En el ataque sicarial, además, dos balas perdidas hirieron a un mecánico y a una barrendera, la cual falleció al poco tiempo en un centro médico.

En esta calle de Medellín se presentó el ataque sicarial contra John Jairo Mazo Paniagua, quien conducía la camioneta Toyota Hilux. Imagen de cortesía.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho se presentó al mediodía de este 6 de mayo de 2025 en el barrio Jesús Nazareno, en zona céntrica de la ciudad.

En una camioneta Toyota Hilux se movilizaba el comerciante John Jairo Mazo Paniagua, junto a su compañera sentimental. Cuando avanzaban por la carrera 55 con la calle 62, en cercanías a la Universidad de Antioquia, se aproximó una motocicleta con dos hombres vestidos de negro.

El pasajero descendió, caminó hasta la ventanilla del piloto y le disparó en múltiples ocasiones a Mazo Paniagua. Luego escapó con su compinche.

Dos de los proyectiles disparados atravesaron la cabina de la camioneta e impactaron a dos civiles que estaban en la acera contigua: el mecánico automotriz Jhon Arley Arcila Yepes, de 50 años, quien recibió el balazo en la pierna derecha; y la barrendera de Empresas Varias de Medellín, Flor María Mosquera Gamboa, a quien el tiro le penetró el tórax.

Flor María Mosquera Gamboa, la barrendera asesinada. Cortesía.

Los dos lesionados fueron llevados a la Policlínica Municipal, donde se registró el deceso de la mujer de 46 años y madre de tres hijos.

John Mazo, de 44 años, murió en la silla de conductor. Su pareja, quien de milagro salió ilesa del ataque, les contó a los investigadores que su cónyuge había sido policía de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), de la cual se había retirado hacía 15 años aproximadamente.

Al revisar la base de datos del sistema judicial, aparece que le incautaron un revólver en 2007 en el barrio Enciso; que en 2009 lo detuvieron conduciendo una moto robada, en el barrio Manrique Central; en 2015 lo arrestaron en el barrio Acevedo, cuando también andaba en un automóvil hurtado.

Además de esto, era investigado por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, presuntamente cometidos en 2020; así como por tráfico de estupefacientes (2018).

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Pero lo que más llama la atención es que actualmente era el testigo estrella de la Fiscalía en una investigación por supuesta corrupción contra varios policías.

El hecho que derivó en ese expediente sucedió el 11 de julio de 2024 en una finca de la vereda Encenillos, en el municipio antioqueño de Girardota. Hasta ese lugar llegaron cinco agentes del Grupo contra Atracos de la Sijín, adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales simularon un allanamiento con una orden falsa.

Dentro del sitio encontraron a un adulto con una sobrina de 15 años, y se robaron una camándula avaluada en $40 millones de pesos y una subametralladora de calibre 9 milímetros.

Según la Fiscalía, al adulto le cobraron una extorsión de $20 millones de pesos a cambio de no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que se llevara a su sobrina, a la cual señalaron de portar el arma. La víctima les pagó ese dinero.

Luego le pidieron otros $150 millones para no judicializarlo por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Por estos hechos, el pasado mes de marzo fueron capturados y encarcelados el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa, los subintendentes Carlos Jiménez Noguera y Cristian Valencia Valencia, al igual que los patrulleros Jeisson Rolón Sepúlveda y Thyana Karina Rodríguez Melo. Todos se declararon inocentes, pero un juez los envió a prisión.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que una de las principales hipótesis de la muerte de John Mazo está ligada a esa investigación.

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El Inspector.

Los más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Otros peces gordos de la mafia también escaparon de sus sitios de reclusión en los últimos dos y terminaron escondidos en Antioquia. Este es un informe periodístico de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Óscar Camargo, alias “Pichi”, ha sido capturado varias veces y sus abogados siempre logran conseguirle beneficios judiciales. Foto cortesía de la Policía.

Cuatro fugas de criminales de alto perfil en los últimos dos años, dejaron en ridículo al sistema carcelario de Colombia y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.

El escándalo más reciente fue la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi” o “el Pablo Escobar de Santander”, uno de los cabecillas del crimen organizado más peligrosos de Bucaramanga.

En julio de 2024 fue absuelto de seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Su expediente está plagado de inconsistencias, entre la supuesta falta de rigor para conseguir pruebas, de parte de la Policía y la Fiscalía, y decisiones polémicas de los juzgados.

Lo insólito es que a la fecha se ha evadido quince veces de sus lugares de reclusión, y aún así la justicia le ha seguido otorgando un trato aparentemente preferencial.

“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, argumentó en su sentencia la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, María Piedad Díaz Mateus, hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

Tras resultar airoso de ese expediente, a “Pichi” le quedó una pena activa de 69 meses de cárcel por concierto para delinquir, proferida por otro despacho. Por ese hecho, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en Medellín.

Camargo se radicó en una urbanización de El Poblado, en el suroriente de la ciudad, y cuando se enteró que otro juez le revocó la domiciliaria y ordenó una detención intramural, se fugó el pasado 10 de octubre. Cuando los guardianes del Inpec llegaron al sitio, encontraron abandonado su brazalete electrónico de geolocalización.

Los juzgados implicados en la absolución y la domiciliaria están siendo investigados administrativamente por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Otro hecho reciente que sacudió los cimientos de la justicia involucra al mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), un antiguo oficial corrupto que se dedicó al tráfico de armas y otros crímenes, trabajando para el cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda “los Machos” y el Clan del Golfo.

La Policía lo capturó el pasado 11 de abril en Mutiscua, Norte de Santander, cuando iba en una caravana de camionetas con un arsenal que incluía dos pistolas, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y 16.940 municiones de fusil.
Lo encerraron en el calabozo de la estación de Policía de Cúcuta, de donde se fugó el siguiente 21 de abril, en medio de un feroz amotinamiento.

Huyó hacia el Oriente antioqueño, donde fue dado de baja por los comandos de la Policía el pasado 28 de septiembre. Hubo un enfrentamiento con su anillo de seguridad en la vereda Pocitos, del municipio de San Francisco, en el que murieron él, siete escoltas y una civil que recibió una bala perdida.

Por su presunta responsabilidad en la fuga de la estación de Cúcuta hay tres policías investigados: el intendente jefe Rubén Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Cristancho Pereira y el patrullero Luis Chaustre Sierra.

El mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”). Foto de cortesía.

Otro escape que también dejó en entredicho la capacidad de las autoridades para contener a los delincuentes, sucedió el pasado 28 de junio en la cárcel La Picota, de Bogotá. El protagonista fue Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”), cabecilla de la banda “Libertadores del Nordeste”, que delinque en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Amalfi y Yolombó.

Ese día se fugó en compañía del interno Sebastián Molina López. Ambos estaban en el pabellón 30 y rompieron los barrotes con herramientas que pasaron los controles de la guardia sin ser detectadas.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”). Cortesía.

Al igual que “Zeus”, le convenía no haberse escapado. En otro enfrentamiento con la Policía, el 10 de septiembre, fue dado de baja en la zona rural de Amalfi.

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Idéntico destino sufrió el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (“Matamba”), el jefe de la banda “Cordillera Sur”, que desde el departamento de Nariño surtía de droga a carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El 18 de marzo de 2022, cuando estaba pendiente del trámite de extradición a Estados Unidos, se fugó por la puerta principal de La Picota, con un disfraz de dragoneante y la complicidad de la guardia del Inpec. El hecho generó una investigación penal y disciplinaria contra 60 funcionarios y la captura del custodio Milton Jiménez Arboleda.

Así como “Zeus” y “el Enano”, Castro también huyó hacia Antioquia, escoltado por agentes corruptos del Gaula y la UNP, hasta una finca en el corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.

Luego se trasladó a otra finca del municipio de Bolívar, Santander, donde la Policía lo ubicó y lo dio de baja el 26 de mayo de 2022.

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El Inspector.

El astro del fútbol colombiano terminó extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos, compartiendo la deshonra con otros ídolos salpicados por los negocios del hampa.

La penetración del narcotráfico en el fútbol colombiano se detectó en los años 80. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

Esta historia es narrada por El Inspector en la segunda temporada del pódcast Revelaciones del Bajo Mundo, titulado: “Los futbolistas convocados por la mafia colombiana”.

El episodio explica la forma en que la mafia ha penetrado los equipos más famosos del país, cobrando las vidas y reputaciones de varias estrellas que se dejaron envolver por el torbellino de la cocaína.

La crónica sonora rememora el asesinato de un árbitro, que obligó a cancelar el torneo profesional; las capturas por posesión de drogas de algunos jugadores de la Selección Colombia; y las muertes de otros “cracks” que quedaron atrapados en las disputas de poderosos carteles.

NOTA RELACIONADA: La guerra entre el cartel de Medellín y “los Pepes”, en el podcast de Revelaciones del Bajo Mundo.

Escucha todos los episodios en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. También en YouTube y las páginas web de El Colombiano y Q’Hubo Medellín, y en la playlist que encuentras aquí en el blog.

Jhon Viáfara fue extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos. Foto cortesía de la Policía,

A continuación, puedes darle click a los siguientes enlaces para disfrutar cada episodio de la segunda temporada:

Capítulo 1: “La Barbada”: Crímenes de una bruja sangrienta.

Capítulo 2: El extranjero que silenció la música de Valentina.

Capítulo 3: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 1].

Capítulo 4: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 2].

Capítulo 5: Los futbolistas convocados por la mafia colombiana.

Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico que combina el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas. La primera temporada del pódcast se lanzó en septiembre de 2022 y la segunda comenzó en agosto de 2023. ¡No se la pierdan!

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El Inspector.

Su disputa dejó miles de muertos, en medio de bombas, masacres y torturas que inundaron las morgues de la metrópoli.

Esta historia es el eje de los capítulos 3 y 4 del pódcast de Revelaciones del Bajo Mundo, que ya están disponibles para todas las audiencias.

Pablo Escobar fue el primer capo del crimen organizado que delinquió en Medellín. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

Con información de expedientes e invitados especiales, reconstruiré aquella época de horror y los crímenes que, 30 años después, siguen en la absoluta impunidad.

La historia estará dividida en dos partes. En la primera, conoceremos los inicios de la disputa y quiénes se asociaron para enfrentar al capo de capos; en la segunda, el desenlace de una confrontación que involucró agentes del Estado y un extraño silencio judicial.

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También escucharemos el relato de un veterano periodista que estuvo en el lugar de los hechos, aquel día en que el Bloque de Búsqueda eliminó a Escobar, y sus peripecias para poder transmitir la noticia más importante en la historia de la lucha contra el narcotráfico.

Recuerden que pueden escuchar todos los episodios en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. También en YouTube y las páginas web de El Colombiano, Q’Hubo Medellín y en la playlist del blog.

Con la muerte de Pablo Escobar, el nuevo jefe de la mafia de Medellín fue “don Berna”, un integrante de “los Pepes”. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

A continuación, pueden darle clic a los siguientes enlaces para disfrutar cada episodio de la segunda temporada:

Capítulo 1: “La Barbada”: Crímenes de una bruja sangrienta.

Capítulo 2: El extranjero que silenció la música de Valentina.

Capítulo 3: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 1].

Capítulo 4:  Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 2].

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El Inspector.

La situación, que se venía rumorando en las últimas semanas en el bajo mundo del Valle de Aburrá, fue denunciada en redes sociales por el exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los cabecillas de tres bandas de Bello buscan traslados desde las cárceles a los resguardos indígenas. Foto ilustrativa de Manuel Saldarriaga.

“Primero pasan papeles diciendo que son miembros de una comunidad indígena, de la cual evidentemente nunca han hecho parte, y lo logran. Segundo, le solicitan a los jueces de Ejecución de Penas que, como son indígenas, que los pasen de las cárceles a un resguardo. Y tercero, los jueces como que comen cuento, y les ayudan”, explicó el politólogo y magíster en Estudios Humanísticos, exponiendo documentos judiciales como evidencia.

Según su denuncia, hasta el momento se han detectado cinco delincuentes involucrados en esta clase de trámites. De la banda “el Mesa” figuran, presuntamente, Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), Róbinson Abraham Tobón Duque (“el Perro”) y Néstor Estivell Rodríguez (“Peluche”).

Por parte de la organización criminal “Pachelly” aparece Albert Henao Acevedo (“Alber”); y, por “los Triana”, Maximiliano Gil Durango (“Tombito”).

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Todos ellos fueron capturados entre 2020 y 2022, por su liderazgo en estos grupos dedicados al sicariato, el narcotráfico, la extorsión, desplazamientos forzados y tráfico de armas, entre otros delitos.

Extracto de los registros judiciales, con la petición de alias “Alber”, de la banda “Pachelly”. Cortesía.

El Colombiano conoció algunos de los documentos en los que constan sus peticiones a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas, responsables del seguimiento a sus sentencias. Detrás del papeleo, lo que buscan al parecer es que los remitan a lugares con condiciones mínimas de vigilancia.

En cuanto a “Alber”, uno de los principales líderes de “Pachelly”, en los registros de la Rama Judicial quedó documentada a principios de 2022 su solicitud de traslado desde la cárcel de Cómbita (Boyacá) al resguardo indígena Umbra Guaqueramae, ubicado en Quinchía, Risaralda. De momento no le han concedido la petición.

Extracto del registro de la rama judicial, en el que consta la petición de alias “Tombito”, de “los Triana”. Cortesía.

Alias “Pirry” también pidió que lo condujeran a este sitio, en la zona rural del Eje Cafetero, según Tobón. Y “Peluche” elevó su solicitud para que lo movieran al resguardo El Águila del pueblo misak, en Belén de los Andaquíes, Caquetá.

“Tombito” radicó su solicitud el 2 de enero de 2023, pidiendo traslado desde la prisión municipal de Rionegro, Antioquia, al resguardo Kwe Sx Yu Kiwe, localizado en Florida, Valle del Cauca. Hacia este mismo lugar también pidió el traslado alias “el Perro”.

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El Inspector.

Este fue el segundo golpe de las autoridades contra esa banda en el último mes, después de una serie de embargos a los bienes de algunos de sus jefes y de sus bandas asociadas.

En la operación de la Dirección Antinarcóticos fueron detenidos 13 miembros de “la Milagrosa” y cuatro policías. Foto de archivo.

Luego de varios meses de investigación, la Dirección Antinarcóticos de la Policía ejecutó la operación “San Sebastián” el 2 de noviembre de 2022, con múltiples allanamientos en el Oriente de Medellín. Incautaron dos granadas, 1.059 dosis de cocaína, 3.270 gramos de marihuana y pequeñas dosis de otras drogas como tusi, LCD, éxtasis y popper, así como $1’074.000 en efectivo.

Entre los 13 detenidos de “la Milagrosa” hay presuntos integrantes de su red de narcotráfico, incluyendo a Andrés Felipe Orrego Moscoso, alias “Fox”. Según las pesquisas policiales, este hombre sería miembro de la cúpula de la banda, a órdenes de alias “Colmillo” y “Ronald”, quienes permanecen escondidos.

En la acción fueron detenidos también cuatro policías activos de la estación de Buenos Aires, implicados en el robo de una droga que posteriormente le vendieron a la organización.

Según fuentes cercanas al caso, los uniformados hicieron un allanamiento ilegal a un centro de acopio de estupefacientes de la estructura delincuencial, llevándose 400 gramos de cocaína y 400 gramos de marihuana. Después buscaron a los integrantes del mismo grupo para devolverles la droga a cambio de 5 millones de pesos; al final, el negocio se definió por $3 millones.

En las audiencias de control de garantías, que a la fecha no han concluido, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado les imputó a los 13 miembros de “la Milagrosa” cargos por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

A los cuatro policías les imputaron concusión, cohecho propio y hurto calificado. Tanto ellos como los demás procesados se declararon inocentes en el estrado.

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EMBARGO DE BIENES

Además de la operación “San Sebastián”, el 17 de octubre pasado la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía anunció el embargo de 26 bienes inmuebles adquiridos con dineros ilegales de “la Milagrosa” y sus bandas aliadas de la confederación criminal “Caicedo”, entre ellas “los Conejos”, “los BJ” o “los Chamizos”, “Betania”, “San Antonio” y “la Roja”.

Tales bienes (16 predios rurales y urbanos, seis vehículos y cuatro locales comerciales) tienen un valor cercano a los $15.500 millones y están a nombre de familiares y presuntos testaferros de cabecillas como Héctor Alexis Muñoz Goez (“Draculín”), Martín Fernando Tamayo Cano (“Martín” o “Mao”) y Jaime Mauricio Agudelo Echavarría (“Kilin”), entre otros peces gordos que ya están capturados.

Las organizaciones criminales “Caicedo” y “la Milagrosa”, así como sus combos asociados, delinquen en el Centro y en el Oriente de Medellín, dedicadas al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, el desplazamiento forzado, el cobro de deudas mafiosas, entre otros delitos.

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El Inspector.

Se trata de un antiguo integrante de la cúpula de “la Oficina”, la organización criminal que regenta el bajo mundo en el Valle de Aburrá; además, llegó a ser el máximo líder de “la Terraza”, uno de los principales tentáculos de “la Oficina”, con redes delincuenciales en cinco comunas de la ciudad y el Suroeste antioqueño.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) ha pagado 12 de los 32 años de cárcel de su condena. Foto de cortesía.

“Douglas” estaba en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue incluido en la lista de seis personajes que serán trasladados a otros establecimientos por orden del nuevo director (e) del Inpec, el coronel Joaquín Medrano Muñoz.

Los demás reseñados son el excomandante paramilitar y narcotraficante Carlos Mario Jiménez (“Macaco”); Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Babalao” o “Andrea”), procesado por ser un presunto narco y lavador de activos asociado con el Clan del Golfo en Antioquia y la Costa Caribe; y José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, señalado de tener nexos con la guerrilla del ELN.

El listado lo complementan Emilio Tapia Aldana, condenado por el célebre cartel de la contratación en la Alcaldía de Bogotá e implicado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados; y el excongresista Eduardo Enrique Pulgar Daza, condenado por tráfico de influencias en la rama judicial.

Según la Resolución 001497 del 3 de marzo de 2022, la primera orden firmada por Medrano, “Douglas” y los otros cinco presos serán trasladados “a otro pabellón o centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad”.

Como justificación para la medida, el documento señaló que “por su perfil y situación de seguridad se hace necesario ordenar sus traslados, a fin de proteger el derecho a la vida de la población privada de la libertad y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, añadió que la decisión también se tomó “luego de investigaciones que permiten concluir que algunas personas privadas de la libertad pueden ejercer influencia en los establecimientos en los que permanecen recluidos”.

En el caso de Muñoz Martínez, el traslado será para el pabellón 34 de la cárcel Picaleña, de Ibagué, una penitenciaría en la que ya había estado preso en 2013. En ese entonces fue llevado allá junto a otro jefe de “la Oficina”, Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”).

El director del Inpec del momento, general Gustavo Ricaurte, dijo en aquella oportunidad que la remisión de los dos cabecillas se originó “porque es necesario impedir que los detenidos de alto perfil delincuencial afecten el orden, la disciplina en los centros de reclusión o continúen o inicien estructuras delictivas que puedan afectar la seguridad ciudadana“.

Sobre “Douglas”, las agencias de seguridad han manifestado en varias oportunidades que, presuntamente, continuó dando órdenes desde las celdas. Por este motivo ha sido rotado por varias prisiones, que incluyen El Pedregal (Medellín), Cómbita (Boyacá), La Paz (Itagüí), La Picota (Bogotá) y de nuevo Picaleña.

Muñoz fue capturado en abril de 2009, en un apartamento de El Poblado. Luego de cinco años de audiencias y juicio oral, fue condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La víctima del caso fue la empleada de una agencia de aduanas de Barranquilla, a quien “la Oficina” secuestró durante un mes en Medellín para cobrarle el dinero que perdió por la incautación de un cargamento de cocaína en el puerto.

Hay que recordar que el cuerpo de custodios de La Picota quedó en entredicho esta semana, cuando se descubrió que el empresario Carlos Mattos, procesado por cargos de corrupción, salía de la celda “como Pedro por su casa”, escoltado por funcionarios del Inpec, para atender diligencias personales en su oficina privada en Bogotá.

Como consecuencia de eso, fueron despedidos de sus cargos los directores del Inpec y de La Picota, en el inicio de una pugna que promete relevar a más funcionarios. La prisión será intervenida, según el ministro de Justicia.

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El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue realizado el pasado 10 de agosto, por parte de la Fiscalía y agentes del Grupo de Administración Pública de la Dijín de la Policía, que viajaron desde Bogotá. Los detenidos son el funcionario Gustavo Amet Restrepo Ortiz, quien fungía como asistente de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada en la capital antioqueña; y el abogado litigante Mauricio de Jesús Morales Múnera.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada tiene sus despachos en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto de Archivo.

De acuerdo con la investigación preliminar, en su calidad de asistente, Restrepo tenía acceso a información sobre las órdenes de captura que expedían los despachos de la Dirección, en particular aquellas dirigidas a los cabecillas e integrantes de las bandas “el Mesa”, “Niquía Camacol” y “Pachelly”.

En las audiencias de control de garantías, que se desarrollan de manera virtual en este momento, el ente acusador ha revelado interceptaciones telefónicas en las cuales, supuestamente, el funcionario le advertía al abogado cuando se solicitaban dichas órdenes.

En tales conversaciones, se oyen frases atribuidas por la Fiscalía a Restrepo, en las que al parecer habría dicho: “Yo las voy dilatando”, refiriéndose a las órdenes de detención.

En otra de las llamadas en poder de las autoridades, el indiciado le habría advertido al penalista que las autoridades estaban preparando el arresto de unos delincuentes: “Para que usted les avise, para que les diga que les van a caer en Pascua, después de Semana Santa. Eso ya está listo. Ya las sacaron (las órdenes) del horno hoy”.

Así fueron reseñados por la Policía los dos capturados. El proceso está pendiente de la etapa de acusación. Foto cortesía de la Policía.

El abogado Morales había sido defensor de algunos integrantes de organizaciones ilegales de Bello. Uno de ellos fue Édgar Pérez Hernández, alias “el Oso”, jefe de la banda “Niquía Camacol”, quien murió de un ataque cardiaco el 6 de abril de 2020, en la cárcel Picaleña de Ibagué.

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En las audiencias de control de garantías, los procesados no aceptaron las imputaciones por concierto para delinquir y utilización de asunto sometido a secreto, y se declararon inocentes.

Durante la diligencia, Restrepo renunció a su cargo en la Fiscalía, institución en la cual apenas le faltaba un año para jubilarse. El 17 de agosto, al finalizar las audiencias, el juzgado le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que al abogado lo envió a la cárcel.

El Colombiano buscó una declaración oficial de la Fiscalía sobre el caso, pero la entidad no se ha pronunciado por el momento.

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El Inspector.

El caso fue detectado en la madrugada del pasado jueves 13 de mayo, en los calabozos de la estación Manrique, ubicada en el sector conocido como San Blas. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es la estación de Policía de Manrique, en el nororiente de Medellín, donde se produjo la fuga de 18 personas. La Institución ofreció una recompensa de hasta $5 millones para quien brinde información que ayude a recapturarlas. Foto de Manuel Saldarriaga.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que 18 detenidos escaparon por un hueco en la llamada “sala de reflexión”, que los condujo hacia la zona exterior de la guarnición.

En el recinto había otros 30 capturados que no quisieron huir, o no alcanzaron. Entre los prófugos, cuyas fotos y nombres ya circulan en volantes distribuidos por las autoridades, hay tres condenados y 15 indiciados.

Esta es la tercera fuga masiva que se presenta en estaciones policiales de la capital antioqueña desde 2019. El 27 de diciembre de ese año, 16 detenidos rompieron parte del techo en la estación del Doce de Octubre, localizada en el barrio Santander, y por ahí desaparecieron.

Entre los evadidos estuvo Wilson de Jesús Ríos López, alias “Monopepe”, presunto cabecilla de la organización criminal “la Raya”, que delinque en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado, al igual que en el municipio de Itagüí. A la fecha no ha sido recapturado.

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El 15 de octubre de 2020 forzaron las cerraduras de la sala de detención de la estación Belén, en el barrio San Bernardo, y se escaparon 50 personas.

En ese grupo iba Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), supuesto líder de la banda “la Campiña”, de Robledo. Los investigadores lo recapturaron a los cuatro meses, el siguiente 13 de febrero, en el municipio antioqueño de Sopetrán.

Otros importantes cabecillas se han esfumado en escapes individuales, en ese mismo periodo de tiempo. El 12 de septiembre de 2019, Héctor Palacios Tapia (“Chavo”) aprovechó una pelea pactada entre otros reclusos para volarse del parqueadero de la Sijín, en el barrio Caribe, donde los detenidos eran custodiados en un corral improvisado.

En medio de la trifulca que distrajo a los guardias, subió a una mesa y después saltó un muro, hacia su libertad. Según el expediente de la Fiscalía, este hombre estaba detenido por la comisión de cinco homicidios, era el presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Turbo, Antioquia, y ya fue ascendido por esa organización a comandante de zona.

Hoy “Chavo” continúa en la clandestinidad, al igual que Roger Jiménez Flórez (“Roger”), segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en los municipios de Bello y Copacabana.

Estaba condenado a 16 años de prisión por tentativa de homicidio y tenía otros procesos en curso, pero mediante el pago de sobornos salió a pie de la estación Belén, para nunca más volver, el 20 de diciembre de 2019.

PROBLEMA NACIONAL
Según la Policía Metropolitana, sus uniformados actualmente custodian 2.710 detenidos en las 22 estaciones y sedes con las que cuenta esa institución en el Valle de Aburrá.

En condiciones normales, la capacidad de todas las celdas, sumada, es de 350 cupos, por lo que a los custodios les ha tocado improvisar para albergar a los presos, como pasó en la fuga de la Sijín, en la que había 160 personas en una especie de corral en el estacionamiento interno.

Hay que recordar que esta es una problemática de carácter nacional, derivada del hacinamiento en las cárceles de Colombia. La estadística del Inpec señala que, a la fecha, hay 97.412 personas privadas de la libertad en sus 132 establecimientos penitenciarios, cuya capacidad máxima es de 81.500.

Esto implica que hay una sobrepoblación de 15.912 individuos y un índice de hacinamiento del 19.52%. Además, hay 73.875 personas con detención domiciliaria, de las cuales 34.873 están repartidas en celdas transitorias (como estaciones de policía y edificios de la Fiscalía) y apenas 5.504 tienen dispositivo de rastreo asignado.

En Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación están gestionando ante el Gobierno Nacional, desde hace más de dos años, la construcción de una cárcel en Andes, la ampliación del establecimiento del corregimiento San Cristóbal y la adecuación de la penitenciaría agrícola en Yarumal, pero hasta ahora no se ha puesto ni el primer ladrillo.

POSIBLES SALIDAS
Tras enterarse de los ocurrido en Manrique, Jorge Carmona Vélez, defensor de DD.HH. de la población carcelaria en Antioquia, cuestionó a las autoridades locales por su “desinterés” para buscar más espacios en los que se pueda albergar a los detenidos en condiciones más dignas.

“La situación de altísimo hacinamiento carcelario, los tratos degradantes, la falta de humanización y alimentación en las distintas estaciones de Policía de Medellín y el área metropolitana, pueden ser el detonante para que este tipo de situaciones se presenten”, publicó Carmona en un comunicado.

El penalista Óscar Santamaría resaltó que las estaciones de Policía no están acondicionadas para detener semejante cantidad de personas, y que “la función de los policías no es custodiarlas, sino brindarle seguridad a la ciudadanía en las calles”.

La Policía Metropolitana indicó que para la vigilancia de los detenidos utiliza 450 uniformados, que deben abandonar sus labores de patrullaje cotidiano.

El abogado comentó que “a pesar de la crisis de hacinamiento, la Fiscalía sigue solicitando medidas de aseguramiento carcelarias por todo, y los jueces están avalando eso, en vez de aplicar soluciones alternativas. Es un tema de política criminal al cual hay que ponerle la lupa”.

Como propuesta para superar esta situación, Carmona indicó que la Alcaldía debe acatar “los fallos de las altas cortes de la República, que ordenaron ubicar un espacio digno para los 3.000 privados de la libertad”.

Santamaría recordó que hay muchos detenidos que tienen, por ley, acceso a varios beneficios jurídicos, como la detención domiciliaria o libertad condicional, pero no gozan de ellos por falta de representación judicial ante los jueces de ejecución de penas.

“Esta situación podría mejorar si hay una participación más activa de la Defensoría Pública y de los consultorios jurídicos de las universidades”, propuso.

Mauricio Beltrán, abogado especialista en Derecho Penal, opinó que, “aunque parezca frase de cajón, hay que construir más cárceles. Y mientras eso sucede, trasladar a todas las personas que están en las estaciones de Policía a los establecimientos del Inpec, cuya función es precisamente esa, custodiar”.

Y añadió: “Porque ahora están llevando a todo el mundo a centros transitorios de todo tipo, y los dejan ahí hasta por nueve meses. No falta sino que empiecen a encerrarlos en iglesias”.

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El Inspector.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que el operativo se realizó en la mañana de este miércoles, luego de 14 meses de investigación y seguimientos.

De los 14 policías involucrados en la investigación penal, 10 prestan su servicio en la subestación del corregimiento El Hatillo, en Barbosa. Foto: archivo El Colombiano.

Indicó que los 10 uniformados están adscritos a la subestación policial del corregimiento El Hatillo, en Barbosa. También fueron capturados un miembro del Departamento de Policía Antioquia y otro del Valle del Cauca; dos más habían sido retirados de la Institución antes del procedimiento judicial, para un total de 14 investigados.

De acuerdo con la información preliminar del caso, los sospechosos habrían recibido sobornos para facilitar el tráfico de madera en el norte del área metropolitana, así como para darle uso indebido al combustible asignado para las patrullas oficiales.

Debido a esto, tendrán que enfrentar cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal y concusión.

Esta es la segunda captura masiva de policías involucrados en actos de corrupción en los últimos tres meses en el área metropolitana, pues el pasado 4 de diciembre fueron detenidos 23 uniformados de la estación Belén, por presuntos nexos con bandas de crimen organizado.

Sobre este caso, el general Ruiz informó que 15 ya fueron expulsados de la Institución, mientras que la permanencia de ocho sigue bajo estudio. Por su parte, el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia les dictó medida de aseguramiento en la cárcel a 16, detención domiciliaria para seis y a uno más le otorgó la libertad, pero vinculado a la investigación.

“Rechazamos de plano cualquier acto de corrupción y actuaremos con contundencia para demostrarle a la ciudadania la transparencia institucional”, afirmó el alto oficial.

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El Inspector.

Los uniformados, detenidos el mes pasado, prestaban servicio en la estación Belén, a la cual le corresponde la vigilancia de la zona. No obstante, en vez de frenar la delincuencia, la favorecían mediante la omisión de sus deberes y la venta de información clasificada, a cambio de sobornos; incluso, algunos llegaron a venderles droga a los propios criminales y a extorsionarlos para no capturarlos.

Esta no es la primera vez que miembros de la Fuerza Pública han resultado involucrados en el remolino de estupefacientes de Barrio Antioquia, un lugar que, sin el ánimo de estigmatizar, padece un problema histórico. El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagó con fuentes de la Policía, el CTI, la Fiscalía y la Alcaldía, al igual que con algunos residentes, para entender cómo funciona hoy el narcotráfico en la zona, por qué ha sido tan difícil manejar esa situación y qué se debería hacer para superarla.

A pesar de la vigilancia policial, el tráfico de drogas en Barrio Antioquia campea de día y de noche. Foto de Manuel Saldarriaga.

El Barrio Antioquia es una denominación imaginaria, no aparece en el mapa oficial de la ciudad, pero los lugareños y visitantes saben que es un espacio localizado en la comuna 15 (Guayabal), al costado oriental del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que abarca varias cuadras de los barrios Santa Fe y Trinidad.

“Debido a su historia, ahí se presenta un enquistamiento de la cultura de la ilegalidad en forma de mafia, es decir, cuando las estructuras ilícitas tienen la capacidad de delinquir en una comunidad sin que esto afecte la cotidianidad de las personas”, expresó Boris Castaño, analista de seguridad de la corporación Innova Idea Estrategia.

El exsecretario de Seguridad de Medellín (2017-19), Andrés Tobón, recordó que los fenómenos de ilegalidad se instalaron en la primera mitad del siglo XX, cuando las primeras familias fueron reubicadas junto al aeropuerto, debido al paso del ferrocarril.

“Allí aprovecharon la cercanía con la terminal aérea para dedicarse al contrabando de cigarrillos y licor. Ya en los años 60 y 70, con el cultivo de marihuana en fincas de El Poblado, ingresaron al narcotráfico”, narró.

En esa época el negocio adquirió alcance transnacional con personajes como Griselda Blanco, una residente del barrio que coordinó las primeras rutas de exportación a EE.UU.

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UN NEGOCIO DE TRES NIVELES
El narcotráfico que campea en el sector se da en tres niveles: el primero, es el espacio local. En Barrio Antioquia delinquen seis bandas tradicionales, conocidas como “la 24”, “el Quinto”, “Alexpin”, “el Coco”, el “combo de Ratón” y “la Cueva”. Se trata de grupos con territorio definido, armamento y estructura de jerarquía piramidal con cabecillas, que administran plazas de vicio y ejecutan actividades de sicariato, vigilancia y extorsión.

Adicionalmente, hay plazas de vicio independientes, que no pertenecen a un combo como tal, sino que son regidas por familias dedicadas al negocio por generaciones, o por un traficante inversionista, como las plazas de “Sancocho”, “Miami”, “el Triángulo”, “Maema” y “la Licorera”.

Estos grupos y plazas distribuyen alucinógenos al menudeo. Por lo general, los consumidores provienen de otros barrios o son turistas. “Se les vende con la condición de que consuman por fuera, aquí no, para no atraer a la Policía”, señaló un habitante, quien solicitó la reserva de su identidad.

Tanto los combos como las plazas independientes, de acuerdo con los investigadores consultados, suelen tener patrocinios y alianzas de grupos de crimen organizado más grandes y de otros lugares del Valle de Aburrá, como “la Oficina”, “la Terraza”, “la Unión” y “San Bernardo”; o de narcotraficantes como “Iván el Barbado” y el Clan Osorio.

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Esos patrocinios son los que definen cuál de las bandas de Barrio Antioquia impone su hegemonía sobre las demás, aunque según los residentes consultados, en la actualidad no hay conflictos y “cada quien está traqueteando en su parche sin problemas”.

En el segundo nivel de esta actividad, están las operaciones como centro de acopio de grandes cantidades de droga, para surtir a otras bandas y plazas del área metropolitana. En Barrio Antioquia se almacenan los estupefacientes enviados desde el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, y los departamentos de Nariño y Cauca, para servir de despensa a otras estructuras y traficantes.

Es así como al sitio llegan delegados de combos del Centro, Doce de Octubre, Itagüí y Belén, entre otros sitios, para comprar mercancía más barata al por mayor y expenderla en sus propios barrios.

Y en el tercer nivel está el tráfico internacional de narcóticos, en especial hacia La Florida (EE.UU.), España, Holanda y Suramérica. Algunos narcos de Barrio Antioquia, a lo largo de los años, ascendieron en la cadena y hoy son exportadores. “Cada que coronan un cargamento, arman fiestas aquí en la cuadra y tiran pólvora”, detalló un residente.

LOGÍSTICA Y CONTROL
Semejante actividad ilícita sucede las 24 horas del día y a la vista de todo el mundo. Para minimizar la intervención de las autoridades, además de la trama de sobornos, los traficantes han desarrollado un complejo sistema de vigilancia.

En cada esquina hay “campaneros” con celular, que avisan sobre la circulación de vehículos y personas extrañas. Algunos lo hacen de forma tan desfachatada, que sacan sillas y muebles destartalados, y se explayan a media calle.

Los administradores de las plazas instalaron sistemas cerrados de TV y sus trabajadores han vandalizado las cámaras de la Alcaldía (instaladas apenas en 2018), para evitar ser grabados en su “jibareo”.

Un suboficial de Policía señaló que “por su cercanía con el aeropuerto, no podemos elevar drones para los seguimientos”.

En las casas en las que se almacena la droga, hay puertas y ventanas blindadas, para retardar el ingreso de las autoridades en los allanamientos.

Algunas viviendas están interconectadas por pasadizos y agujeros, creando una suerte de laberinto por donde se mueven los traficantes.

En la vía pública, el mobiliario ha sido adaptado para camuflar las dosis en postes de luz, materas, bancas de cemento, aceras, árboles y contadores de agua y energía.

Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías de Medellín (2016-17), indicó que en los operativos que lideró al frente de esa entidad, “descubrimos más de un búnker para el almacenamiento de droga y caletas sofisticadas, como una matera en un antejardín, que se abría con un mecanismo automático”.

Castaño señaló que “se ha instalado una economía circular ilícita, que beneficia al expendedor, el vigilante y el comprador. La mayoría de los involucrados tienen arraigo familiar en la cuadra, por lo que nadie los delata. Las llamadas al 123 para denunciar movimientos de droga en Barrio Antioquia son mínimas”.

“Hoy tenemos cuatro o cinco familias grandes, con señoras de bastante edad, que dedican a sus hijos y nietos al tráfico de estupefacientes, con un control de zona que ha devenido en prácticas de corrupción”, acotó Tobón.

En cuanto al abastecimiento de la mercancía, un investigador del CTI contó que “la droga la traen en buses intermunicipales, que llegan a la Terminal de Transportes del Sur, y después van al Barrio Antioquia con la excusa de lavar los vehículos. En esa zona hay muchos lavaderos de buses, y algunos son solo fachadas para descargar la droga”.

En este sector los traficantes tienen mercancía en caletas para surtir a la clientela por dos meses. Ese inventario les permitió sobrevivir al aislamiento social de marzo y abril de 2020, cuando la cuarentena por la covid-19 fue severa, disminuyó el transporte intermunicipal y el abastecimiento de la mercancía.

Según el investigador judicial, “cuando la marihuana que tienen almacenada se pone vieja, le rocían melaza con un spray, la secan con ventiladores y la guardan en peceras. Eso le da un apariencia fresca, y aunque pierde su olor y sabor natural, ellos la venden como marihuana saborizada. En cuanto a la cocaína, la hacen rendir mezclándola con otras sustancias, como lactosa y cafeína”.

PROPUESTAS PARA EL DESAFÍO
Tobón expresó que debe continuarse una línea de investigación que comenzó en la Administración pasada y ha rendido frutos, como la captura del cabecilla “Ratón” y de los 22 policías de diciembre.

“Es un asunto que no solo se puede quedar en capturas, sino que debe incluir planes de renovación urbana. El aeropuerto Olaya Herrera debe convertirse en un gran parque, con Barrio Antioquia de un lado y Belén del otro”, dijo.

Para Castaño, la estrategia que usa la Policía no es suficiente: “El plan de vigilancia por cuadrantes está basado en el apoyo de la comunidad para repeler el delito, pero como eso no se da, se requiere una intervención diferente. El Estado debe comprometerse, con todas sus instituciones, a focalizar acciones por varios años en ese territorio, con el propósito de derrumbar los mitos de la droga y lograr la confianza de la gente. Así se hizo hace 10 años con las famosas cuevas de Barrio Triste, y se logró transformar esa zona”.

En esto coincide la exfiscal Carrasquilla: “Debe haber una acción prolongada en el tiempo, donde a través del trabajo de Inteligencia de la Policía y la Fiscalía puedan detectarse los puntos de expendio, los días y horas de ingreso de la droga y quiénes financian la actividad, para después hacer allanamientos, en una operación sostenida, acompañada de las autoridades administrativas para atender desde lo social a la comunidad”.

Además de esto, agregó, “hay que realizar extinciones de dominio de inmuebles y con acciones administrativas destruir esas casas destinadas a las plazas de vicio”.

El actual secretario de Seguridad, general (r) José Acevedo, contó que el propósito es cambiarle la cara a Barrio Antioquia. “Tenemos una estrategia contra el crimen organizado y la delincuencia común para toda la ciudad, articulada con la Fuerza Pública y los organismos de justicia, y eso incluye a esa zona”, aseveró.

Ya fue adjudicado el contrato para la construcción de la estación de Policía de Guayabal, un servicio por ahora se presta desde Belén.
“Con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana (general Pablo Ruiz) acordamos compromisos frente a este barrio. La idea no es estigmatizarlo, porque hay gente muy buena allí, pero ya es hora de superar esa situación y normalizarla”, puntualizó.

Acevedo enfatizó en que este trabajo en seguridad estará acompañado de programas sociales que desarrollan otras secretarías, como las de Juventud, Cultura e Inclusión, para ver si entre todos logran exorcizar los fantasmas del narcotráfico que rondan en Barrio Antioquia.

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El Inspector.

El pasado 4 de diciembre se ejecutó la Operación San Bernardo, por parte de la Dijín, la Sipol y la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado. La acción pretendía desmantelar la alianza ilegal entre varios uniformados de dicha unidad policial, localizada en el suroccidente de Medellín, y las bandas de traficantes de drogas de las comunas 15 y 16 (Guayabal y Belén).

Este es el seguimiento del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Ninguno de los policías e integrantes de bandas capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Foto de cortesía.

En ese momento, mediante allanamientos en Bogotá y en la capital antioqueña, fueron capturados 23 policías y 12 civiles, estos últimos presuntos integrantes de “San Bernardo”, “Alexpin”, “la Cueva”, “la 24”, “el Coco” y otros combos del sector Barrio Antioquia, uno de los principales centros de acopio y distribución de alucinógenos del área metropolitana. En los procedimientos también incautaron 48 kilos de marihuana, 200 dosis de tusi (“cocaína rosada”) y 150 de base de coca, 100 gomitas mezcladas con droga y una pistola traumática.

Para el desarrollo de la investigación, fueron claves las pruebas aportadas por dos agentes infiltrados, que desde enero del presente año documentaron la forma en que los servidores públicos recibían sobornos, vendían información clasificada sobre operativos y estaban en la nómina de las bandas, a cambio de omitir sus deberes y facilitar el tráfico de estupefacientes.

Las coimas variaban entre los $3’000.000 y los $30’000.000, y en algunos casos esta nómina era reunida por varios grupos distintos, a modo de recolecta. En el transcurso de las audiencias, que tardaron más de tres semanas, la Fiscalía expuso 40 actos de posible corrupción.

En dos de esos hechos, los uniformados entraron a viviendas que funcionaban como plazas de vicio, y extorsionaron a los dueños para no judicializarlos, devolverles la droga y las armas halladas. Así, en uno de los casos los traficantes les pagaron $45 millones y en otro $40 millones.

En otra de las situaciones detectadas, los policías incautaban la droga de las bandas y posteriormente ellos mismos la vendían, según el ente acusador.

Tras escuchar la evidencia y la postura de los abogados defensores, el Juzgado dictó este domingo 27 de diciembre la medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Itagüí en contra de 16 de los funcionarios sospechosos: el intendente Luis Carlos Castilla Garavito y el subintendente Jhony Alberto Arismendy Arismendy; y los patrulleros Leonardo Rafael Olivo Payares, Darwin Palomeque Sepúlveda, Freyman Viveros Bolaños, Lucio Tomás Viveros Meneses, Yéferson Andrés Bolívar Ortiz, Albert Antonio Bolaño Cobo, Luis Carlos Hernández Villamizar, Jhon Hervey Mesa Muñoz, Samir José García Portacio, Juan David Gil Bustamante, Luis Alberto Trilleras Novoa, Tito Alberto López Builes, Edwin Livingston Chávez y Jhon Gustavo Trujillo Sánchez.

A otros seis uniformados les concedió el beneficio de detención domiciliaria: el intendente John Alexánder Mayorquín Sarmiento y los patrulleros Julián Stiven Marín Marulanda, Carlos Alberto Junior Giraldo, Camilo Girón Martínez, John Dairo Graciano Velásquez y Nelson Enrique Galvis Vargas. Otro patrullero, quien había sido sorprendido en flagrancia, fue dejado en libertad.

Los expolicías tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio y, en algunos de los casos, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por omisión y tráfico de estupefacientes. En las audiencias de control de garantías todos se declararon inocentes.

En cuanto a los civiles detenidos, a tres les dieron libertad y nueve fueron enviados a la cárcel Bellavista: Wbeimar Londoño Escalante (alias “Cortico”), Jhon Jairo Zea (“Roger”), Juan Felipe Saavedra Estrada (“Piña”), Róbinson Alberto Santamaría (“Chino”), Yadir Esneider Rojas Mira (“Sancocho”), Julio César Rivas Mena (“La Mole”), Sandra Milena Durán (“Milena”), Nubia Mercedes Muñoz Restrepo (“Nubia”) y John Alexánder Sepúlveda Ocampo (“Trompón”).

A ellos les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar y ofrecer, los cuales tampoco aceptaron en el estrado. Se calcula que dentro de un mes podrían continuar las audiencias, con el escrito de acusación emitido por la Fiscalía.

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El Inspector.

De acuerdo con la información preliminar, la llamada “Operación San Bernardo” fue ejecutada en la mañana del 4 de diciembre por el Grupo de Investigaciones Internas para la Fuerza Pública de la Dijín, la Seccional de Inteligencia (Sipol) de la Policía Metropolitana y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es la estación de Policía de Belén, ubicada en el barrio San Bernardo de Medellín, que presta servicio a las comunas 15 y 16. Foto de Jaime Pérez.

La mayoría de uniformados detenidos hicieron parte de la estación Belén en los últimos dos años, entre oficiales y suboficiales, que al parecer tendrían relaciones clandestinas con las plazas de vicio y las bandas de las comunas Belén y Guayabal, en particular del sector Barrio Antioquia, como “la 24”, “Alexpin”, “la Cueva”, “el Coco” y “San Bernardo”.

El informe del caso señala que los uniformados, al parecer, recibían sobornos por sumas mensuales que oscilaban entre los $3’000.000 y los $30’.000.000, cambio de omitir sus tareas de vigilancia y suministrar información reservada a los criminales, de modo que pudieran traficar, asesinar y extorsionar sin interferencias.

Los agentes anticorrupción ejecutaron 24 allanamientos en Medellín y Bogotá, en los que incautaron 48 kilos de marihuana, 100 gomitas mezcladas con droga, 200 dosis de tusi (“cocaína rosada”) y 150 de base de coca, además de una pistola traumática.

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Sobre las capturas, 22 de los policías fueron arrestados con orden de captura y uno más en flagrancia; de igual manera, cayeron 12 integrantes de las mencionadas bandas, involucrados con el pago de las coimas. Entre estos detenidos está alias “Cortico”, quien aparece reseñado en el cartel de los más buscados.

El comandante de la Región N°6 de Policía, general Luis Enrique Méndez, declaró que “los uniformados prestaban su servicio en diferentes estaciones de la Metropolitana del Valle de Aburrá, y habrían faltado a su deber constitucional, incurriendo en la omisión de sus funciones, lo cual favorecía el actuar delincuencial”.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía imputará cargos por cohecho por dar u ofrecer, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

UNA ESTACIÓN BAJO LA LUPA

La estación Belén de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicada en el barrio San Bernardo, es objeto de varias investigaciones penales por presuntos actos de corrupción.

Además del citado caso, en el que miembros de esa unidad policial favorecieron el tráfico de drogas, también hay expedientes abiertos por fugas de presos.

El 7 de diciembre de 2019 se fugó, al parecer con ayuda de los custodios, Roger Jiménez Flórez (alias “Roger”), cabecilla de la organización criminal “la Camila”, de Bello. Por ese hecho, dos uniformados fueron capturados y otros seis están involucrados en la investigación, pues algunos testigos señalaron a la Fiscalía que los presos les daban dinero para que los dejaran salir de las celdas a visitar a sus familias.

Por si esto fuera poco, el 15 de octubre de 2020 ocurrió una fuga masiva en los calabozos de la estación, en la que 50 detenidos se evadieron. Entre los fugados estuvo Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), cabecilla de la banda “la Campiña”, de Robledo.

El general Méndez destacó que “es la misma Policía Nacional, la Institución que de manera firme e inquebrantable depura, retira y sanciona a todos aquellos integrantes que se apartan de las adecuadas prácticas profesionales, enmarcadas en nuestro código de ética policial”.

Las audiencias de control de garantías en contra de los 23 detenidos aún no terminan, aunque el juez ya legalizó los procedimientos de captura.

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El Inspector.

De acuerdo con fuentes judiciales, la detención se produjo este domingo 29 de noviembre en esa localidad del sur del Valle de Aburrá, en cumplimiento de una orden de arresto emanada de una Fiscalía Especializada. En el mismo operativo fue detenido otro ciudadano, el ganadero Marlon Sierra, que está indiciado por la misma conducta punible y sostiene amistad con Isaza Sánchez.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fueron reseñados los hermanos Isaza en la Lista Clinton, a finales de 2014. Foto cortesía del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Isaza, de 53 años, fue arrestado en un allanamiento ejecutado por la Sijín en la Loma de las Brujas. Le encontraron una pistola con salvoconducto y $33 millones de pesos. Sierra, de 29, fue detenido cuando conducía una camioneta por la Loma del Esmeraldal; también portaba una pistola amparada.

Según la información contenida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), Isaza fue agente de tránsito de Envigado entre 2000 y 2013. Ese año ascendió al cargo de supervisor y subcomandante de esa dependencia, responsabilidad que al parecer ostentaba en la actualidad.

A pesar de tener un cargo oficial, en el bajo mundo siempre se le ha relacionado con su hermano, Félix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto”, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y uno de los máximos cabecillas de “la Oficina”, la estructura de crimen organizado más poderosa del Valle de Aburrá. De hecho, al momento de la captura estaba con él y con la mamá.

“Beto” obtuvo su libertad condicional en 2018, tras pasar seis años encarcelado por una condena de nueve años por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y uso de documento falso; y otra de cinco años por concierto para delinquir agravado.

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La primera vez que el supervisor de tránsito resultó involucrado en un informe judicial fue el 19 de noviembre de 2014, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le aplicó sanciones económicas y congeló sus actividades comerciales, al incluirlo en la Lista Clinton. En la misma acción incluyeron a “Beto” y a otros cabecillas de la organización, como “Mateo” (extraditado) y “Orión” (asesinado posteriormente).

En ese entonces, Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), señaló que alias “Nene” u “Omega”, como se le conoce también a Nelson Isaza, al parecer usaba los recursos y personal de la Secretaría de Movilidad para apoyar las operaciones y desplazamientos de los integrantes de “la Oficina”.

El alcalde de Envigado en aquel momento, Héctor Londoño, le comentó a El Colombiano en esa época que no podía despedir al reseñado porque “hemos averiguado en la Fiscalía si él tiene algún pendiente, y nos han dicho que en absoluto, que no tiene ninguna investigación pendiente. Entonces tiene que seguir trabajando, él está en carrera administrativa y tampoco tiene ningún llamado de atención en su hoja de vida, es buen funcionario y nosotros no podemos despedirlo”.

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Por este motivo, Nelson Isaza continuó en la Oficina de Tránsito, a pensar de estar vinculado a la Lista Clinton por el gobierno estadounidense.

En la reciente investigación de la Fiscalía colombiana, “Nene” es sospechoso de participar en las operaciones clandestinas de la banda “Trianón”, uno de los tentáculos de “la Oficina” en los municipios de Envigado y Sabaneta. Este grupo se dedica al tráfico de drogas, cobro de extorsiones, pagadiario, sicariato y demás delitos.

La audiencia de control de garantías se realiza en el Palacio de Justicia de Medellín. El Colombiano consultó a la Alcaldía de Envigado sobre la captura del funcionario, y hasta el momento no ha emitido una respuesta sobre el asunto.

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El Inspector.

Un equipo de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía lo capturó en la tarde del 13 de agosto, en una urbanización del sector La Cola del Zorro, en El Poblado, suroriente de Medellín, para que responda por una condena de seis años y cuatro meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El político Óscar Suárez Mira fue detenido en un apartamento de El Poblado, en Medellín. Foto cortesía de la Policía.

El expediente, adelantado por la Corte Suprema de Justicia (Proceso N° 27267) comenzó en el año 2009, en el marco de las investigaciones por la “parapolítica”, es decir, los nexos criminales entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los partidos políticos colombianos.

Varios desmovilizados atestiguaron que Suárez Mira recibió apoyo de las facciones paramilitares en el Valle de Aburrá y la subregión de Urabá, que presionaron a la población para obtener votos, que finalmente sirvieron para que el abogado antioqueño lograra curules para la Cámara de Representantes en 2002 y el Senado en 2006.

Óscar Suárez Mira nació en Bello, Antioquia, donde luego fue alcalde. Foto de archivo.

Ese constreñimiento a los electores llegó por parte del bloque Élmer Cárdenas, que lideró Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), y de la banda “Pachelly” de Bello.

En 2011 fue detenido y el 24 de julio de 2013 el alto tribunal lo condenó a nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado; sin embargo, el exalcalde de Bello apenas estuvo preso tres años y 11 meses. En noviembre de 2014, un juez de ejecución de penas y medidas le concedió la libertad condicional, valorando su buen comportamiento en la cárcel de Yarumito.

DINERO SUCIO
En el fallo de la primera sentencia, la Corte ordenó compulsar copias para abrir otro expediente en contra de Suárez, esta vez por el cargo de enriquecimiento ilícito, por haber recibido presuntamente dineros de las Auc y de la organización criminal “la Oficina”.

Dentro de los testimonios reunidos, estuvo el de Juan Carlos “el Tuso” Sierra, uno de los principales financiadores de las Auc. Señaló que Suárez Mira tenía una estrecha relación con Daniel Mejía Ángel (“Danielito”), comandante del bloque Héroes de Granada y de “la Oficina”.

“El aporte a Óscar Suárez fue a través de Daniel, en efectivo”, afirmó, aduciendo que el dinero, entre $200 y $300 millones, se camufló como parte de proyectos productivos en La Ceja, de 2002 en adelante.

Otro declarante fue John Jairo Ortega, un testigo protegido de la Fiscalía, quien afirmó que ese mismo año hubo una reunión en la cárcel de San Quintín, en Bello, donde varios jefes paramilitares le entregaron $20 millones al político.

Durante las audiencias, el procesado siempre negó dichas reuniones.

Esta nueva línea del caso produjo una decisión el 12 de noviembre de 2015: la Corte dictó una medida de aseguramiento; no obstante, Suárez Mira escapó antes de ser arrestado de nuevo.

En la clandestinidad, les dijo a sus abogados que era inocente y además víctima de una persecución política. Justificó su ausencia de los estrados aseverando que no tenía garantías procesales. En redes sociales, sus seguidores le expresaron respaldo con la etiqueta #SuárezYoTeCreo.

El proceso penal continuó, con él en calidad de prófugo, y el 3 de agosto de 2020 el alto tribunal informó que lo halló culpable otra vez, ahora por el citado enriquecimiento ilícito.

Esta sentencia reactivó la cacería de las autoridades, que lograron arrestarlo el 13 de agosto, allanando su apartamento en El Poblado. El condenado, que se encontraba en compañía de dos hombres y una mujer, no opuso resistencia.

“Desde hace un año se venía realizando inteligencia policial y seguimientos, con el fin de esclarecer qué movimientos hacía y cuáles eran sus relaciones con otras personas en el Valle de Aburrá”, expresó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

El ciudadano de 61 años fue internado en el calabozo de la URI Sur de la Fiscalía, en Envigado, a la espera de que el Inpec decida su lugar de reclusión. Según el oficial, la Corte habría solicitado que lo trasladen a un establecimiento carcelario de Bogotá.

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El Inspector.

La investigación, adelantada por el CTI de la Fiscalía desde marzo de 2017, produjo las detenciones este jueves 23 de enero. La mayoría de los implicados fueron citados al Comando de la Policía Metropolitana en el centro de Medellín, donde se encontraron con la sorpresa de las órdenes de captura.

En estos microbuses de la Fiscalía fueron trasladados los policías capturados en el Comando de la Policía Metropolitana, en el Centro de Medellín. Foto: cortesía de Guardianes Antioquia.

Según el informe preliminar, estas personas estarían involucradas en una red encargada de comercializar vehículos y autopartes de los carros inmovilizados en los parqueaderos públicos de la ciudad. Por esta razón tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio y concusión (sacar provecho ilegal de su cargo), entre otros.

En la lista de detenidos hay un intendente, dos subintendentes y 20 patrulleros, adscritos a las estaciones y CAI policiales de El Poblado, Buenos Aires, Belén, Altavista, Aranjuez, Las Palmas, Copacabana, Laureles, San Javier, Doce de Octubre, Itagüí, Envigado, Andes y Santuario, Antioquia. Otros tres policías tienen orden de captura y, aunque no han sido arrestados, se cree que en las próximas horas se entregarán a las autoridades.

Por su parte, los dos agentes de tránsito laboran en la Secretaría de Movilidad de Medellín.

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“La actuación ilícita de estos funcionarios obedece, al parecer, a un abuso de confianza para la comercialización anómala de unos vehículos que presuntamente se encontraban en proceso de embargo”, contó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En la tarde de este viernes comenzarán las audiencias de control de garantías en el Palacio de Justicia, que podrían prolongarse por hasta dos semanas.

El escándalo de corrupción institucional estalló el mismo día de la transmisión de mando en el Departamento de Policía Antioquia y la Región N°6 de Policía (que cobija las jurisdicciones de Antioquia, Urabá, Valle de Aburrá, Chocó y Córdoba). Los nuevos comandantes serán, respectivamente, el coronel Jorge Cabra Díaz y el general Luis Méndez Reina.

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OTRO CASO DE CORRUPCIÓN

El pasado 22 de enero en la cárcel El Pedregal de Medellín, fue sorprendida una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresando estupefacientes.

Según la Fiscalía, la dragoneante  Ana Victoria López Torres fue descubierta por un perro antinarcóticos, que olfateó los 238 gramos de marihuana que llevaba en su lonchera.

“La mujer dijo a sus compañeros que era consumidora y que llevaba su dosis personal de aprovisionamiento”, indicó el ente acusador, que le imputó el cargo de tráfico de estupefacientes agravado. Ella, de 29 años de edad, no aceptó su responsabilidad en los hechos y el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

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Sumando estos casos,  en apenas dos días fueron arrestados 26 funcionarios de tres instituciones que actúan en Antioquia. En 2018 y 2019 también se destaparon ollas podridas, que terminaron con las capturas de los alcaldes de Envigado y Barbosa, 20 agentes de tránsito y un juez de Bello, y la judicialización del Contralor Departamental, por citar algunos de los hechos más sonados.

Vale la pena preguntarse, ¿será que la corrupción si es un asunto de “algunas manzanas podridas”, como suelen decir las autoridades?

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El Inspector.

El hecho más reciente sucedió en la madrugada de este viernes 27 de diciembre, en la sede policial ubicada en el barrio Santander de la comuna 6 (Doce de Octubre). Según el primer reporte de las autoridades, 16 personas que estaban detenidas de manera transitoria escaparon de las celdas del recinto, al parecer por un hueco que hicieron.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La estación de Policía del barrio Santander, donde se produjo la fuga, también llamada estación del Doce de Octubre. FOTO: archivo.

“Rompieron el techo y aprovecharon la oscuridad de la madrugada para emprender la huida”, precisó el coronel Ómar Rodríguez, comandante encargado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Entre los fugados está Wilson de Jesús Ríos López, alias “Monopepe”, uno de los supuestos líderes de “la Raya”, una banda dedicada al narcotráfico, el sicariato y la extorsión, que delinque en el municipio de Itagüí y en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado.

Este hombre había sido capturado el pasado 16 de octubre en el sector La Raya (límites de los barrios Guayabal y San Fernando de Itagüí), cuando asistía a una reunión de delincuentes; en el procedimiento le incautaron dos granadas de aturdimiento, un proveedor para subametralladora y 10 municiones de fusil 7.62.

Un juez de control de garantías le había dictado medida de aseguramiento y, debido al hacinamiento en las cárceles del Valle de Aburrá, fue conducido de forma temporal a la estación de Santander o del Doce de Octubre, como también es llamada.

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Otro de los implicados en la fuga es Kevin Alexánder Uribe, capturado el pasado 9 de julio en el municipio de Bello, por porte ilegal de armas y municiones. Se transportaba junto a otras personas en un taxi con placas adulteradas, con el cual trataron de atropellar a un grupo de policías y se enfrentaron a tiros con ellos.

En la inspección posterior al vehículo fue encontrado un maletín con un fusil MP5, tres pistolas 9 milímetros, dos silenciadores y 79 cartuchos de diferentes calibres.

Wilson Ríos López (“Monopepe”), antes de fugarse de la estación policial. Cortesía.

En la huida también estuvieron Daniel Atencia Contreras y Edwar Francisco Correa Quiceno, quienes habían sido arrestados el 6 de abril anterior en el barrio Robledo, por su supuesta participación en el secuestro extorsivo de un comerciante de Envigado, que le debía dinero a un pagadiario.

Las otros detenidos que escaparon de la estación son: Luis Fernando Restrepo Vergara, Johan Esteven Gutiérrez Román, Jean Carlos Londoño Bedoya, Luis Fernando Gómez, Brayan Foronda, Juan Pablo Agudelo y Sergio Andrés Higuita.

La lista continúa con Nelson Andrés Ríos Flórez, Jader Andrés Varela, Johan Amud Gómez, Jesús David Brand y Nelson Esteban Henao.

El coronel Rodríguez indicó que la mayoría están involucrados en delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Al momento de la fuga, en los calabozos había cerca de 90 reos, cuando su capacidad máxima es para 20. La estación de Santander ya había sido escenario de una reyerta el 6 de octubre anterior, cuando los presos se enfrascaron en una riña con armas blancas que dejó 15 heridos. La causa del tropel fue el cobro de extorsiones a varios internos por parte de otros que se erigieron como los “caciques” del lugar.

“En este momento tenemos 1.839 detenidos en 24 estaciones de Policía, donde lo que hay son salas de reflexión, no acondicionadas para retener a personas por mucho tiempo”, aclaró Rodríguez.

Sobre los hechos, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, declaró: “Es una situación altamente preocupante. Si bien sabemos que es producto del hacinamiento que se presenta en toda la ciudad, en gran parte por culpa del cierre de varios patios de la cárcel Bellavista, no deja de ser preocupante que se escapen personas de una estación de Policía, y en particular ‘Monopepe’. Ya el comandante de la Policía Metropolitana está al frente del asunto y esperamos que los puedan recapturar pronto y que esto no siga sucediendo en Medellín”.

LA OTRA FUGA

Las autoridades también están tras la pista del presunto cabecilla de una organización criminal del municipio de Bello, quien se fugó el pasado viernes 20 de diciembre de la detención transitoria en la estación policial de Belén.

Se trata de Roger Stiven Jiménez Flórez (“Roger”), señalado de ser el segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en las comunas bellanitas de Acevedo y Fontidueño.

En circunstancias que son materia de investigación, el reo se evadió por la parte trasera del recinto, aprovechando la oscuridad de la noche.

Según las autoridades, Jiménez había sido capturado el pasado 29 de mayo, en el marco de la operación “Temis”. En ese momento, agentes del Gaula y de la Seccional de Inteligencia (Sipol) apresaron a 15 personas por cargos de extorsión, tráfico de drogas, uso de menores para la comisión de delitos y desplazamiento forzado.

Entre sus antecedentes también hay una condena de siete años y tres meses de prisión por concierto para delinquir (2014).

Fuentes judiciales informaron que este hombre ya había sido capturado en 2014 por una tentativa de homicidio, en la que la víctima fue un menor de 17 años de edad; de acuerdo con el expediente, el adolescente se hacía pasar como integrante de la banda para cobrar vacunas extorsivas, por lo que varios integrantes, incluyendo a “Roger”, lo raptaron el 1 de junio de 2012 en el sector El Tapón de Bello.

Lo llevaron a un paraje desolado de Niquía, conocido como La Carrillera, donde le propinaron nueve cuchilladas y lo arrojaron por un barranco. El joven sobrevivió, fingiendo que había muerto, hasta que los agresores se fueron y unos ciudadanos que pasaron por ahí lo llevaron al hospital.

A pesar de todo, el 10 de mayo de 2016 Jiménez fue absuelto en primera instancia por el polémico Juez Primero Penal del Circuito de Bello, Luis Armando Vásquez García. Este jurista fue detenido y enviado a la cárcel la semana pasada, indiciado de aceptar sobornos de las bandas para beneficiarlas con sus decisiones judiciales.

Ver la NOTA RELACIONADA: Juez de Bello sospechoso de ayudar a los presos de “Pachelly”.

Su fallo fue revocado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín (radicado N° 05212 6000201 2012 03927), que el 24 de mayo de 2019 condenó a Jiménez a 16 años y ocho meses de cárcel por su coautoría en la tentativa de homicidio agravada. En la actualidad, tienen orden de captura vigente para cumplir dicha sentencia.

Esta es la estación policial de Belén, donde se produjo la fuga anterior. En el recuadro aparece alias “Roger”. FOTOS: cortesía.

El coronel Rodríguez manifestó que ya hay un grupo especial de policías tras la pista del personaje y solicitó a la comunidad el apoyo con información de su paradero a la Línea 123.

Debido a la congestión en las cárceles convencionales, como Bellavista, El Pedregal y La Paz, cientos de procesados permanecen de manera transitoria en estaciones de Policía y celdas de la Fiscalía del Valle de Aburrá, lo que ha derivado en varias fugas en el último año, pues estos lugares no cuentan con las instalaciones adecuadas para la custodia de presos.

Uno de los casos más recientes fue el escape de Héctor Emilio Palacios Tapia, alias “Chavo” u “Ocho”, presunto cabecilla urbano del “Clan del Golfo” en el municipio de Turbo. El 12 de septiembre anterior se evadió de la sede de la Sijín, en el barrio Caribe de Medellín, aprovechando que en la madrugada se presentó una riña.

En ese momento había 160 personas detenidas en un corral con vallas, ubicado en el parqueadero de la edificación. “Chavo”, señalado de participar en al menos cinco asesinatos, continúa prófugo.

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El Inspector.

Así lo expresó la Fiscalía en su informe oficial del caso, tras la detención del jurista en su despacho, en la mañana del pasado 10 de diciembre. En la misma acción, la Policía arrestó a su cónyuge Milena Martínez Muñoz. Esta es la reseña elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El juez Luis Armando Vásquez García fue capturado en su propio despacho, en los juzgados de Bello. Foto cortesía de la Policía.

En la posterior audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por prevaricato por acción, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión.

Entre los hechos investigados está la supuesta manipulación del reparto de los expedientes, para que ciertos procesos le fueran asignados a su despacho, entre los años 2011 y 2018 . Una vez en su poder, se presume que el sospechoso profería sentencias contrarias a las pruebas.

“El servidor público habría tomado decisiones contrarias a derecho para favorecer a varios procesados por conductas delictivas como secuestro agravado, abuso sexual de menores y hurto calificado y agravado. Varios de los beneficiados con los fallos cuestionados eran integrantes de una organización criminal conocida como ‘Pachelly’, explica el informe.

De acuerdo con la evidencia recolectada hasta ahora, para proferir esos fallos la tarifa del soborno era de $5 a $8 millones de pesos.

Sobre su cónyuge, la Fiscalía advirtió que “sería la encargada de contactar a la familia de los investigados y de recibir el dinero después de los fallos irregulares”.

El ente acusador añadió que  “las investigaciones comprometerían también a otros servidores judiciales, abogados y particulares señalados de pagar para torcer las decisiones”.

El juez Vásquez y su compañera sentimental se declararon inocentes. Él mismo sustento en el estrado la apelación, que será resuelta por otro juez en los próximos días.

La cónyuge del juez, Milena Martínez Muñoz, también fue enviada a la cárcel. Foto cortesía de la Policía.

CASOS POLÉMICOS

Uno de los fallos polémicos del juez Vásquez García fue la absolución en primera instancia del reguetonero Carlos Alberto Pizarro, más conocido como Alberto Stylee, en octubre de 2012, por un caso de tentativa de homicidio.

El cantante había sido capturado, por ser el supuesto autor del atentado a bala contra el ciudadano Edwin Alfredo Henao Moná, perpetrado el 26 de febrero de ese mismo año. El ataque ocurrió cuando el artista participaba en la celebración del cumpleaños de un supuesto cabecilla delincuencial, en una finca de Copacabana, Antioquia; la víctima estuvo convaleciente dos años y finalmente murió en 2014.

Cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello le otorgó la libertad, Stylee salió del país. Sin embargo, el 1 de marzo de 2016 el Tribunal Superior de Medellín revocó el fallo y lo condenó a 12 años de cárcel por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

La defensa del cantante interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que Style continúa prófugo en el exterior.

El despacho de Vásquez García también tiene a su cargo el sonado caso del Cartel del Silbato, una red de corrupción en la Secretaría de Movilidad de Bello. En octubre de 2018, 20 agentes de tránsito y exfuncionarios de la Secretaría fueron arrestados, tras resultar implicados en una trama de sobornos para alterar multas.

Ha pasado más de un año desde entonces y el caso todavía está en etapa de audiencias preliminares, ni siquiera ha comenzado el juicio oral.

Por lo pronto, las autoridades no han especificado si estos expedientes están relacionados con las sindicaciones actuales en contra del jurista y su cónyuge. Las órdenes de captura salieron de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín.

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El Inspector.

El operativo se llevó a cabo a las 8:40 a.m. de este martes 7 de mayo, por parte de uniformados de la Dijín que trabajan de la mano con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), conformando un equipo que en el argot de las autoridades se denomina Special Investigation Unit (Unidad Especial de Investigación DEA-Dijín).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

John Eduard Barbosa (“Barbosa”), al momento de ser conducido a la sede de la Sijín en Medellín, donde antes laboró como policia. Cortesía de la Dijín.

De acuerdo con la información preliminar del caso, el expolicía John Eduard Barbosa Muñoz, de 47 años, estaba recién llegado de España, país en el que vivió un tiempo, luego de sufrir un atentado sicarial en la localidad de Copacabana a principios del año pasado, del cual salió ileso.

La vigilancia en su contra se reactivó en abril, cuando fue detenido transitoriamente en la ciudad de Madrid, por portar documentos falsos. La información fue transmitida a Interpol, que generó una Circular Azul para alertar a todas las Policías del mundo sobre sus movimientos.

Tratando de evadir esa situación, “Barbosa” viajó a Ecuador y ingresó por vía terrestre hasta el departamento de Nariño. De allí siguió su curso hacia el Valle de Aburrá.

A su regreso, al parecer pretendía realizarse una cirugía plástica, pues ya había sido mencionado en varios consejos de seguridad y tenía una recompensa en su contra de hasta 50 millones de pesos, por información que llevara a su captura.

Según fuentes judiciales, “Barbosa” es un subintendente retirado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Laboró en la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y en el Gaula (grupo antisecuestro), donde al parecer comenzó a hacer trabajos para “la Oficina”.

Un investigador de la Fiscalía, cuya identidad se reserva por seguridad, señaló que el detenido al parecer solía participar en secuestros y cobros de deudas de la mafia. Estaba a órdenes de cabecillas importantes de la estructura, como Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”) y Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”).

Tras la captura de esos dos personajes en 2017, “Barbosa” cobró mayor relevancia en la jerarquía, llegando a ser uno de los lugartenientes de “Tom”.

En contra suya había una orden de captura por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, solicitada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Esta tarde será presentado ante el Juzgado de Control de Garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín.

En el marco de ese operativo, la Dijín también detuvo a Sergio Alexánder Rodas Pérez (“Checo”), un expolicía del Gaula que al parecer delinquía bajo las órdenes de “Barbosa”.

Al conocer la noticia, el alcalde medellinense Federico Gutiérrez felicitó a la Policía y a la Fiscalía, y anunció que ahora el objetivo número uno de las autoridades es alias “Clemente”,  a quien señaló de ser uno de los principales jefes del crimen organizado en Medellín, encargado de los negocios de “la Oficina” en la calle.

Del organigrama de “la Oficina” todavía hay personajes importantes que se mueven en la clandestinidad, como “Chepe”, “Pablo”, “Conejo”, “Toño”, “Guasón”, “Guateque” y “Gurú”, entre otros.

NOTA RELACIONADA: El expolicía “Mauricio el Grande” fue enviado a la prisión de Itagüí.

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ANEXO: “MÁRMOL”, OTRA CAPTURA DE RELEVANCIA

El pasado 29 de abril fue capturado Esteban Darío Valencia Herrera, alias “Mármol”, cabecilla de la banda “los Paracos del Llano”, que delinque en el corregimiento San Cristóbal de Medellín y en la frontera con la comuna 13. Acababa de llegar de Panamá y el Gaula lo detuvo en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia. 

En los años recientes, “Mármol” había ascendido en la jerarquía criminal, de la mano de su jefe “Toño”, hasta llegar a la cúpula de la “Odín Robledo”, la confederación de bandas del Occidente de Medellín, cuyo máximo jefe es “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

Se trata de un ciudadano apodado “el Montañero”, jefe de la banda “el Mesa”. De acuerdo con la Fiscalía, por medio de contactos corruptos en instituciones públicas ha logrado cambiar de identidad en varias oportunidades, por lo que en los registros judiciales aparece con tres nombres: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña.

Esta es la reseña del caso publicada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estas son las fotografías de alias “el Montañero”, cabecilla de la banda “el Mesa”, que están en poder de las autoridades. Fotos
cortesía de Policía y Fiscalía.

Desde el pasado mes de febrero, los asesinatos en Bello se incrementaron por cuenta de un enfrentamiento entre organizaciones criminales. Según la Policía, los grupos involucrados son “Pachelly”, “Niquía Camacol” y “el Mesa”, los cuales están protagonizando tiroteos, amenazas, desapariciones forzadas y acciones de sicariato (ver la NOTA RELACIONADA: División en la banda “Pachelly” provocó desorden público en Bello).

Una de las decisiones tomadas en un consejo de seguridad con el gobernador de Antioquia, la Fuerza Pública y las autoridades locales, fue elaborar un cartel de los más buscados, para distribuirlo en la localidad y motivar a los ciudadanos a brindar información sobre los principales dinamizadores de la violencia, a cambio de dinero.

En la última semana de marzo se elaboró un volante de prueba, el cual incluía a 11 presuntos jefes de las citadas bandas. La lista era encabezada por “el Montañero”, con su tercera identidad: Gustavo Adolfo Pérez.

Este fue el volante inicial de las autoridades, en el cual aparecía alias “el Montañero” en la esquina superior izquierda. Cortesía Policía.

El lanzamiento oficial de la estrategia fue el 4 de abril, con una rueda de prensa a la cual asistieron el general Elíécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, y Raúl González Flechas, director Seccional de Fiscalía de Medellín. El general Camacho declaró en ese momento: “queremos invitar a los ciudadanos a que nos colaboren para ubicar a estos delincuentes, que vienen afectando la tranquilidad en el municipio. Habrá pago de recompensa”.

Para sorpresa, en el nuevo panfleto presentado ese día a los medios de comunicación no aparecía la foto de “el Montañero”.

EL COLOMBIANO indagó con fuentes judiciales sobre lo sucedido. Solicitando reserva de identidad, manifestaron que la Dirección de la Policía en Bogotá decidió eliminar al sospechoso de la lista debido a los tres nombres que posee, buscando evitar conflictos jurídicos en un eventual proceso penal.

En igual sentido se pronunció el general Camacho: “Todos los que están ahí (en el cartel), tienen plena identidad, con orden de captura vigente, no podemos ubicar a alguien en ese cartel a quien no tengamos la plena identidad o la orden de captura vigente. Porque se vienen las demandas correspondientes, hasta los delincuentes demandan”.

Este es el volante definitivo de las autoridades, que excluyó a alias “el Montañero”. Cortesía de la Policía.

EL COLOMBIANÓ publicó una investigación periodística el 20 de marzo de 2018, bajo el título “El Mesa, la empresa del crimen que nadie toca”. En dicho informe consultó a Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, acerca de las tres identidades de “el Montañero”.

Su respuesta en ese entonces fue: “Es la misma situación de alias ‘Nando’, cabecilla de ‘Pachelly’ (capturado), ellos borraron todo el registro que tenían de identificación, tanto en la Registraduría Nacional como en la Registraduría de Bello. Y a través de actos notariales, que son materia de investigación, obtuvieron escrituras con las cuales falsearon el registro notarial, y con eso se cedulan nuevamente, y por eso aparece con tres nombres. Además, como él está condenado por un hecho delictivo con el nombre de Juan Camilo (Hernández), por el hurto al carro de valores en Bogotá, usa distintas identidades, evadiendo esa condena”.

¿QUIÉN ES “EL MONTAÑERO”?

La organización “el Mesa” lleva tres décadas delinquiendo. Se originó en el barrio Mesa, de Bello, y en la actualidad tiene redes delincuenciales en Medellín, La Ceja, Tunja, Soacha y Bogotá. Se dedica al narcotráfico, sicariato, extorsiones, tráfico de armas y desplazamientos forzados, entre otras conductas, y las autoridades calculan que cuenta con aproximadamente 300 integrantes.

La banda tiene alianzas con otros grupos, como “la Oficina”, “el Tapón”, “los Chatas”, “Niquía Camacol”, la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc, lo que le ha permitido expandir sus tentáculos hacia el Nordeste y Norte de Antioquia.

Su líder histórico es “el Montañero”. Entre sus antecedentes judiciales figura que fue procesado en 1998 por los cargos de tentativa de homicidio, tentativa de hurto agravado y calificado y cohecho por dar u ofrecer; sin embargo, se fugó de la cárcel de San Quintín el 7 de octubre del 2000.

Volvieron a detenerlo el 15 de mayo de 2001 en el barrio Prado de Bello, porque le figuraba una orden de captura por homicidio emanada de la Fiscalía 14 de esa localidad. Al poco tiempo recuperó la libertad.

El 3 de noviembre de 2003, en el barrio Las Flores de Bogotá, “el Montañero” y otros miembros de “el Mesa” atracaron un camión de transporte de valores de la empresa Wackenhut de Colombia S.A. En pleno asalto se enfrentaron a tiros con policías de la Sijín, murieron uno de los delincuentes y el intendente Jesús Merchán Rodríguez. En el hecho fueron detenidos 21 sospechosos.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá condenó a siete de ellos, incluido “el Montañero”, a pagar 26 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo (radicado N° 11001310700120050006500). A pesar de esto, “el Montañero” solo estuvo nueve años preso y regresó a la calle en 2013.

LOS OTROS RESEÑADOS

En el cartel de los más buscado de Bello aparecen otros supuestos cabecillas de “el Mesa”: Eligio Arley Pérez Peña (“Malacate”), Carlos Augusto Hernández Gutiérrez (“Botellita”), Luis Fernando Betancur Otálvaro (“Piolo”), John Alexánder Paniagua Londoño (“Jalea”) y Gustavo de Jesús Rúa Díaz (“Faro”).

Junto a ellos figuran el líder de la banda “Niquía Camacol”, Édgar Hernández Pérez (“el Oso”), y cuatro miembros de la cúpula de “Pachelly”: Alber Antonio Henao Acevedo (“Alber”), Francisco Emilio Mazo Pulgarín (“Pocho”), Alexánder Uribe García (“Banano”) e Iván Darío Giraldo Restrepo (“Agapo”).

NOTA RELACIONADA: “El Mesa”, la empresa del crimen que nadie toca.

El Inspector.