la Fiscalía, con apoyo de la DEA, allegaron más indicios sobre esta conexión, con aparentes acciones de blanqueo de capitales mediante la compra, venta y traspaso de bienes en el triángulo turístico del Occidente antioqueño (San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia), Córdoba y Sucre.

Las averiguaciones se aceleraron tras la captura de Bula en enero, por su participación en la red de corrupción y sobornos de la compañía brasilera Odebrecht, contratista del Estado en obras de infraestructura. En el marco de ese expediente, el político costeño aceptó cargos por enriquecimiento ilícito y cohecho impropio por dar u ofrecer.

A la evidencia recaudada en estos dos procesos, se sumó una sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta (16/2/16), que compulsó copias para investigar una presunta usurpación de tierra. “En 2008, en Montes de María se concentraron tierras en cabeza de una sola persona. Se intimidaron a los propietarios de la unidad agrícola familiar para vender 433 hectáreas a precios irrisorios, registrados a nombre de Agropecuaria el Central, de propiedad de Otto Nicolás Bula Bula”, precisó la Fiscalía sobre el fallo judicial.

La directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón, declaró que por estas razones se ordenó la ocupación y embargo de 34 inmuebles, cinco vehículos, dos sociedades y 645 cabezas de ganado ligadas al político, sus familiares y supuestos testaferros.

Los bienes están en Medellín, Cartagena, Bogotá, la subregión de los Montes de María y en los municipios cordobeses de Montería, Sahagún, Lorica, Cereté y San Jacinto. El valor aproximado es de 53.000 millones de pesos.

MÁS INVESTIGADOS
Bula no es el único sospechoso de participar en las redes financieras de “la Oficina”. El Departamento del Tesoro de EE.UU. presentó el 10 de noviembre de 2014 un organigrama de 10 personas y 14 empresas supuestamente relacionadas con “Pichi Calvo” (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

Los ciudadanos y entidades implicadas recibieron sanciones financieras al ser incluidos en la Lista Clinton. Entre ellos están el equipo de fútbol Envigado F.C. y sus propietarios, así como un supervisor de guardas de tránsito de Envigado, NelsonDarío Isaza Sánchez (“Omega”).

Las averiguaciones del Gobierno estadounidense apuntan a determinar si Metaute lavó dinero por medio de transacciones con futbolistas, en cuyas maniobras era secundado por su socio Jorge Pérez Marín (“Morro”), asesinado en la masacre de nueve personas en una finca de la vereda El Salado, en Envigado (2012). Por esa matanza, igualmente impune, “Pichi Calvo” también era investigado.

NOTA RELACIONADA: Ocupan 35 bienes de “Pichi Calvo”, cabecilla asesinado de “la Oficina”.

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ANEXO: OTRO MIEMBRO DEL CLAN BULA PROCESADO
Otto Bula no es el único miembro del clan familiar implicado en presuntas acciones de corrupción, lavado de activos y usurpación de tierras.
En noviembre de 2014, la Dijín de la Policía arrestó a su hermano Adalberto José Bula Bula, en el marco de una investigación que permitió desmantelar una red de corrupción que adjudicaba lotes baldíos en Sucre de manera ilegal. Entre los detenidos hubo nueve funcionarios y exempleados del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El Inspector.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, Delgado estaba departiendo con otro hombre en un establecimiento ubicado en la carrera 82 con la calle 46F. Se movilizaba en un automóvil Nissan blindado, el cual tenía estacionado al frente del lugar.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la desmovilización del bloque Noroccidente en Sopetrán, de la cual no hizo parte alias “Gallo”. Foto de archivo.

A las 00:05 horas de este jueves 2 de febrero, un desconocido llegó en una motocicleta, se aproximó al comerciante y le disparó en la cabeza y el cuello, usando una pistola de calibre 9 milímetros. Delgado, de 45 años, falleció en el sitio, mientras el asesino escapaba.

La víctima era oriunda del municipio de Sopetrán, Antioquia. En los registros de la Fiscalía se le relaciona con el bloque Noroccidente de las Auc, en especial con una estructura urbana que delinquió a finales de la década del noventa.

Información de desmovilizados y víctimas de las Auc precisa que Delgado era apodado “Gallo”, y que junto a otros como “el Coco”, “Tominejo”, “el Costeño” y “Luis Sosa” actuó en las localidades de San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Llanos de Cuivá.

El 30 de mayo de 1999 fue capturado por las autoridades en la vía a la Costa Atlántica, en la frontera de Santa Rosa de Osos y Yarumal. En aquel entonces, la Policía reseñó que estaba presuntamente involucrado en 15 procesos penales por homicidio y desaparición forzada.

Pese a esto, salió de la cárcel Bellavista al poco tiempo y se refugió en Urabá, donde habría comenzado una nueva vida como comerciante y empresario de taxis.

El bloque Noroccidente se desmovilizó el 11 de septiembre de 2005 en la vereda El Rodeo, de Sopetrán, pero “Gallo” nunca se presentó. No participó en procesos de reinserción y en consecuencia no se postuló a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, de acuerdo con fuentes judiciales.

En ese momento, se desmovilizaron 222 integrantes, al mando de Luis Arnulfo Tuberquia (“Memín”), aunque las autoridades tienen información de que el bloque lo conformaron más de mil personas, de los cuales la mayoría están con paradero desconocido para la justicia.

Lo siguiente que se supo de él fue el 13 de octubre de 2010, cuando fue capturado con otras dos personas en Honduras. La información la recogió el diario La Prensa, de dicho país centroamericano, y relató que Delgado fue arrestado cuando conducía en una caravana de tres vehículos por la avenida Circunvalación, en la ciudad de San Pedro Sula.

Agentes de Inteligencia estaban rastreando una transacción de narcotráfico, y en un compartimento secreto de un automóvil Ford Focus parqueado en un restaurante hallaron 47 paquetes, cada uno de 20.000 dólares, para un total de 940.000 dólares.

Delgado y los hondureños fueron puestos a disposición del Juzgado Unificado de lo Penal, bajo el cargo de lavado de activos. Lo enviaron a la cárcel por un tiempo, y tras el proceso penal regresó a Colombia.

Las causas del homicidio se desconocen por el momento, indicaron fuentes policiales.

NOTA RELACIONADA: Alerta por muertes de exparamilitares en Valle de Aburrá.

El Inspector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro, incluyó hoy en la Lista Clinton a tres supuestos exmilitantes del Cartel de Medellín: los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, y el supuesto narcotraficante Reinaldo Ochoa Mesa, alias “Natilla”.

Este es el organigrama la Ofac, que incluyó en la Lista Clinton a “Tom” (desde 2014) y ahora a “don Gabriel”, “Natilla”, los hermanos Gallón Henao y Hugo Giraldo. Cortesía.

“La Oficina y el Clan Úsuga dependen de poderosos traficantes de narcóticos como los designados hoy, quienes les proporcionan financiación a cambio de protección para sus operaciones de tráfico de narcóticos y para sus otras actividades criminales”, declaró John E. Smith, director (e) de la Ofac.

Para las autoridades norteamericanas, estas tres personas son “financieros criminales y narcotraficantes con una carrera de vieja data, centrados en patrocinar las activdades ilegales de la Oficina”. Junto a ellos fue incluido en la Lista Clinton el ciudadano Hugo Humberto Giraldo Ochoa, sospechoso de integrar una red de lavado de activos de la banda.

Los Gallón Henao, empresarios y caballistas antioqueños, tienen un historial ligado a la estructura narcotraficante del Clan Ochoa, uno de los pilares del hoy extinto Cartel de Medellín. Fueron investigados y absueltos por ser los supuestos determinadores del homicidio del futbolista Andrés Escobar (1994), episodio por el cual fue condenado un escolta de ellos en calidad de autor material.

Los Gallón Henao están libres en la actualidad y al parecer ya no tienen deudas pendientes con la Fiscalía colombiana.

En el caso de “Natilla”, investigadores policiales lo señalan de ser un auspiciador de “la Oficina” en Envigado y el sur del Valle de Aburrá, a través del tentáculo de la estructura en esa zona: la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), y sus cabecillas “Mateo” y “Beto”.

También está en libertad y carece de orden de captura en el sistema penal colombiano, aunque en la ofensiva del Tesoro fue reseñada la empresa agrícola Semillanos S.A., ubicada en Cereté (Córdoba), en la cual tendría injerencia.

“Hemos hallado que una de las formas más efectivas de desestabilizar a estos influyentes grupos criminales es aislando a quienes los apoyan de la economía de Estados Unidos”, recalcó Smith, ya que el ser incluido en la Lista Clinton implica el congelamiento de las transacciones financieras y la suspensión de visas.

Dentro de la misma operación, la Ofac también aplicó sanciones financieras a Octavio Cartagena Benítez, alias “don Gabriel” o “Gabriel Paraco”, uno de los principales enlaces de “los Urabeños” con “la Oficina” y garante del pacto de no agresión entre ambas facciones, vigente desde mediados de 2013.

“Don Gabriel” es desmovilizado del bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y en la actualidad es el presunto jefe delegado de “los Urabeños” (o Clan Úsuga) para el Valle de Aburrá y el norte de Antioquia.

“Cartagena Benítez trabaja con su contraparte de la Oficina, Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”), para mantener el acuerdo de poder compartido entre la Oficina y el Clan Úsuga”, concluye el reporte de la Ofac.

NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la Zona Norte.

El Inspector.

El presunto cabecilla de la organización criminal “la Oficina”, según confirmaron fuentes judiciales, llegó a un preacuerdo con los agentes estadounidenses que lo perseguían por su presunta participación en una red internacional de lavado de activos. Esta es la reseña del  caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“Fredy Colas” irá a Estados Unidos para responder por lavado de activos. Foto de cortesía.

Mira Pérez, quien había logrado permanecer en el anonimato por varios años y carecía de órdenes de captura en Colombia, quedó expuesto a la opinión pública cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro de E.U., lo incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras en julio de 2014 (ver la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton).

En esa investigación, el Tesoro lo relacionó con el clan Mejía y con las redes de lavado transnacional de Ayman Saied Joumaa, alias “el Turco”, el lavador más buscado del planeta y supuesto miembro del grupo Hezbolá de Medio Oriente.

Pese al señalamiento, “Fredy Colas” continuó su agitada vida nocturna, con viajes entre Cartagena y Medellín. El pasado 9 de noviembre fue detenido por la Policía Metropolitana en las afueras de una discoteca de la capital antioqueña, luego de que algunos clientes del establecimiento lo reconocieron por el afiche de la Ofac.

Apenas estuvo detenido cuatro horas y después dejado en libertad, porque no le hallaron requerimientos judiciales en nuestro país (ver la NOTA RELACIONADA: Dejan libre a “Fredy Colas” porque no tiene orden de captura).

Los acercamientos de “Fredy Colas” con la DEA habrían comenzado a principios de 2014, pero en dos oportunidades el presunto cabecilla no llegó a las reuniones pactadas.

Tras el preacuerdo firmado en diciembre, se presume que viajará a Estados Unidos para ponerse a disposición de la justicia de ese país; no obstante, las autoridades de Colombia no han confirmado que haya salido de aquí.

Otros líderes de “la Oficina” que en el pasado hicieron acuerdos con la DEA son los desmovilizados Carlos Mario Aguilar Echeverry (“Rogelio”) y Mauricio López Cardona (“Yiyo”), entre 2008 y 2009.

Y en los últimos siete años han extraditado a otros miembros y socios importantes como “Botija”, “Sebastián”, “Valenciano”, “don Pacho”, “Gordo Tavo”, “Nano” y el “Tuso Sierra”. Todos responden por las ofensas a la sociedad estadounidense,  ¿y sus víctimas en Colombia? ¿Y sus deudas con la justicia local? Esa respuesta está en el limbo.

NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?

El Inspector.

El anuncio lo hizo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, al incluir a estas personas y entidades en la Lista Clinton, que bloquea sus transacciones comerciales con ciudadanos y firmas estadounidenses. Para el funcionario, este ataque administrativo “golpeará el núcleo financiero de esta red criminal e impedirá sus esfuerzos para operar dentro del sistema financiero legítimo”.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el organigrama de las personas y empresas incluidas en la Lista Clinton por el Departamento del Tesoro. Cortesía Department of Treasury.

A su turno, Jay Bergman, director de la DEA para el Área Andina, declaró que “las sanciones impuestas por el Tesoro revelan el alcance oculto del crimen organizado transnacional de ‘la Oficina’”.

Las 10 personas y 14 entidades son sospechosas de participar en lavado de activos, pero a la fecha no hay procesos judiciales en curso, por lo que aún se presume su inocencia.

El Clan Upegui y Envigado F.C.
La lista negra incluyó a Juan Pablo Upegui Gallego y su madre Margarita Gallego Orrego, dueños mayoritarios del Envigado F.C. Según la Ofac, él “es uno de los socios clave de ‘la Oficina’ y ha aprovechado su cargo como propietario del equipo para poner sus finanzas al servicio de esta organización”.

La dependencia aclaró que la acción va dirigida contra estos dueños y no hacia los jugadores. Otras cuatro empresas del clan familiar fueron afectadas: Enfarrados Company S.A.S. (organizadora de eventos), Envicentro (diagnóstico automotriz), Cafetería Envicentro y Tiendas Margo’s (fabricante exclusivo de los uniformes de Envigado F.C.).

Upegui, cuyo padre Gustavo fue asesinado en 2006 en una vendetta interna de “la Oficina”, se declaró asombrado por la sanción. “No hemos recibido ninguna notificación, apenas estamos aterrizando de lo que está sucediendo. Estamos dispuestos a aclarar lo que corresponda, a que miren nuestros libros de contabilidad”, señaló.

“Mateo” y el excandidato
El desmovilizado de las Auc, Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”), fue descrito por la Ofac como “uno de los subjefes principales, cuya participación en ‘la Oficina’ se remonta a los años 80”. Fuentes de la Policía Metropolitana lo señalan como supuesto cabecilla de la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con redes en Envigado, Sabaneta, el occidente antioqueño y Centroamérica.

Su mano derecha sería Gildardo Bedoya López (“Gil”), quien fue precandidato al Concejo de la localidad en las elecciones antepasadas. Para los norteamericanos, “es un operador político (contactos con funcionarios corruptos) y encargado de lavar activos”.

Una empresa en la cual tiene participación fue cobijada en la lista, Colombiana de Biocombustibles S.A., con sucursales en Medellín, Envigado, Sopetrán y Caucasia. La misma desgracia les cayó a Representaciones Midas (del sector financiero), Garcés y Bedoya CIA.Ltda (repuestos de carros) y Acuamateriales y CIA.Ltda.

La Ofac no especificó quiénes serían sus enlaces políticos, aunque la Fiscalía colombiana investiga su presunta relación con el concejal Carlos Obando Vélez, quien fue detenido en 2013 en una operación policial contra la “Odín Trianón” (ver la NOTA RELACIONADA: Concejal y 8 policías caen en un operativo antidrogas).

Los estadounidenses también reseñaron a un cuñado de Bedoya, Luis Fernando Gutiérrez Restrepo (“Luisfer”), con sus firmas Robirepuestos e Importadora Marenol Ltda (autopartes).

El guarda de Tránsito y su siniestro hermano
Nelson Isaza Sánchez (“Nene” u “Omega”) es funcionario de la Secretaría de Tránsito de Envigado hace más de 15 años. Junto a su hermano Félix (“Beto”), uno de los máximos jefes de la banda, es señalado por la Ofac de estar “vinculado en actos violentos, de extorsión y narcotráfico”. Al parecer usó su cargo para facilitar desplazamientos de los miembros de la agrupación, así como fortalecer su esquema de seguridad.

“Beto” fue detenido en 2012 en Rionegro y purga una condena de 9 años por concierto para delinquir (ver la NOTA RELACIONADA: La caída de “Beto” amenaza el control de “la Oficina”). A principios de este año la Fiscalía le ocupó unos bienes con fines de extinción de dominio, varios de los cuales al parecer estaban a nombre del “Nene”.

Pese a que Nelson Isaza es coordinador de los guardas de Tránsito de Envigado, la Alcaldía se negó emitir una declaración oficial. Voceros de la Administración indicaron a que se pronunciarán solo cuando hayan analizado las implicaciones jurídicas que rodean el caso. Será en ese momento cuando se decida también si continúa o no en el cargo.

El expolicía y los financieros
En la lista negra fue salpicado el excapitán Edward García Arboleda (“Orión”), quien tiene residencia en Sabaneta y es sospechoso de coordinar actividades de la banda en Bogotá. Con él reseñaron dos entidades: La tienda de Mingo e Inversiones C.P.C.I.

Este oficial (r) trabajó en su momento para el general Mauricio Santoyo, quien fue extraditado y condenado en E.U. por apoyar a organizaciones terroristas.

Las últimas dos personas del listado son la contadora Adriana Ruiz Madrid, quien para la Ofac heredó la gerencia financiera de “la Oficina” de manos de su cuñada “Helenita”, que en 2012 huyó de Colombia para establecerse en Miami. De Ruiz fue perjudicado el Spa Carytes Encanto y Belleza, ubicado en El Poblado.

La arremetida estadounidense finaliza con Óscar Echeverry Pareja (“Mosco”), sobre quien se pensaba que había muerto en la masacre de nueve personas en una finca envigadeña (31/12/12), pero continuó ejerciendo como supuesto intermediario de “la Oficina” con los contactos de cuello blanco, como “Gil” y Upegui.

Por otro lado, dos presuntos cabecillas de “la Oficina”, tras cuyos pasos comenzó la investigación que ahora anuncia la Ofac, ya fueron asesinados. Jorge Pérez (“Morro”) fue uno de los 9 acribillados en una finca de la vereda El Salado de Envigado (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta abría desatado la masacre de Envigado).

Y su socio Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”) fue abaleado junto a un escolta el pasado 12 de junio, en el parqueadero de una discoteca de la vía Las Palmas (ver la NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”).

Es necesario decir que ninguno de los 10 reseñados, con excepción del encarcelado “Beto”, tiene orden de captura en Colombia. Razón por la cual, de ser detenidos como su presunto aliado “Fredy Colas” (un hecho que la semana pasada enojó a la opinión pública), tendrían que ser liberados en las mismas condiciones.

NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”.

El Inspector.

Como principal lugarteniente del hoy extraditado Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, emergió el mote de “Fredy Colas”. Por información de la ciudadanía, las autoridades lo señalaban de ser el líder de los combos de las comunas 8 y 9 de Medellín, pero no lograron expedirle orden de captura, ni siquiera tenían una identificación plena que pudiera ayudar en su persecución.

“Fredy Colas” se mantuvo como un enigma hasta ayer, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó su fotografía en un organigrama, señalándolo de ser “un importante subjefe (underboss) en la organización criminal conocida como la Oficina”. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así presenta a "Fredy Colas" el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cortesía.

Su nombre, de acuerdo con el expediente que le abrieron en Estados Unidos, es Fredy Alonso Mira Pérez, nacido en Bogotá, quien hoy cumple 47 años de edad.

Habitantes del barrio Buenos Aires, donde “Fredy Colas” se crió, aseguran que le gustan los vehículos de alta gama y que con frecuencia es visto con hermosas modelos en conciertos de música electrónica en Medellín y Cartagena.

Entre las escasas anotaciones policiales que hay en su contra, está una detención en las afueras de una discoteca de El Poblado, cuando al parecer llevaba varias pastillas de éxtasis, una droga sintética.

El capo “Sebastián” también vivió en Buenos Aires, por lo cual establecieron una amistad desde la juventud. Cuando estalló la guerra contra la facción de “la Oficina” que lideraba Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), “Fredy Colas” se alineó con su amigo.

En la actualidad, Inteligencia de la Policía lo señala de ser el supuesto líder de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una especie de confederación ilegal que rinde cuentas a “la Oficina” y agrupa a varios combos de Villa Hermosa y Buenos Aires.

Estados Unidos comenzó a interesarse en él tras la extradición de “Valenciano”, en diciembre de 2011. “Si quieren atrapar a ‘Sebastián’, sigan a ‘Fredy Colas’”, les dijo el capo a los investigadores que lo arrestaron en Venezuela.

En octubre de 2013 fue extraditado su patrón y amigo “Sebastián”, quien como parte de su negociación con las autoridades norteamericanas comenzó a suministrar información. En consecuencia, el pasado 26 de junio el Departamento del Tesoro incluyó a “la Oficina” en la Lista Clinton, con lo cual congela las transacciones financieras con bienes y empresas supuestamente ligadas a esa estructura mafiosa, y prohibe a los estadounidenses comerciar con ellos.

LAVADO DE ACTIVOS
En la investigación del Departamento del Tesoro y la Agencia Antidrogas (DEA), basada en la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, se incluyó en la Lista Clinton a otras 11 personas, señaladas de conformar, presuntamente, una red de lavado de activos para “la Oficina” y “Fredy Colas”.

Esta red también estaría ligada con uno de los blanqueadores de dinero más perseguidos del mundo, Ayman Saied Joumaa, alias “Junior” o “el Turco”, cuya labor, de acuerdo con el gobierno de E.U., es conseguir dinero con mafias de Latinoamérica para financiar al grupo Hezbolá de Medio Oriente.

“Los miembros de ‘La Oficina’ han utilizado con éxito las redes internacionales de Ayman Joumaa para mover la droga colombiana por todo el mundo”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

Los afectados por la decisión de ese organismo son ciudadanos oriundos de Antioquia, conocidos como el clan Mejía: Pedro Claver Mejía Salazar, señalado de ser el supuesto líder de la red; los hermanos Víctor Gabriel, Juan Carlos y Andrés Camilo Mejía Alzate; los hermanos Jesús Rodolfo, José Guillermo y José Albeiro Barco Mejía.

De igual manera, figuran en el organigrama Rosalba Alzate Giraldo, José Alejandro Mejía Alzate, María Leivy Mejía Alzate y Humberto Antonio Bedoya Espinosa.

En el expediente fueron afectadas 15 empresas relacionadas con este grupo familiar, entre las cuales hay firmas de productos estéticos, construcción, inversiones, hoteles, promotoras turísticas y canteras. Las entidades están localizadas en Medellín, La Pintada, Copacabana, Manizales y Aguadas (Caldas).

NOTA RELACIONADA: “Sebastián” es ahora un preso de Estados Unidos.

El Inspector.

El Tribunal Superior de Medellín, en su fallo de segunda instancia, confirmó la condena contra el cabecilla de ‘La Oficina’, pero modificó el monto. En consecuencia, la sentencia inicial de 32 años y 7 meses se redujo a 13 años y 3 meses de cárcel.

Escena de la presentación de 'El Cebollero', tras su captura en 2008 en El Poblado.

Los magistrados que respondieron a la apelación de la defensa, consideraron que en principio hubo una aplicación inadecuada de los agravantes del delito, y al reestructurar el caso se benefició al procesado. El alivio para Rendón también cobijó su bolsillo, pues antes debía pagar una multa de 28.335 millones de pesos, y ahora la suma está en 7.402 millones 235.400 pesos.

Teniendo en cuenta que ‘El Cebollero’ está en la cárcel desde el 21 de mayo de 2008 (hace cuatro años y cinco meses), le quedarían 8 años y 10 meses de condena por cumplir. Con seis años tras las rejas alcanzaría el tiempo suficiente (75% de la pena) para solicitar la libertad condicional, igual que han hecho otros cabecillas del crimen organizado como ‘El Patrón de Bello’, ‘Elkin Triana’ y ‘Bolillo’.

Esta situación podría variar si le aplican otras rebajas o, en contraposición, se ejerce presión política para prolongar su encarcelamiento, pues Rendón Hurtado tiene poderosos enemigos en ese gremio, desde el presidente Juan Manuel Santos (que ya hizo sancionar a un juez que le cambió la detención intramural por domiciliaria) y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar.

El sentenciado continúa afirmando que es inocente, víctima de las envidias de otros comerciantes, y su defensa está decidida a sacarlo una vez más de la cárcel. El abogado Gustavo Salazar Pineda apeló otra vez e instauró un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, para que el máximo tribunal le conceda la libertad a su prohijado.

La condena por lavado de activos surgió de una investigación de la Fiscalía iniciada en el 2000. El ente acusador demostró que ‘El Cebollero’ blanqueó dineros de ‘La Unión’, una banda criminal al servicio de ‘La Oficina’ en el municipio de Itagüí y el sur del Valle de Aburrá.

El exdirectivo de la Central Mayorista de Antioquia posee también en su prontuario una condena por concierto para delinquir (de 4 años y 4 meses), tras aceptar que había financiado actividades de ‘La Unión’. Hoy en día está en la cárcel El Pedregal.

Para retomar este caso desde el principio, les recomiendo leer las siguientes NOTAS RELACIONADAS: Sentencian a ‘El Cebollero’ por lavado de activos, El hospital de ‘La Oficina’ y Cuatro añitos para un cabecilla de ‘La Oficina’.

El Inspector.