La investigación, adelantada por el CTI de la Fiscalía desde marzo de 2017, produjo las detenciones este jueves 23 de enero. La mayoría de los implicados fueron citados al Comando de la Policía Metropolitana en el centro de Medellín, donde se encontraron con la sorpresa de las órdenes de captura.

En estos microbuses de la Fiscalía fueron trasladados los policías capturados en el Comando de la Policía Metropolitana, en el Centro de Medellín. Foto: cortesía de Guardianes Antioquia.

Según el informe preliminar, estas personas estarían involucradas en una red encargada de comercializar vehículos y autopartes de los carros inmovilizados en los parqueaderos públicos de la ciudad. Por esta razón tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio y concusión (sacar provecho ilegal de su cargo), entre otros.

En la lista de detenidos hay un intendente, dos subintendentes y 20 patrulleros, adscritos a las estaciones y CAI policiales de El Poblado, Buenos Aires, Belén, Altavista, Aranjuez, Las Palmas, Copacabana, Laureles, San Javier, Doce de Octubre, Itagüí, Envigado, Andes y Santuario, Antioquia. Otros tres policías tienen orden de captura y, aunque no han sido arrestados, se cree que en las próximas horas se entregarán a las autoridades.

Por su parte, los dos agentes de tránsito laboran en la Secretaría de Movilidad de Medellín.

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“La actuación ilícita de estos funcionarios obedece, al parecer, a un abuso de confianza para la comercialización anómala de unos vehículos que presuntamente se encontraban en proceso de embargo”, contó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En la tarde de este viernes comenzarán las audiencias de control de garantías en el Palacio de Justicia, que podrían prolongarse por hasta dos semanas.

El escándalo de corrupción institucional estalló el mismo día de la transmisión de mando en el Departamento de Policía Antioquia y la Región N°6 de Policía (que cobija las jurisdicciones de Antioquia, Urabá, Valle de Aburrá, Chocó y Córdoba). Los nuevos comandantes serán, respectivamente, el coronel Jorge Cabra Díaz y el general Luis Méndez Reina.

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OTRO CASO DE CORRUPCIÓN

El pasado 22 de enero en la cárcel El Pedregal de Medellín, fue sorprendida una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresando estupefacientes.

Según la Fiscalía, la dragoneante  Ana Victoria López Torres fue descubierta por un perro antinarcóticos, que olfateó los 238 gramos de marihuana que llevaba en su lonchera.

“La mujer dijo a sus compañeros que era consumidora y que llevaba su dosis personal de aprovisionamiento”, indicó el ente acusador, que le imputó el cargo de tráfico de estupefacientes agravado. Ella, de 29 años de edad, no aceptó su responsabilidad en los hechos y el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

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Sumando estos casos,  en apenas dos días fueron arrestados 26 funcionarios de tres instituciones que actúan en Antioquia. En 2018 y 2019 también se destaparon ollas podridas, que terminaron con las capturas de los alcaldes de Envigado y Barbosa, 20 agentes de tránsito y un juez de Bello, y la judicialización del Contralor Departamental, por citar algunos de los hechos más sonados.

Vale la pena preguntarse, ¿será que la corrupción si es un asunto de “algunas manzanas podridas”, como suelen decir las autoridades?

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El Inspector.

Fuentes judiciales relataron que la detención se presentó a las 10:00 a.m. de este jueves  30 de noviembre en el búnker de la Fiscalía, ubicado en el barrio Caribe. Allí los agentes de la Dijín le pusieron las esposas a Gustavo Bermúdez, servidor público encargado de la seguridad y vigilancia en la sede judicial.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La captura del funcionario del CTI se realizó en medio de un allanamiento a algunas oficinas del búnker. Foto de archivo.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, el funcionario detenido tendría conexiones con William Andrés Moscoso Monsalve, alias “el Chivo”, supuesto cabecilla de “la Terraza”, una de las bandas más peligrosas de la ciudad.

Bermúdez, presuntamente, le filtraba información confidencial a “el Chivo”, para prevenirlo de operativos e investigaciones judiciales en su contra.

En medio de la diligencia, la Dijín allanó varias oficinas e inspeccionó puestos de trabajo de otros empleados del CTI, de donde al parecer se habían sustraído informes reservados para venderlos a la banda.

A pesar de estas filtraciones, Moscoso fue capturado el pasado 7 de noviembre en un centro comercial del barrio Los Colores.

Bermúdez es el segundo servidor público detenido por presuntos nexos con este cabecilla. El 8 de noviembre fue arrestado el subintendente Gabino Antonio Murillo Grajales, integrante del grupo de Carabineros del Departamento de Policía Antioquia, y señalado de vender también información clasificada y servir de enlace con otros policías corruptos.

El agente del CTI será presentado mañana ante el juzgado de control de garantías, donde le imputarán el cargo de concierto para delinquir, entre otros.

La banda “la Terraza” tiene su base de operaciones en el nororiente de Medellín y redes en el Centro y El Poblado. Se dedica al sicariato, tráfico de drogas, desplazamiento forzado, desapariciones, extorsiones y trata de personas.

NOTA RELACIONADA: “La Terraza” perdió a alias “el Chivo” y a un policía.

El Inspector.

Jairo César Ramírez Vera, alias “Comando”, “Julián” o “Aquiles”, es acusado de coordinar a los contactos del Ejército, la Policía y la Fiscalía que durante al menos cuatro años se habrían prestado para las tareas clandestinas, a cambio de sobornos.

Jairo César Ramírez Vera, alias “Comando” o “Julián”, en el momento de su captura. FOTO: cortesía de la Fiscalía.

La información se ha venido destapando de forma paulatina en las audiencias de control de garantías, que comenzaron este fin de semana y todavía continúan en el Palacio de Justicia de Medellín.

Ramírez Vera tiene 38 años. Es oriundo de Pamplona, Norte de Santander, e hizo el curso de detective en el año 2000, incorporándose al DAS en Antioquia. De acuerdo con fuentes judiciales, se destacó como investigador del Gaula Militar, en el que formó equipo con unidades de su institución y del Ejército, hasta su desvinculación en 2007.

Según la Fiscalía, en aquella época habría entablado relaciones con Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, uno de los líderes de “la Oficina” y coordinador de esa facción en el occidente del Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”).

Este cabecilla se beneficiaba de su cercanía con oficiales de la Policía y el Ejército, lo cual le permitía actuar con relativa impunidad y hasta celebrar reuniones en un apartamento vecino a la sede de la Cuarta Brigada, en Medellín. En dichos contactos, presuntamente, uno de los enlaces sería “Comando”.

Sin embargo, el vínculo entre este último y “Carlos Pesebre” se rompió en 2013, cuando el cabecilla fue capturado en una finca de Urrao, Antioquia. Las autoridades tratan de confirmar si es cierta una versión, según la cual hubo un atentado contra “Comando” de parte de la misma organización, que terminó por distanciarlos.

A pesar del incidente, la red de corrupción siguió activa y al servicio de “la Oficina”, solo que ahora este grupo le rendía cuentas a otros líderes de la estructura: Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom” o “Carlos Chata”) y Félix Isaza Sánchez (“Beto”).

Por intermedio de “Tom”, la red comenzó a prestarle servicios a la banda aliada “los Urabeños”, también llamada “Clan del Golfo” (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona Norte).

LOS SERVICIOS ILEGALES
Según el informe de la Fiscalía, entre el portafolio de servicios que ofrecía la red liderada por “Comando” estaba el cobro de deudas de la mafia, extorsiones, sicariato, tráfico de armas y droga, al igual que la venta de información clasificada.

“Esta es una organización encargada principalmente del transporte de cocaína dentro y fuera del país, con el apoyo de funcionarios infiltrados dentro de las instituciones gubernamentales como el Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación”, señaló el ente acusador en su reporte del caso.

La investigación preliminar arroja que el grupo actuó, por lo menos, entre 2012 y 2016. Para el transporte de armas y drogas de las citadas bandas, facilitaba el paso de la mercancía por las vías Medellín-Bogotá y Medellín-Costa Atlántica, en particular en el tramo Yarumal-Puerto Valdivia (norte de Antioquia).

Por pagos de hasta un millón de pesos, los miembros de la red escoltaban los cargamentos de cocaína. Sobre esto, la Fiscalía documentó siete casos en los últimos cuatro años, que suman siete toneladas incautadas del alcaloide.

En cuanto al transporte de arsenal, uno de los hechos que les atribuyen es el movimiento de 52 granadas de fragmentación por la autopista Medellín-Bogotá. Soldados de la Cuarta Brigada interceptaron un automóvil Renault Symbol el pasado 4 de abril, a la altura del sector Potrerillos, en el municipio de El Santuario, Antioquia.

El carro, conducido por alias “Yeison”, de 33 años, tenía un compartimento secreto en los bafles traseros, donde además de los artefactos explosivos, había un uniforme camuflado de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En esa ocasión, el Ejército informó que los elementos decomisados iban dirigidos a “los Urabeños”.

Los integrantes de la red clandestina también estarían involucrados en el cobro de microextorsiones en el municipio de La Estrella y el sector El Hueco, del centro de Medellín.

PRESUNTOS MIEMBROS DE LA RED
La investigación lleva varios años, liderada por la Dirección de Fiscalías Antinarcóticos, el Gaula Militar Antioquia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la DEA.

Los uniformados propinaron el golpe entre el 22 y el 23 de noviembre pasados, logrando 14 capturas en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cartagena y Cali.

Entre los detenidos están “Comando” y su mano derecha Hernán David Mejía Franco, apodado “KB”. A juicio de Luis Miguel Martínez, director Nacional de Articulación de Policías Judiciales Especializadas, alias “KB” era el delegado para buscar y reclutar a los servidores públicos.

En la lista también están José Gregorio Vergara López y Carlos Andrés Rueda Hoyos, integrantes del CTI Seccional Medellín, al parecer implicados en un plan para asesinar a un testigo protegido de la Fiscalía, por orden de “la Oficina”. Según Álvaro Osorio, director Nacional de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, estos agentes iban a suministrar a la banda la ubicación reservada del testigo.

Los demás capturados son: Daniel de Jesús Agudelo, sargento activo del Ejército Nacional y quien fue jefe de armamento de una guarnición militar, de la cual al parecer sacaban armas para venderlas al crimen organizado; Leonardo González Soto, sargento (r) del Ejército; el soldado John Alexánder Montoya Cano; soldado (r) Iván Armando Ceballos González; Rubén Darío Cossio Rodríguez, subintendente activo de la Policía Nacional en Palmira, Valle, y quien supuestamente traficaba información reservada; y los civiles Juan Eliécer Ceballos González, Carlos Enrique Areiza Monsalve, Juan Carlos Osorio Obando, Fernando Mendoza Ortiz y Gustavo Rodríguez Arias.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado; a los dos investigadores del CTI, les añadió las conductas de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y cohecho propio.

El juzgado ya legalizó las 14 detenciones, mientras avanzan las diligencias para establecer las medidas de aseguramiento.

Osorio declaró que “lo más preocupante para la Fiscalía es que haya un compromiso de personas vinculadas con las instituciones del Estados. Vamos a reaccionar muy fuertemente en contra de esta infiltración. ¡Cero tolerancia con la corrupción”.

NOTA RELACIONADA: Agente de Interpol filtraba información a “los Urabeños”.

El Inspector.

La víctima fue Carlos Andrés Mejía Chaverra, de 39 años, a quien le decían “Cañé”, según las primeras informaciones de la Policía.

En esta finca de la Estrella, llamada La Mansión, ocurrió el asesinato del ganadero. Foto de Róbinson Sáenz.

El homicidio ocurrió a las 8:00 a.m. del 17 de septiembre, en una lujosa finca de dos pisos, en la vereda El Morro de La Estrella. Según la explicación inicial de la Policía y la Secretaría de Gobierno, un comando de mercenarios incursionó en la propiedad, portando vestimenta con insignias de la Sijín y el CTI.

Simulando un allanamiento, separaron a Mejía Chaverra de las otras personas que estaban con él, y aparte le quitaron la vida con arma de fuego. Luego escaparon en dos camionetas y una motocicleta de alta gama.

Durante la inspección judicial a la escena del crimen, los asistentes notaron algunas situaciones fuera de lo común. Aunque la diligencia, por repartición de turnos, le correspondía a los peritos del CTI de la Fiscalía, al lugar llegaron varios agentes de la Sijín de la Policía, para hacer preguntas a los testigos y vigilar las labores de inspección.

También llamó la atención la aparición en el sitio de supuestos allegados al difunto, en vehículos de alta gama y fachas más bien llamativas, de acuerdo con la descripción de los presentes.

En los registros policiales, Mejía Chaverra presenta dos anotaciones: una data del 28 de marzo de 2005, cuando en los alrededores del barrio Vallejuelos de Medellín  le fue incautada una pistola Walter P-99 de calibre 9 milímetros, con salvoconducto; se la decomisaron porque a la fecha estaba suspendido el porte de armas en la ciudad.

La otra anotación es 6 de agosto de 2002, en el sector La Carrillera de La Estrella, donde le incautaron un teléfono celular “por no aportar documentación que lo acredite como propietario”, según el informe.

Las autoridades no conocían de amenazas en contra del ganadero, pero su asesinato, como se dice en el argot delincuencial, al parecer “fue ordenado desde arriba”.

La metodología aplicada por el comando sicarial es similar a la empleada en los últimos seis años en otros casos donde las víctimas fueron cabecillas del crimen organizado, como las muertes de alias “Yayo”, mercenario del combo “el Coco” (ver la NOTA RELACIONADA: Acribilladas cuatro personas cuando dormían); “Ala”, cabecilla de la banda “la Unión” (NOTA RELACIONADA: Violento y desolador fin de semana); “el Gordo”, de la banda “Pachelly” (NOTA RELACIONADA: Así ejecutaron una masacre frustrada); y “Morro”, unos de los líderes de “la Oficina” (NOTA RELACIONADA: Una carta habría desatado la masacre de Envigado).

Todos estos casos tienen en común el accionar de homicidas con armamento especializado, uniformes de la Fuerza Pública, vehículos de alta gama y técnicas de asalto aprendidas de la Policía y/o el Ejército. Aunque se desconocen los autores de la muerte del ganadero, en ocasiones pasadas organizaciones criminales como “los Urabeños” y “la Oficina” han usado este tipo de sicarios entrenados, para ejecutar contratos pagados con gruesas sumas de dinero.

POSDATA:  Algunos comentaristas del blog han preguntado si este hombre asesinado es el mismo conocido en el bajo mundo con el alias de “Queso”, quien es uno de los cabecillas de la banda “Caicedo” y principal lugarteniente del jefe “Diego Chamizo”. Tras realizar pesquisas con fuentes de Inteligencia, no existe evidencia para relacionar a las dos personas, que casualmente comparten un nombre y uno de los apellidos.

NOTA RELACIONADA: Sicarios de élite aceptan cargos por masacre y muertes selectivas.

El Inspector.

De acuerdo con la información preliminar, la detención fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, cuando al mediodía de este martes (febrero 17) realizaban un procedimiento en el barrio Los Colores de Medellín y lo vieron por casualidad, en una barbería. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así aparece reseñado “Fredy Colas” en la Lista Clinton de E.U. Cortesía Departamento del Tesoro.

Lo aprehendieron en el acto y lo condujeron al búnker de la Fiscalía en el barrio Caribe, para constatar si en su contra había alguna orden de captura relacionada con narcotráfico, lo cual resultó ser negativo. Por tal motivo lo dejaron en libertad a eso de las 5:00 p.m.

El pasado 9 de noviembre, una patrulla de la Policía Metropolitana detuvo a “Fredy Colas” en las afueras de una discoteca de la vía Las Palmas. Lo hizo respondiendo a un llamado de la comunidad, que reconoció el rostro del ciudadano, ampliamente difundido desde mediados de 2014, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton.

Lo llevaron a la sede de la Sijín para revisar si en su prontuario había una orden de arresto pendiente. Cuatro horas más tarde salió en libertad con su abogado, porque “estaba limpio” (ver la NOTA RELACIONADA: Dejan libre a “Fredy Colas” porque no tiene orden de captura).

Para los norteamericanos, Mira Pérez está presuntamente involucrado en una red de lavado de activos para fortalecer las arcas de “la Oficina”.

Y para la Policía Nacional, es uno de los principales líderes de ese grupo y de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de combos con influencia en las comunas 8, 9 y 10 de Medellín.

Sin embargo, las autoridades judiciales de Colombia no han logrado abrirle un expediente con orden de captura y por eso ha quedado en libertad las dos veces que lo han detenido.

Mira Pérez, viendo encima la persecución de Estados Unidos, firmó un preacuerdo con agentes de ese país en diciembre, mediante el cual se someterá a su justicia a cambio de beneficios en la pena. Su viaje a la nación del norte está pendiente, mientras tanto anda desarmado y sin escolta por las calles de la ciudad, al parecer tranquilo porque no han podido probarle nada.

El vicealcalde de Seguridad de Medellín, Luis Fernando Suárez, confirmó la situación y lamentó que se presentara de nuevo y con el mismo personaje. “Es verdad, lo detuvieron, lo reseñaron, vieron que no había orden de captura, y tuvieron que dejarlo en libertad”.

El funcionario añadió que, pese a esto, la Alcaldía seguirá dando todo su apoyo a las autoridades judiciales, “pero también les exigimos resultados”. Y en cuanto a los delincuentes, dijo que “el único camino que les queda es el sometimiento a la justicia, tardo o temprano van a caer”.

NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” llegó a preacuerdo  con el gobierno de E.U.

El Inspector.

La víctima, el investigador Fredy Baena Valencia, pertenecía al Grupo Caninos de la Seccional Medellín, encargado de dirigir los perros adiestrados en tareas de rescate, narcóticos y detección de explosivos. También estaba vinculado a una investigación por corrupción.

Baena era un veterano investigador del CTI en Medellín. Foto archivo.

Su cadáver fue hallado a las 10:00 p.m. de este jueves (15 de mayo), en un paraje de la vereda El Saladito, en el municipio de La Estrella, en el otro extremo del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta que él vivía en la localidad de Bello.

Sus compañeros narraron que tenía las muñecas talladas, como si hubiese estado amarrado; laceraciones en la espaldas y moretones en la cara, que evidenciaban una tortura. Un proyectil de arma de fuego lo impactó en la cabeza, arrebatándole la vida. Cerca del cuerpo estaba su motocicleta de alto cilindraje Yamaha XT660.

El pasado 5 de marzo, Baena y otros dos investigadores del CTI, al igual que cinco militares (un capitán y cuatro suboficiales), fueron capturados en un operativo conjunto anticorrupción de la Fiscalía y el Ejército.

Según la denuncia instaurada por un ciudadano, en la madrugada del 20 de noviembre de 2013 llegaron varios vehículos militares a su residencia en El Poblado, en el suroriente de Medellín. Unos hombres con atuendos del CTI y el Ejército allanaron la propiedad y registraron al ofendido y a sus escoltas, robando dinero, joyas, celulares de alta gama y armas, por un valor de 500 millones de pesos.

Fue por esta acción que Baena y los otros siete servidores públicos fueron arrestados, de acuerdo con Róbinson Sanabria, jefe de la Unidad Nacional de la Fiscalía para la Investigación de Funcionarios Judiciales. Les abrieron cargos por hurto calificado, peculado por uso y falsedad en documento público.

Pero ocurrió algo insólito en este caso. La ley exige que todos los detenidos deben ser presentados ante un juez de control de garantías dentro de un plazo máximo de 36 horas después de la captura. La audiencia se realizaría en Bogotá y las autoridades no pudieron cumplir ese tiempo, por lo que los ocho procesados fueron dejados en libertad.

Para rematar, Baena, pese a estar inmerso en la investigación penal, no fue separado de su cargo. Tampoco asistió un mes después a la citación para la audiencia de imputación de cargos. A sus 38 años seguía vinculado al CTI, hasta el último día de su vida.

Sobre el fallecido circulaba también una información en los pasillos judiciales e internet, según la cual tendría relaciones clandestinas con integrantes de las bandas “los Chatas” y “El Mesa”, de Bello. No obstante, esta situación no fue confirmada y nunca le abrieron un expediente por ello.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción del último día de Baena, tratando de establecer si fue raptado en algún sitio, o citado a un lugar para matarlo.

NOTA RELACIONADA: Asesinan a un funcionario del CTI de la Fiscalía.

El Inspector.

De acuerdo con la información preliminar, dos funcionarios del ente investigador llegaron al barrio Moravia en la mañana de este miércoles (22 de enero).

Varias personas que se acercaron al lugar de los hechos lamentaron la muerte de "Cheo". Foto de Guillermo Benavidez.

Vestían ropajes de civil y al parecer su objetivo era constatar la existencia de un alambique clandestino para fabricar licor adulterado, en el sector La Curva del Diablo, que sería administrado por la banda “los Triana”.

La hipótesis inicial sugiere que en la entrada de una chatarrería estaba un trabajador del lugar, apodado “Cheo”, quien portaba un arma de fuego, y se asustó al ver a los dos desconocidos merodeando.

La investigación esclarecerá quién disparó primero, lo cierto es que “Cheo” fue apoyado por otro hombre que llegó haciéndoles tiros a los funcionarios, adscritos a la Sección de Análisis Criminal del CTI.

Los agentes se refugiaron en un sitio e impactaron al trabajador de la chatarrería, que murió en el lugar de los hechos, junto al revólver calibre 38 que al parecer utilizó. El otro ciudadano armado escapó.

NOTA RELACIONADA: La chica murió en un tiroteo con un centinela.

El Inspector.

Se convierte así en el séptimo mando delincuencial de importancia capturado en lo que va del año, afectando a varios de los grupos de crimen organizado del Valle de Aburrá.

Alias "el Oso" es investigado por su supuesta participación en la muerte de "Vladimir", el antiguo cabecilla de "Niquía Camacol". Foto de cortesía.

Se trata de Édgar Pérez Hernández, alias “el Oso” o “el Tío”, quien estaba en la cárcel pagando una condena de 4 años y 6 meses por tentativa de extorsión agravada. En su pronturario figura el cobro de una vacuna de 50.000 pesos semanales a un circo callejero que actuaba en Bello, así como a otros establecimientos comerciales y rutas de buses.

La Fiscalía, sin embargo, le siguió la pista hasta establecer que, presuntamente, continuó delinquiendo desde la prisión. Por eso la Unidad contra las Bandas Emergentes le expidió una nueva orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y extorsiones.

Dentro de las actividades criminales que “el Oso” habría coordinado desde la celda, estaría el asesinato del antiguo jefe de “Niquía Camacol”, Vladimir Moreno Eusse (abril 13 de 2010). (Ver la NOTA RELACIONADA: Presunto cabecilla murió en duelo con un familiar).

El pasado 12 de marzo salió de la penitenciaría de Puerto Triunfo, pero no alcanzó a disfrutar ni una hora de su libertad. Afuera lo esperaban los investigadores del Grupo de Capturas del CTI, con apoyo de soldados del batallón de Policía Militar N°4. El Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia contra las Bandas Criminales legalizó su captura y le dictó medida de aseguramiento en otro establecimiento. “El Oso” no aceptó los nuevos cargos.

Esta es la segunda captura contra un miembro de ese combo en lo que va del año. El pasado mes de febrero cayó alias “Chopas”, de 23 años, quien fue la mano derecha de “Juan 23″, otro de los jefes de la organización detenido en 2012.

A “Chopas” la Policía lo arrestó en el barrio Quitasol, por concierto para delinquir. Lo señalaron además de administrar los dineros producidos en plazas de vicio y cobro de vacunas en Niquía Camacol, Quitasol y los sectores Chiquinquirá, El Sótano, La Ayurá y alrededores del cementerio. Tiene antecedentes por tráfico de drogas y hurto.

CABECILLAS CAPTURADOS

Otro de los más notorios cabecillas capturados en 2013 es “Víctor M”, “Víctor Muerte” o “Pecas”, supuesto coordinador sicarial de la banda “los Mondongueros“, con base de operaciones en la comuna 5 (Castilla) de Medellín. El pasado 23 de febrero la Policía lo apresó allá mismo, con una orden de captura por concierto para delinquir agravado e investigaciones por desplazamiento forzado y el homicidio del patrullero Juan Álvaro Ortiz Herrera (17 de marzo de 2011).

Se desplazaba en un automóvil Renault Megane blanco. A sus 22 años, Víctor Alejandro Pino Durán tendría influencia en otros combos “satélites” de “los Mondongueros”, como “los Lecheros”, “la 40″, “el Hueco de La María”, “la 70″ y “el Hueco de la Candelaria”.

En la lista de encarcelados también está Carlos Mario Giraldo Galvis, alias “Pemba”, supuesto cabecilla de mediano nivel en la banda “los Triana”. Según la Fiscalía, entre sus funciones estaba el cobro de extorsiones a los locales comerciales del barrio Zamora de Bello. Por este cobro ilegal, algunas de las víctimas quebraron y tuvieron que cerrar sus negocios.

El Gaula Militar Antioquia adelantó la investigación, averiguando que “Pemba”, supuestamente, exigía hasta 400.000 pesos mensuales a los comerciantes. La Fiscalía le imputó el delito de extorsión agravada, el cual él rechazó, y un juzgado le dictó medida de aseguramiento en prisión.

Hace una semana la Policía arrestó también a “Pichón”, desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas y al parecer integrante de la banda “San Pablo”, que delinque en el nororiente de Medellín.

El sujeto de 30 años cayó en el kilómetro 12 de la vía Las Palmas y según el informe policiaco “sería el encargado del desplazamiento de algunas familias, con el fin de tomar control de sus propiedades para realizar actividades delincuenciales”. Está judicializado por acceso carnal violento, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

Otro de los detenidos fue “Confite”, uno de los cabecillas de la “Odín San Javier”, que agrupa a combos que operan en varios barrios de la Comuna 13: San Javier, 20 de Julio, Las Independiencias, El Socorro, Antonio Nariño, La Pradera, Peñitas, Belencito y El Corazón.

El susodicho, detenido en el 20 de Julio, está procesado por homicidio agravado, porte ilegal de armas y utilización de menores en la comisión de delitos.

Según la investigación policial, el hombre de 25 años habría participado en la muerte de Nelson de Jesús Angarita Gómez, quien no quiso unirse a la banda y fue desplazado del sector La Independencia III. Se fue para Enciso, al otro lado de la ciudad, pero allá lo encontraron los secuaces de “Confite” y lo mataron a bala delante de su esposa y su bebé de 9 meses (febrero 12 de 2013).

También le endilgan el asesinato de Daniel Esteban Agudelo Franco, un joven de 19 años con discapacidad mental. El pasado 8 de febrero lo tirotearon en vía pública del 20 de Julio, y una bala perdida hirió en el abdomen a una niña de 6 años que estaba comprando un helado en una tienda.

“Confite” habría escalado en la estructura delincuencial después del arresto de “Goyo”, otro líder de la “Odín San Javier” (para evitar confusiones, es necesario decir que en Envigado delinque otro “Confite”, quien sería trabajador de “la Oficina”).

El último caso de relevancia fue la captura en Panamá de Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi”, por parte de la Dirección Antinarcóticos. El presunto cabecilla de “la Oficina” fue procesado por concierto para delinquir y asegurado en una cárcel colombiana.

OBJETIVOS DE ALTO VALOR

La Alcaldía ha venido anunciando desde el año pasado la creación del Cuerpo Élite de Objetivos de Alto Valor, el cual en principio será integrado por 25 investigadores de la Policía (Sijín), 15 del CTI, un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos y seis fiscales de la Unidad contra las Bandas Emergentes. Al parecer comenzó a funcionar este mes, aunque todavía no presenta resultados.

En la actualidad, hablando en términos de crimen organizado, el bajo mundo del Valle de Aburrá es dominado por 14 Odín (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico), las cuales coordinan a 119 bandas de primer y segundo nivel, según sus áreas de influencia y número de integrantes.

Las 14 Odín y sus cabecillas son: “los Chatas” (alias “Tom” o “Carlos Chata”), “Pachelly” (“Nando”), “la Unión” (“Don Pepe” y “Tuto”), “Trianón” (“Mateo” y “Gil”), “los Triana” (“Elkin Triana”), “Robledo” (“Carlos Pesebre”), “Picacho” (“Soto”), “San Javier” (“Ronald”), “la Sierra” (“Jorgito” y “Abelito”), “Belén Rincón” (“Yayo”), “Altavista” (“Cucho” y “el Mayo”), “Caicedo” (“Fredy Colas” y “Diego Chamizo”), “la Terraza” (“Barny” y “Yordi”) y “San Pablo” (“Mundo Malo” y “Adiel”).

Sobre la manera en que actuaría el Cuerpo Élite hay una preocupación: que se concentre solo en arrestar a los cabecillas, sin desmantelar la totalidad de las estructuras, lo cual ha sido un problema histórico en la lucha contra el crimen en Medellín y Antioquia. Este modo de actuar de la Fuerza Pública facilita que, simplemente, la banda elija a otro jefe y prosiga delinquiendo.

Es de preguntarse también por qué crear un equipo que vaya detrás de los objetivos de alto nivel, cuando esa tarea ya la tienen agencias nacionales, como las Direcciones de Investigación Criminal (Dijín), Antinarcóticos (Diran) y Antiextorsión (Diase), que a fin de cuentas son las que han apresado a la mayoría de los principales cabecillas del Valle de Aburrá.

De hecho, el área metropolitana ya ha conocido a otras unidades especializadas en vigilancia, antiterrorismo, contra homicidios y demás, que no han exterminado el problema: Coram (Comando de Reacción Amor por Medellín), Goes (Grupo de Operaciones Especiales), Brinho (Brigada Interinstitucional Antihomicidios, que duró seis meses), Unipol,  Copes (Comando de Operaciones Especiales), Comando Antibalaceras (el último invento de la Alcaldía y la Policía) y el Grupo de Blancos Estratégicos de Alto Valor de la Sijín (desmantelado en 2010). La lista sigue, hasta el famoso Bloque de Búsqueda de la década de los noventa.

Le deseamos suerte al Cuerpo Élite, pero sugerimos que no basta con atrapar a los cabecillas, lo que se necesita es un equipo especializado en desmantelar bandas.

NOTA RELACIONADA: Las bandas pierden un jefe, ¿cuándo caerán los otros?

El Inspector.

Los episodios ocurrieron en las últimas tres semanas en Medellín y el vecino municipio de Envigado.

Esta es la caleta del carro inmovilizado a alias 'Chicho'. Cortesía Policía.

El primer caso comenzó a escribirse el 13 de abril pasado en la carrera 46 con la calle 88, del nororiente de la capital antioqueña. Allí, en un registro de rutina, la Policía detuvo un automóvil de gama alta y matrícula FGM-740, en el cual viajaban dos hombres de 28 años y uno de 31.

Les incautaron una pistola de calibre 9 milímetros, 2’400.000 pesos en efectivo y dosis personales de marihuana. El trío fue puesto a disposición de la Fiscalía, aunque al poco tiempo se les dio la libertad.

El vehículo quedó inmovilizado en el parqueadero de la Sijín (Policía Judicial) y ahí comenzaron las conductas maliciosas. Personas cercanas a la situación, comentaron que se empezaron a recibir llamadas de gente que preguntaba por el carro y ofrecía 7 millones de pesos para recuperarlo. Lo delicado es que había funcionarios públicos entre aquellos que indagaban.

Esto despertó las sospechas de los investigadores y la Sijín solicitó a la Fiscalía que expidiera una orden de registro, para ver cuál era el misterio con ese automotor. A los tres días, un miembro de la Policía de Tránsito, experto en vehículos, encontró una sofisticada caleta en el tablero frontal. Lo hizo gracias a su vista de águila, pues detectó rastros de una silicona negra en el pánel, que no pertenecían a la autoparte original.

Al desprender una pieza airbag, quedó expuesto el escondite de seis pistolas de calibre 9 milímetros (marcas Sig Sauer, Browning, Walter P99 y Pietro Beretta), 97 cartuchos, un silenciador y varios documentos.

La investigación posterior confirmó que uno de los tres detenidos inicialmente, y ya liberados, era alias ‘Chicho’, supuesto cabecilla de la banda ‘La Terraza’. Con las nuevas pruebas, las autoridades se enfocarán en la recaptura, aunque ojalá también averiguen por aquellos funcionarios que tan desesperadamente querían el carro.

EL CASO DE LA FINCA

La otra historia acaeció el 14 de abril anterior, en una finca de Envigado. El Gaula Militar Antioquia, conformado por investigadores del CTI y soldados de la Cuarta Brigada, allanó la propiedad.

Encontraron granadas, armas de largo y corto alcance y un cargamento de relojes valorados en 1.500 millones de pesos. Capturaron a dos hombres, una mujer y un adolescente.

Durante el procedimiento, uno de los arrestados, alias ‘Mao’, ofreció una millonada para que lo dejaran en libertad, según fuentes judiciales. Pero la situación se complicó realmente cuando llegaron varias patrullas de Policía.

Por razones que aún no se han esclarecido, los policías trataron de quitarle el detenido a los del Gaula. “Eso estuvo tan feo, que hasta casi hay disparos y todo”, me contó alguien que conoció el episodio.

Al final, los cuatro fueron sacados de la zona y presentados en los estrados, donde a los dos hombres les dictaron medida de aseguramiento en la cárcel; a la mujer y al menor se les concedió la libertad.

‘Mao’ es hijo de alias ‘JM’, un integrante del cartel de Medellín, asesinado en los años noventa. También es propietario de una discoteca del Barrio Colombia, la cual había sido allanada por el Gaula Militar Antioquia el 11 de abril.

Ese día decomisaron un revólver Smith and Wesson calibre 38, municiones, 30 galones de escopolamina, una gramera, 10 cigarros de marihuana saborizados (llamados ‘blunt’) y otros estupefacientes como marihuana, popper, drogas sintéticas y demás.

Hay que felicitar a las autoridades por esos operativos, pero tambien exigirles que caven más profundo, pues hay indicios de que en el fondo pueden encontrar varios corruptos.

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El Inspector.

Entre los detenidos hay cabecillas de ‘Los Chivos’, ‘La Mano de Dios’ y una facción adepta a ‘Los Urabeños’, como alias ‘La Colmillona’, ‘El Periodista’, ‘El Guerrillo’, ‘Chemín’ y ‘Nega’.

El Escuadrón Antimotines acordonó algunos lugares para evitar asonadas. Cortesía Policía.

La acción de las autoridades comenzó a las 6:00 a.m. de ayer y terminó a la medianoche, contabilizando 44 allanamientos. Varios sujetos lograron escapar, entre ellos un enlace de ‘Los Urabeños’ en el área conocido como ‘El Cucho’ o ‘El Viejo’.

Durante todo el día de hoy y el fin de semana continuarán las audiencias de control de garantías de los detenidos.

El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, anunció que para consolidar la seguridad en el territorio, la Alcaldía construirá proximamente una estación policial.

Y es que la comunidad de Altavista viene sufriendo bastante por las balaceras, homicidios, amenazas y desplazamientos forzados en cabeza de los tres combos delincuenciales referidos. Esperemos que después de este operativo se calme la situación.

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El Inspector.

La víctima se llamaba Gerardo Durango y se desempeñaba como escolta en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Así encontraron al funcionario, en una calle de La Colinita. Foto de Pablo Santa.

El automóvil Optra gris estaba en una vía pública del barrio La Colinita, al parecer desde la noche del viernes pasado, pero solo hasta las 8:00 a.m. de ayer despertó las sospechas del vecindario, pues en la ventanilla del copiloto se observaban dos orificios de bala.

El cuerpo yacía en el suelo del asiento trasero, con una herida letal de arma blanca en el cuello. Según las autoridades, al funcionario le robaron la billetera y el arma de dotación.

La primera hipótesis del caso es que el homicidio sucedió en otro lugar, tras lo cual el occiso fue pasado a la parte trasera del carro y conducido a La Colinita. Todavía no se ha esclarecido si los impactos de la ventanilla fueron de afuera hacia adentro (del agresor), o de adentro hacia afuera (defensa de la víctima).

Durango ingresó al CTI en 1996 y antes de pertenecer al Programa de Protección a Víctimas y Testigos se desempeñó como escolta del Director de Fiscalías de Medellín, Mario Nicolás Cadavid (1999).

Este es el segundo asesinato de un miembro de este organismo judicial en Medellín, en lo que va corrido del 2011.

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El Inspector.

La principal inquietud nace de las fuentes de información que llevaron a las autoridades al lugar y de quiénes serían los presuntos autores de la masacre.

La Policía tuvo que hacer un rastreo en la zona para dar con la fosa. Foto cortesía Policia Antioquia.

Para contextualizar, recordemos que el pasado 24 de abril un grupo armado de por lo menos 20 sujetos, incluyendo tres con atuendos de la Sijín, incursionaron en una finca de la vereda El Rodeo y secuestraron a 1o de las 23 personas que departían allí.

El paso del tiempo ha permitido que afloren otros detalles que en las primeras versiones pasaron inadvertidos, por ejemplo, que entre los presentes había un sujeto conocido como ‘El Gato’ o ‘El Mago’, quien una hora antes de que llegaran los delincuentes se fue de la finca con su esposa, su hija y una amiga de esta. Dicho personaje, conocido de la familia que organizó el paseo, fue capturado por la Policía en Copacabana hace dos semanas con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Otro asunto es que, de acuerdo con la versión de un testigo, los agresores llegaron preguntando por ‘El Gomelo’ y después por ‘Julián’, y que al parecer ninguno resultó ser aquel que buscaban. Luego uno de los secuestradores reconoció entre los sometidos a ‘Barny’, cuyo nombre es Andrés Felipe Vélez, y se lo llevaron junto a los otros ocho hombres y una mujer.

De izq. a der., los secuestrados: Carlos Ignacio Ramírez Cardona, residente en Laureles (Medellín) y comerciante panelero de La Mayorista; Diego Alejandro Gavilanes Agudelo, de Niquía (Bello) y comerciante de celulares; y Tatiana Emilia Monsalve Ortega, residente en España, donde trabaja en una empresa de cosméticos.

Aquí hay que aclarar que por ahora no se ha determinado que esta víctima sea el mismo ‘Barny’ de ‘La Oficina’, como se conoce a un jefe de sicarios que trabaja para el cabecilla ‘Douglas’.

Las autoridades descartaron un motivo extorsivo detrás del incidente, porque a ninguna de las familias le pidieron dinero a cambio de liberación.

En la tarde de antier (sábado 21 de mayo) el Gaula ubicó la fosa en el sitio El Hormiguero de la vereda El Pomar. En cooperación con el Grupo de Búsqueda de Desaparecidos del CTI, exhumaron los cadáveres de ocho hombres y una mujer.

De acuerdo con los primeros indicios, todos murieron de forma violenta y al parecer al poco tiempo de haber sido raptados. No obstante, hay que esperar los estudios de Medicina Legal (análisis de huellas dactilares, carta dental o ADN) para estar cien por ciento seguros  de que sí son las mismas personas de la finca. Además, para saber quién es la décima víctima que falta por encontrar.

INTERROGANTES E HIPÓTESIS

El coronel José Acevedo, comandante de la Policía Antioquia, declaró ayer que los funcionarios llegaron a la fosa gracias a “informaciones obtenidas tras la captura de Jesús Hernández, alias ‘Chaparro’ (el pasado 13 de mayo), y a otros datos suministrados por fuente humana e inteligencia electrónica”.

El oficial no especificó si la información partió del propio detenido o de quienes delataron su posición en un apartamento de Envigado.

Lo curioso es que cuando se presentó el secuestro masivo, hubo rumores en el bajo mundo de que ‘Chaparro’ estaba entre los desaparecidos. El desarrollo de los hechos comprobó que no era así, pero sí resultó haber una relación entre ese hombre y este caso, “cuando el río suena, piedras trae”…

De izq. a der.: Jonatan Orlando Zapata Gañán, comerciante de lociones residente en Medellín; y Juan Camilo Úsuga Lopera, de Las Cabañas (Bello) y conductor de la familia que organizó el paseo a la finca.

Sobre la autoría del crimen, las autoridades coinciden en que se trató de otro episodio en la guerra entre las estructuras delincuenciales de ‘Valenciano’ (Maximiliano Bonilla Orozco) y ‘Sebastián’ (Ericson Vargas Cardona), dos jefes de ‘La Oficina’ que están en pugna desde 2008.

Sin embargo, las dudas aparecen cuando se pretende establecer qué bando ejecutó el ataque. Para el CTI de la Fiscalía, la agresión provino de la gente de ‘Valenciano’ y la hipótesis se basa en que las dos personas capturadas hasta el momento (un hombre de 29 años y una chica de 17, detenidos con un arsenal y dos motos de las víctimas el pasado 2 de mayo en la Loma de Los Bernal) estarían ligadas con la banda ‘El Desierto’, que presta sus servicios a dicho capo.

La Policía, en cambio, presume que el golpe fue dado por los secuaces de ‘Sebastián’. El día en que capturaron a ‘El Gato’, el director Antinarcóticos, general César Pinzón Arana, comentó que el citado cabecilla había dado la orden de matar a este extraditable, pero que él se había salvado del ataque y por eso se llevaron a los demás. ‘El Gato’ fue trasladado de Copacabana a Bogotá y aún no se ha conocido su testimonio respecto al caso.

Y luego del hallazgo de la fosa, el coronel Acevedo indicó que “en la captura de ‘Chaparro’ hubo informaciones que lo vinculan directamente con el hecho (el secuestro), entendiendo que es el jefe de sicarios de ‘Sebastián'”.

Entonces, ¿fueron los de ‘Valenciano’ o los de ‘Sebastián’? Para despejar la ecuación hay que tener en cuenta una cosa: el tipo que buscaba el grupo armado no estaba en la finca, dado que ninguno de los presentes respondía a los alias por los que indagaban (‘El Gomelo’ y ‘Julián’) ni se parecían a la foto que uno de los malhechores tenía en su blackberry para compararlos. Al parecer tampoco fueron reconocidos por el sujeto que coordinó la incursión a la distancia, a quien le enviaron por ese aparato las fotos de los hombres cautivos.

De izq. a der.: Juan Esteban Gómez Martínez, desempleado y residente en Belén (Medellín); y Juan Camilo Gallego Meneses, del barrio San José Obrero (Bello), donde es dueño de un bar. Además de ellos, secuestraron a Franklin Ramírez Galvis, dueño de una empresa de cosméticos con sede en España; a Andrés Felipe Vélez Torres y Diego Alejandro González, de 19 años y recién graduado de bachillerato.

Por eso otra de las hipótesis es que el operativo ilegal fracasó, al no encontrar al objetivo, y que la muerte de los secuestrados se debe a una retaliación por ser conocidos de él, es decir, casi un móvil accidental. Dudo que los hayan matado para evitar que reconocieran luego a los agresores, porque de ser así, no hubieran dejado ir a las otras 13 personas que estaban ese día en la finca (ocho mujeres, tres niños y la pareja de mayordomos, que también los vieron).

Es verdad que la guerra entre estructuras criminales de Medellín ha dejado muchísimos muertos en los últimos tres años (cerca de 5.500 en el Área Metropolitana), pero el caso de Sopetrán marca un punto muy alto en cuanto al daño que ese fenómeno está causando, y hace vislumbrar que a futuro las retaliaciones pueden ser iguales o peores.

Sin querer restarle importancia a otros hechos y víctimas, este es un caso de casos, su resolución debe ser primordial para la Fuerza Pública, porque todo indica que el rastro conduce hasta quienes están dirigiendo los derramamientos de sangre en el Valle de Aburrá.

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Cayó ‘Chaparro’ y revivió el caso de las desaparecidas.

El Inspector.

Por eso es que la muerte del investigador criminalístico Jaime Alberto Henao Arteaga es tan sorpresiva, máxime cuando los asesinos lo esperaban en la esquina de su propia residencia, en el barrio Manrique Central de Medellín.

El ataque ocurrió en la calle 70 con la carrera 42 de Manrique Central. La víctima murió en un centro médico. Foto de Manuel Saldarriaga.

El finado tenía 40 años y llevaba 22 de servicio en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Desde mediados de enero ejercía como coordinador del Grupo de Bandas Criminales de la Seccional Medellín de ese organismo.

A las 8:00 p.m. de antier (lunes 16 de mayo) arribaba a su casa en una moto Yamaha XT 250 de la institución, cuando dos sujetos lo atacaron. Él portaba una pistola Jericho 9 milímetros de dotación y respondió al fuego, pero en el cruce de disparos un proyectil le quitó la vida. Los homicidas huyeron en una moto Suzuki AX-100 de color rojo.

Jaime Alberto Henao Arteaga, según familiares y compañeros, no tenía amenazas.

La causa del crimen no está esclarecida, aún no se sabe si proviene de su trabajo como miembro del CTI o si fue una venganza personal. Lo cierto es que en solo siete meses han matado a dos integrantes del Grupo de Bandas Criminales, cuya misión es desvertebrar a la delincuencia organizada en Antioquia.

El caso anterior sucedió en el centro de Medellín, el 6 de octubre de 2010, y la víctima fue David Fernando Murillo Mosquera, de 30 años y quien llevaba cuatro meses en ese equipo.

Lo asesinaron de forma similar a Henao Arteaga: sicarios en moto lo esperaron junto a su casa a que llegara del trabajo, y allí lo abalearon, robándole después una pistola. Por este incidente ya circula un retrato hablado.

Hasta ahora no se conoce de alguna amenaza en concreto contra el Grupo, cuyo logro más importante de este año ha sido la judicialización y captura de 15 presuntos integrantes del combo ‘Los Conejos’, que delinque en la comuna 13 de la ciudad.

Por información que ayude a esclarecer estos hechos hay recompensas de hasta 50 millones de pesos.

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El Inspector.

El ataque ocurrió a las 8:00 p.m. de ayer en el barrio Bomboná, localizado en el centro de la ciudad. La víctima fue David Fernando Murillo Mosquera, de 30 años.

Él era David Fernando Murillo Mosquera, asesinado en el centro de Medellín.

A esa hora, el funcionario llegaba de cumplir su turno laboral como miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Judicial de la Fiscalía.

Los tipos se bajaron de una moto y se aproximaron a él, quien también andaba en su moto Yamaha XT. Lo intimidaron con un revólver y Murillo respondió sacando su pistola Kanuni  9 milímetros, que había comprado hace dos meses. Al parecer otros dos delincuentes aparecieron en la escena.

Se produjo el intercambio de disparos y el investigador cayó malherido. Los criminales le hurtaron su arma y escaparon. La víctima fue llevada a una clínica, pero llegó sin vida.

Murillo era natural de Istmina (Chocó) y desde abril de 2009 trabajaba en la institución. Primero en la sección de Actos Urgentes y hace cuatro meses en el Grupo de Bandas Criminales. Estudiaba cuarto año de Derecho en la Universidad Autónoma.

Fuentes judiciales indicaron que en su última jornada, realizó un operativo en la mañana, en Manrique. Al mediodía llegó al búnker de la Fiscalía con cuatro capturados para judicializar. Terminó de trabajar a las 6:20 p.m. y, ya vestido de civil, salió a la inesperada cita con la muerte.

El CTI ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien dé información que permita resolver este caso. Entre 1992 y 2008, en Colombia mataron a 144 miembros de este organismo. De ellos, 42 trabajaban en la seccional de Medellín (incluyendo a Murillo).

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El Inspector.

El crimen ocurrió a la 1:00 p.m. en el barrio Santa Lucía, un pacífico sector residencial del centrooccidente de la ciudad.

Este fue el lugar de los hechos, en el barrio Santa Lucía.

César Augusto Cano Granados, padre de tres hijos de 16, 14 y 11 años, acababa de dejar en su casa a dos de sus pequeños. Su tía, una adulta mayor, se dirigía a visitar un familiar enfermo, y el electricista se ofreció a llevarla.

Abordaron su automóvil y cuando no habían recorrido más de una cuadra, sucedió la tragedia, en la calle 48 con la carrera 92B. Los vecinos dicen que escucharon una balacera, pero no se sabe a ciencia cierta entre quiénes.

Un proyectil, al parecer de revólver, ingresó por el vidrio frontal del carro y perforó el pecho de Cano Granados. Un comerciante informal que estaba cerca, explicó a las autoridades que vio correr a dos muchachos, uno de ellos portando un arma. Le oyó decir a uno: “¡marica, matamos al que no era!”.

El herido fue llevado a la Unidad Intermedia de San Javier en un taxi, pero no logró sobrevivir. Sus allegados lo describieron como una excelente persona, un padre responsable “conocido por todo el mundo en el barrio”.

Varias personas indicaron que vieron entrar a tres presuntos agresores a un edificio, ubicado a unos diez pasos de donde recibió el tiro la víctima. Los tipos se metieron a un apartamento del tercer piso, mientras que la edificación fue rodeada por la Policía y los criminalistas del CTI.

En este edificio se ocultaron los sospechosos, que no fueron detenidos.

En ese momento, se conjugaron dos factores que salpicaron de impunidad e injusticia este incidente. Los uniformados, para poder ingresar al apartamento y detener a los sospechosos, requerían de una orden de allanamiento. De lo contrario sería un procedimiento ilegal y las pruebas encontradas adentro serían inútiles, al igual que las eventuales capturas.

Los criminalistas se comunicaron con el fiscal de Actos Urgentes, pero este se negó a tramitar la orden, salvo si los investigadores conseguían un testigo formal, que declarara con firma y huella haber visto a los sicarios entrando a esa residencia.

A este obstáculo legal (así a muchos no les guste el término), se le sumó la falta de colaboración de los vecinos, justificada por el miedo. Los investigadores comenzaron a buscar ese testigo de forma desesperada, pero la gente se negaba a convertirse en declarante. Todos los datos que se pudieron recopilar, fueron de manera informal.

Pasaron cinco horas y los sospechosos seguían encerrados. Nunca llegó la orden de allanamiento y los criminalistas se tuvieron que ir, para hacer la inspección técnica al cadáver en la Unidad Intermedia. Dos policías se quedaron en una esquina, a ver si los sujetos salían para requisarlos, pero a esas alturas ¿qué armas les iban a encontrar?

Lo único que pudieron hacer fue inmovilizar una motocicleta Yamaha RX-115 de color vinotinto, que estaba parqueada en la acera de acceso y al parecer está relacionada por los hechos.

Formalismos del sistema judicial y la insolidaridad de la comunidad. ¿Quién gana aquí? La delincuencia. ¿Quién pierde?

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El Inspector.

Los funcionarios estaban tras la pista de tres jóvenes desaparecidos, cuando llegaron a un bosque incinerado en un sector conocido como El Morro, ubicado en la parte más alta del barrio Belencito Corazón.

Esta es la sábana de evidencias, de los restos hallados en El Morro. Foto de Esteban Vanegas.

El descubriento, derivado de los datos suministrados por una fuente humana, acaeció en la mañana de ayer. En el terreno, envueltas entre las oscuras cenizas, fueron halladas las partes dispersadas de un cadáver masculino, al parecer de un adolescente de 14 años.

Los restos ya presentaban un estado cadavérico. Una hipótesis de los investigadores es que la víctima fue asesinada hace varios días, y que los criminales quemaron el cuerpo para dificultar su identificación. Sin embargo, en el procedimiento incendiaron todo el bosque circundante.

Panorámica del bosque incendiado, donde encontraron a la víctima.

El pasado 11 de mayo, tres jóvenes desaparecieron en el barrio El Salado, sector Cuatro Esquinas. Al parecer fueron vistos por última vez en la cancha, pero se desconoce quién se los llevó.

Se trata de Ángel Yesid Rentería Mosquera, de 20 años, Iván Darío Sepúlveda, de 19, y un adolescente de 14.

Cerca a los restos calcinados, estaban unas prendas similares a las del menor de edad, aunque el CTI espera la conclusión del análisis de ADN para establecer la plena identidad de la víctima. Se presume, dolorosamente, que los demás perdidos sufrieron un destino similar.

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El Inspector.

La advertencia podría parecer un mero regaño, mas esta semana conocí un caso en Medellín que invita a no dar tanta papaya.

Este es el mayor de edad capturado por la extorsión, quien está en la cárcel Bellavista, de Bello.

El CTI de la Fiscalía capturó a un adolescente de 17 años y a un sujeto de 23 en el barrio La Floresta, cuando recibían tres millones de pesos por la extorsión que le estaban aplicando a un adulto mayor.

Los delincuentes le pedían seis millones de pesos a la víctima, a cambio de no revelar un video de contenido sexual. El anciano, por suerte, formuló la denuncia y los investigadores apresaron a los jóvenes cuando intentaban recibir la mitad del dinero.

Por las reservas del caso, las autoridades no dieron detalles sobre cómo fue que los detenidos obtuvieron las imágenes. En todo caso, que no nos pase a nosotros, ¡mucho ojo, pues!

El Inspector.

El cuerpo incinerado de la menor fue descubierto por los vecinos, quienes entraron a la casa pensando que se estaba incendiando.

El instante en el cual los criminalistas sacaron de la casa el cuerpo quemado.

La adolescente yacía sobre su cama, la cual todavía estaba ardiendo a la 1:00 p.m. Con mangueras y cocadas de agua sofocaron las llamas, pero la víctima ya estaba sin vida.

La chica se había quedado sola en la vivienda, preparándose para ir a estudiar al colegio, donde cursaba el séptimo grado. La teoría de los familiares y los vecinos era que ella se estaba acicalando el cabello con una plancha portátil, cuando se produjo un corto circuito que derivó en la muerte.

Sin embargo, los técnicos criminalistas y los bomberos que inspeccionaron el lugar, descartaron la hipótesis del corto circuito. El CTI investiga un posible asesinato de la adolescente, la cual luego habría sido quemada por su agresor.

En principio, hay varias situaciones que hicieron descartar el accidente: los ‘brekes’ de la casa no se habían ‘disparado’, sino que siempre hubo un flujo constante de energía eléctrica; los criminalistas no hallaron la mencionada plancha para el cabello; la víctima al parecer tenía una almohada en su rostro; los vecinos, quienes se percataron primero del caso, nunca escucharon gritos (como de alguien quemándose) sino que vieron el humo; en el sitio había un extraño olor a combustible, cuya esencia no pudo ser determinada en el primer análisis; lo único que se quemó fue el cuerpo y la cama, ninguna otra cosa de la vivienda.

Habrá que esperar el resultado de la necropsia, para tener más certeza sobre si hubo asesinato o accidente.

El Inspector.

Se trata del clan familiar de los hermanos Castano Díaz, cuyo máximo cabecilla, David Alan, murió el pasado enero por una complicación cardiaca. Después, las autoridades capturaron a 8 personas de su cartel, entre ellas a cinco hermanos y una cuñada.

Este es 'Relicario', decomisado por sus presuntos nexos con la mafia.

Los allanamientos a 50 propiedades y la inmovilización de 55 vehículos se relizó en Medellín, Rionegro (Antioquia), Manizales y Salamina (Caldas).

En el aeropuerto Olaya Herrera de la capital paisa, se decomisaron cuatro helicópteros Bell 204, de fabricación canadiense, cada uno valorado en un millón de dólares. La droga salía de Medellín, pasaba por Cúcuta y Venezuela, atravesaba el océano Atlántico y llegaba a las costas africanas de Guinea Bissau. 

Los helicópteros inmovilizados en el Olaya Herrera.

Entre las cosas incautadas que más llamaron la atención, está un caballo llamado ‘Relicario’, el cual se encontraba en una finca rionegrense conocida como ‘La Cantaleta’.

Según la Fiscalía, el equino está valorado en 5.000 millones de pesos. Un vocero del ente judicial explicó que de él han salido 1.500 descendientes, de los cuales 200 son campeones de carreras. “Cada ‘polvito’ de ese animal vale 2 milloncitos de pesos”, dijo el sorprendido funcionario.

La Dirección de Estupefacientes custodia a 'Relicario'.

‘Relicario’ pasó a ser custodiado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, y está al cuidado autorizado de un veterinario que lo atiende desde que nació, hace 17 años.

La incautación de un animal tan costoso a la mafia sin duda hace reflexionar. Tantas muertes en nuestras calles, propiciadas por los capos para defender sus intereses, ¿y finalmente para comprar qué? Nada justifica el triste final de los jóvenes atrapados por esa corriente criminal.

El Inspector.

Leidy Palacios Rivas, de 20 años.

Las muertes de dos jóvenes mujeres sacudieron a Medellín esta semana, y en ambos casos los familiares clamaron por una pronta reacción de la justicia para esclarecer los hechos.

El primero de los crímenes ocurrió el 4 de noviembre en el corregimiento San Cristóbal. Dentro del apartamento 503 del bloque 17, en la urbanización Las Flores, estaba Leidy Johana Palacios Rivas con su novio, un patrullero de la Policía Comunitaria.

El apartamento 503 de la urbanización Las Flores, donde ocurrió el crimen de Leidy.

Fue trasladada a una unidad intermedia más cercana, pero llegó sin vida. Las autoridades determinaron que su muerte fue un homicidio y como principal sospechoso está el policía.

La familia de Leidy, quien estudiaba criminalística en el Tecnológico de Antioquia, exigió transparencia en la investigación.

El otro crimen, en circunstancias diferentes pero igualmente aterrador, fue descubierto al mediodía del 6 de noviembre, en la Loma de los Bernal. En el costado de una quebrada, entre la maleza, fue hallado el cadáver de una adolescente de 15 años. La menor yacía semidesnuda y se presume que falleció por asfixia mecánica.

Elizabeth Álvarez Muñoz, de 15 años.

Elizabeth Álvarez Muñoz había desaparecido desde el pasado 31 de octubre, cuando a las 10:00 p.m. se despidió de su novio en el barrio Belén Rincón. Sus familiares nunca volvieron a saber de ella, hasta el fatídico jueves en que la encontraron.

Sobre este caso quiero hacer énfasis en un asunto. Lamentablemente hay funcionarios públicos que, por ignorancia o irresponsabilidad, le siguen diciendo a los familiares de los desaparecidos que esperen 24 horas o hasta 72 para denunciar el caso ante las autoridades.

Eso es rotundamente falso. Los investigadores especializados en la búsqueda de personas, explican que entre más pronto sea reportada una desaparición, más oportunidades tienen ellos de encontrar al ciudadano con vida. 

El cuerpo de Elizabeth fue hallado en zona boscosa, junto a una quebrada en la Loma de Los Bernal.

Así que si alguien cercano a ti se extravía, hay que acudir lo antes posible a formular la denuncia, preferiblemente en el CTI o en la Sijín. Por obligación legal deben atenderte.

El Inspector.