En el ataque sicarial, además, dos balas perdidas hirieron a un mecánico y a una barrendera, la cual falleció al poco tiempo en un centro médico.

En esta calle de Medellín se presentó el ataque sicarial contra John Jairo Mazo Paniagua, quien conducía la camioneta Toyota Hilux. Imagen de cortesía.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho se presentó al mediodía de este 6 de mayo de 2025 en el barrio Jesús Nazareno, en zona céntrica de la ciudad.

En una camioneta Toyota Hilux se movilizaba el comerciante John Jairo Mazo Paniagua, junto a su compañera sentimental. Cuando avanzaban por la carrera 55 con la calle 62, en cercanías a la Universidad de Antioquia, se aproximó una motocicleta con dos hombres vestidos de negro.

El pasajero descendió, caminó hasta la ventanilla del piloto y le disparó en múltiples ocasiones a Mazo Paniagua. Luego escapó con su compinche.

Dos de los proyectiles disparados atravesaron la cabina de la camioneta e impactaron a dos civiles que estaban en la acera contigua: el mecánico automotriz Jhon Arley Arcila Yepes, de 50 años, quien recibió el balazo en la pierna derecha; y la barrendera de Empresas Varias de Medellín, Flor María Mosquera Gamboa, a quien el tiro le penetró el tórax.

Flor María Mosquera Gamboa, la barrendera asesinada. Cortesía.

Los dos lesionados fueron llevados a la Policlínica Municipal, donde se registró el deceso de la mujer de 46 años y madre de tres hijos.

John Mazo, de 44 años, murió en la silla de conductor. Su pareja, quien de milagro salió ilesa del ataque, les contó a los investigadores que su cónyuge había sido policía de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), de la cual se había retirado hacía 15 años aproximadamente.

Al revisar la base de datos del sistema judicial, aparece que le incautaron un revólver en 2007 en el barrio Enciso; que en 2009 lo detuvieron conduciendo una moto robada, en el barrio Manrique Central; en 2015 lo arrestaron en el barrio Acevedo, cuando también andaba en un automóvil hurtado.

Además de esto, era investigado por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, presuntamente cometidos en 2020; así como por tráfico de estupefacientes (2018).

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Pero lo que más llama la atención es que actualmente era el testigo estrella de la Fiscalía en una investigación por supuesta corrupción contra varios policías.

El hecho que derivó en ese expediente sucedió el 11 de julio de 2024 en una finca de la vereda Encenillos, en el municipio antioqueño de Girardota. Hasta ese lugar llegaron cinco agentes del Grupo contra Atracos de la Sijín, adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales simularon un allanamiento con una orden falsa.

Dentro del sitio encontraron a un adulto con una sobrina de 15 años, y se robaron una camándula avaluada en $40 millones de pesos y una subametralladora de calibre 9 milímetros.

Según la Fiscalía, al adulto le cobraron una extorsión de $20 millones de pesos a cambio de no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que se llevara a su sobrina, a la cual señalaron de portar el arma. La víctima les pagó ese dinero.

Luego le pidieron otros $150 millones para no judicializarlo por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Por estos hechos, el pasado mes de marzo fueron capturados y encarcelados el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa, los subintendentes Carlos Jiménez Noguera y Cristian Valencia Valencia, al igual que los patrulleros Jeisson Rolón Sepúlveda y Thyana Karina Rodríguez Melo. Todos se declararon inocentes, pero un juez los envió a prisión.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que una de las principales hipótesis de la muerte de John Mazo está ligada a esa investigación.

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El Inspector.

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que se trata de “los Tatas”, cuyas acciones criminales comenzaron en el año 2010 en Popayán, la capital caucana. Esta es la reseña del caso, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que los policías motorizados se encontraron con los ladrones disfrazados del CTI y la Sijín, antes del tiroteo. Imagen de cortesía.

Según registros policiales y de la Fiscalía, en un principio comenzaron como una célula de delincuencia común, que se dedicaba a atracar apartamentos y locales de motocicletas. Su nombre se lo deben a alias “la Tata”, una ladrona que dirigió los primeros golpes.

Las autoridades ejecutaron varias operaciones para desmantelar a ese grupo entre 2014 y 2017, pero al caer a las cárceles, sus integrantes establecieron alianzas con otras organizaciones, que les permitieron expandir sus operaciones criminales a diferentes regiones.

En el crecimiento de su operación clandestina fue crucial el apoyo de algunos exagentes de Policía de Pasto y de Popayán, que fueron destituidos de la Institución por hechos de corrupción. De acuerdo con la investigación, cuyos detalles fueron conocidos por este diario, esos exservidores públicos instruyeron a los asaltantes en una nueva modalidad de atracos: los falsos allanamientos.

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Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”) y a la derecha Germán Vivas Alzate (“Gafas”), ambos fueron los asaltantes heridos en Laureles. El segundo falleció. Cortesía.

Valiéndose de sus contactos en la Policía, conseguían uniformes y documentación oficial para disfrazarse de autoridad e ingresar a las residencias simulando un procedimiento legal. Una vez adentro, proceden a secuestrar a los inquilinos para ejecutar los robos.

También cambiaron el perfil de las víctimas y comenzaron a atracar las viviendas de jíbaros y narcotraficantes que acababan de reclamar sus ganancias, gracias a información obtenida de fuentes del bajo mundo y de los centros de análisis policiales.

En los últimos años se han documentado asaltos perpetrados por “los Tatas”, además de Popayán, en Armenia (Quindío) y Quibdó (Chocó). Fue esa dinámica criminal la que los trajo a Medellín el pasado mes de abril.

Los investigadores creen que analizaron a su objetivo durante varios días, antes de dar el golpe el fatídico 1° de mayo en el barrio Laureles. A las 9:00 a.m. llegaron en varios vehículos al edificio Praga, vistiendo chalecos y otros distintivos de la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

Con una orden de captura fraudulenta, por el presunto delito de lavado de activos, ingresaron al apartamento de un ingeniero y sustrajeron $17 millones de pesos y joyas, que de antemano sabían que estaban en ese sitio.

A las 9:30 a.m. llegó al edificio una patrulla verdadera de la Policía, para atender un llamado de la ciudadanía por movimientos sospechosos. La motocicleta con los dos uniformados se topó en la calle con tres de los asaltantes, los cuales los intimidaron con pistolas.

El subintendente Juan Esteban Cortés Pérez se les enfrentó y se produjo un tiroteo, en el que él fue asesinado y dos de los ladrones disfrazados quedaron heridos. Los demás se dieron a la fuga en un taxi y varios carros.

Uno de los asaltantes heridos falleció horas después en Policlínica: Germán Vivas Alzate, de 43 años, oriundo de Popayán y apodado “Gafas”, quien tenía varios antecedentes judiciales por hurto y porte ilegal de armas, entre otros punibles.

Con esta imagen la Policía le rindió un homenaje a su héroe asesinado en Medellín. Cortesía.

El otro herido, quien fue llevado a la Clínica Medellín y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, fue identificado como Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”), también de Popayán y con seis procesos penales abiertos por el delito de hurto. En 2017 había sido capturado y, ahora, por el crimen del policía, le emitieron una nueva orden de captura.

El análisis de las cámaras de vigilancia del vecindario les permitió a los investigadores del caso recuperar una pistola traumática que fue arrojada a un antejardín y localizar dos camionetas Kia Sportage y Renault Duster usadas en el falso allanamiento.

Los agentes de la Sijín también arrestaron a Jhon Steven Cuervo Olarte, de 27 años, sospechoso de conducir uno de los vehículos en los cuales escaparon “los Tatas”.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. Se declaró inocente, pero fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento.

Las autoridades recordaron que sigue vigente la recompensa de $100 millones de pesos para dar con los demás integrantes de la organización.

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El Inspector.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, en la actualidad la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con 6.825 efectivos asignados a la capital antioqueña (sin contar Bello, Envigado ni los demás municipios del área metropolitana). Esta es la reseña del tema elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Para una ciudad de 16 comunas y cinco corregimientos, hay menos de 3.000 policías vigilando las calles. Foto de Jaime Pérez.

De esos, 2.941 están destinados al patrullaje de los cuadrantes en los barrios, mientras que 3.884 pertenecen a las diferentes especialidades de la Institución (Gaula, Sijín, Sipol, Infancia y Adolescencia, etc.).

El secretario de ese despacho, Manuel Villa, explicó que el promedio internacional sugiere que por cada 100.000 habitantes debe haber por lo menos 300 policías prestando vigilancia en las calles.

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Contando con el hecho de que Medellín alberga 2’573.220 habitantes, la media en nuestra ciudad es de 114 policías de vigilancia por cada 100.000 pobladores.

Para cumplir con el estándar internacional, la metrópoli debería contar con 8.577 uniformados patrullando los cuadrantes, lo que implica que el déficit actual es de 5.636, de acuerdo con los cálculos de la secretaría.

Villa contó que ya sostuvo una reunión con el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, a quien le presentó las cifras y le habló de las necesidades de Medellín en materia de seguridad.

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En el caso de Bogotá, ese déficit ronda los 10.000 uniformados, según el concejal del partido Centro Democrático, Julián Uscátegui, quien le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán que pida el apoyo de las Reservas Activas de la Fuerza Pública, para que “militares y policías en uso de buen retiro, que tienen experiencia y preparación”, ayuden a llenar ese vacío.

El Inspector.

La detención se produjo en la noche de este viernes 23 de febrero, en medio de un plan candado de la Policía Metropolitana en el Centro, tratando de cerrarles las salidas a los prófugos.

El sonriente venezolano Óscar Alejandro Tovar Velásquez fue el primer recapturado, luego de la fuga. Foto de la Policía.

El recapturado es el venezolano Óscar Alejandro Tovar Velásquez, de 27 años, quien purgaba una condena desde 2022 por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

La fuga ocurrió en la mañana del viernes, en un Centro Día del barrio El Chagualo, cerca de la Plaza Minorista. Esa instalación solía funcionar como un albergue temporal para mendigos, pero debido al hacinamiento en las cárceles del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la falta de gestión de la Alcaldía para construir nuevas prisiones, es utilizada como sitio de retención para criminales.

La Policía le rindió homenaje al uniformado asesinado con esta postal. Foto de cortesía de la Policía.

Según la Policía, en el recinto se presentó un amotinamiento premeditado entre los internos. Cuando los custodios trataron de disolverlo, fueron desarmados por los presos.

En la parte exterior del sitio había motocicletas esperando a varios de los fugados, mientras que otros huyeron corriendo.

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En la reacción policial se presentó un tiroteo en el cual falleció el intendente Denis Fernando Morales Jaramillo, de 41 años, y quedó herido el patrullero Diego Armando Burbano Prado.

Tras la recaptura de Tovar, faltan 11 personas por capturar, entre las que se cuentan otros siete venezolanos, con edades entre los 19 y 35 años:  Yosniel Alberto Gómez, Yefferson Rafael Pérez García, Cristopher Emilio Estaba Vincent, Wilkert Manuel Castellano Blanco, Kenji José Vizcaíno Espinoza, Lerwin Raúl Torres Cordero y Joeldry Jesús Gil Flórez.

La lista la completan cuatro colombianos de 22 a 28 años: Abel Josué Pérez Hernández, Dani Gabriel Camacho Martínez, Emanuel Mateo Palacio Valega y Vicente Zackarías Marciglia Rosso.

El cartel con el que la Policía busca a los fugados del Centro Día. Cortesía.

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La mayoría de estas personas estaba detenida por cargos de hurto calificado y agravado, además de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, amenazas y acceso carnal violento.

La Alcaldía ofreció $20 millones por información que ayude a facilitar las capturas y $100 millones por el asesino del policía.

El Inspector.

Las muertes involucraron a múltiples atacantes, aunque de momento no hay pistas que conecten los dos hechos.

Las víctimas, el subintendente Eduard Guarín (izquierda) y el patrullero Fredy Sierra. Fotos cortesía de la Policía.

El caso más reciente fue el del patrullero Fredy Alberto Sierra Muriel, de 32 años, quien trabajaba en la estación de Policía de Belén, en el suroccidente de Medellín.

En la noche del pasado miércoles 11 de mayo, luego de terminar su turno en la estación, Sierra fue a cumplir una cita en la vereda El Noral, del municipio de Copacabana. De acuerdo con la información preliminar, iba a cobrar el dinero por la venta de un carro.

A las 9:30 p.m. los vecinos del sector, en una zona semirrural, escucharon un disparo. Cuando se asomaron, encontraron el cadáver del patrullero, quien tenía dos heridas de puñal en la espalda y un agujero de bala en la cabeza; en la escena del crimen, los asesinos dejaron el cuchillo con el cual lo atacaron.

El caso anterior ocurrió a las 5:00 de la madrugada del pasado 17 de abril en el barrio Manrique, nororiente de Medellín, y la víctima fue el subintendente Eduard Giovany Guarín Quiroz, quien trabajaba para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según la información de testigos y lo observado en una cámara de vigilancia, Guarín vestía de civil y estaba en tiempo de descanso, cuando fue atacado a golpes por varias personas que lo interceptaron a pie y en motocicletas. En medio del alboroto, uno de los motorizados sacó un arma de fuego y le disparó en un costado del pecho.

El suboficial se libró de las personas que trataban de lincharlo y corrió varias cuadras, pero estaba perdiendo mucha sangre y se desplomó en el suelo. Los patrulleros que llegaron para atender el desorden público lo auxiliaron y ayudaron a trasladarlo al Hospital San Vicente Fundación, adonde no fue posible salvarlo. Falleció a los 43 años de edad.

Por el momento no han sido esclarecidas las causas de estos asesinatos, aunque la Policía anunció que las investigaciones ya tienen avances.

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El Inspector.

Este es el análisis de las muertes violentas realizado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los últimos dos años en Medellín han sido los menos violentos desde 1979, la época previa al auge del narcotráfico. Foto de Edwin Bustamante.

¿Qué tal si iniciamos este análisis con la cara positiva de la moneda? Hace 42 años comenzó la medición oficial de los homicidios en la capital antioqueña, con las Estadísticas Vitales del Dane. En ese entonces, cuando apenas despertaba el monstruo de la cocaína, hubo 615 asesinatos.

Después hubo picos terribles, como el de 6.809 crímenes de 1991, en la guerra de los carteles de Medellín y Cali, “los Pepes” y la Fuerza Pública; y en 2002, con 3.829, cuando los paramilitares confrontaban a las milicias por el control de las comunas.

Pasaron décadas para que pudiéramos registrar un 2020 con 369 casos y un 2021 con 403. En palabras del secretario de Seguridad, José Acevedo, “el año anterior fue el segundo menos violento en 40 años y completamos dos años consecutivos con récords en la reducción de este indicador”.

La cifra no viene sola: la tasa de homicidios, 15.68 por cada 100.000 habitantes, está por debajo de la tasa nacional (22.2); y el porcentaje de esclarecimiento de asesinatos (en la investigación judicial) está en 39%, superior a la media colombiana del 20%.

También hubo 126 días no consecutivos sin homicidios.

Si comparamos los casos de 2021 con los de 2020, hubo un aumento del 9.2%, con 34 homicidios más. Esto era previsible, según analistas de seguridad y el propio Acevedo, teniendo en cuenta que en 2020 hubo cuarentenas que restringieron las interacciones ciudadanas y que en 2021 se reactivó toda la vida social.

No obstante, al observar en detalle las métricas, hay unas tareas pendientes en territorios puntuales y frente a algunos modalidades de homicidio en particular.

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RETOS TERRITORIALES
Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), de la Alcaldía, en la mitad de las 16 comunas de Medellín aumentaron los asesinatos en 2021 con relación al año anterior; de igual manera, crecieron en cuatro de los cinco corregimientos.

Algunos incrementos fueron poco significativos (numéricamente), como el de la comuna Popular, que pasó de 11 a 12. Pero otros son delicados: El Poblado saltó de 2 a 10 (400% más); Laureles, de 9 a 16 (78%); y Guayabal, de 7 a 14 (100%). Según analistas de la Policía y la Fiscalía, las muertes ligadas a atracos pusieron un porcentaje importante de en estas tres comunas, en las que, dicho sea de paso, no hay ningún conflicto activo entre organizaciones criminales.

El contexto es diferente en Manrique, que pasó de 13 a 20 (54%); y Aranjuez, de 28 a 38 (36%). En esos territorios hay una fragmentación en “la Terraza”, la banda hegemónica.

Esta disputa interna se está saldando con sicariato, “y no todos los muertos quedan en esas dos comunas, algunos van a dar al río Medellín y otros se los suman estadísticamente a otros sectores, en los que botan los cuerpos desmembrados”, relató un investigador judicial.

Si hablamos de depósitos de cadáveres, el corregimiento de San Cristóbal es uno de los más perjudicados. Subió de 16 a 29 homicidios (81%) y en gran medida fue porque, según las fuentes, allí se arrojaron los cuerpos de víctimas asesinadas en otras áreas vecinas, como San Javier, Robledo, Doce de Octubre, Altavista y el municipio de Bello.

“Llama la atención una cosa: que las comunas que tienen frontera con San Cristóbal rebajaron los homicidios, pero el corregimiento subió. Algunos de esos muertos, que al principio se registraron como NN, luego resultaron ser del área urbana de Medellín. Parece que las bandas, para no ‘calentar’ su zona con la Policía, le tiraron los muertos a San Cristóbal”, opinó otro agente.

En efecto, si observamos las comunas aledañas, Robledo mermó 25%, San Javier 16% y Doce de Octubre apenas subió un caso (de 17 a 18). Entre las tres albergan cerca de 90 combos, que al parecer ven en San Cristóbal el escondite para sus ajustes de cuentas.

Una mención aparte merece La Candelaria. En 2021 fue la comuna con más asesinatos al registrar 78, con aumento del 34% (en 2020 fueron 58); este en un deshonroso sitial que repite anualmente desde 2010.

Su problemática es múltiple: homicidios por riñas, por disputas por plazas de vicio, mala convivencia entre mendigos y atracos violentos, entre otras causas, que se camuflan en una población flotante de 1.2 millones de personas.

A pesar de contar con las sedes del gobierno local y regional, el Palacio de Justicia y el Comando de Policía, la mayoría de establecimientos artísticos e iglesias, universidades, empresas, hospitales y zonas comerciales y turísticas, la delincuencia en el Centro sigue siendo indomable.

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MODALIDADES QUE PREOCUPAN
De acuerdo con el Sisc, los homicidios ligados al crimen organizado disminuyeron de 164 a 139 (15% menos), y subieron los asociados a la convivencia, de 46 a 70 (52%), y los derivados de la violencia intrafamiliar, de 6 a 11 (83%). Los que tuvieron que ver con hurtos estuvieron estables (de 33 a 34), al igual que los de violencia de género (de 16 a 14).

Que la intolerancia esté poniendo una mayor cantidad de víctimas, refleja “una modificación en el comportamiento social, que impone nuevos retos en prevención y en educación”, declaró ayer el general Gustavo Franco, comandante de la Región N°6 de Policía.

También hay que ponerle cuidado a los feminicidios, que pasaron de 24 a 27.

Entre las primeras medidas anunciadas por la Alcaldía para 2022, están el aumento de recompensas por información que ayude a esclarecer feminicidios, que fue fijada en $80 millones; y para los homicidios, $40 millones.

La tarea, sin embargo, no es toda de la Administración o de la Policía. A los ciudadanos nos corresponde, al menos, aportar la tolerancia.

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ANEXO: LOGROS CONTRA LAS BANDAS ILEGALES
Según la Alcaldía de Medellín, entre 2020 y 2021 fueron capturados 53 cabecillas de grupos de crimen organizado. También fueron arrestados 213 coordinadores (mandos medios) y 1.026 integrantes.
Entre esas capturas se destacan alias “Dimas”, cabecilla del Clan del Golfo en Medellín; “Válvula”, del combo “la Silla”; “Toño”, de “San Cristóbal”; y “Chepe”, del Clan Osorio. Sin embargo, preocupa la excarcelación de otros peces gordos, como “Soto” y “Yam”, de “Picacho”; “Pichi Belén”, de “San Bernardo”; y “Yordi”, de “la Terraza”, entre otros.

El Inspector.

Entre 2018 y lo que va de 2021, se han presentado nueve robos en el Valle de Aburrá, en los cuales los atracadores utilizaron uniformes de la Fuerza Pública para incursionar en oficinas, casas, urbanizaciones y locales, de acuerdo con información de la Policía Metropolitana y fuentes judiciales.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el edificio Forum de El Poblado, donde realizaron un asalto mediante un falso allanamiento. Foto de Jéssica Cano.

El modus operandi es similar en todos los episodios: llegan en automotores y motos, portando distintivos de la Sijín, el CTI o el Ejército; también han empleado uniformes de empresas de seguridad, telecomunicaciones o mineras, según el lugar en el que se comete el delito.

Portan armas de corto y largo alcance, y al momento del falso operativo se distribuyen las tareas, entre quienes vigilan el exterior, los que someten a los ciudadanos presentes y aquellos que registran los recintos para cometer el saqueo.

En varios de los incidentes dramatizaron un allanamiento, con la excusa de buscar droga, armas o a una persona con orden de captura.

Así lo hicieron el pasado 26 de julio en el edificio Forum, de El Poblado, en Medellín. A las 10:45 a.m., 15 hombres incursionaron en la torre 1 del complejo de oficinas, armados y portando atuendos de la Sijín y la Policía de Vigilancia, según los testigos.

En el primer piso había 35 usuarios, a los cuales les pidieron celulares y cédulas. “Nos dijeron que estaban en un operativo para capturar a un narco”, narró una afectada.

Otra parte del grupo subió hasta el piso 17 e irrumpió en una comercializadora de oro. La puerta “fue violentada y abierta con un ariete policial”, informó la Administración del edificio en un comunicado.

Se robaron $400 millones en efectivo y 12 kilos de oro valorados en $2.000 millones, según el alcalde Daniel Quintero. A pesar de haber realizado el robo a plena luz del día, y en una zona congestionada de El Poblado, los delincuentes escaparon a la vista de todos, dejando afuera los celulares y cédulas de los visitantes.

“Se está investigando la actuación de los policías del sector. También la versión de algunos vigilantes, quienes dijeron que estuvieron reportando la situación por radio todo el tiempo, pero que en la central de llamadas los enredaban diciendo que no escuchaban”, detalló a este diario una fuente judicial.

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LA HUELLA CRIMINAL

La confusión y el miedo que sintieron los visitantes y empleados de Forum, fue similar a lo que padecieron una madre y sus dos hijos en el condominio San Gabriel, ubicado en la Loma de Los Balsos, de El Poblado. El pasado 16 de mayo, doce hombres disfrazados de Policía sometieron a los dos celadores, quitándoles sus respectivas armas.

Por una ventana ingresaron a la casa de la señora, a las 4:30 a.m., indicándole que tenían órdenes de allanamiento y de captura contra su esposo ausente. La amordazaron a ella y a los infantes, y se robaron una caja fuerte con $500 millones, 70 relojes de lujo y joyas, para un botín total de $3.000 millones.

El 11 de febrero anterior se había repetido la situación en una casa del barrio Santa Mónica, propiedad de una mujer que estaba en la cárcel. Cuatro hombres con atuendos policiales, dramatizando otra diligencia de registro, encerraron a la inquilina en el baño y hurtaron $140 millones en billetes y joyería.

El día antes, a un hotel del barrio El Poblado llegó media docena de supuestos policías, alegando que estaban verificando que no hubiera niños siendo víctimas de explotación sexual. Encerraron a los empleados e inquilinos en un cuarto y registraron otros tres, en los que estaban alojados tres turistas de la India. Usurparon dólares y demás objetos de valor por $98 millones.

Y el 10 de enero de este año, en una urbanización del sector La Mota, ocho hombres entraron con la excusa de mirar una casa para arrendar. Una vez dentro, sometieron al dueño, un abogado y negociante del Centro, indicándole que se trataba de una operación policial. Lo despojaron de $2.300 millones que tenía en una caja fuerte.

Según la Policía, en 2020 hubo dos casos, en 2019 otro y en 2018 uno más. El 15/12/20, cuatro sujetos con prendas de la Dijín sorprendieron al encargado de una compraventa del C.C. Bolívar Amador, en el centro de Medellín. Lo esposaron, diciéndole que estaba detenido, mientras le saqueaban el negocio, quitándole $195 millones en dinero y joyas.

Un caso más extremo sucedió en Envigado el 19/10/20, cuando los “actores” usaron un carro y una moto para interceptar una camioneta. A los ocupantes les contaron que tenían “un requerimiento de la Fiscalía”, los obligaron a guiarlos a su residencia y allá los despojaron de $260 millones.

Entre los golpes más raros estuvo el acaecido el 02/4/18 en el barrio Buenos Aires. Tres falsos uniformados ingresaron a una casa y le advirtieron a la víctima que venían a capturarlo. Si quería evitarlo, le dijeron, tenía que llamar a su hermano – cuyo nombre sabían de antemano – para que hiciera una transferencia electrónica de Bitcoin por $200 millones. Después, le robaron joyas tasadas en $8 millones.

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¿QUIÉNES SON?

Las fuentes judiciales consultadas por El Colombiano indicaron que en esta clase de asaltos participan tres tipos de redes, que actúan en nodos: en el primer eslabón están las personas que venden información, que saben a qué hora y en qué lugar hay caletas, bóvedas y altas sumas de dinero.

En el segundo, los que cometen el atraco, que cuentan con apoyo logístico para obtener armas, uniformes y vehículos; y en el tercero, los comerciantes y testaferros que ayudan a blanquear el oro, las joyas, relojes y fajos de plata.

En cuanto a los metales preciosos, la Fiscalía detectó el año pasado a una estructura dedicada a comercializar oro obtenido de forma clandestina en Antioquia y Chocó. El grupo era conocido como “los Bulldozer”, y trabajaba con mineral derivado de la explotación ilícita de yacimientos o de robos.

En noviembre fueron detenidos tres de sus presuntos integrantes. El informe del caso señaló que habrían lavado $120.000 millones, y que su logística incluía “camuflar y movilizar el dinero (de las ganancias) en taxis, vehículos de alta gama, llantas de repuesto o correos humanos”. La plata fue blanqueada en “establecimientos dedicados a la compra y venta de divisas, a la comercialización de metales o al alquiler de maquinaria pesada”, indicó el reporte.

En cuanto a quienes se disfrazan, los investigadores creen que se trata de bandas diferentes. Una de ellas, “los Branchos”, fue descubierta en mayo de 2021. Su especialidad era la piratería terrestre en el Valle de Aburrá, usando el atuendo de la Policía de Carreteras para hacer puestos de control e interceptar camiones con mercancía de valor.

Siete integrantes, entre ellos el cabecilla “Dólar”, fueron arrestados. Según el entonces comandante de la Policía Metropolitana, general Pablo Ruiz, “los Branchos” eran aliados de “el Mesa”, una peligrosa organización de Bello, con redes en Bogotá y otros departamentos, en los que es famosa por asaltar vehículos de transporte de valores.

Otro grupo con antecedentes es la banda “los Pesebreros”. El 10 de junio de 2020, sus integrantes llegaron a una mina de oro del municipio de Zaragoza. Iban en una camioneta con logos de Corantioquia y tenían uniformes de esa autoridad ambiental, para montar la farsa de una inspección administrativa.

Intimidaron a los trabajadores y se llevaron 47 lingotes avaluados en $7.500 millones.

Siete días después, la Sijín detuvo en el barrio La América, de la capital antioqueña, a alias “la Camila”, un miembro de “los Pesebreros”, en cuyo apartamento tenía un chaleco antibalas y cascos de minería. El comunicado policial detalló que “estaría encargado de coordinar hurtos a gran escala”.

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El nodo más enigmático de la cadena son los soplones al servicio de estas bandas, así como la recompensa que reciben por estas informaciones. “En investigaciones, nos enteramos que los dueños del dinero o el oro son los que cuentan a terceros dónde tienen estos botines. Lo dicen bajo el efecto del licor, o en compañía de mujeres prepagos, que tienen contactos con delincuentes”, narró un agente.

Sobre este fenómeno, buscamos una declaración de la Policía. Aunque no fue posible obtenerla, desde la entidad explicaron que de 2018 a la fecha han capturado a 67 personas por vestir uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública, cinco de ellas en 2021.

Si sumamos los 10 casos documentados en los últimos cuatro años en el Aburrá (incluyendo el de Zaragoza), la cifra hurtada es de $16.106 millones en allanamientos o inspecciones fraudulentas.

La Policía recomendó a las empresas de seguridad privada, y a la ciudadanía en general, informar de manera inmediata cualquier sospecha en estos procedimientos, para actuar lo más pronto posible.

Y sobretodo, ser muy reservados con la información de los bienes, pues cualquiera podría ser el soplón que active el operativo criminal.

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ANEXO: SIN CAPTURAS POR EL CASO DE FORUM
Sobre el caso del edificio Forum, la administración del lugar señaló que tomaría “medidas preventivas adicionales”, que incluyen un mayor número de vigilantes de una empresa privada y rondas de la Policía de El Poblado.“Por el momento se desconoce quiénes ejecutaron el robo”, indicaron fuentes de la Fiscalía a EL COLOMBIANO. La investigación avanza de la mano de la Sijín, rastreando a los propietarios de tres vehículos sospechosos que fueron inmovilizados en la zona, después del atraco. Tres personas que habían sido detenidas merodeando en los alrededores, fueron dejadas en libertad.

El Inspector.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que el operativo se realizó en la mañana de este miércoles, luego de 14 meses de investigación y seguimientos.

De los 14 policías involucrados en la investigación penal, 10 prestan su servicio en la subestación del corregimiento El Hatillo, en Barbosa. Foto: archivo El Colombiano.

Indicó que los 10 uniformados están adscritos a la subestación policial del corregimiento El Hatillo, en Barbosa. También fueron capturados un miembro del Departamento de Policía Antioquia y otro del Valle del Cauca; dos más habían sido retirados de la Institución antes del procedimiento judicial, para un total de 14 investigados.

De acuerdo con la información preliminar del caso, los sospechosos habrían recibido sobornos para facilitar el tráfico de madera en el norte del área metropolitana, así como para darle uso indebido al combustible asignado para las patrullas oficiales.

Debido a esto, tendrán que enfrentar cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal y concusión.

Esta es la segunda captura masiva de policías involucrados en actos de corrupción en los últimos tres meses en el área metropolitana, pues el pasado 4 de diciembre fueron detenidos 23 uniformados de la estación Belén, por presuntos nexos con bandas de crimen organizado.

Sobre este caso, el general Ruiz informó que 15 ya fueron expulsados de la Institución, mientras que la permanencia de ocho sigue bajo estudio. Por su parte, el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia les dictó medida de aseguramiento en la cárcel a 16, detención domiciliaria para seis y a uno más le otorgó la libertad, pero vinculado a la investigación.

“Rechazamos de plano cualquier acto de corrupción y actuaremos con contundencia para demostrarle a la ciudadania la transparencia institucional”, afirmó el alto oficial.

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El Inspector.

Luego de las primeras indagaciones, las autoridades ofrecieron dos recompensas: $100 millones para quien ayude a esclarecer el asesinato, y hasta $21’945.000 para los que brinden información que lleve a la captura de “Monopepe”, uno de los principales jefes criminales de la frontera entre Medellín e Itagüí, en la comuna 15 (Guayabal).

Este es el análisis de los factores de crimen organizado en la zona, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía incrementó la vigilancia en la frontera de Guayabal e Itagüí, luego del asesinato de un patrullero hace tres semanas. Foto cortesía de la Policía.

Con fuentes de la Fiscalía y de Inteligencia, y con residentes del sector, investigamos cómo se distribuye el crimen organizado en ese cuadrante conformado por los barrios Guayabal, La Colina y San Fernando, y los sectores El Bolo, San Rafael, La Colinita, La Raya y La Jungla.

En su relato sobre los hechos, el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, recordó que a las 9:30 p.m. del pasado 21 de enero, una patrulla motorizada de la Institución hacía un recorrido rutinario.

En un paradero de bus aledaño a la avenida Guayabal, los uniformados observaron a una mujer nerviosa, acechada por dos hombres, con actitud de quererle robar. Así que dieron la vuelta y regresaron para comprobar qué pasaba.

Los sospechosos emprendieron la huida hacia El Bolo, tomando cada uno una dirección distinta. Los policías se dividieron para apresarlos, uno continuó la persecución a pie, mientras el otro siguió conduciendo la moto.

Wilson Ríos López, alias “Monopepe”, presunto cabecilla de la banda “la Raya”. Cortesía.

Este último era el patrullero Mario Andrés Vallejo Peláez. El hombre que seguía se ocultó detrás de un carro estacionado, en la calle 12Asur con la carrera 52B, y cuando el motociclista pasó por el lado, salió de sorpresa y le disparó.

El compañero escuchó las detonaciones, por lo que regresó y vio a Vallejo malherido. Llamó a una ambulancia, pero aquella era la hora señalada para la partida del patrullero. Fue imposible salvarlo.

LAS BANDAS DEL ÁREA
De acuerdo con la información de autoridades y pobladores, en esta zona residencial, conformada por viviendas de estrato dos, tres y cuatro, delinquen cinco bandas, algunas de ellas desde los 90. La más poderosa es “la Raya”, que tiene redes ilegales en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado, en Medellín; y los barrios San Fernando y Santa María, de Itagüí.

Este grupo se dedica al narcotráfico, el sicariato, la extorsión y el pagadiario, principalmente, y según la Policía está liderado por un clan familiar: los hermanos Didier, Luis Yefri, Eduardo y Wilson Ríos López, o como se les conoce en el bajo mundo, alias “Tuto”, “el Burro”, “Eduar” y “Monopepe”.

En la actualidad, el primero de los cuatro está en la cárcel y el más visible de la cúpula es “Monopepe”, por lo cual sobre él recayó el ofrecimiento de la recompensa.

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Su detención es un imperativo para la Policía, no solo por la presente coyuntura, sino para recuperar el honor tras haberlo tenido en un calabozo propio y se les fugara.

Sucedió el 27 de diciembre de 2019, cuando 16 presos se escaparon de la estación policial del Doce de Octubre, entre ellos Wilson Ríos.

En la comuna 15, “la Raya” tiene dos combos asociados, que delinquen bajo sus directrices: “el Bolo” y “la Colinita” o “la Baranda”, cuya especialidad es el tráfico local de estupefacientes en los barrios Guayabal y La Colina, y en El Bolo y La Jungla.

En el vecino sector de San Rafael actúa un grupo del mismo nombre, considerado el enemigo mortal de “la Raya” y sus aliados. El último enfrentamiento entre estos bandos dejó cinco muertos y cuatro heridos, entre 2018 y 2019.

La quinta banda de la zona es “Bolo Abajo”, que según la Fiscalía trabaja bajo contrato para el cartel narcotraficante clan del Golfo, en particular para misiones de sicariato y secuestro en el Valle de Aburrá y otras ciudades del país.

OPERATIVOS DE REACCIÓN
“Se ordenó el desplazamiento a Medellín de investigadores especializados para casos de violencia contra policías, quienes con la Sijín y la Fiscalía asumieron la búsqueda de los responsables. Invitamos a la comunidad a que nos dé información para ubicar a estos homicidas”, declaró el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional.

El patrullero Mario Vallejo (Q.e.p.d.). Cortesía.

A la mañana siguiente del crimen, hubo operativos de registro y control en los citados vecindarios, en los que se individualizaron algunos sospechosos señalados por los residentes, aunque hasta ahora no se han oficializado capturas. Estas acciones continuarán toda la semana, con retenes en los que también participan agentes de Tránsito.

El general Ruiz manifestó que “el vil homicida se ha estado escondiendo en diferentes sitios”, dando a entender que ya hay pistas muy claras sobre el personaje. Hay versiones que apuntan a que el asesino sería integrante de “la Colinita” o de “la Raya”, bajo las órdenes de “Monopepe”, según el oficial.

“Son personas indolentes, pertenecientes a un grupo delincuencial, que generan terror en el sector”, manifestó el secretario de Seguridad de Medellín, José Acevedo.

El propio Acevedo anunció otra acción que, a mediano plazo, contribuirá a mejorar el orden público: el inicio de la construcción de la estación policial de Guayabal, en el barrio Santa Fe, que brindará servicio a la comuna 15 (por el momento la vigilancia la hacen uniformados de la estación Belén).

Con un costo de $12.438 millones y un área de 4.000 m2, contaría con un laboratorio de automotores de la Sijín y sería inaugurada en 14 meses. “Esta obra va a cambiar la percepción de seguridad en esta zona y vamos a tener una reacción nunca antes vista para atender a Guayabal y alrededores”, agregó.

Para los investigadores, la muerte de Vallejo no obedeció a un plan premeditado del crimen organizado, sino a un ataque fortuito; sin embargo, en su memoria, las autoridades arreciarán contra los combos del sector que él patrullaba.

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El Inspector.

Los uniformados, detenidos el mes pasado, prestaban servicio en la estación Belén, a la cual le corresponde la vigilancia de la zona. No obstante, en vez de frenar la delincuencia, la favorecían mediante la omisión de sus deberes y la venta de información clasificada, a cambio de sobornos; incluso, algunos llegaron a venderles droga a los propios criminales y a extorsionarlos para no capturarlos.

Esta no es la primera vez que miembros de la Fuerza Pública han resultado involucrados en el remolino de estupefacientes de Barrio Antioquia, un lugar que, sin el ánimo de estigmatizar, padece un problema histórico. El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagó con fuentes de la Policía, el CTI, la Fiscalía y la Alcaldía, al igual que con algunos residentes, para entender cómo funciona hoy el narcotráfico en la zona, por qué ha sido tan difícil manejar esa situación y qué se debería hacer para superarla.

A pesar de la vigilancia policial, el tráfico de drogas en Barrio Antioquia campea de día y de noche. Foto de Manuel Saldarriaga.

El Barrio Antioquia es una denominación imaginaria, no aparece en el mapa oficial de la ciudad, pero los lugareños y visitantes saben que es un espacio localizado en la comuna 15 (Guayabal), al costado oriental del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que abarca varias cuadras de los barrios Santa Fe y Trinidad.

“Debido a su historia, ahí se presenta un enquistamiento de la cultura de la ilegalidad en forma de mafia, es decir, cuando las estructuras ilícitas tienen la capacidad de delinquir en una comunidad sin que esto afecte la cotidianidad de las personas”, expresó Boris Castaño, analista de seguridad de la corporación Innova Idea Estrategia.

El exsecretario de Seguridad de Medellín (2017-19), Andrés Tobón, recordó que los fenómenos de ilegalidad se instalaron en la primera mitad del siglo XX, cuando las primeras familias fueron reubicadas junto al aeropuerto, debido al paso del ferrocarril.

“Allí aprovecharon la cercanía con la terminal aérea para dedicarse al contrabando de cigarrillos y licor. Ya en los años 60 y 70, con el cultivo de marihuana en fincas de El Poblado, ingresaron al narcotráfico”, narró.

En esa época el negocio adquirió alcance transnacional con personajes como Griselda Blanco, una residente del barrio que coordinó las primeras rutas de exportación a EE.UU.

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UN NEGOCIO DE TRES NIVELES
El narcotráfico que campea en el sector se da en tres niveles: el primero, es el espacio local. En Barrio Antioquia delinquen seis bandas tradicionales, conocidas como “la 24”, “el Quinto”, “Alexpin”, “el Coco”, el “combo de Ratón” y “la Cueva”. Se trata de grupos con territorio definido, armamento y estructura de jerarquía piramidal con cabecillas, que administran plazas de vicio y ejecutan actividades de sicariato, vigilancia y extorsión.

Adicionalmente, hay plazas de vicio independientes, que no pertenecen a un combo como tal, sino que son regidas por familias dedicadas al negocio por generaciones, o por un traficante inversionista, como las plazas de “Sancocho”, “Miami”, “el Triángulo”, “Maema” y “la Licorera”.

Estos grupos y plazas distribuyen alucinógenos al menudeo. Por lo general, los consumidores provienen de otros barrios o son turistas. “Se les vende con la condición de que consuman por fuera, aquí no, para no atraer a la Policía”, señaló un habitante, quien solicitó la reserva de su identidad.

Tanto los combos como las plazas independientes, de acuerdo con los investigadores consultados, suelen tener patrocinios y alianzas de grupos de crimen organizado más grandes y de otros lugares del Valle de Aburrá, como “la Oficina”, “la Terraza”, “la Unión” y “San Bernardo”; o de narcotraficantes como “Iván el Barbado” y el Clan Osorio.

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Esos patrocinios son los que definen cuál de las bandas de Barrio Antioquia impone su hegemonía sobre las demás, aunque según los residentes consultados, en la actualidad no hay conflictos y “cada quien está traqueteando en su parche sin problemas”.

En el segundo nivel de esta actividad, están las operaciones como centro de acopio de grandes cantidades de droga, para surtir a otras bandas y plazas del área metropolitana. En Barrio Antioquia se almacenan los estupefacientes enviados desde el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, y los departamentos de Nariño y Cauca, para servir de despensa a otras estructuras y traficantes.

Es así como al sitio llegan delegados de combos del Centro, Doce de Octubre, Itagüí y Belén, entre otros sitios, para comprar mercancía más barata al por mayor y expenderla en sus propios barrios.

Y en el tercer nivel está el tráfico internacional de narcóticos, en especial hacia La Florida (EE.UU.), España, Holanda y Suramérica. Algunos narcos de Barrio Antioquia, a lo largo de los años, ascendieron en la cadena y hoy son exportadores. “Cada que coronan un cargamento, arman fiestas aquí en la cuadra y tiran pólvora”, detalló un residente.

LOGÍSTICA Y CONTROL
Semejante actividad ilícita sucede las 24 horas del día y a la vista de todo el mundo. Para minimizar la intervención de las autoridades, además de la trama de sobornos, los traficantes han desarrollado un complejo sistema de vigilancia.

En cada esquina hay “campaneros” con celular, que avisan sobre la circulación de vehículos y personas extrañas. Algunos lo hacen de forma tan desfachatada, que sacan sillas y muebles destartalados, y se explayan a media calle.

Los administradores de las plazas instalaron sistemas cerrados de TV y sus trabajadores han vandalizado las cámaras de la Alcaldía (instaladas apenas en 2018), para evitar ser grabados en su “jibareo”.

Un suboficial de Policía señaló que “por su cercanía con el aeropuerto, no podemos elevar drones para los seguimientos”.

En las casas en las que se almacena la droga, hay puertas y ventanas blindadas, para retardar el ingreso de las autoridades en los allanamientos.

Algunas viviendas están interconectadas por pasadizos y agujeros, creando una suerte de laberinto por donde se mueven los traficantes.

En la vía pública, el mobiliario ha sido adaptado para camuflar las dosis en postes de luz, materas, bancas de cemento, aceras, árboles y contadores de agua y energía.

Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías de Medellín (2016-17), indicó que en los operativos que lideró al frente de esa entidad, “descubrimos más de un búnker para el almacenamiento de droga y caletas sofisticadas, como una matera en un antejardín, que se abría con un mecanismo automático”.

Castaño señaló que “se ha instalado una economía circular ilícita, que beneficia al expendedor, el vigilante y el comprador. La mayoría de los involucrados tienen arraigo familiar en la cuadra, por lo que nadie los delata. Las llamadas al 123 para denunciar movimientos de droga en Barrio Antioquia son mínimas”.

“Hoy tenemos cuatro o cinco familias grandes, con señoras de bastante edad, que dedican a sus hijos y nietos al tráfico de estupefacientes, con un control de zona que ha devenido en prácticas de corrupción”, acotó Tobón.

En cuanto al abastecimiento de la mercancía, un investigador del CTI contó que “la droga la traen en buses intermunicipales, que llegan a la Terminal de Transportes del Sur, y después van al Barrio Antioquia con la excusa de lavar los vehículos. En esa zona hay muchos lavaderos de buses, y algunos son solo fachadas para descargar la droga”.

En este sector los traficantes tienen mercancía en caletas para surtir a la clientela por dos meses. Ese inventario les permitió sobrevivir al aislamiento social de marzo y abril de 2020, cuando la cuarentena por la covid-19 fue severa, disminuyó el transporte intermunicipal y el abastecimiento de la mercancía.

Según el investigador judicial, “cuando la marihuana que tienen almacenada se pone vieja, le rocían melaza con un spray, la secan con ventiladores y la guardan en peceras. Eso le da un apariencia fresca, y aunque pierde su olor y sabor natural, ellos la venden como marihuana saborizada. En cuanto a la cocaína, la hacen rendir mezclándola con otras sustancias, como lactosa y cafeína”.

PROPUESTAS PARA EL DESAFÍO
Tobón expresó que debe continuarse una línea de investigación que comenzó en la Administración pasada y ha rendido frutos, como la captura del cabecilla “Ratón” y de los 22 policías de diciembre.

“Es un asunto que no solo se puede quedar en capturas, sino que debe incluir planes de renovación urbana. El aeropuerto Olaya Herrera debe convertirse en un gran parque, con Barrio Antioquia de un lado y Belén del otro”, dijo.

Para Castaño, la estrategia que usa la Policía no es suficiente: “El plan de vigilancia por cuadrantes está basado en el apoyo de la comunidad para repeler el delito, pero como eso no se da, se requiere una intervención diferente. El Estado debe comprometerse, con todas sus instituciones, a focalizar acciones por varios años en ese territorio, con el propósito de derrumbar los mitos de la droga y lograr la confianza de la gente. Así se hizo hace 10 años con las famosas cuevas de Barrio Triste, y se logró transformar esa zona”.

En esto coincide la exfiscal Carrasquilla: “Debe haber una acción prolongada en el tiempo, donde a través del trabajo de Inteligencia de la Policía y la Fiscalía puedan detectarse los puntos de expendio, los días y horas de ingreso de la droga y quiénes financian la actividad, para después hacer allanamientos, en una operación sostenida, acompañada de las autoridades administrativas para atender desde lo social a la comunidad”.

Además de esto, agregó, “hay que realizar extinciones de dominio de inmuebles y con acciones administrativas destruir esas casas destinadas a las plazas de vicio”.

El actual secretario de Seguridad, general (r) José Acevedo, contó que el propósito es cambiarle la cara a Barrio Antioquia. “Tenemos una estrategia contra el crimen organizado y la delincuencia común para toda la ciudad, articulada con la Fuerza Pública y los organismos de justicia, y eso incluye a esa zona”, aseveró.

Ya fue adjudicado el contrato para la construcción de la estación de Policía de Guayabal, un servicio por ahora se presta desde Belén.
“Con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana (general Pablo Ruiz) acordamos compromisos frente a este barrio. La idea no es estigmatizarlo, porque hay gente muy buena allí, pero ya es hora de superar esa situación y normalizarla”, puntualizó.

Acevedo enfatizó en que este trabajo en seguridad estará acompañado de programas sociales que desarrollan otras secretarías, como las de Juventud, Cultura e Inclusión, para ver si entre todos logran exorcizar los fantasmas del narcotráfico que rondan en Barrio Antioquia.

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El Inspector.

Una serie de asesinatos desde febrero, caracterizados por tiroteos públicos y hallazgos de cadáveres, tiene como protagonistas a “Pachelly” contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”, según la Policía.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La violencia en Bello también afecta a Copacabana y Medellín. En este carro iban “Tetero” y “Cachetes”, miembros de “Pachelly” asesinados en la Autopista Norte, a la altura de Castilla. Foto de Andrés Osorio.

Las tres estructuras están envueltas en una confrontación desde 2019, por traiciones, negocios malhabidos y retaliaciones, lo que provocó el aumento del índice de homicidios entre febrero y agosto de ese año, llegando al 175% de aumento en esas muertes, concentradas en las comunas de Niquía y Altos de Niquía (ver la NOTA RELACIONADA: División en la banda “Pachely” provocó desorden público en Bello).

La situación escaló hasta las altas esferas del Gobierno. El presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa y la Gobernación encabezaron consejos de seguridad, exigiendo resultados. A Bello llegó un refuerzo en pie de fuerza policial y militar sin precedentes, hubo operativos y capturas de cabecillas, hasta que la violencia disminuyó.

Antes de las elecciones regionales hubo una tregua entre las bandas, según fuentes de Inteligencia, por lo que los bellanitas votaron tranquilos en octubre y gozaron de una Navidad sin aspavientos.

Sin embargo, en febrero de 2020, tras cuatro meses de paz, revivió la disputa, esta vez focalizada en las comunas La Cumbre, Bellavista y Niquía.

Entre los crímenes está el ataque a bala contra dos primos, en el que falleció Robin Guzmán Palacio, de 28 años, y su familiar de 21 quedó herido, el 29 de enero en Niquía.

El 6 de febrero abandonaron en una manga de El Trapiche el cadáver abaleado de un joven de 17 años, envuelto en una cobija y un costal.

El periodo más crítico empezó el 20 de febrero, cuando en el baúl de un carro, en el barrio Santa Ana, dejaron el cuerpo sin vida de David Andrés Sandoval, de 29 años. Ese mismo día hubo otros dos asesinatos en El Ángel y Camacol; en el segundo sitio la víctima fue Cristian Peláez (“Boso”), un presunto mando medio de “Pachelly”.

Él era el comerciante y exfutbolista Juan Diego González Alzate. Foto de archivo El Colombiano.

El 22 de febrero hubo dos ataques sicariales en el barrio Buenos Aires, que dos muertos y un herido. El 29 de febrero acribillaron a otro adolescente de 17 años en el barrio Bellavista.

En total, en enero hubo 4 asesinatos, en febrero se duplicó a 9 y dos más en marzo (15). Las vecindades más afectadas son Playa Rica, Niquía, Buenos Aires y El Trapiche, en Bello.

La confrontación se trasladó a Copacabana, municipio adyacente en el que han botado cinco cuerpos amarrados y envueltos en cobijas, del 15 de enero al 27 de febrero; en este último día, los bomberos rescataron dos cadáveres del río, metidos en costales, y uno de los difuntos resultó ser el exfutbolista Diego González (ver el Anexo).

En Medellín hubo otro episodio al mediodía del 5 de marzo, cuando sicarios abalearon a dos supuestos integrantes de “Pachelly” que iban en un carro por la Autopista Norte, en Castilla. Murieron David Grajales (“Tetero”), presunto coordinador del grupo en el sector Villas del Sol, y Johan Betancur (“Cachetes”).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Ómar Rodríguez, opinó que la reacción de la Fuerza Pública ha impedido que el problema escale a las mismas proporciones del año pasado. “Tenemos un refuerzo de 200 policías adicionales, hicimos allanamientos, logramos 48 capturas y la incautación de 18 armas de fuego. La situación se ha estabilizado”, precisó.

La operación más reciente contra estos grupos delincuenciales la realizó el Gaula de la Policía el pasado 27 de febrero, capturando a 11 presuntos miembros de “Pachelly” en Bello. En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado; ninguno aceptó la culpa y el juzgado les dictó medida de aseguramiento en prisión.

Los procesados fueron: Arley Duque Callejas (“Churro”), Sergio Duque Callejas (“Cheo”), Diego Patiño Barco (“Estropajo”), Carlos Angulo Landázuri (“el Negro”), Juan Vélez Pérez (“Chuky”), Víctor Giraldo Galeano (“Pelos”), Duvaney Giraldo Galeano (“Leche”), Wilson Giraldo Galeano (“Lino”), Dubán Giraldo Galeano (“Ñapa”), Jair Restrepo Díez (“Ojara”) y Dulfay Cadavid Arroyave (“Gaby”).

El mismo 5 de marzo visitó el municipio el ministro de Defensa, Carlos Holmes, y anunció otras medidas: 1). La Policía y el Ejército incrementarán sus patrullajes en los barrios Niquía, Pachelly, Bellavista, Villa Linda y Nueva Jerusalén; 2). El Gaula hará una intervención puerta a puerta, durante 60 días, para instruir a la comunidad sobre medidas contra la extorsión; 3). El Ministerio acompañará a la Gobernación y a las alcaldías en la construcción de un Plan Integral de Seguridad Metropolitano.

Estos son los 11 supuestos miembros de “Pachelly” capturados por el Gaula en Bello. Un juez los envió a la cárcel. Foto cortesía de la Policía.

La secretaria de Gobierno de Bello, Daniela Ortega, reiteró que la Alcaldía ofrece hasta $10 millones para quien suministre datos que lleven a la captura de los generadores de violencia: “Invitamos a la comunidad a que haga parte de las estrategias de seguridad, ayudando con información”.

Aunque los jefes de las tres bandas están encarcelados, en libertad hay varios cabecillas que las siguen regentando. La Policía y la Fiscalía tienen entre ojos a alias “Juan 23”, de “Niquía Camacol”; a “Pocho” y “Alber”, de “Pachelly”; y a “Mangandy”, “Gordo Willington” y “Jalea”, de “el Mesa”.

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ANEXO: EL FUTBOLISTA ASESINADO

A los 39 años fue asesinado el exfutbolista y comerciante antioqueño Juan Diego González Alzate, quien jugó en Envigado, Medellín, Santa Fe, Once Caldas, San Lorenzo (Argentina) y Santos Laguna (México).

La información fue confirmada por dos amigos cercanos, quienes indicaron que su familia reconoció el cuerpo en la morgue de Medicina Legal, el martes 3 de marzo. El coronel Ómar Rodríguez contó que el cadáver fue hallado el 27 de febrero en Copacabana, junto a un joven de 19 años llamado Deiber Galeano, quien residía en Niquía y estaba desaparecido desde hacía tres días.

González se formó en la cantera del club Sajo’s de Bello, y de allí pasó a la selección de Antioquia. Oriundo del barrio Machado (Copacabana), hizo parte de una camada de talentos que incluía al volante Mauricio Molina, con quien dio el salto del fútbol aficionado al Envigado F.C., luego de sus destacadas campañas con la Selección Antioquia prejuvenil.

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El Inspector.

La investigación, adelantada por el CTI de la Fiscalía desde marzo de 2017, produjo las detenciones este jueves 23 de enero. La mayoría de los implicados fueron citados al Comando de la Policía Metropolitana en el centro de Medellín, donde se encontraron con la sorpresa de las órdenes de captura.

En estos microbuses de la Fiscalía fueron trasladados los policías capturados en el Comando de la Policía Metropolitana, en el Centro de Medellín. Foto: cortesía de Guardianes Antioquia.

Según el informe preliminar, estas personas estarían involucradas en una red encargada de comercializar vehículos y autopartes de los carros inmovilizados en los parqueaderos públicos de la ciudad. Por esta razón tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio y concusión (sacar provecho ilegal de su cargo), entre otros.

En la lista de detenidos hay un intendente, dos subintendentes y 20 patrulleros, adscritos a las estaciones y CAI policiales de El Poblado, Buenos Aires, Belén, Altavista, Aranjuez, Las Palmas, Copacabana, Laureles, San Javier, Doce de Octubre, Itagüí, Envigado, Andes y Santuario, Antioquia. Otros tres policías tienen orden de captura y, aunque no han sido arrestados, se cree que en las próximas horas se entregarán a las autoridades.

Por su parte, los dos agentes de tránsito laboran en la Secretaría de Movilidad de Medellín.

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“La actuación ilícita de estos funcionarios obedece, al parecer, a un abuso de confianza para la comercialización anómala de unos vehículos que presuntamente se encontraban en proceso de embargo”, contó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En la tarde de este viernes comenzarán las audiencias de control de garantías en el Palacio de Justicia, que podrían prolongarse por hasta dos semanas.

El escándalo de corrupción institucional estalló el mismo día de la transmisión de mando en el Departamento de Policía Antioquia y la Región N°6 de Policía (que cobija las jurisdicciones de Antioquia, Urabá, Valle de Aburrá, Chocó y Córdoba). Los nuevos comandantes serán, respectivamente, el coronel Jorge Cabra Díaz y el general Luis Méndez Reina.

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OTRO CASO DE CORRUPCIÓN

El pasado 22 de enero en la cárcel El Pedregal de Medellín, fue sorprendida una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresando estupefacientes.

Según la Fiscalía, la dragoneante  Ana Victoria López Torres fue descubierta por un perro antinarcóticos, que olfateó los 238 gramos de marihuana que llevaba en su lonchera.

“La mujer dijo a sus compañeros que era consumidora y que llevaba su dosis personal de aprovisionamiento”, indicó el ente acusador, que le imputó el cargo de tráfico de estupefacientes agravado. Ella, de 29 años de edad, no aceptó su responsabilidad en los hechos y el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

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Sumando estos casos,  en apenas dos días fueron arrestados 26 funcionarios de tres instituciones que actúan en Antioquia. En 2018 y 2019 también se destaparon ollas podridas, que terminaron con las capturas de los alcaldes de Envigado y Barbosa, 20 agentes de tránsito y un juez de Bello, y la judicialización del Contralor Departamental, por citar algunos de los hechos más sonados.

Vale la pena preguntarse, ¿será que la corrupción si es un asunto de “algunas manzanas podridas”, como suelen decir las autoridades?

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El Inspector.

Los hechos se presentaron a las 5:30 de la madrugada de este martes 15 de octubre en El Hoyo, un sector que separa al barrio Las Violetas de la vereda Aguasfrías.

En la quebrada La Picacha quedó el cadáver del hombre que habría sido asesinado por la banda (círculo). Foto cortesía de la Policía.

El general Eliécer Camacho señaló que a la central de emergencias 123 entró una llamada de la comunidad, informando sobre disparos en uno de los callejones.

“Cuando llegó la patrulla del cuadrante fue recibida a tiros. En la reacción, fue dado de baja uno de los delincuentes, al cual le incautamos un revólver”, explicó el oficial.

En la carrera 102 con la calle 31B quedó tendido Braian Alexis Pescador Lotero, de 20 años de edad. Falleció en el lugar, mientras que otros 10 jóvenes salieron corriendo por los recodos y terrazas de la cuadra.

Cuando llegaron refuerzos, los policías se desplegaron en el vecindario. Unos de ellos encontraron un cadáver en el lecho de la quebrada La Picacha, a media cuadra de distancia. La víctima tenía heridas letales de fusil y fue identificada como Wálter Aicardo Castañeda Jaramillo, de 38 años.

“Creemos que fue asesinado en un ajuste de cuentas interno de la banda”, opinó el general Camacho.

En este callejón murió el joven dado de baja por la Policía. En el recuadro se observan las armas y municiones incautadas en el operativo. Cortesía de la Policía.

Otros uniformados, en el marco de la persecución, entraron a una vivienda y encontraron una mochila negra que contenía cinco proveedores de fusil, municiones de diferentes calibres y un radio de comunicaciones.

Desde esa casa se podía acceder a una terraza contigua, donde hallaron un fusil Galil, una carabina M4 y una escopeta. A estas armas llegaron siguiendo el rastro de sangre de unos de los presuntos delincuentes que quedó lesionado en la balacera. En la cacería fueron detenidos ocho sospechosos, incluyendo este lesionado, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía.

En la zona actúan dos combos delincuenciales: “Los Violeteros” y “los Paracos de Aguasfrías”. Por el momento las autoridades no han revelado a cuál de ellos pertenecen los capturados.

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El Inspector.

Así lo confirmó este domingo 14 de abril el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, al confirmar que el susodicho ya está plenamente identificado y tiene orden de captura en su contra.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El nuevo volante incluye a “el Montañero” y a otros cabecillas de las bandas “Pachelly” y “Niquía Camacol”. Foto cortesía de la Policía Metropolitana.

La decisión de incluir a “el Montañero” en el volante se dio un día después de que elcolombiano.com publicara un informe periodístico, explicando las razones por las cuales lo habían eliminado del listado.

Este hombre es el líder de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín, Tunja, Soacha y Bogotá. Tiene un extenso prontuario, que incluye una condena por homicidio y hurto agravado, y según las autoridades estaría involucrado en el incremento de los asesinatos que agobian a Bello desde el pasado mes de febrero.

A finales de marzo, su rostro fue presentado junto a otros 10 jefes de bandas de la localidad en un volante de prueba. Pero el 4 de abril, cuando la Policía y la Fiscalía publicaron el documento de manera oficial, “el Montañero” ya no aparecía por ningún lado.

En las bases de datos judiciales, el personaje figura con tres nombres: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña. Según la Fiscalía, esto se debe a maniobras ilegales en notarías y en la Registraduría, logrando obtener otras identidades para evadir a la justicia.

Por esa razón, indicó el pasado 13 de abril el general Camacho, fue excluido en un principio: “Todos los que están ahí (en el cartel), tienen plena identidad, con orden de captura vigente, no podemos ubicar a alguien en ese cartel a quien no tengamos la plena identidad o la orden de captura vigente. Porque se vienen las demandas correspondientes, hasta los delincuentes demandan”.

Tras una reunión de última hora entre las autoridades, se confirmó la existencia de la orden de captura para “el Montañero”, con su identidad de Gustavo Adolfo Pérez Peña, por lo que se tomó la decisión de reactivar su búsqueda.

Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, se pronunció sobre esta situación: “en la Dirección de Crimen Organizado existe desde hace más de un año la orden de captura para ‘el Montañero’, con el conocimiento de que él tiene tres nombres con su respectiva identificación, con cédula original. La orden se solicitó con las tres identidades y al momento de la expedición del cartel en el que fue excluido nada se preguntó a la Dirección”.

La fiscal añadió que el proceso está activo desde marzo de 2018, cuando fue capturado Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), un socio de la cúpula de “el Mesa”. En ese entonces se generaron órdenes de arresto para varios miembros de la organización, que a la fecha siguen en libertad (ver la NOTA RELACIONADA: Cayó “Vallejo”, presunto articulador de la mafia en el Valle de Aburrá).

En el nuevo volante aparece junto a Francisco Emilio Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Alber Antonio Henao Acevedo (“Alber”), cabecillas de la banda “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), líder de “Niquía Camacol”. Por información que conduzca a sus capturas, las autoridades ofrecen el pago de recompensas.

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El Inspector.

El crimen sucedió al mediodía de este viernes 12 de abril, cuando el policía retirado Óscar Darío Gómez Arango conducía un automóvil Mazda 2 por una vía del sector El Carretero, en la transversal 56A con la carrera 54. De copiloto iba su hermano mayor Carlos Nicolás Gómez Arango y en la silla trasera su hijo de apenas ocho años.

En este automóvil se transportaban los tres miembros de la familia, cuando los atacaron en la frontera de los barrios El Mesa y El Cairo, en Bello. Al lado quedó la moto de los sicarios. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

El vehículo fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta de alto cilindraje Suzuki DR 650. Los agresores dispararon más de 20 veces en contra de los ocupantes, y cuando trataron de escapar, chocaron contra un camión cisterna que transportaba líquidos inflamables.

El policía (r) Óscar Gómez Arango. Cortesía.

Los asesinos dejaron la moto abandonada y huyeron a pie. Dentro del carro fallecieron Óscar Darío, de 46 años, y Carlos Nicolás, de 54, ambos con múltiples heridas en la cabeza, el pecho y los brazos. El infante sobrevivió con un disparo en el pie derecho.

Según las pesquisas iniciales de las autoridades, Óscar Darío era oriundo de Donmatías, Antioquia, y se había pensionado hacía tres meses de la Policía Nacional, en el grado de intendente.

El índice de homicidios se disparó en el municipio de Bello desde el pasado mes de febrero, por cuenta de una disputa delincuencial al interior de la banda “Pachelly”, en la cual también se involucraron “el Mesa” y “Niquía Camacol”.

El conflicto se ha caracterizado por homicidios selectivos y balaceras en los vecindarios de dos comunas, Niquía y Altos de Niquía, así como por la distribución de panfletos y amenazas de lado y lado por las redes sociales.

En respuesta a la situación, las autoridades incrementaron el pie de fuerza de la Policía, con apoyo de patrullas militares. También habían prohibido la circulación de motos con pasajero, pero dicha restricción fue suprimida la semana pasada.

A pesar de los esfuerzos, para los uniformados ha sido imposible frenar a los criminales, que asesinan personas a plena luz del día, en las áreas que ya están identificadas como de alto riesgo y, aún así, logran escapar.

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El Inspector.

La decisión fue tomada por un juez de control de garantías de Medellín, luego de que la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada le imputara el cargo de concierto para delinquir agravado.

Al momento de la captura, “Mauricio el Grande” no portaba armas. Le incautaron el celular. Foto cortesía de la Policía.

Uribe Tabares fue policía en la década del 90, hasta el grado de subintendente (sargento). Prestó servicio en unidades judiciales y de Inteligencia, como el Grupo Antiterrorista de la Dijín y la Sijín de Medellín.

Según el expediente judicial, en 1999 fue expulsado de la Institución, tras resultar implicado en una extorsión. Después de esto, comenzó a trabajar para el capo Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, quien se valió de sus conocimientos policiales para facilitar las acciones ilegales de los bloques paramilitares bajo su control.

En agosto de 2005, Uribe se desmovilizó como integrante del bloque Héroes de Granada de las Auc, pero siguió a órdenes de “don Berna” como miembro de “la Oficina”.

Los investigadores que le han seguido los pasos a esa organización comenzaron a profundizar las averiguaciones sobre “Mauricio el Grande” en 2009, tras la captura del cabecilla José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). En uno de los computadores que le incautaron había varias fotografías, en las que este personaje aparecía acompañado del expolicía.

Así lucía “Mauricio el Grande” en 2005, cuando se desmovilizó de las Auc. Cortesía.

En los últimos años se radicó en el barrio La Loma de los Bernal, en el suroccidente de Medellín. Desde allí, presuntamente, coordinaba acciones de sicariato, secuestros, narcotráfico, extorsiones y cobro de deudas mafiosas. Varios de sus “trabajos” le eran encomendados al combo de “Cristo Rey”, una estructura delincuencial con base de operaciones en la comuna 15 (Guayabal).

Uribe Tabares, de 44 años, siempre trató de manejar un bajo perfil, conduciendo vehículos poco llamativos y sin escolta. En 17 ocasiones fue detenido portando pistolas Colt y Glock calibre 9 milímetros, mas logró salir airoso porque tenía salvoconducto expedido por la Cuarta Brigada del Ejército.

Su captura se materializó el 15 de agosto pasado, cuando manejaba un automóvil Hyundai por una vía de La Loma de los Bernal, en horas de la mañana. Simultáneamente, las autoridades le allanaron un apartamento en Medellín y dos fincas en los municipios de Barbosa y Copacabana, valoradas en cerca de 3.000 millones de pesos. Allí tenía circuitos cerrados de televisión, títulos valores, caballos y un pony de $100 millones, así como una caleta electrónica subterránea vacía (bajo el sauna) y un carro Mercedes Benz blindado.

“Él mismo me dijo: nos están desgranando, como una mazorca”, contó el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, después del arresto.

“Actualmente tiene negocios de narcotráfico con extranjeros, con quienes sostiene reuniones, con el fin de traficar estupefacientes hacia otros países desde la ciudad de Cartagena”, detalló el informe oficial del caso presentado por la Policía.

El detenido posaba de comerciante y tenía una fundación para apoyar a excombatientes que querían rehabilitarse, en la cual figuraba de secretario. “Desde su clandestinidad, estaría buscando con varios abogados un posible sometimiento a la justicia de miembros de ‘la Oficina’, para obtener beneficios judiciales“, prosiguió el informe.

En la audiencia, Uribe Tabares no aceptó el cargo imputado. En la cárcel de Itagüí estará con otros integrantes de la organización, como Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), y antiguos compañeros de su paso por las autodefensas paramilitares.

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El Inspector.

En el caso más reciente, 16 personas, entre ellas nueve policías, fueron capturadas durante una operación en contra del crimen organizado en el centro de la capital antioqueña. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los policías implicados fueron suspendidos de sus cargos. Foto de archivo.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado y la Dijín de la Policía, los capturados en la mañana de este viernes 27 de julio fueron un intendente y ocho patrulleros adscritos a la estación Candelaria, cuya jurisdicción es la comuna 10 (el Centro).

Las autoridades aseguraron que los uniformados al parecer recibían sobornos para permitir el tráfico de drogas en la zona. Además, cargaban con estupefacientes a algunas personas para presentarlas como capturados y subir su calificación ante sus superiores. Estas irregularidades quedaron al descubierto gracias a un agente encubierto, que registró durante el último año estas fechorías.

Otro que cayó durante la operación de la Fuerza Pública es alias “Kevin”, presunto coordinador de la organización criminal “Caicedo”, según fuentes judiciales. A este hombre le fueron incautadas una camioneta Toyota Fortuner, un automóvil Mercedes y una moto de alto cilindraje. También le decomisaron dólares.

Los demás capturados son presuntos integrantes de los combos conocidos como “Convivir”, que trabajaban para “Caicedo” y “la Terraza”, y presuntamente se dedicaban a administrar plazas de vicio ubicadas en las cercanías de la Plaza de Botero. Con ellos fue apresado un comerciante de la zona, que participaba en las finanzas de los negocios ilícitos.

El coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, dijo que su Institución rechazaba estos actos de corrupción y que fue precisamente de la Policía de donde partió la denuncia contra los uniformados sospechosos.

Los capturados serán presentados este sábado ante un juez de control de garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín. La Fiscalía les imputará cargos por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y falsedad procesal, entre otros.

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El Inspector.

Se trata de Giovanni David Cataño Cadavid, alias “Cataño”, señalado por las autoridades de pertenecer a “la Oficina” y ser el cabecilla de la Odín “Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico). Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Giovanni Cataño, alias “Cataño”, cabecilla de “la Oficina del Doce” y de la “Odín Picacho”. Foto cortesía de la Policía.

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que el operativo, en el que participaron unidades de la Dijín, Sipol y Goes, tuvo lugar sobre las 8:30 p.m. de este domingo 25 de marzo, en el municipio antioqueño de San Jerónimo.

Agregó que “Cataño” era el encargado de las rentas ilícitas de la Odín “Picacho”, por lo que tenía acceso a bastante dinero.

El detenido inició su carrera delictiva como ladrón, en una banda del barrio Doce de Octubre conocida como “la Oficina del Doce”, la cual existe todavía. Con este grupo actuó a la sombra durante dos décadas, eludiendo la persecución de la justicia, hasta que en 2017 ascendió a la cúpula de “Picacho”, tras la captura y condena de alias “Soto”.

La Odín “Picacho” opera en las comunas 5, 6 y 10 de la capital antioqueña, y en el suroccidente de Bello, y está involucrada con minería ilegal de oro en los municipios de Barbosa y Buriticá. Según fuentes policiales, se estima que “Cataño” podría tener 300 personas bajo su mando.

Esta es la propiedad en la que fue capturado “Cataño” en San Jerónimo, Antioquia.

Al ser cabecilla de una Odín, el capturado también haría parte de la cúpula de “la Oficina”, que reúne a los jefes de cada comuna del área metropolitana donde operan las bandas criminales.

Fuentes judiciales informaron que “Cataño” tenía orden de captura por concierto para delinquir y hacía parte del cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Por información para dar con su captura, las autoridades ofrecían hasta 20 millones de pesos.

Cataño Cadavid será presentado ante un juez de control de garantías, donde podrá defenderse, mas todo apunta a que será enviado a la cárcel, comenzando así su viacrucis en Semana Santa.

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El Inspector.

Así quedó evidenciado el pasado 6 de febrero, cuando la Dijín allanó el apartamento en el que pernoctaba con sus dos niñas y su exesposa, la modelo y presentadora Vaneza Peláez.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, “Lindo”, “el Bonito”, “Junior” o “Sebitas”. Foto cortesía de la Policía.

En el registro a la propiedad, ubicada en El Poblado, en el suroriente de Medellín, los agentes le encontraron una pistola Jericho 9 milímetros con salvoconducto y municiones de diferentes calibres.

A los policías les llamó la atención que también tenía un radioteléfono marca Motorola y un carné de la Red de Apoyo.

En la página oficial de la Policía Nacional, este programa, también llamado Red de Aliados para la Prosperidad, está definido como “una alianza estratégica entre la Policía y los diferentes gremios, empresas públicas y privadas, para el mejoramiento de la seguridad ciudadana, donde se permite la integración de una serie de sistemas de comunicación que contribuyen al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en determinadas áreas o entornos del territorio nacional” (vea aquí el documento).

En la práctica, los integrantes de la Red tienen acceso a chats de Whatsapp y un sistema de comunicación radial, en el que los demás miembros y la Policía comparten denuncias e información sobre los hechos de seguridad y delincuencia que ocurren en la ciudad.

Un integrante de la Red, que solicita la reserva de su identidad, explica que el tema es delicado porque allí los ciudadanos no solo transmiten sus datos, sino que también reciben información de la Fuerza Pública sobre hechos que están sucediendo al instante.

El portal institucional destaca precisamente que la ventaja de pertenecer al programa está en “tener la oportunidad más directa con el servicio de Policía, una comunicación inmediata, poder generar información más confiable y oportuna a través de ese intercambio de información en tiempo real”.

La pertenencia de alias “Lindolfo” a esta Red en Medellín fue criticada por la Fiscalía, durante las audiencias de control de garantías llevadas a cabo entre el miércoles y el sábado de la semana pasada.

De acuerdo con la evidencia del ente acusador, Murillo portaba el radio de la Red de Apoyo cuando acudió a un apartamento en Envigado (abril 24/7), en el que después de su partida se registró la muerte a bala, aparentemente accidental, de Elkin Agudelo Gallego (“Nomo”), supuesto integrante de la banda de “Caicedo”, al servicio de “la Oficina” (ver la NOTA RELACIONADA: Investigan si cadáver en maleta era miembro de la banda “Caicedo”).

La Fiscalías 65 adscrita a la Dirección contra la Criminalidad Organizada recordó también que el 22 de abril del mismo año, durante el asesinato del exsocio del cartel de Medellín, José Ocampo (“Pelusa”), varios miembros de la banda se comunicaron por chats de Blackberry.

En uno de los mensajes, pocos minutos después de perpetrado el acto sicarial, “Lindolfo” le escribió a su compinche “Martín”: “el amarillo (taxi) que se relaje hoy, que parece que salió en una cámara. Al parecer no cogieron la placa, solo se ve la Pulsar amarilla”.

La Pulsar amarilla era la motocicleta que usó el asesino, tras escapar de la escena del crimen en una estación de gasolina de la vía Las Palmas (ver la NOTA RELACIONADA: Mataron a ganadero señalado de haber sido socio del cartel de Medellín).

“¿Cómo es posible que se dé cuenta tan rápido de eso? Se puede inferir que sabía por ser una persona incluida en la Red de Apoyo. ¿A qué clase de personas estamos incluyendo en esa Red, con acceso a todo lo que pasa en la ciudad? ¿A jefes de organizaciones delincuenciales, para que se enteren de todo?”, cuestionó la fiscal del caso.

El documento oficial de la Policía precisa que pueden hacer parte de la Red de Apoyo “personas naturales y jurídicas, gremios, asociaciones, instituciones, empresas y todas aquellas personas que quieran con su vocación de servicio hacer parte de la contribución a la seguridad de los colombianos”.

NOTA RELACIONADA: Capturan a “Lindolfo” y “Martín”, presuntos cabecillas de “la Oficina”.

El Inspector.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó la detención en su cuenta de Twitter y felicitó a las autoridades por este logro. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

William Moscoso Monsalve, alias “el Chivo”, presunto cabecilla de “la Terraza”. Foto cortesía de la Policía Metropolitana.

Moscoso Monsalve, apodado “el Chivo”, es sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), el máximo jefe de “la Terraza” y miembro de la cúpula de “la Oficina”, quien se encuentra en la cárcel pagando una sentencia de 32 años por concierto para delinquir y secuestro extorsivo.

Con el arresto de su tío en 2009, “el Chivo” comenzó a tomar relevancia en la organización. Según fuentes policiales, en principio se ocupó de coordinar la distribución de estupefacientes en las comunas de Manrique y Aranjuez.

Las capturas de otros líderes, como “Pichi Gordo”, “Barny”, “Chicho”, “Yordi”, “el Saya” y “Tombolín”, facilitaron su ascenso, hasta convertirse hoy en día en uno de los principales cabecillas de la facción.

“La Terraza” se dedica al sicariato, tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, desplazamientos forzados, trata de personas y demás conductas delictivas, que la convierten en una de las organizaciones criminales más peligrosas del Valle de Aburrá.

La captura de “el Chivo”, de 35 años, se logró este martes 7 de noviembre en un operativo coordinado por la Dijín y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, en un centro comercial del barrio Los Colores, en el occidente de Medellín.

La mira de las autoridades sigue puesta en la cúpula de “la Terraza”, conformada entre otros por alias “Richard”, “Rayo”, “Tréllez” y “Guasón”, quienes llevan delinquiendo más de una década en la ciudad y están en libertad.

CAPTURAN A UN POLICÍA

En la sede del comando del Departamento de Policía Antioquia, ubicada en el noroccidente de Medellín, fue capturado un suboficial activo por presuntos nexos con “la Terraza”.

Fuentes judiciales informaron que el arresto se presentó en la mañana del miércoles 8 de noviembre, en contra del subintendente Gabino Antonio Murillo Grajales, adscrito al grupo de Carabineros de la Institución.

Su captura se realizó cumpliendo una orden emanada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, que le imputará el cargo de concierto para delinquir.

De acuerdo con la investigación preliminar, el subintendente Murillo está señalado de filtrar presuntamente información a la banda y fungir de contacto con otros uniformados corruptos, actividades por las cuales recibiría dinero de “la Terraza”. El caso está ligado con el del cabecilla William Moscoso Monsalve (“el Chivo”).

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, declaró que “este tipo de capturas demuestran que la Policía y la Fiscalía están comprometidas en el desmantelamiento de las estructuras criminales y que están persiguiendo a los delincuentes, incluso a aquellos que hacen parte de la institucionalidad”.

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía le imputó a “el Chivo” cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Él los rechazó y el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento en la cárcel. El ente acusador solicitó que lo trasladaran al establecimiento penitenciaria La Modelo, en Bogotá.

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El Inspector.