La presidencia de Interconexión Eléctrica (ISA), una de las joyas de la corona del sector energético colombiano, atraviesa su momento más turbulento. Tras meses de cuestionamientos, el Consejo de Estado dictó una sentencia que anula la elección de Jorge Carrillo como presidente de la compañía.
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La salida de Carrillo se convirtió en una suerte de partida de ajedrez jurídico. Julio César Yepes, un abogado litigante de 61 años, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana y con casi cuatro décadas de experiencia en responsabilidad civil, fue quien decidió dejar de quejarse en reuniones con colegas para estudiar el caso y presentar la demanda que finalmente tumbó al directivo.
La historia de esta caída comenzó con la sospecha de un proceso de selección manipulado. Tras la salida de Juan Emilio Posada, ISA contrató a la firma cazatalentos Korn Ferry, una de las más prestigiosas del mundo.
Se pactó un contrato cuyos honorarios suelen oscilar entre dos y tres veces el salario del presidente; considerando que el cargo en ISA percibe ingresos superiores a los 150 millones de pesos mensuales, la firma habría recibido entre 300 y 450 millones de pesos por su asesoría. Sin embargo, el rigor técnico chocó con intereses políticos cuando la junta directiva cambió su composición en marzo de 2024, dando entrada a fichas cercanas a Ecopetrol, que posee el 51,4% de las acciones de la transportadora de energía.
La alteración de los requisitos para meter a Jorge Carrillo en ISA
El punto de quiebre ocurrió en el Comité de Talento Organizacional. Según el rastro documental y los testimonios recaudados, miembros de la junta vinculados a la petrolera estatal forzaron un cambio en la matriz de selección. Introdujeron un criterio específico basado en el Ebitda: solo quienes hubieran dirigido empresas con resultados financieros de magnitudes similares a Ecopetrol o EPM recibirían el máximo puntaje.
Curiosamente, solo Jorge Carrillo cumplía con ese requisito tras su paso por la gerencia de las Empresas Públicas de Medellín. El Consejo de Estado fue claro al respecto: se varió el procedimiento sin razón técnica, configurando una violación a la moralidad administrativa consagrada en el artículo 209 de la Constitución.
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Pese a esta acomodación, los informes de la firma cazatalentos fueron lapidarios. El experto evaluador entregó una entrevista en la que calificaba a los candidatos y ubicó a Carrillo entre los tres menos calificados del listado final. El reporte señalaba que no poseía las dotes de liderazgo necesarias para una compañía de la magnitud de ISA, mencionando una baja tolerancia al fracaso y dificultades para interrelacionarse.
Aun así, la mayoría de la junta —cinco votos del bloque de Ecopetrol— ignoró las recomendaciones y procedió con el nombramiento, saltándose el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Código País.
El contrato de ISA bajo la lupa
Más allá del nombramiento, el caso Carrillo arrastra sombras sobre la ejecución de proyectos de infraestructura. En el radar de los accionistas críticos está un contrato en ISA Perú por 800 millones de dólares para el tendido de líneas de energía.
Según las denuncias, Carrillo removió a un directivo con 15 años de experiencia en Lima para instalar a una ficha propia, mientras que el jefe de compras de ISA, un exabogado de la jurídica de EPM, estaría gestionando la adjudicación de dicho contrato.
El impacto de estas decisiones no solo afecta la reputación de ISA, sino el bolsillo de los colombianos. El 23% de las acciones de la empresa pertenece a los fondos de pensiones privados. Cada mala decisión administrativa o cada caída en el valor de la acción golpea directamente los ahorros de millones de trabajadores que esperan jubilarse.
La reciente decisión del Fondo Soberano Noruego de retirar inversiones en Ecopetrol aumenta la presión sobre ISA, luego de los golpes sufridos por su gobierno corporativo, dijeron fuentes.
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¿A quiénes quieren poner a responder por nombramiento de Carrillo en ISA?
El camino tras la salida de Carrillo no será sencillo. La sentencia del Consejo de Estado ordena retomar el proceso de selección con la lista de candidatos que existía en enero de 2024. No obstante, la interinidad podría prolongarse. Ad portas de un cambio de Gobierno en el país, candidatos de alto perfil podrían ver poco atractivo saltar a una compañía donde la inestabilidad política parece ser la norma y donde un cambio de junta podría significar una nueva salida negociada.
La próxima Asamblea de Accionistas, programada para finales de marzo, será el escenario de una nueva ofensiva legal: la acción de responsabilidad civil contra los administradores. Los accionistas minoritarios buscarán que los cinco miembros de la junta que votaron por Carrillo (Ricardo Roa, David Riaño, Lucía Díaz, Luis Ferney Moreno y Fabiola Leal) respondan con su patrimonio por los perjuicios causados.
Se cuestionarán los gastos en honorarios a Korn Ferry que resultaron inútiles, las millonarias indemnizaciones pagadas a vicepresidentes removidos y el costo de las reuniones de comité donde se fraguó el cambio de los requisitos para el cargo de presidente. Aunque Ecopetrol tiene la mayoría para bloquear estas iniciativas, el precedente judicial ya está sentado: en ISA, saltarse los estatutos ya no sale gratis.
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