Colombia necesita crecer 5% anual en el largo plazo. ¿Qué no hacer?

Giovanny Cardona Montoya. Septiembre de 2018.

 

Lo he leído muchas veces, incluso el Banco Mundial nos lo dijo hace ocho años: debemos tener un crecimiento sostenido del 4% o 5% para poder abandonar el subdesarrollo. El mensaje no es sólo para Colombia, lo es para toda América Latina. El hecho es que dicha tasa de crecimiento raras veces se ha alcanzado en Colombia en los últimos 25 años. De hecho, el BID resalta que desde 1960 hasta 2017 la tasa promedio de América Latina ha sido de 2,6%. Continuar leyendo

Colombia tiene un sistema económico insostenible.

No importa quien gane las próximas elecciones presidenciales en Colombia, cualquier propuesta que apueste por la continuación del actual modelo económico será un error. Para sustentar esta afirmación voy a apoyarme en dos premisas: i) los logros en términos de bienestar son precarios y ii) el aparato productivo es cada vez menos competitivo. Continuar leyendo

Negociación del salario mínimo: ¿intereses colectivos o particulares?

Algo que caracteriza al ser humano es su condición de ser social. Aunque nos reconocemos en la individualidad es menester recordar que nuestra condición de integrantes de una colectividad es una característica fundamental para definir la identidad de seres humanos.

Esta cualidad del individuo se ha transmitido a las organizaciones sociales (empresas, familias, instituciones) las cuales se “agremian” con el fin de llevar sus intereses colectivos a un nivel superior. Así, las empresas que compiten en el mercado se organizan en gremios para fortalecerse y defender sus intereses ante los sindicatos, el Estado o la sociedad en general. De igual manera, los trabajadores recurren a la organización sindical como mecanismo de integración y fortalecimiento de los intereses de clase.

Con las luces de navidad llegan también las noticias de negociaciones para definir el salario mínimo de los trabajadores colombianos. El ritual se repite año tras año y, casi que como parte del ritual, al final no se llega a ningún acuerdo; lo que conlleva que el gobierno nacional establezca por decreto la remuneración de aquellos que ganan el salario más bajo -legalmente hablando-.

¿Por qué casi nunca hay acuerdo?

Buena pregunta. Son escasos los años en los cuales el salario mínimo nace de la concertación entre trabajadores y empresarios. Normalmente los trabajadores presentan una propuesta inicial “inviable” para los empresarios; al tiempo, los gremios hacen una oferta “inaceptable” para las organizaciones sindicales.

Seguramente hay varias formas de explicar este constante desacuerdo. Si alguien ha estudiado las teorías de Harvard de negociaciones, entonces, dirá que los negociadores “no se ponen en los zapatos del otro”; que los gremios no entienden los intereses de los trabajadores y mucho menos el poder limitado de los negociadores sindicales. Igual dirá de los sindicatos con respecto a los intereses y poder negociador de su contraparte. Incluso, teniendo en cuenta que el gobierno también hace presencia en la mesa de negociaciones, la pregunta sería ¿cuáles son sus intereses en esta negociación?

no oye no ve no habla

Esta sociología política me lleva a hacer una pregunta diferente: ¿saben los negociadores lo que realmente está en juego cuando se discute el salario mínimo? o sea, ¿efectivamente se analiza el impacto social y macroeconómico o simplemente se materializa una negociación entre los representantes de ciertos grupos empresariales y los representantes de trabajadores que no ganan el salario mínimo?

¿Por qué no subir “fuertemente” el salario mínimo?

Al margen de los análisis técnicos, nadie cuestiona que el salario mínimo colombiano no sostiene un hogar, incluso unipersonal. Así que ante esta obviedad, vamos a abordar el tema desde otras perspectivas.

La postura más evidente -la de los gremios empresariales- es la que hace referencia a la necesidad de mantener el salario  mínimo en un nivel bajo con el fin de estimular la generación de empleos por parte de los empresarios y poder controlar la inflación por parte del Estado. Ambos argumentos, a simple vista lógicos, tienen diversos detractores y defensores que tratan de explicar sus posiciones desde complejos modelos económicos o a partir de las evidencias empíricas (estadística histórica, generalmente).

Esta mirada “contraccionista” parte de la preocupación de que un incremento en el nivel de gasto de los trabajadores es inflacionario, y que los costos salariales son un determinante de la contratación por parte de los empresarios. Esto que parece ser tan obvio, no lo es realmente y por ello suscita debates.

Para validar el anterior postulado hay que responder varias preguntas que dejo para la reflexión ¿qué porcentaje de la población trabajadora devenga el salario mínimo? ¿debe el incremento del salario mínimo servir de referente -cómo sucede en la actualidad- para establecer tarifas de servicios, incrementar precios y ponderar salarios en otros rangos? ¿cuál es el peso del salario mínimo sobre los costos de producción? ¿se ha medido el beneficio marginal en productividad por cada unidad que crece el salario mínimo? -en otras palabras: ¿se sabe qué tanto estimula al trabajador la mejora de su remuneración; alguien ha hecho este estudio?

Incluso, hay una pregunta más compleja que requiere de un análisis elaborado ¿cuál es el papel que juega un salario mínimo legal en una economía donde más del 40% de la población (ver gráfica del DANE de 2008 a 2017) se halla desempleada (sin salario) o con un salario inferior al mínimo?

El postulado antagónico, el de la necesidad de incrementar el salario mínimo para compensar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores (un tema de equidad) y para estimular la demanda agregada (un tema de eficiencia) es el que lleva a los trabajadores a proponer generalmente un alza en el salario que supere la tasa de inflación de períodos anteriores. La contraargumentación viene de los gremios empresariales, los cuales ven a los sindicatos como “egoistas” al defender el ingreso de los que tienen empleo, a costa de aquellos que no consiguen trabajo (que en Colombia, de manera crónica oscilan alrededor del 10%).

A partir de esta discusión es que me surge la duda sobre los intereses que defienden los gremios en las negociaciones del salario mínimo. El tema es complejo: a cada empresa le afecta el incremento del salario mínimo proporcional a la carga laboral en su estructura de costos pero, del otro lado, el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores debería traducirse en un incremento multiplicado de la demanda, lo que estimularía las ventas y dinamizaría la economía en general.

Por lo anterior, me pregunto si la posición de los gremios hace una lectura general de las empresas a las que se supone representan o sólo a cierto grupo de corporaciones cuyos intereses están más asociados al control de los costos laborales (ejemplo empresas con una elevada planta de trabajadores de bajo nivel de cualificación) y/o en menor medida a la dinámica del mercado nacional (maquiladores para el mercado externo, por ejemplo). ¿No sería un buen negocio para las mipymes -99% de las empresas del país-, especialmente para aquellas que atienden el mercado doméstico, un incremento significativo de los salarios de la población?

 

Reflexión final.

No seriamos el primer país donde se evidencia que hay posiciones antagónicas entre trabajadores y patronos. Sin embargo, en naciones más desarrolladas donde se ha logrado o se aproximan al pleno empleo (Japón, por ejemplo) o donde la productividad es un eje central de la competitividad (Alemania o Corea) existen brechas más angostas entre la remuneración de los trabajadores y la satisfacción de sus necesidades. Un país con el desempleo estructural más elevado de Suramérica -Leticia Armenta lo constata- tiene que ser más creativo y solidario para abordar este tema del salario minimo.

 

 

Nuestro presidente ideal: uno que gobierne para el futuro, no para su período.

Terminando este 2017 ya hay varios candidados que se lanzaron al agua de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Y cada uno hace su oferta, tiene sus adeptos pero también detractores. No los vamos a juzgar en este blog. Sin embargo, quiero decirles a todos ellos que el mejor presidente sería aquel que no gobernara con vista miope.

Particularmente en materia económica ha sido evidente la improvisación y la falta de visión en los gobiernos de este país. Este es un país que cuatrenio tras cuatrenio intenta reinventarse con un proyecto improvisado sin ambiciones de largo plazo. Las evidencias más claras son las reformas fiscales -no hay presidente que no deje su huella de impuestos-, o los ministerios, especialmente de agricultura y educación, cuyas cabezas son moneda de cambio en cada crisis política.

Sin querer ser simplistas, y sin desconocer que la coyuntura siempre será un reto para cualquier gobernante, este país tiene tareas pendientes que, mientras no se enfrenten, nos mantendrán en el subdesarrollo. Necesitamos fortalecer las políticas de Estado y dejar de depender de componendas politiqueras de corto plazo.

Aquí destaco tres retos de largo plazo que si algún presidente enfrentara dejaría una huella imborrable:

1. Educación. Los esfuerzos que se han hecho han sido insuficientes. Para empezar, es necesario asegurar la alimentación, la salud, el afecto y la educación adecuada en la primera infancia; en esta edad nos jugamos la mitad de la tarea. Niños sin la nutrición suficiente ni la estimulación adecuada y oportuna tendrán muchas menores posibilidades de ser buenos bachilleres, ni qué decir, profesionales.

En la educación básica y media también hay tareas. Necesitamos que los mejores bachilleres deseen estudiar licenciaturas y hacerse maestros, que deseen prepararse para el cambio generacional de los actuales docentes. Pero no, ellos no ven en las aulas su futuro profesional, no les atrae, no les motiva, no les parece suficientemente lucrativo. Igualmente, requerimos un currículo más moderno que prepare a los estudiantes para la universidad y también para la vida adulta y responsable. Los actuales currículos enciclopédicos y anacrónicos sólo llenan de datos a nuestros jóvenes, pero no los entrenan ni los sensibilizan para que lideren la construcción de su futuro y el del país.

Y la cadena continúa con la educación superior. En la ampliación de cobertura aún hay muchas tareas, pero también en la calidad con pertinencia de futuro. Necesitamos currículos ambiciosos para una nueva gestión del campo, para proteger el medio ambiente, para innovar y para reconstruir tejido social en un país descocido por medio siglo de guerra.

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2. Pasar de una economía minera a una más moderna, innovadora y diversificada. Ya lo hemos explicado muchas veces en este blog: este es un país que se desindustrializa. Colombia hoy depende como nunca de las exportaciones mineras y, en cambio, ha debilitado su industria manufacturera y su agro.

No podemos seguir cerrando los ojos al futuro: Colombia no tiene reservas significativas de petróleo para fincar el desarrollo de largo plazo. El carbón comienza a ser vetado en grandes economías como Francia, Canadá o Alemania; ya 25 mercados importantes han colocado el 2030 como fecha límite para su prohibición. Del resto de la minería ni se hable: entre la informal y la legal están deteriorando las cuencas hídricas y están afectando las tierras cultivables.

Para diversificar nuestra capacidad productiva es necesario pensar en agroindustria, fortalecer los mercados internos incrementando la interdependencia entre las zonas rurales y las ciudades; hay que focalizarse hacia la innovación, reconociendo que las inversiones en I+D tienen que dejar de ser marginales. Mientras hay países que dedican entre 1% y2% del PIB a la investigación, Colombia apenas alcanza el 0.25%. Y aquí hay que conectar al sistema educativo con el aparato productivo.

La economía extractiva y rentista no tiene futuro. El medio ambiente ya nos está pasando factura, a la vez que las economías más exitosas (las que crecen y distribuyen más riqueza) se focalizan en la innovación y la agregación de valor.

3. Primero el ser humano. A las políticas económicas hay que darles un viraje de 180%. Qué la inflación preocupe más que el empleo, qué nos focalicemos en el crecimiento del PIB más que en el desarrollo socio-económico; o que queramos resolver con subsidios inviables las necesidades fundamentales de la gente (salud, educación, vivienda, etc.) son clara evidencia de que estamos confundidos en nuestras prioridades.

Empresas formales y empleos formales son una receta mágica para atender la gente y viabilizar sistemas como el de salud o el de pensiones. Son las personas trabajando y bien remuneradas una prioridad para resolver varios de los problemas estructurales de la economía colombiana. La informalidad laboral , los bajos salarios y el desempleo son razones de primer orden para explicar la crisis de las EPS, el ruinoso costo del Sisben y la deprimente realidad de que la mayoría de los colombianos en edad de retiro no recibirán mesada de jubilación en los próximos lustros.

La economía tiene sentido si está al servicio de la gente; a la vez que es la gente la que hace realidad el desarrollo económico. Hay que invertir en y para la gente. Eso no es difícil de entender.

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Tal vez en una época de redes sociales y de apariencias estos retos no estarán en la agenda de los gobernantes, ya que sus resultados no se verán en el corto plazo y ni darán rédito político (léase votos). Así, por ejemplo, si un gobernante quiere que Colombia mejore sus resultados en las pruebas PISA, entonces sabe que deberá invertir en primera infancia para que se obtengan éxitos 15 años después. ¿Quién se atrevería?

Un verdadero estadista será aquel que vea a Colombia con ojos de futuro, no con cálculos electoreros.

 

 

 

Poner los ojos en las cadenas de valor, no en las mipymes aisladas.

“Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.” (Goebbels, tal vez)

Esta frase, atribuida -pero sin confirmar- al político nazi, me sirve de entradilla para reflexionar acerca de uno de los “lugares comunes” cuando de política económica se trata: el papel de la mipyme como motor del desarrollo venidero.

No hay campaña política ni proyecto académico que no ponga el foco en las micro, pequeñas y medianas empresas para argumentar estrategias que generen mayores niveles de bienestar a través del fomento a estas unidades económicas. Y este discurso se repite tan reiteradamente que hemos terminado por creerlo. ¿Por qué dudo de éste?

1. Las mipymes, una categoría inútil.

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En la misma canasta estamos colocando empresas que tienen menos de 10 empleados con otras que tienen hasta 199. O sea, primero considero necesario llamar la atención sobre la inutilidad o, incluso, el sentido perverso de pensar en programas, proyectos o estrategias que sirvan tanto a las microempresas como a las medianas empresas. Si revisamos las diferencias de tamaño (en número de trabajadores, de activos o de ventas) nos daremos cuenta que los problemas de los que adolece la microempresa de lejos se diferencian de aquellos que tiene la mediana empresa e, incluso, muchas de las pequeñas (estas últimas entre 10 y 49 trabajadores).

En síntesis, para empezar, debemos diferenciar a la microempresa de la pyme; reconocer dos subgrupos con capacidades, retos e intereses diferentes. Incluso, las microempresas representan entre el 85 y el 90% de las organizaciones productivas en los diferentes países. De otro lado, la pyme equivale al 10-14%, mientras el resto del escenario lo ocupan las grandes empresas.

Por lo anterior, si asumieramos que el potencial de desarrollo de una economía no se encuentra en la gran empresa, sino en las unidades económicas más pequeñas, deberiamos empezar por diferenciarlas, reconociendo particularidades en la microempresa que no son parte de la realidad de la pequeña y menos de la mediana empresa. Esta separación es necesaria para establecer políticas de fomento con un mayor potencial de impacto.

2. El desarrollo económico no depende del tamaño de las empresas sino de las relaciones entre las mismas.

Hay tres categorías económicas que se deberían reflexionar: la economía en la base de la pirámide, las cadenas globales de valor y los clusters.

La economía en la base de la pirámide hace referencia a cerca de 2 mil millones de personas que viven con dos dólares o menos al día (en datos de Prahalad), a lo largo y ancho del planeta. Esta es la población de la economía informal, del rebusque y del subempleo (ver a Hernando de Soto). En gran medida su economía conecta frágil y marginalmente -o no conecta-, con los hilos de la economía formal e industrializada. Con esta premisa quiero señalar que lograr llevar a los informales a los circuitos económicos formales puede ser uno de los mayores motores para sacar a un país de la pobreza y el subdesarrollo.

El fenómeno de la conexión interempresarial a nivel mundial se denomina Cadenas Globales de Valor. La evolución científica y tecnológica nos ha llevado a un nivel de especialización tan profundo, que hace que las empresas no hagan productos, sino tareas en una cadena interempresarial de producción. Cualquier bien manufacturado que conozcas está lleno de componentes hechos en diferentes fábricas, los cuales fueron ensamblados en México, Turquía o China, probablemente. Estas cadenas conectan a grandes empresas, con pequeñas y medianas. El factor de éxito consiste en ser portador de altos niveles de valor agregado en la cadena global.

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Pero como se trata es de cadenas que se pueden desarrollar conscientemente, con una participación inteligente de las organizaciones productivas, entonces, existen los clusters. Estos son enlaces estratégicos de empresas en una cadena de valor aunada a organizaciones de soporte, como los bancos, las universidades y las entidades de fomente, todo con el fin de fortalecer el desarrollo de un territorio determinado.

Los clusters son una estrategia de fomento empresarial con fines territoriales. Es un camino que puede recorrer un país o regiones del mismo, para lograr el desarrollo social y económico, y en su dinámica y estructura pueden y deben participar microempresas y pymes, jalonadas por el potencial de las grandes empresas.

3. A modo de conclusión.

La mipyme no existe. Existen de un lado las microempresas y, del otro, pymes con una estructura organizacional más o menos elaborada. La microempresa hace parte, en gran medida, del submundo de la informalidad y del subempleo; mientras que la mipyme hace parte de la economía formal. Los programas de fomento deben entender estas diferencias y atender las empresas de acuerdo a sus realidades.

Pero, de otro lado, la superespecialización derivada de los desarrollos en ciencia y tecnología exige una integración interempresarial para alcanzar la competitividad, ya que, muchas empresas sólo se dedican a la labor de diseño y gestión de marca, mientras otras a la manufacturación o a la de distribucion y comercialización.

En síntesis, es necesario que se aprenda a visualizar la microempresa con sus retos, diferenciándola de la pyme. Pero, más importante aún es desarrollar estrategias de integración empresarial, tanto a nivel vertical (cadenas de valor) como horizontal (como los Prodes que desarrolla ACOPI), para impulsar procesos de transformación territorial y bienestar de sus habitantes.