Fuentes cercanas al caso informaron que el sobrino, Sergio Alexánder Tamayo Mesa, conocido con los apodos de “Álex Mentiras” o “Álex Chata”, fue arrestado este 20 de abril de 2026 en el municipio de San Vicente; mientras que el lugarteniente Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”) cayó en Copacabana.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”), Sergio Alexánder Tamayo Mesa (“Álex Mentiras”) y, en el recuadro, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”). Fotos de cortesía.

Ambos son cabecillas históricos de la organización criminal “los Chatas”, originaria de Bello, la cual delinque también en Itagüí, Barbosa, Copacabana, Girardota, el Norte y el Nordeste de Antioquia.

Este grupo se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, la urbanización ilegal de lotes, corrupción de servidores públicos, minería ilegal y lavado de activos, entre otros negocios.

La banda además está integrada a “la Oficina”, la confederación del crimen organizado del Valle de Aburrá, lo que le da influencia sobre decenas de combos de los barrios.

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La pistola Glock con adaptaciones para usar como subametralladora, que le encontraron a “Álex Mentiras”. Foto cortesía de Policía.

El golpe fue dado por agentes de la Sijín y comandos especiales de la Policía, en el marco de la Operación Doble Eje, los cuales allanaron dos escondites de los peces gordos, encontrando dos pistolas, dos escopetas, dos armas traumáticas, municiones de diferentes calibres y $5’000.000 en efectivo.

A los policías les llamó la atención que a una de esas armas, una pistola Glock 9 milímetros, adaptaron dispositivos de disparo en ráfaga, mira táctica y culata de fusil, para usarla como una especie de subametralladora.

Sobre alias “Jonás”, de 47 años, el reporte oficial del caso indica que tiene “una trayectoria criminal de aproximadamente 25 años (…). Ejercía dirección estratégica del componente criminal, con control del narcotráfico y administración de rentas ilícitas estimadas en cerca de $2.000’000.000 mensuales”.

Y en cuanto a “Alex Mentiras”, de 46 años y con una carrera ilegal de dos décadas, que “su cercanía y vínculo directo con alias ‘Tom’ le permitían ejercer mando decisorio, direccionando actividades delictivas y coordinando mandos medios dentro de la estructura”.

Alias “Jonás” es uno de los jefes históricos de “los Chatas” y principal hombre de confianza de “Tom”. Foto cortesía de Policía.

Los dos ya habían sido capturados en 2016, y tras pasar algunos años en prisión cumpliendo una pena por concierto para delinquir, regresaron a las calles a continuar su trabajo ilícito.

La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, los cuales negaron en la audiencia de control de garantías.

Esta no es la primera vez que familiares y lugartenientes de los voceros de la mesa de la cárcel de Itagüí son judicializados por la presunta comisión de delitos.

En julio de 2025 fueron detenidos el hijo, la exesposa y uno de los lugartenientes de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). Aunque un juez les otorgó la libertad mientras avanza el proceso, están inmersos en un expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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El Inspector.

Los más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Otros peces gordos de la mafia también escaparon de sus sitios de reclusión en los últimos dos y terminaron escondidos en Antioquia. Este es un informe periodístico de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Óscar Camargo, alias “Pichi”, ha sido capturado varias veces y sus abogados siempre logran conseguirle beneficios judiciales. Foto cortesía de la Policía.

Cuatro fugas de criminales de alto perfil en los últimos dos años, dejaron en ridículo al sistema carcelario de Colombia y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.

El escándalo más reciente fue la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi” o “el Pablo Escobar de Santander”, uno de los cabecillas del crimen organizado más peligrosos de Bucaramanga.

En julio de 2024 fue absuelto de seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Su expediente está plagado de inconsistencias, entre la supuesta falta de rigor para conseguir pruebas, de parte de la Policía y la Fiscalía, y decisiones polémicas de los juzgados.

Lo insólito es que a la fecha se ha evadido quince veces de sus lugares de reclusión, y aún así la justicia le ha seguido otorgando un trato aparentemente preferencial.

“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, argumentó en su sentencia la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, María Piedad Díaz Mateus, hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

Tras resultar airoso de ese expediente, a “Pichi” le quedó una pena activa de 69 meses de cárcel por concierto para delinquir, proferida por otro despacho. Por ese hecho, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en Medellín.

Camargo se radicó en una urbanización de El Poblado, en el suroriente de la ciudad, y cuando se enteró que otro juez le revocó la domiciliaria y ordenó una detención intramural, se fugó el pasado 10 de octubre. Cuando los guardianes del Inpec llegaron al sitio, encontraron abandonado su brazalete electrónico de geolocalización.

Los juzgados implicados en la absolución y la domiciliaria están siendo investigados administrativamente por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Otro hecho reciente que sacudió los cimientos de la justicia involucra al mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), un antiguo oficial corrupto que se dedicó al tráfico de armas y otros crímenes, trabajando para el cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda “los Machos” y el Clan del Golfo.

La Policía lo capturó el pasado 11 de abril en Mutiscua, Norte de Santander, cuando iba en una caravana de camionetas con un arsenal que incluía dos pistolas, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y 16.940 municiones de fusil.
Lo encerraron en el calabozo de la estación de Policía de Cúcuta, de donde se fugó el siguiente 21 de abril, en medio de un feroz amotinamiento.

Huyó hacia el Oriente antioqueño, donde fue dado de baja por los comandos de la Policía el pasado 28 de septiembre. Hubo un enfrentamiento con su anillo de seguridad en la vereda Pocitos, del municipio de San Francisco, en el que murieron él, siete escoltas y una civil que recibió una bala perdida.

Por su presunta responsabilidad en la fuga de la estación de Cúcuta hay tres policías investigados: el intendente jefe Rubén Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Cristancho Pereira y el patrullero Luis Chaustre Sierra.

El mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”). Foto de cortesía.

Otro escape que también dejó en entredicho la capacidad de las autoridades para contener a los delincuentes, sucedió el pasado 28 de junio en la cárcel La Picota, de Bogotá. El protagonista fue Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”), cabecilla de la banda “Libertadores del Nordeste”, que delinque en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Amalfi y Yolombó.

Ese día se fugó en compañía del interno Sebastián Molina López. Ambos estaban en el pabellón 30 y rompieron los barrotes con herramientas que pasaron los controles de la guardia sin ser detectadas.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”). Cortesía.

Al igual que “Zeus”, le convenía no haberse escapado. En otro enfrentamiento con la Policía, el 10 de septiembre, fue dado de baja en la zona rural de Amalfi.

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Idéntico destino sufrió el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (“Matamba”), el jefe de la banda “Cordillera Sur”, que desde el departamento de Nariño surtía de droga a carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El 18 de marzo de 2022, cuando estaba pendiente del trámite de extradición a Estados Unidos, se fugó por la puerta principal de La Picota, con un disfraz de dragoneante y la complicidad de la guardia del Inpec. El hecho generó una investigación penal y disciplinaria contra 60 funcionarios y la captura del custodio Milton Jiménez Arboleda.

Así como “Zeus” y “el Enano”, Castro también huyó hacia Antioquia, escoltado por agentes corruptos del Gaula y la UNP, hasta una finca en el corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.

Luego se trasladó a otra finca del municipio de Bolívar, Santander, donde la Policía lo ubicó y lo dio de baja el 26 de mayo de 2022.

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El Inspector.

Aunque todavía falta el visto bueno del nuevo Alto Comisionado, Otty Patiño, las delegaciones lograron establecer ese norte temático luego de seis meses de trabajo en la cárcel de Itagüí. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los jefes de las bandas del Valle de Aburrá están congregados en la cárcel de Itagüí. Foto de Manuel Saldarriaga.

El coordinador de la delegación del Gobierno, Jorge Mejía Martínez, explicó que la agenda iba a ser presentada en sociedad el pasado 23 de noviembre, pero un día antes el presidente Gustavo Petro despidió a Danilo Rueda de su cargo en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), lo que obligó a la mesa de conversaciones sociojurídicas – como la llama el Gobierno – a hacer un alto en el camino.

Aunque Mejía recalcó que no puede compartir detalles de la agenda, hasta que su contenido no sea evaluado por la nueva jefatura de la Oacp, dio pinceladas de los temas que se abordarán con los representantes del 90% de las 400 bandas que delinquen en el área metropolitana.

El primer eje temático ha sido denominado “ética de la vida” y aborda las cuestiones relacionadas con la violencia urbana, los homicidios y desplazamientos forzados, así como el trabajo con las víctimas, que implica procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el marco de un posible sistema de justicia restaurativa. Esto último dependerá de las condiciones que defina la Ley de Sometimiento de Bandas, que al parecer será presentada una vez más al Congreso en el primer trimestre de 2024.

El segundo eje versa sobre la territorialidad y la población juvenil, y en él se tratarán los asuntos de gobernanza criminal en las comunas, así como los programas sociales que se requieren para frenar el reclutamiento y atender las necesidades de los jóvenes de las bandas o en riesgo de ser integrados a ellas.

El tercero tiene que ver con las economías ilegales y la manera en que las estructuras criminales dejarán esos negocios para participar en actividades legítimas. Esto incluye desmontar las redes de extorsión, pagadiario, secuestro y venta de lotes, entre otras rentas clandestinas.

Y el cuarto se relaciona con la desarticulación de las estructuras armadas y las medidas adicionales que esto implicará, como las garantías de seguridad para que los exmiembros no sean asesinados, como ha ocurrido en los procesos de desarme de las Auc (2006) y las Farc (2016).

“Una vez que se adopte la agenda de forma definitiva, lo que sigue es construir una metodología que involucre a la sociedad civil. No se hará nada de espaldas a la ciudadanía”, dijo Mejía.

Además de esa guía, las delegaciones ya definieron los protocolos logísticos de funcionamiento, que incluyen las comunicaciones internas y la forma en que la mesa podrá colaborar cuando haya problemas de orden público en la ciudad.

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DELEGADOS PENDIENTES

La mesa de conversaciones sociojurídicas se instaló oficialmente el pasado 2 de junio y desde entonces ha tenido que capotear varias tormentas. Una de ellas ha sido la conformación de la delegación gubernamental.

Además del despido de Rueda, un mes antes se presentó la renuncia de la excomisionada de la Verdad, Lucía González, una de las integrantes más reputadas del equipo.

En su reemplazo llegaron el sociólogo Luis Guillermo Pardo, exgerente de Paz de la Gobernación de Antioquia; y la académica Luz Elena Zabala, exasesora de Colciencias.

La delegación del Gobierno no ha podido concretar otros tres miembros que se habían contemplado al principio. El primero es un oficial retirado de la Fuerza Pública y el segundo un representante del empresariado, pues “se han barajado varios nombres, pero desde Bogotá no han dado el visto bueno”, reconoció Mejía.

La ausencia de un empresario es notable, pues varios voceros de las bandas insisten en que, para que el proceso sea exitoso, deben tener opciones de empleo legal, y los empresarios generan el 80% de los puestos laborales en el país.

El tercer faltante es un miembro de la oposición, con el que la Casa de Nariño quisiera blindar políticamente el diálogo. El Centro Democrático, principal partido de oposición, ya consintió que José Félix Lafaurie lo representara en la mesa con el ELN, y que Fabio Valencia Cossio lo hiciera en la del Estado Mayor Central de las Farc, pero todavía no se decide a poner una ficha en la de la paz urbana.

Al micrófono Jorge Mejía Martínez, coordinador de la delegación del Gobierno en la mesa. Foto de Manuel Saldarriaga.

DESAFÍOS POLÍTICOS

La mesa del Valle de Aburrá también ha enfrentado desafíos ligados al orden público de Medellín. Entre septiembre y noviembre, en las comunas de Robledo y Manrique se desataron conflictos y asesinatos por fracturas internas en “los Pesebreros” y “la Terraza”, dos facciones con vocería en los diálogos de paz.

La situación, que la Oacp catalogó en su momento como un intento por enlodar la paz urbana por parte de “fuerzas oscuras”, en realidad reflejó el deseo de algunos cabecillas emergentes de relevar a los más veteranos, a quienes al parecer consideran en camino de “jubilación”.

Según Mejía, esos dos conflictos se apaciguaron porque “se hizo una gestión desde el espacio, por parte de los voceros de las bandas, lo que permitió superar esas situaciones de violencia. Es una muestra de que esto ha valido la pena”.

Otro reto es el cambio de administración en Medellín y Antioquia. Federico Gutiérrez y Andrés Rendón, alcalde y gobernador electos, respectivamente, criticaron con vehemencia la política de “paz total” de Petro durante las pasadas elecciones regionales.

¿Qué postura tendrán ellos frente al proceso en la cárcel de Itagüí? “Esperamos que la armonía institucional se imponga sobre las posturas políticas. Al alcalde Federico y a Manuel Villa (próximo secretario de Seguridad) ya les enviamos un mensaje el pasado lunes, para concretar una cita y exponerles lo que estamos haciendo”, indicó Mejía.

La llegada de Otty Patiño despierta inquietudes sobre los cambios que podría introducir en la agenda. A juicio del coordinador de la delegación del Gobierno, “conociendo su talante, es posible que haga un énfasis en la mayor presencia de la institucionalidad local y en el impacto territorial, identificando las zonas en las que se puede hacer un mayor esfuerzo desde la mesa para desactivar la violencia”.

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El Inspector.

El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo han reportado la situación, documentando hasta ahora nueve casos en los que miembros de grupos armados de Antioquia y Córdoba se presentan en los estrados como si fueran de comunidades indígenas. Algunos han logrado su cometido, mientras otros fueron detectados a tiempo.

Jhon Fredy Pabón (“Toño”) fue capturado en 2020 y condenado a seis años de cárcel por concierto para delinquir. Foto cortesía de la Policía.

El expediente más reciente es el de Jhon Fredy Pabón González, alias Toño, un exparamilitar de 41 años con más de dos décadas de prontuario, que delinquió en los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc.

Según fuentes judiciales, participó en la Operación Orión (2002), aliado con la Fuerza Pública para expulsar a las milicias guerrilleras de la comuna 13 de Medellín, y después de la desmovilización de las autodefensas conformó su propia banda, conocida como “los Paracos de San Cristóbal”, en el corregimiento del mismo nombre.

Allí se dedicó al sicariato, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados, desapariciones y venta ilegal de lotes, entre otros delitos, y sumó a su organización otras bandas más pequeñas de San Cristóbal, Robledo y Aranjuez, como “la Campiña”, “Las Flóres”, “Moravia” y “el Llano”.

Cabecillas de bandas delincuenciales que alegaron pertenecer a pueblos indígenas para pedir cambio de cárcel. Fotos de cortesía.

La última vez que cayó a la cárcel fue el 23 de julio de 2020, cuando la Policía lo capturó en el municipio de Copacabana. Logró un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a seis años por concierto para delinquir agravado.

Lo recluyeron en la cárcel El Pedregal, desde donde comenzó su treta jurídica para salir de la celda.

Presentando documentos de dudosa procedencia, tal cual consta en la sentencia STP6311-2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, trató de hacerse pasar como un indígena de la comunidad Umbra Guaqueramae, ubicada en la zona rural de Quinchía, Risaralda. Y, en consecuencia, pidió que lo trasladaran a un “centro de armonización” en el resguardo de esa etnia, para estar bajo custodia de los indígenas.

Otros cabecillas que pidieron traslados a resguardos indígenas. Cortesía.

PETICIÓN DENEGADA
Aunque nació el 9 de octubre de 1981 en Medellín, su cédula es de Bello y siempre ha delinquido en el Occidente de Medellín, “Toño” se sumó a otros cabecillas que han pagado dinero a comunidades aborígenes para que los incluyan en sus censos. Así lo han hecho, según la Fiscalía, miembros de “Pachelly”, “el Mesa”, el Clan Oriente, “ ” y Clan del Golfo (ver Anexo).

El Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Antioquia negó la solicitud en julio de 2022. “Toño” apeló ante el Tribunal Superior del departamento, que en marzo de 2023 volvió a negarla.

Su defensa elevó un recurso de casación ante la Corte Suprema, alegando que a Pabón le estaban violando su “integridad étnica y cultural“.

El alto tribunal también rechazó la solicitud y conceptuó en su sentencia del pasado 27 de junio: “No se aportó al expediente alguna certificación del resguardo que diera cuenta de la integración de Pabón a la comunidad indígena, la base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas del MinInterior no muestra algún registro en los censos que corresponda al accionante”.

Al mismo tiempo, la Corte señaló que “lo observado podría significar que Pabón pretende instrumentalizar a la jurisdicción indígena, con miras a lograr un traslado del centro de reclusión en el que se encuentra (…). Acceder a su pretensión permitiría que fenómenos de criminalidad organizada permeen ese ámbito sociocultural (…) y se transformaría en burla a la justicia”.

Y, a modo de conclusión, recalcó que no se pueden avalar “deleznables fenómenos de ‘camuflaje’, a los que recurren criminales de alto impacto para evadir castigos proporcionales a sus actos”.

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ANEXO: JEFES DE BANDAS QUE DICEN SER INDÍGENAS
Además de “Toño”, estos son otros miembros de bandas que alegaron ser indígenas para pedir traslado de cárcel a un resguardo, desde el 2020 a la fecha:
- De “Pachelly”, en 2022 Albert Henao (“Alber”) pidió traslado al resguardo Umbra Guaqueramae, en Risaralda, y se lo negaron.
- De “los Triana”, en 2023 Maximiliano Gil (“Tombito”) pidió traslado al resguardo Kwe Sx Yu Kiwe, en Valle, petición que está en curso.
- De “el Mesa” hubo tres solicitudes: Jhonathan Castrillón (“Pirry”), Róbinson Tobón (“el Perro”) y Néstor Rodríguez (“Peluche”). Pidieron ser llevados a resguardos de Valle, Risaralda y Caquetá, y aún están en trámites.
- Del Clan Oriente, Hugo Gómez (“don Hugo”) pidió traslado en 2022 al resguardo Ismuina, en Solano (Caquetá), y un juez se lo concedió en diciembre.
- Del Clan del Golfo pidieron traslados en 2022 Ángel Jiménez (“Indio”) y Antonio Trejos (“Maxi”), y un juez se los concedió, para el resguardo Zenú del Alto San Jorge (Córdoba).

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El Inspector.

En un evento realizado en la mañana de este viernes, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, las partes oficializaron el inicio de la fase pública de las conversaciones, luego de 10 meses de acercamientos exploratorios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son algunos de los jefes de las bandas que asistieron al evento, de izquierda a derecha: alias “Pocho”, “Vallejo”, “Iván el Barbado”, “Carlos Pesebre”, “Grande Pa” y “Tom”. Foto de Manuel Saldarriaga.

El anuncio se realizó en una placa polideportiva ubicada junto a la entrada del penal, con asistencia de representantes de la Iglesia, la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría, la OEA, Fuerza Pública, ONGs carcelarias y de DD.HH., organizaciones de víctimas y medios de comunicación.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció a los integrantes de la delegación gubernamental (ver el anexo) y señaló que en la primera fase de los acercamientos siempre hubo testigos, tanto de la iglesia como de la comunidad internacional.

“Esos meses de acercamientos no eran clandestinos, sino de reconocernos y generar confianza. Algunos de ellos (refiriéndose a los cabecillas) fueron víctimas de montajes judiciales, ¿cómo no iban a tener desconfianza de acercarse al Gobierno?”, expresó.

El comisionado reconoció que este proceso contempla varios riesgos, entre ellos el hecho de que aún no existe un marco jurídico específico para aplicarles a los futuros desmovilizados de las bandas.

La llamada Ley de Sometimiento, que reglamentaría la reinserción de estos grupos, fue presentada la semana pasada al Congreso y todavía no comienzan los debates de su articulado.

“Podríamos sentarnos a esperar a que al Gobierno le aprueben ese proyecto de ley, pero el clamor de la gente de Medellín y del Valle de Aburrá es que se pare la violencia. Y ese clamor no está supeditado a tener ese marco jurídico, necesitamos avanzar, tenemos que responderle al pueblo hastiado de violencia”, dijo Rueda.

Y recalcó que hasta ahora las actuaciones han estado fundamentadas en el artículo 22 de la Constitución Política, que reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

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Carlos Correa, alias “don Pepe” (izquierda), cabecilla de la banda “la Unión”, de Itagüí, será uno de los voceros de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

PROTOCOLOS EN ESTUDIO
Asu turno, el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, quien fungirá como coordinador de la delegación del Gobierno, manifestó que todavía no están definidos los protocolos que regirán las conversaciones ni los mecanismos de resolución de conflictos, puesto que estos serán acordados en conjunto durante el diálogo.

Por ahora hay un borrador elaborado por la Oficina del Alto Comisionado (Oacp), el cual está en proceso de revisión por las partes.

Los representantes tendrán conversaciones quincenales, como mínimo, en la cárcel de Itagüí, adonde fueron trasladados hace meses los representantes de las bandas que estaban en otras penitenciarías.

Los voceros de los combos tendrán acceso a dos computadores donados por la Mapp OEA y a teléfonos celulares monitoreados por las autoridades, para que puedan desarrollar su gestión de forma más eficaz.

“Ninguno tuvo reparos cuando les dijimos que esos celulares podían interceptarse”, acotó Rueda.

De izquierda a derecha: alias “el Saya”, de la banda “la Terraza”; “el Ronco”, de “la Unión”; y “Carlos Pesebre”, de “los Pesebreros”. Foto de Manuel Saldarriaga.

LA VOZ DE LAS BANDAS
Al evento asistieron 18 jefes encarcelados del crimen organizado del Valle de Aburrá, vistiendo camisetas blancas y representando a las principales confederaciones ilegales que agrupan a, por lo menos, 200 combos de barrio.

Allí estaban presentes cabecillas condenados de “la Oficina”, “los Chatas”, “el Mesa”, “Pachelly”, “Caicedo”, “la Terraza”, “Niquía Camacol”, “los Pesebreros”, “Altos de Aranjuez”, “la Unión”, “la Silla” y “la Agonía”.

De ellos, siete fueron seleccionados como voceros principales y otros diez como suplentes (ver los anexos).

El vocero suplente Sebastián Murillo (“Lindolfo”) leyó un comunicado a nombre de todos, expresando su compromiso por el proyecto de la paz urbana y haciendo un llamado a la comunidad y al sector productivo para que también se involucren en el proceso.

“La historia de la violencia tiene otra versión que no ha sido escuchada: la de los muchachos de los barrios que hicieron y sufrieron la guerra”, relató el representante.

Añadió que “nosotros hemos sido fuente de empleo de muchos jóvenes y familias que no han tenido oportunidades por parte del Estado (…). La sociedad debe preguntarse sobre las razones de nuestra existencia”.

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Sebastián Murillo, alias “Lindolfo” (centro de la foto), leyó el comunicado de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

ANEXO 1: LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El coordinador de la delegación del Gobierno Nacional será Jorge Mejía Martínez, exconcejal, exsecretario de Gobierno de Antioquia y de Medellín. En el equipo estará la senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico y defensora de DD.HH. en Antioquia, es especial con el movimiento Ríos Vivos. También participará la arquitecta Lucía Victoria González, excomisionada de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. El grupo lo cierra María Gisela Quintero, lideresa social y víctima de la violencia. La delegación tendrá además tres asesores: Fernando Quijano, Joan Édison Giraldo y Mijael Lancher.

ANEXO 2: VOCEROS DE LAS BANDAS

Voceros principales:
1). Jorge Vallejo Alarcón (alias “Vallejo”) será el secretario de la mesa por parte de las bandas. Miembro de “la Oficina” y “el Mesa”.
2). Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), jefe de “los Chatas”.
3). Gustavo Pérez o Rodrigo Rodríguez (tiene dos identidades), alias “el Montañero”, de “el Mesa”.
4). Camilo Rendón Castro (“el Saya”), de “la Terraza”.
5). Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”.
6). Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.
7). Mauricio Morales Múnera, abogado de bandas de Bello, procesado por sobornar a un funcionario de la Fiscalía.
Voceros suplentes:
8). Óscar Salazar Gutiérrez (“el Compa”), mano derecha de alias “Douglas”, uno de los jefes de “la Oficina”.
9). Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”), de “Niquía”.
10). Iván Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), narco al servicio de “la Oficina”.
11). Elder Zapata Rivera (“Gran Pa”), de la banda “Altos de Aranjuez”.
12). Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de la banda “Caicedo”.
13). Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de “Pachelly”.
14). Jhon Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”.
15). Carlos Correa López (“don Pepe”), de “la Unión”.
16). Jesús Hernández (“Chaparro”), de “Caicedo”.
17). Andrés o Edilberto Oliveros (dos identidades), alias “Mundo Malo”, de “la Silla”.

Aunque no fueron incluidos entre los voceros, en la mesa de las bandas hubo otro par de cabecillas: Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”), de la banda “la Unión”; y Paulo Andrés Gómez Torres (“Pocho”), de “la Agonía”. Ambos grupos ilegales también se comprometieron con el proyecto de “paz total”.

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El Inspector.

Así lo informó el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual estuvieron dos de las personas seleccionadas para integrar dicha comisión: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y activista ambiental; y Jorge Mejía Martínez, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el centro. A los lados, los futuros miembros de la delegación del Gobierno para la paz urbana en Medellín, Isabel Zuleta y Jorge Mejía Martínez. Foto de Jaime Pérez.

Este diario conoció además que al equipo se unirá Lucía González, exintegrante de la Comisión de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. También habrá un representante de la Iglesia Católica y uno de los partidos políticos de oposición, entre otros participantes y testigos.

“Vamos a iniciar la segunda fase: la del escenario de conversaciones sociojurídicas. Ahí empieza una fase que podemos decir pública. Habrá una comisión delegada por el Presidente para mantener la interlocución, que se instalaría la semana entrante”, indicó Rueda.

Según el comisionado, en este momento hay certeza de la voluntad de paz del 90% de las bandas del Valle de Aburrá, y espera que pronto se anexen las que faltan. Desde su perspectiva, si se alcanza un acuerdo con todas, se lograría la reinserción de por lo menos 12.000 a 14.000 personas.

Rueda no mencionó concretamente cuáles son los grupos con los que iniciarán las conversaciones, aunque adujo que son estructuras de gran tamaño y confederadas, que articulan a decenas de combos más pequeños.

De forma extraoficial, se sabe que entre ellas están “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión” y “Doce de Octubre”.

Entre las indecisas están “los Triana”, aunque Rueda precisó que también tienen voluntad de sumarse al proceso, y espera que se concrete en los próximos días.

“Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad y por información de pobladores de las comunas, que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para la paz total”, dijo.

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TREGUA ENTRE BANDAS
Los grupos que participarán en esta etapa pública de las conversaciones expidieron un comunicado el 28 de abril de 2023, en el que manifestaron su apoyo al proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro. El texto fue leído en la entrada de la prisión de Itagüí por Daniel Millares, representante de la Mapp-OEA.

“Como un aporte de nuestra parte, los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá, en condición de reclusión en la cárcel La Paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades”, señalaron, poniendo por escrito algo que en la práctica ya se venía dando en la calle desde 2020.

Añadieron que tienen “disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína”, alegando que “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.

Y prometieron colaborar con la reducción de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores.

Aunque el documento no aparece firmado por nadie en particular, en su redacción y aprobación participaron 16 cabecillas, la mayoría trasladados a Itagüí desde otras prisiones, por gestión de la Oficina del Alto Comisionado.

La lista incluye a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Albert Henao Acevedo (“Alber”) y Carlos Correa López (“don Pepe”), entre otros. Desde otras cárceles colaboraron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”).

Las demás estructuras y líderes involucrados se conocerán apenas se instalen las conversaciones formalmente.

La cárcel de Itagüí será entonces el eje de un plan piloto de paz urbana en Colombia. El Gobierno ya había comenzado en diciembre otro acercamiento de este tipo en Buenaventura, con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los avances han sido tímidos en esa región.

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El comunicado de las bandas del Valle de Aburrá. Cortesía.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si bien las bandas al parecer no están de acuerdo con la ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso, aceptaron avanzar en los acercamientos porque, según Rueda, “están cansados de la guerra y viven en la zozobra”.

El comisionado insistió en que no será una negociación de paz, como la que ya está en curso con la guerrilla del ELN, sino un diálogo para buscar “acuerdos sociojurídicos”.

Lo jurídico se refiere a la exploración de opciones legales para facilitar el desmantelamiento de las bandas. La senadora Isabel Zuleta aclaró que, por el momento, el marco normativo es el del Código Penal y la ley de sometimiento; cualquier cambio futuro tendrá que pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Y lo social implica revisar las características de vida de los integrantes de esos grupos, que incluyen las condiciones para su eventual reinserción, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.

El plan del Gobierno es ir más allá de un desarme, “que poco han servido en el pasado”, según Rueda, y lograr un verdadero impacto en los barrios: “Que se acabe la gobernanza criminal y se instaure el estado de derecho en las comunas de Medellín”.

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ANEXO: ¿LAS BANDAS SI TIENEN 14.000 MIEMBROS?
En las agencias de seguridad causó extrañeza la cifra de posibles reinsertados de las bandas que dejaría la paz urbana en Medellín, anunciada por el comisionado Danilo Rueda: 14.000. En las cuentas de la Policía, los miembros de las 94 bandas priorizadas no superan los 1.200 integrantes, y si se tienen en cuenta las 350 existentes en el Valle de Aburrá (contando los combos más pequeños), no sobrepasan los 5.000.
¿Entonces de dónde saldría tanta gente? Medellín ya tiene un antecedente: la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2003, cuando se “reinsertaron” cientos de delincuentes comunes que nada tenían que ver con el conflicto.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo?

El Inspector.

Brujería, santería, satanismo, esoterismo y tarotismo conforman el equipaje de muchos de los narcos conocidos, junto a los kilos de coca y el arsenal bélico.

Este informe periodístico, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, recoge algunos de los casos más sonados, que involucran a peces gordos de la mafia con prácticas mágicas.

En 2016 la Policía allanó una casa que funcionaba como plaza de vicio en Barrio Antioquia, suroccidente de Medellín. Encontraron un altar de santería con ramas, velas y calaveras. Foto cortesía de la Policía.

Alias “Matamba”, “Gavilán”, “Mocho Vives”, “Morro” y “Pijarvey” ocuparon múltiples titulares de prensa, no solo cuando cayeron en operativos policiales, sino cuando los investigadores revelaron los extraños rituales que hacían. Estos se pueden clasificar de tres maneras:

1). El uso de talismanes mágicos para protegerse de los enemigos. Esto incluye collares, cadenas, brazaletes, tatuajes y medallones.

2). Conjuros para agredir a los rivales y la Fuerza Pública, entre los que se incluye el uso de muñecos de vudú, tierra de cementerio, fotos maldecidas y prendas del oponente.

3). Ritos para “cerrarse” el cuerpo y hacerlo impenetrable contra toda clase de armas.

A pesar de eso, estos personajes suelen terminar encarcelados o muertos, por lo que los investigadores creen que, en el fondo, son embaucados por los hechiceros.

A continuación, algunos ejemplos:

Las garras embrujadas de “Gavilán”
Roberto Vargas Gutiérrez (“Gavilán”), fue paramilitar y subcomandante del cartel Clan del Golfo. Según desertores del grupo, ordenó amputarle las garras a un gavilán, las mandó a disecar y con ellas se fabricó un collar, el cual fue rezado por una bruja. Lo usaba como talismán, para protegerse de los enemigos, pero lo perdió escapando de un operativo en la ciénaga de Tumaradó el 11 de agosto de 2017. Sin esa protección, fue dado de baja por la Fuerza Pública el 31 de agosto siguiente, en Urabá.

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La cabeza reducida de “Mocho Vives”
Norvey Palacio Hernández (“Mocho Vives”), cabecilla de la banda “la Terraza”, fue capturado en octubre de 2020 en Medellín. Recurría a prácticas de santería para protegerse de los rivales y blindar sus operaciones. Los investigadores que allanaron uno de sus escondites en el barrio Manrique, encontraron un altar hecho con una bandeja de frutas, sal, dulces, arroz, un velón y “una cabeza reducida”: un pedazo de árbol al cual le tallan la forma de un rostro humano, para usarlo en ritos de santería.

Este fue el altar de santería que encontraron los investigadores en el allanamiento a la casa de Manrique. Foto de cortesía.

El blindaje mágico de alias “Morro”
Jorge Pérez Marín (“Morro”) era cabecilla de “la Oficina”. Se decía que estaba “cerrado”, refiriéndose a un conjuro que le blinda el cuerpo ante toda clase de ataques. Esta práctica se basa en el mito griego de Aquiles, el guerrero invulnerable, salvo por un punto débil en su talón. En el caso de “Morro”, ese punto estaba justo en la coronilla. Cuando lo mataron en 2012, los sicarios lo arrodillaron, le acercaron la pistola a la coronilla y le dispararon justo ahí para “desbloquearle” el hechizo. Luego lo remataron.

El gato de la suerte de “Pijarvey”
Martín Farfán Díaz (“Pijarvey”), líder de la banda “Libertadores del Vichada”, murió en un operativo policial en 2015. Recibía el consejo frecuente de pitonisas chocoanas, quienes le recomendaron usar el “talismán del gato negro”. Se trataba de un tatuaje, que exhibía en uno de los brazos, al cual le atribuían poderes mágicos. Según las brujas, “Pijarvey” debía mirarlo fijamente durante tres minutos, y luego cerrar los ojos. Así, tendría una visión que le traería suerte.

La adicción de “Matamba” por una bruja

Juan Castro Estupiñán (“Matamba”), líder de la banda “Cordillera Sur”, era adicto a los consejos de una bruja del Pacífico. Se sentía seguro cuando ella le recetaba pócimas para ser exitoso en los negocios, el amor y la salud. Era tal su dependencia por esos remedios que en mayo de 2022, cuando la persecución en su contra era más fuerte por su fuga de la cárcel, se arriesgó a contactarla en Venezuela, exponiendo su propia ubicación. La Policía lo localizó por eso en Santander y lo dio de baja.

Y ustedes, ¿conocen algún otro caso en el que los delincuentes se escuden en la brujería para actuar?

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El Inspector.

La situación, que se venía rumorando en las últimas semanas en el bajo mundo del Valle de Aburrá, fue denunciada en redes sociales por el exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los cabecillas de tres bandas de Bello buscan traslados desde las cárceles a los resguardos indígenas. Foto ilustrativa de Manuel Saldarriaga.

“Primero pasan papeles diciendo que son miembros de una comunidad indígena, de la cual evidentemente nunca han hecho parte, y lo logran. Segundo, le solicitan a los jueces de Ejecución de Penas que, como son indígenas, que los pasen de las cárceles a un resguardo. Y tercero, los jueces como que comen cuento, y les ayudan”, explicó el politólogo y magíster en Estudios Humanísticos, exponiendo documentos judiciales como evidencia.

Según su denuncia, hasta el momento se han detectado cinco delincuentes involucrados en esta clase de trámites. De la banda “el Mesa” figuran, presuntamente, Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), Róbinson Abraham Tobón Duque (“el Perro”) y Néstor Estivell Rodríguez (“Peluche”).

Por parte de la organización criminal “Pachelly” aparece Albert Henao Acevedo (“Alber”); y, por “los Triana”, Maximiliano Gil Durango (“Tombito”).

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Todos ellos fueron capturados entre 2020 y 2022, por su liderazgo en estos grupos dedicados al sicariato, el narcotráfico, la extorsión, desplazamientos forzados y tráfico de armas, entre otros delitos.

Extracto de los registros judiciales, con la petición de alias “Alber”, de la banda “Pachelly”. Cortesía.

El Colombiano conoció algunos de los documentos en los que constan sus peticiones a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas, responsables del seguimiento a sus sentencias. Detrás del papeleo, lo que buscan al parecer es que los remitan a lugares con condiciones mínimas de vigilancia.

En cuanto a “Alber”, uno de los principales líderes de “Pachelly”, en los registros de la Rama Judicial quedó documentada a principios de 2022 su solicitud de traslado desde la cárcel de Cómbita (Boyacá) al resguardo indígena Umbra Guaqueramae, ubicado en Quinchía, Risaralda. De momento no le han concedido la petición.

Extracto del registro de la rama judicial, en el que consta la petición de alias “Tombito”, de “los Triana”. Cortesía.

Alias “Pirry” también pidió que lo condujeran a este sitio, en la zona rural del Eje Cafetero, según Tobón. Y “Peluche” elevó su solicitud para que lo movieran al resguardo El Águila del pueblo misak, en Belén de los Andaquíes, Caquetá.

“Tombito” radicó su solicitud el 2 de enero de 2023, pidiendo traslado desde la prisión municipal de Rionegro, Antioquia, al resguardo Kwe Sx Yu Kiwe, localizado en Florida, Valle del Cauca. Hacia este mismo lugar también pidió el traslado alias “el Perro”.

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El Inspector.

La causa de la zozobra, que provocó esta congregación en la noche del pasado lunes 13 de diciembre, es una pugna interna en la banda delincuencial “los Violeteros” o “las Violetas”, que controla el bajo mundo de este popular vecindario de la parte alta de Belén, en el suroccidente de Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cerca de 60 personas participaron en la oración, en un sector de Las Violetas afectado por la inseguridad. Foto de Carlos Velásquez.

Para comprender la situación actual hay que partir de un antecedente de octubre de 2019, cuando en una hostería del municipio antioqueño de San Jerónimo fue capturado el jefe de la organización, Marlon Cardona Salazar, alias “Marlon”. Un juez le dictó medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado y lo envió a la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

En su ausencia, el grupo quedó al mando de dos cabecillas: “Tulio” y “Almadana”, los cuales con el tiempo tuvieron desacuerdos por el manejo de los negocios ilícitos.

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“Los Violeteros”, según las investigaciones de la Fiscalía, se dedican al tráfico de narcóticos, el sicariato, las extorsiones, el control social y el monopolio de la venta de algunos productos de la canasta familiar, como huevos y arepas.

Su base de operaciones es Las Violetas, pero de allí extienden su influencia a barrios vecinos como Las Mercedes y Miravalle, y al sector El Hueco de San Pablo, en la frontera con la vereda Aguasfrías.

Sus principales rentas provienen de las plazas de vicio y las extorsiones a los propietarios de ladrilleras y de buses de servicio público.

De acuerdo con información de Inteligencia y fuentes de la zona, las diferencias entre “Tulio” y “Almadana” iniciaron durante la pandemia, por el monopolio de la venta de arepas y huevos. El primero, al parecer, quería imponerles a las tiendas de la jurisdicción los productos distribuidos por una microempresa familiar, situación que no compartía el segundo; luego, estas discrepancias se trasladaron a los precios que debían cobrarse en las extorsiones.

En diciembre de este año se agudizaron esos problemas, cuando algunos miembros de la banda cercanos a “Tulio” empezaron a exigir una cuota a los comerciantes para costear las novenas, las parrandas de Navidad y Año Nuevo, y enviarles dinero a los otros integrantes del grupo que están encarcelados.

El cobro, en algunos casos de $100.000, provocó quejas de los residentes e incrementó las discusiones entre los dos cabecillas, porque eso podría atraer la atención de la Policía.

AJUSTE DE CUENTAS
La gota que rebosó el vaso fue un incidente ocurrido en la noche del sábado 4 de diciembre, cuando se celebraba una fiesta en la entrada de una casa, a un costado del colegio República de Venezuela.

Un allegado de “Tulio”, borracho, les dijo a los presentes que no tenían autorización para hacer la rumba e hizo varios disparos. Un proyectil hirió en la pierna a un asistente, según testigos.

La presión estalló dentro de “los Violeteros” y comenzaron las retaliaciones entre sus propios miembros. A las 4:45 p.m. del jueves 9 de diciembre acribillaron a “la Chinga”, en la calle 30A con la carrera 89EA. Los vecinos lo encontraron gravemente herido en un baño y trataron de socorrerlo, pero falleció.

Doce horas después, a las 4:00 de la madrugada del 10 de diciembre, en la entrada de una casa de la carrera 89E con la calle 30C mataron a “el Mono”, con un tiro de fusil en el pecho.

El clima de violencia puso en alerta roja a los delincuentes, que a las 8:30 p.m. de ese mismo viernes protagonizaron una balacera junto a una plaza de vicio del sector La Pradera, tal cual quedó registrado en varios videos grabados por la comunidad.

Cuando llegó la Policía a conjurar el peligro, se produjo una persecución por varios callejones, por los que se propagaron los disparos. Un patrullero quedó herido y dos sospechosos fueron detenidos.

Después de eso, los habitantes han denunciado tiroteos en las madrugadas, que se confunden con la quema de pólvora en las laderas del suroccidente de Medellín.

La conflagración generó que varios habitantes comenzaran a encerrarse más temprano, por miedo a ser víctimas de una bala perdida, y opacó el clima festivo propio de diciembre.

“En el barrio estamos haciendo un concurso de pesebres por cuadras, y queremos hacer las novenas en la calle, pero a muchos ya les da un poquito de susto salir a mirarlos”, contó una residente.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, confirmó la hipótesis del conflicto: “Tenemos allá una situación con un grupo delincuencial, cuyos miembros pretenden enfrentarse internamente por el control territorial. Como consecuencia de eso, han asesinado a dos personas, pero allá también hemos dado resultados importantes, capturamos a varias personas e incautamos seis armas de fuego”, declaró.

El oficial agregó que “vamos a seguir interviniendo allí de manera contundente. No permitiremos que estos delincuentes vengan a generarnos violencia”.

Durante la oración colectiva del lunes, en las esquinas corrió el rumor de que “los Violeteros” estaban reunidos para pactar una tregua. “Ojalá sea así -expresó un vecino-, porque por aquí las navidades siempre han sido muy alegres”.

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El Inspector.

Este año se han cometido 22.442 hurtos en la ciudad (con corte a septiembre 24), sumando los robos a personas, motos, carros, residencias y al comercio, según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía.

Esto implica que hay 83 casos diarios y 3.5 por hora, en promedio, sin contar el enorme subregistro de víctimas que no denuncian por pereza, miedo o desconfianza en el sistema judicial.

Este es el análisis elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los atracos siguen siendo un dolor de cabeza para la seguridad ciudadana de Medellín y Colombia. Foto ilustración de Colprensa.

El hurto a personas representa el 69% de todos los hechos, con 15.415 denuncias, 26% más que en el mismo periodo de 2020 (cuando inició la pandemia), y 18% menos que en 2019, para compararlo con un año convencional.

A diario se publican en redes sociales y medios de comunicación atracos en restaurantes, centros comerciales, vías y lugares turísticos, lo cual incrementó la percepción de inseguridad de los ciudadanos, tal cual ha venido registrando El Colombiano.

Las autoridades locales y la Policía crearon estrategias de choque para mitigar el problema, como el Grupo de Reacción Antifleteo y el Plan Cazadores (con agentes encubiertos en restaurantes); en Itagüí se prohibieron los pasajeros de moto hasta marzo de 2022.

La situación no pasa desapercibida para los analistas de seguridad e investigadores judiciales, varios de los cuales conversaron con este diario.

HEGEMONÍAS CRIMINALES
Como antecedentes, hay que reseñar que entre 1983 y 1993 hubo una hegemonía criminal del cartel de Medellín y su líder Pablo Escobar, en la que la mayoría de bandas se alinearon a sus directrices. El patrocinio del narcotráfico llenó las arcas de estos grupos, que a punta de sicariato, plazas de vicio y secuestros colmaron las rentas ilícitas que antes lograban robando.

Tras el desmantelamiento del cartel, se disparó la delincuencia común. Las bandas que otrora recibían patrocinio de narcos, tuvieron que buscar su propio sustento y aumentó el hurto, especialmente de vehículos y autopartes.

Como respuesta a ese fenómeno, en 1994 el crimen organizado, de la mano de algunos empresarios afectados, creó el grupo Muerte a Jaladores de Carros (Majaca), al cual se le atribuyeron 50 homicidios en sus primeros siete meses de operaciones, la mayoría contra supuestos reducidores y ladrones de autopartes.

En ese tiempo se consolidó el reinado ilegal de Diego Murillo (“don Berna”), quien con el bloque paramilitar Cacique Nutibara, “la Terraza” y “la Oficina” gobernó el bajo mundo, hasta su extradición en 2008. Durante ese periodo se redujeron los indicadores de inseguridad, en lo que fue conocido como la “donbernabilidad”.

Quien robaba sin permiso, o la comunidad lo señalaba de ser ladrón, era erradicado por la llamada “limpieza social”, que aún hoy se practica, pero en algunos sitios puntuales, con alto arraigo de la criminalidad entre la gente.

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Después de “Berna”, la mafia se atomizó, debido a disputas internas y operaciones estructurales de la Fuerza Pública. “De capos con influencia en todo el Valle de Aburrá, la criminalidad mutó a cabecillas con un control focalizado en ciertas comunas y menor capacidad financiera, lo que impulsó a las bandas a buscar más ingresos con los hurtos”, señaló uno de los investigadores consultados.

“El descontrol en el crimen organizado favorece el auge de los fenómenos de delincuencia común. En medio del despelote de los grandes grupos ilegales, los chiquitos se agrandan”, añadió otro.

ZONAS DE “DESPENSA”
Claudia Carrasquilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía, opinó que “hay un fenómeno nacional, no solo en el Valle de Aburrá, en el que se incrementó la dinámica del hurto. Las bandas más grandes ya tienen repartido el mercado de la droga y de la extorsión, y de eso viven, pero no hay nadie que regule el de los robos”.

Otra hipótesis es que las cuarentenas por covid-19 perjudicaron las finanzas del crimen organizado, al restringir las interacciones sociales, por lo que el hurto pasó de ser una actividad menor, a una fuente de ingreso más necesaria.

“A esto se suma la pobreza resultante de la pandemia, y la migración venezolana, que impactaron los fenómenos de delincuencia común”, expresó uno de los agentes.

Un aspecto a considerar es que, para el caso de Medellín, la mayoría de robos se concentra en comunas “despensa”, es decir, en las que todos acuden a hurtar, pero ninguno de los 350 grupos criminales las “domina”. En La Candelaria van 4.279 casos, 1.987 en El Poblado y 1.620 en Laureles.

Otros puntos críticos son el barrio Las Cabañas, en Bello, y las inmediaciones de los parques principales de Sabaneta, Envigado e Itagüí.

Lo que sucede con los hurtos no implica que el crimen organizado haya perdido por completo su control social, pues para los analistas es claro que sigue teniendo una incidencia determinante en el índice de homicidios. Hoy en día no hay conflictos activos entre combos del Aburrá, lo que históricamente ha sido el principal motivo de los asesinatos en la subregión.

“En ocasiones, la necesidad de mantener algún tipo de influencia sobre los integrantes de las estructuras y la falta de recursos, origina ciertas libertades, como permitir que sus integrantes devenguen ingresos de los robos”, comentó Boris Castaño, analista de seguridad de la corporación Innova Idea Estrategia (I2E).

Añadió que cuando el crimen organizado está en época de confrontación con otros, aumenta desmesuradamente su número de integrantes (más sicarios, vigilantes e informantes), pero en tiempos de paz, “estas facciones se reducen a su estructura básica, y los demás contratistas rasos quedan a la deriva, como trabajadores informales, que suelen volcarse al hurto”.

Estas “ruedas sueltas” tiene prohibido robar en los vecindarios controlados por las bandas, pero en los que no, encuentran un camino despejado para atracar sin rendirle cuentas a nadie.

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El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue realizado el pasado 10 de agosto, por parte de la Fiscalía y agentes del Grupo de Administración Pública de la Dijín de la Policía, que viajaron desde Bogotá. Los detenidos son el funcionario Gustavo Amet Restrepo Ortiz, quien fungía como asistente de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada en la capital antioqueña; y el abogado litigante Mauricio de Jesús Morales Múnera.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada tiene sus despachos en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto de Archivo.

De acuerdo con la investigación preliminar, en su calidad de asistente, Restrepo tenía acceso a información sobre las órdenes de captura que expedían los despachos de la Dirección, en particular aquellas dirigidas a los cabecillas e integrantes de las bandas “el Mesa”, “Niquía Camacol” y “Pachelly”.

En las audiencias de control de garantías, que se desarrollan de manera virtual en este momento, el ente acusador ha revelado interceptaciones telefónicas en las cuales, supuestamente, el funcionario le advertía al abogado cuando se solicitaban dichas órdenes.

En tales conversaciones, se oyen frases atribuidas por la Fiscalía a Restrepo, en las que al parecer habría dicho: “Yo las voy dilatando”, refiriéndose a las órdenes de detención.

En otra de las llamadas en poder de las autoridades, el indiciado le habría advertido al penalista que las autoridades estaban preparando el arresto de unos delincuentes: “Para que usted les avise, para que les diga que les van a caer en Pascua, después de Semana Santa. Eso ya está listo. Ya las sacaron (las órdenes) del horno hoy”.

Así fueron reseñados por la Policía los dos capturados. El proceso está pendiente de la etapa de acusación. Foto cortesía de la Policía.

El abogado Morales había sido defensor de algunos integrantes de organizaciones ilegales de Bello. Uno de ellos fue Édgar Pérez Hernández, alias “el Oso”, jefe de la banda “Niquía Camacol”, quien murió de un ataque cardiaco el 6 de abril de 2020, en la cárcel Picaleña de Ibagué.

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En las audiencias de control de garantías, los procesados no aceptaron las imputaciones por concierto para delinquir y utilización de asunto sometido a secreto, y se declararon inocentes.

Durante la diligencia, Restrepo renunció a su cargo en la Fiscalía, institución en la cual apenas le faltaba un año para jubilarse. El 17 de agosto, al finalizar las audiencias, el juzgado le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que al abogado lo envió a la cárcel.

El Colombiano buscó una declaración oficial de la Fiscalía sobre el caso, pero la entidad no se ha pronunciado por el momento.

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El Inspector.

En Manrique (comuna 3) el aumento es de 160% en el índice de asesinatos, al pasar de cinco casos en 2020 a 13 en lo que va del presente año (con corte a junio 30), según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía. En Aranjuez (comuna 4) el incremento es del 91%, con 21 casos, mientras que en el mismo lapso de la anterior anualidad iban 11.

Este es el análisis de la situación elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los patrullajes de la Policía en Manrique y Aranjuez no han sido suficientes para mermar el índice de homicidios en 2021. Foto de Manuel Saldarriaga.

Los hechos se dan en el marco de un leve crecimiento de este indicador negativo en la ciudad. En 2020, a esta fecha, ocurrieron 190 muertes violentas, que subieron a 210 este año, es decir, 10.5% más.

El secretario de Seguridad, José Acevedo, comentó que era de esperarse un incremento de este tipo, teniendo en cuenta que en 2020 se dieron los confinamientos más severos de la pandemia, mientras que ahora la ciudadanía está retomando su cotidianidad.

Sin embargo, que esta situación se presente en Aranjuez y Manrique es sorpresiva, porque en estas dos comunas hay una hegemonía ilegal de la banda “la Terraza”, que desde hace cuatro décadas ha impuesto una suerte de gobernanza criminal. Esto incluye la regulación de los homicidios, con el propósito de no atraer la atención de las autoridades. ¿Qué está pasando ahora?

GOBERNANZA CRIMINAL
“La Terraza” se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsiones, desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros, lavado de activos, pagadiario y cobro de deudas mafiosas, entre otros delitos. La primera generación se formó en Manrique en los 80, y bajo la comandancia de la banda “los Priscos” (de Aranjuez) hizo parte de la coalición del cartel de Medellín.

En 1993, con la desintegración del cartel y de “los Priscos”, se convirtió en la estructura más poderosa de Manrique y Aranjuez, al servicio del capo paramilitar Diego Murillo (“don Berna”) y como mercenaria de las Autodefensas.

En 1999 la ambición por escalar en el mundo del narcotráfico la llevó a una guerra interna con las huestes de “don Berna”, de la cual salió derrotada en 2002. Su cúpula fue aniquilada, dando origen a una segunda generación de cabecillas, asociados a “la Oficina”, la confederación mafiosa que agrupa hoy a la mayoría de combos del Valle de Aburrá.

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“La Terraza” tiene redes clandestinas en Villa Hermosa, La Candelaria y Castilla, pero su base de operaciones sigue estando en Manrique y Aranjuez. En total, hay 65 combos a su servicio (sin contar los de fuera de Medellín).

En la última década el índice de homicidios de estas dos comunas venía por debajo del promedio de la ciudad, pues la organización mantenía bajo control los conflictos entre combos, lo que no ocurría en otros sitios como Altavista, San Javier, Robledo o Bello.

Los académicos llaman a esa conducta “gobernanza criminal”. El estudio titulado “La ley de las bandas: entendiendo y contrarrestando la gobernanza criminal” (Gang rule: understanding and countering criminal governance), publicado en febrero de 2021 por las universidades de Chicago y Eafit, toca ese aspecto.

Chris Blattman, uno de los investigadores, le contó a El Colombiano el 22 de febrero que hay tres razones por las que las bandas hacen ese control social y delictivo: “Como una línea de negocios (ingresos por multas, por ejemplo); porque les gusta el estatus y respeto que eso genera en algunos barrios; y porque eso los protege de la acción del Estado, ya que promover esa especie de orden evita que la Policía esté yendo al vecindario a arreglar problemas”.

¿DEBILIDAD ESTRUCTURAL?
El aumento de homicidios en su principal área de influencia implicaría que esta gobernanza criminal se ha debilitado. La teoría de Acevedo es que dicha inestabilidad se relaciona con los golpes de la Fuerza Pública. “A ‘la Terraza’ se le han dado golpes duros, eso genera fricciones al interior de la organización, comienzan a culparse entre ellos, y esas culpas las arreglan asesinándose”, dijo.

Entre los operativos más destacados de los últimos tres años están las capturas de cabecillas, como “Keiler”, “Chicho”, “Guasón”, “Tréllez”, “Mocho Vives”, “Gallina” y “Cheto”.

Las detenciones se han extendido a los combos asociados: 19 miembros de “los de la Plaza de Campo Valdés”, 14 de “los Calvos” y siete de “la convivir de San Benito”; este último caso incluyó el embargo de bienes por $10.000 millones, entre ellos 14 taxis.

Claudia Carrasquilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía, expuso que la fragilidad en la línea de mando también se relaciona con la reciente salida de la cárcel de algunos jefes tradicionales de la banda, como “Pichi Gordo”, “Barny”, “Richard” y “Yordi”.

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“De algún modo quieren retomar el control absoluto de las rentas criminales y eso ha generado una confrontación interna”, advirtió la penalista.

En ese escenario murieron socios e integrantes de la coalición de “la Terraza”. El 21 de agosto de 2020 los sicarios mataron al “Negro Andrés” en el barrio Córdoba, y al “Gomelo” en el barrio Aranjuez; y el 4 de enero de 2021 acribillaron a “Hache” en Bello.

Todo indica que en la organización no hay un único jefe que aglutine a los demás, lo que se está traduciendo en la aparición de contrapoderes al interior de la jerarquía.

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ASESINO EN SERIE
Acevedo señaló que hubo hechos de intolerancia que aportaron a la estadística negativa. De los 13 crímenes cometidos en Manrique, ocho fueron con arma cortopunzante y objeto contundente; y en Aranjuez, de esa misma manera mataron a 13 de las 21 víctimas.

Las autoridades no asocian esas modalidades con el sicariato, sino con riñas y delincuencia común, lo que implicaría que “la Terraza” ya no tiene control de esas dinámicas mediante intimidación y vigilancia ilegal, o que simplemente ya no le interesan.

En este punto resalta la macabra historia de un presunto asesino en serie, quien habría matado a cuatro personas en 10 días, tres de ellas en la comuna 4. Se trata de Johany Acuña Hernández, un habitante de calle, que según la Fiscalía atacaba a otros mendigos cuando dormían en las aceras, aplastándoles la cabeza con algún objeto pesado.

Natalia Rendón, directora de Fiscalías de Medellín, narró que la primera víctima fue César Tobón Álvarez, a quien le descargaron un bloque de cemento en el rostro, el pasado 15 de abril, cuando pernoctaba en una calle del barrio Sevilla.

El 19 de abril mataron con un ladrillo a Luis Miguel Osuna, en el barrio San Pedro; y el 24 de abril, en El Chagualo, con una roca le quitaron la vida a Sandro Echavarría Gallego. Al día siguiente, cerca del cementerio de San Pedro, otra piedra fue usada para asesinar a Jhon González Calle y dejar herido a otro mendigo NN que estaba con él.

Sobre la problemática en Manrique y Aranjuez, el secretario de Seguridad manifestó que “la institucionalidad está haciendo un esfuerzo puntual, las investigaciones prosiguen y hay unos hechos que han ocurrido últimamente por los que habrá más capturas”.

Según las autoridades, de los crímenes perpetrados en Manrique en 2021 se han esclarecido ocho, y cinco de los acaecidos en Aranjuez, incluyendo la captura de Acuña por la sistemática muerte de los habitantes de calle.

NOTA RELACIONADA: Castilla perdió el año en homicidios.

El Inspector.

Se trata de Jorge Oswaldo Zapata Berrío, alias “Jonás”, quien según las autoridades estaba en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) y obtuvo su libertad condicional el pasado 24 de mayo.

Esta es la reseña del caso publicada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura de Jorge Zapata Berrío (“Jonás”) en 2016. Un juzgado le otorgó la libertad condicional. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre es considerado el jefe militar de “los Chatas”, una organización surgida en el municipio de Bello, que rige los destinos de múltiples bandas de la región por su liderato en la confederación mafiosa “la Oficina”. En su momento, las autoridades lo señalaron de coordinar múltiples homicidios y secuestros, aunque no lo acusaron formalmente por esos cargos.

“Jonás” fue capturado el 2 de marzo de 2016 en un edificio del barrio Conquistadores de Medellín y, tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía, la justicia lo condenó a seis años y medio de prisión por concierto para delinquir, tráfico de armas y de estupefacientes; sin embargo, gracias a los beneficios otorgados por su comportamiento en la cárcel, solo estuvo preso tres años y dos meses.

En libertad, luego de pagar sentencias similares, también están otros dos integrantes de la cúpula de “los Chatas”: Elkin Mesa Vallejo (“Elkin Chata”) y Édison Maya Ríos (“el Gomelo”).

Tanto “Jonás” como “el Gomelo” están incluidos en la Lista Clinton, luego de que el Gobierno de Estados Unidos les aplicara sanciones financieras en 2015. En el mismo listado aparece el máximo líder de la banda, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom” o “Carlos Chata”), quien está en la cárcel La Picota de Bogotá; y Jehová Buriticá Hincapié (“Camilo Chata”), que no ha sido detenido (ver la NOTA RELACIONADA: La banda “los Chatas” fue incluida en la Lista Clinton).

DE NUEVO LIBRES

El caso de “Jonás” se suma al de otros jefes importantes del crimen organizado del Valle de Aburrá, que han vuelto a las calles en los últimos años, después de pagar sus respectivas condenas.

De cárceles de Estados Unidos ya salieron algunos socios y cabecillas de “la Oficina”, como “Rogelio”, “Yiyo”, “Gordo Tavo” y “Percherón”.

De prisiones colombianas, volvieron a la calle “el Cebollero” y “el Ronco”, de la banda “la Unión” (Itagüí); al igual que “Beto” y “el Indio”, de “Trianón” (Envigado y Sabaneta).

La lista de los peces gordos excarcelados continúa con “el Montañero”, de la banda “el Mesa” (Bello); “Chichón”, de “los Mondongueros” (Castilla); “Ronald”, de “la Agonía” (San Javier); “Pocho”, de “Pachelly” (Bello); “Chepe” y “Pablo”, del Clan Osorio (Belén y Barrio Antioquia); “Gordo Ruiz”, de “la Camila” (Bello); “Toño”, de “los Paracos del Llano” (San Cristóbal) y “el Viejo Perdomo” (“la Libertad”). Algunos de ellos figuran en carteles de los más buscados y podrían ser apresados de nuevo.

Algunos no aprovecharon la segunda oportunidad y volvieron a delinquir, cayendo a la cárcel otra vez: “Pichi Belén”, de la banda “San Bernardo” (Belén); “Chicho”, de “la Terraza” (Manrique); “Diego Almuerzo”, de “la Agonía” (San Javier); “Titi”, “Lancha” y “Sólido”, de “Pachelly” (Bello); “Elkin Triana” y “Mario Chiquito”, de “los Triana” (Santa Cruz); y “Popeye”, del extinto cartel de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: Las vueltas de “Popeye” con “la Oficina”).

Dos personajes no contaron con suerte y en su regreso al mundo del hampa, perdieron la vida a manos de sicarios. Luis Fernando Castaño Alzate (“Botija”), financista de “la Oficina”, salió de una cárcel estadounidense en 2016, donde estuvo por narcotráfico, y fue abaleado en una vía de El Poblado, el 22 de enero de 2018.

Y Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), de “Pachelly”, quien había sido capturado en 2013 y condenado por concierto para delinquir, volvió a su barrio Niquía para morir acribillado el pasado 10 de febrero.

La salida de estos jefes de la mafia inquieta a las autoridades del área metropolitana. Fiscales e investigadores judiciales consultados por El Colombiano, quienes pidieron la reserva de identidad por tratarse de procesos en curso, señalaron que para contrarrestar ese fenómeno están implementando un plan de seguimiento especial a blancos estratégicos.

Eso ha permitido imputarles nuevos delitos a peligrosos cabecillas que están próximos a salir de prisión tras purgar sentencias de poca duración. Entre los primeros perjudicados están “Adiel”, “Carlos Pesebre”, “Julián Machete” y “Juancito”, procesados inicialmente por concierto para delinquir, pero después imputados por cargos más severos como homicidio y tortura, situación que prolongará su estancia detrás de los barrotes.

NOTA RELACIONADA: Los cogen por peligrosos, los sueltan por buena conducta.

El Inspector.

El operativo se llevó a cabo a las 8:40 a.m. de este martes 7 de mayo, por parte de uniformados de la Dijín que trabajan de la mano con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), conformando un equipo que en el argot de las autoridades se denomina Special Investigation Unit (Unidad Especial de Investigación DEA-Dijín).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

John Eduard Barbosa (“Barbosa”), al momento de ser conducido a la sede de la Sijín en Medellín, donde antes laboró como policia. Cortesía de la Dijín.

De acuerdo con la información preliminar del caso, el expolicía John Eduard Barbosa Muñoz, de 47 años, estaba recién llegado de España, país en el que vivió un tiempo, luego de sufrir un atentado sicarial en la localidad de Copacabana a principios del año pasado, del cual salió ileso.

La vigilancia en su contra se reactivó en abril, cuando fue detenido transitoriamente en la ciudad de Madrid, por portar documentos falsos. La información fue transmitida a Interpol, que generó una Circular Azul para alertar a todas las Policías del mundo sobre sus movimientos.

Tratando de evadir esa situación, “Barbosa” viajó a Ecuador y ingresó por vía terrestre hasta el departamento de Nariño. De allí siguió su curso hacia el Valle de Aburrá.

A su regreso, al parecer pretendía realizarse una cirugía plástica, pues ya había sido mencionado en varios consejos de seguridad y tenía una recompensa en su contra de hasta 50 millones de pesos, por información que llevara a su captura.

Según fuentes judiciales, “Barbosa” es un subintendente retirado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Laboró en la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y en el Gaula (grupo antisecuestro), donde al parecer comenzó a hacer trabajos para “la Oficina”.

Un investigador de la Fiscalía, cuya identidad se reserva por seguridad, señaló que el detenido al parecer solía participar en secuestros y cobros de deudas de la mafia. Estaba a órdenes de cabecillas importantes de la estructura, como Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”) y Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”).

Tras la captura de esos dos personajes en 2017, “Barbosa” cobró mayor relevancia en la jerarquía, llegando a ser uno de los lugartenientes de “Tom”.

En contra suya había una orden de captura por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, solicitada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Esta tarde será presentado ante el Juzgado de Control de Garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín.

En el marco de ese operativo, la Dijín también detuvo a Sergio Alexánder Rodas Pérez (“Checo”), un expolicía del Gaula que al parecer delinquía bajo las órdenes de “Barbosa”.

Al conocer la noticia, el alcalde medellinense Federico Gutiérrez felicitó a la Policía y a la Fiscalía, y anunció que ahora el objetivo número uno de las autoridades es alias “Clemente”,  a quien señaló de ser uno de los principales jefes del crimen organizado en Medellín, encargado de los negocios de “la Oficina” en la calle.

Del organigrama de “la Oficina” todavía hay personajes importantes que se mueven en la clandestinidad, como “Chepe”, “Pablo”, “Conejo”, “Toño”, “Guasón”, “Guateque” y “Gurú”, entre otros.

NOTA RELACIONADA: El expolicía “Mauricio el Grande” fue enviado a la prisión de Itagüí.

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ANEXO: “MÁRMOL”, OTRA CAPTURA DE RELEVANCIA

El pasado 29 de abril fue capturado Esteban Darío Valencia Herrera, alias “Mármol”, cabecilla de la banda “los Paracos del Llano”, que delinque en el corregimiento San Cristóbal de Medellín y en la frontera con la comuna 13. Acababa de llegar de Panamá y el Gaula lo detuvo en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia. 

En los años recientes, “Mármol” había ascendido en la jerarquía criminal, de la mano de su jefe “Toño”, hasta llegar a la cúpula de la “Odín Robledo”, la confederación de bandas del Occidente de Medellín, cuyo máximo jefe es “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

En esta oportunidad, los buscados son integrantes de “la Terraza” y “Robledo”, dos bandas dirigidas desde las cárceles. Este es el informe del caso, publicado por El Colombiano.

Este es el aviso que la Alcaldía publicó, ofreciendo recompensas contra miembros de “la Terraza” y “Robledo”. Foto de cortesía.

La Alcaldía publicó un nuevo volante ofreciendo la recompensa, enfocada en los integrantes de las bandas “la Terraza” y “Robledo”, que están aliadas desde 2017 y cuyos tentáculos se extienden por las comunas de Manrique, Aranjuez, Candelaria, Robledo, San Javier, Belén, La América y Laureles, así como en los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.

“La llamada ‘Alianza de estructuras criminales’ es una de las organizaciones delincuenciales responsable de enfrentamientos en varias comunas de la ciudad”, informó la Administración Municipal.

Esta vez las autoridades instan a la comunidad a suministrar información sobre 15 personajes, entre ellos cabecillas como alias “Toño”, “Mármol” y “Lunar”, de “Robledo”; y “Tréllez”, “Chicho” y “Hache”, de “la Terraza”.

Estas personas, de acuerdo con información policial, coordinan en las calles los negocios de sicariato, narcotráfico, extorsión, lavado de activos, amenazas y control social que ordenan sus jefes desde la prisión: José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), de “la Terraza”, y Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “Robledo”.

El volante publicado en meses anteriores, contra bandas asociadas con alias “Tom” y “los Chatas”. Cortesía.

En meses pasados se había lanzado una campaña de recompensas similar, en contra de sus enemigos de las bandas “los Chatas”, “Caicedo” y “la Viña”. Según las cuentas de la Secretaría de Seguridad, desde 2016 han sido arrestados 120 cabecillas y más de 2.700 integrantes de bandas.

Si usted tiene información sobre los personajes reseñados en el volante, puede llamar a la Línea 123 o al 314 557 3311.

El Inspector.

El caso más reciente fue el ataque contra el exconvicto Mauricio Alberto Zapata Orozco, alias “Chicho”, integrante de la banda “la Terraza”.

En este sitio del barrio Estadio se presentó el ataque contra alias “Chicho”, quien sobrevivió. Foto de cortesía.

De acuerdo con el informe oficial del caso, “Chicho”, de 37 años, estaba en un establecimiento público del barrio Estadio, en el occidente de Medellín, a las 4:30 p.m. de este martes 22 de mayo. El sitio en el cual se hallaba, en la calle 48 con la carrera 77, tiene permiso para vender armas de fogueo y polígonos para la práctica del tiro al blanco.

De súbito aparecieron los sicarios a bordo de una motocicleta y un automóvil Renault Sandero gris. Uno de ellos se bajó y entró disparando al lugar, impactando a su objetivo en el muslo derecho. Otro proyectil hirió al administrador del local, de 33 años, en el empeine derecho.

Mauricio Zapata Orozco, alias “Chicho”. Cortesía de la Policía.

Cuando vieron a “Chicho” sangrando en el suelo, los mercenarios emprendieron la huida. Cuatro cuadras más adelante abandonaron el carro y  cambiaron de vehículos, pero uno de los agresores continuó su escapada a pie. Un soldado profesional de la Cuarta Brigada, que presta vigilancia en la guarnición militar ubicada en las cercanías, observó que llevaba dos pistolas en la mano.

El uniformado corrió detrás, gritándole que se detuviera,  pero el sospechoso abrió fuego y se armó un tiroteo en plena calle. Una bala perdida destruyó la ventana de una oficina, y las esquirlas del vidrio laceraron el rostro de una empleada de 32 años.

El soldado le acertó dos disparos de fusil al muchacho, en el brazo y el glúteo derechos. Cayó al costado de una cañada y arrojó una de las armas al agua; la otra, una pistola Pietro Beretta 9 milímetros, fue recuperada por las autoridades. Este hombre fue identificado como David Abadía Murillo, de 22 años. Los policías que llegaron a la escena lo capturaron y trasladaron a un centro médico.

Varias cuadras fueron acordonadas y se enviaron ambulancias a la zona. “Chicho” les dijo a los policías que era comerciante, mientras lo subían en la camilla. El administrador y la empleada, lesionados por balas perdidas en el incidente, también fueron transportados a clínicas.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que algunos policías que arribaron al lugar le dieron un extraño manejo al caso. Para empezar, entregaron a sus superiores un reporte preliminar, diciendo que se trató de un intento de hurto, hipótesis que resultó ser falsa. Y solo reportaron lo sucedido a la Fiscalía dos horas después.

Extraoficialmente se ha dicho que “Chicho” estaba acompañado por alias “Guasón” y “Tréllez”, dos cabecillas de “la Terraza”, pero el informe oficial no los menciona por ninguna parte.

Las autoridades creen que los sicarios los venían siguiendo desde Robledo, donde al parecer habían asistido a una reunión.

En los registros judiciales figura que “Chicho” fue capturado el 13 de marzo de 2012, cuando iba en un automóvil con siete pistolas encaletadas. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín lo condenó a 12 años y seis meses de prisión, por tráfico de armas (ver la NOTA RELACIONADA: Dos operativos que levantan sospechas de corrupción).

Sin embargo, Zapata Orozco quedó en libertad en noviembre de 2017, cuando salió de la cárcel de Itagüí. Apenas estuvo cinco años y ocho meses tras las rejas.

También está investigado por su presunta participación en el homicidio del gerente de la empresa de taxis Coopebombas, Jorge León Montoya Negrete, perpetrado en 2012 (ver la NOTA RELACIONADA: Un año del crimen que enlutó a los taxistas).

RACHA CONTRA CABECILLAS

En lo corrido de 2018 se han presentado siete ataques, confirmados por las autoridades, en contra de presuntos cabecillas del crimen organizado. El primer ejecutado por los sicarios fue el lavador de dinero Luis Fernando Castaño Alzate (“Botija”), el 22 de enero en una calle de El Poblado (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinaron a alias “Botija”, financista de “la Oficina”).

El 16 de febrero, cuando conducía un automóvil en el barrio Campoamor de Medellín, asesinaron al comerciante Arturo Nanclares Rodríguez (“Zacarías”), supuesto socio de la banda “Caicedo” (ver la NOTA RELACIONADA: Con “Draculín” siguen los golpes a la banda de “Caicedo”).

Después mataron a dos presuntos coordinadores de “los Triana”: Wálter Luciano Londoño Cortínez (“Lobo”), el 7 de abril en el corregimiento San Antonio de Prado; y Juan Fernando Chica Atehortúa, el 23 de abril en el barrio Aures N°1 (ver la NOTA RELACIONADA: En dos semanas mataron a dos socios de “los Triana”).

El pasado 16 de mayo hubo un atentado en el sector La Raya, en límites de la comuna de Guayabal con el municipio de Itagüí, donde resultaron cuatro heridos, entre ellos Juan Esteban Ríos Mesa (“el Burrito”), sobrino de alias “Tuto”, el líder de la banda “la Raya” (ver la NOTA RELACIONADA: Disputa de combos dejó cuatro heridos en un atentado sicarial).

Ese mismo día le quitaron la vida a Néstor Raúl Bedoya Salazar (“Néstor el Grande”), supuesto integrante de la banda de “Belén San Bernardo”. El asesino bajó de una motocicleta y le disparó cuando estaba estacionado en las afueras de un mall comercial del barrio Lorena.

También se especula sobre un atentado contra alias “Barbosa” y “Conejo” en el mes de abril, en una fonda del municipio de Copacabana. Estos hombres, expolicías y cobradores de deudas para “la Oficina”, habrían salido ilesos del ataque; no obstante, de esto hecho no hay reporte oficial, por lo que no se conocen detalles ni hay confirmación del mismo.

Parece que algo se agita en el bajo mundo del Valle de Aburrá, donde todos estos personajes fueron puestos en la mira. La situación se presenta en momentos en que el poder dentro de “la Oficina”, la estructura que coordina a decenas de combos en el área metropolitana, está cambiando de manos.

NOTA RELACIONADA: Quinta generación de “la Oficina” llega a su fin.

El Inspector.

Los golpes afectan a “los Urabeños”, el combo de “Betania”, “la Oficina de Manrique”, “Robledo” y “Pachelly”.

Captura de alias “el Tigre”, presunto delegado de “los Urabeños” en Medellín. Foto cortesía Policía.

El hecho más reciente sucedió en la madrugada de este jueves 10 de mayo, cuando la Dijín y la Sipol apresaron a dos supuestos cabecillas de la organización Clan del Golfo o “los Urabeños”, comisionados para delinquir en Medellín.

Los detenidos fueron Óscar Andrés Palacio Molina (“el Tigre”), en un apartamento del barrio Pilarica, y Alberto Hernández Caicedo (“Solín”), en una urbanización de la Loma de los Bernal. Tenían orden de captura por homicidio agravado, tortura, extorsión y concierto para delinquir agravado.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que “el Tigre” y “Solín” actuaban articulados con las bandas de La Sierra, Altavista y San Antonio de Prado que están asociadas con “los Urabeños”. Indicó que al parecer están implicados en el asesinato del conferencista internacional José Torres Cardona (29 de junio de 2017), a quien descuartizaron y le robaron 34 lingotes de oro valorados en 4.000 millones de pesos; y en el atentado contra una patrulla policial en el corregimiento San Cristóbal (3 de mayo de 2017), que dejó dos uniformados heridos de gravedad (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” desataron plan pistola en Antioquia).

El 2 de mayo, el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia mandó a una celda a Juan Manuel Piedrahíta Giraldo (“Juancito”), presunto cabecilla de la banda de “Betania”, que delinque en la comuna 13. El hombre se había entregado a las autoridades el día anterior, luego de que la Policía y la Alcaldía anunciaran una persecución en su contra y ofrecieran 20 millones de pesos de recompensa.

Alias “Juancito”, del combo de “Betania”, se entregó a las autoridades. Foto cortesía de la Policía.

La Fiscalía le imputó cargos por terrorismo y concierto para delinquir, los cuales él negó, y anunció que también lo investiga por varios asesinatos perpetrados en la zona. Según las pesquisas, estaría implicado en las amenazas a los buseros de la comuna 13, que el pasado 21 de abril salieron a paro por temor, y en la quema de un bus de servicio público en el barrio Calasanz, el 26 de abril (ver la NOTA RELACIONADA: Delincuentes quemaron un bus en el barrio Calasanz).

Por interceptaciones telefónicas, los investigadores creen que “Juancito”, de 41 años, tendría negocios con alias “Lindolfo”, cabecilla de “la Oficina” y de “la Odín Caicedo”, que delinque al otro extremo de la ciudad (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Lindolfo” y “Martín”, presuntos cabecillas de “la Oficina”).

El mismo 2 de mayo otro juzgado dictó medida de aseguramiento en prisión contra Iván Cardona Gallego (“Cucho Iván”), un presunto coordinador financiero de la “Odín Robledo”, que la Policía había capturado el día anterior.

Es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc, tiene 29 años y está imputado por cargos de homicidio y porte ilegal de armas. Según las autoridades, es sospechoso de participar en el homicidio del patrullero Rubén Darío Soto Giraldo, adscrito a la Sección de Inteligencia Policial, el 10 de septiembre de 2015 (ver la NOTA RELACIONADA: Sicarios matan a un agente de Inteligencia y a un oficial retirado).

Alias “Cucho Iván”, presunto coordinador de la banda de “Robledo”. Foto cortesía de la Policía.

También estaría implicado en los asesinatos de María Isabel González Bueno y Leonardo Gonzalo Hurtado Lotero, cometidos en septiembre de 2013 en Robledo.

Alias “Nano”, cabecilla de “la Oficina de Manrique”. Foto cortesía de la Policía.

En este grupo de cabecillas caídos en desgracia está el exconvicto José Dominiciano Carrillo Montoya (“Sólido”), de 45 años, integrante de la banda “Pachelly” del municipio de Bello.

La Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado, precisando que “era el encargado de manejar los recursos obtenidos por la estructura criminal en actividades como el narcotráfico, la extorsión y la explotación de minas de oro en las subregiones del Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia” (ver la NOTA RELACIONADA: Juez mandó a la cárcel a un cabecilla de “Pachelly” y a tres secuaces).

El 4 de mayo en una finca del municipio de Guarne, fue detenido Fernando Alonso Rivera Rojas (“Nano”), cabecilla de “la Oficina de Manrique”, también conocida como el combo de “La 30″. Lo capturaron en compañía de su jefe de seguridad, Jorge Alonso Zapata Gutiérrez (“el Mago”), y a ambos les incautaron una cédula falsa y dos armas de fuego.

A los dos le imputaron concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio, cuatro desplazamientos forzados, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas. Fueron enviados a la cárcel El Pedregal.

NOTA RELACIONADA: “El Oso” se une a los cabecillas caídos en 2013, pero las bandas sobreviven. 

El Inspector.

Se trata de Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”), líder de la “Odín los Chatas”;Abel Garcés Londoño (“Abelito”), de la “Odín La Sierra”; y Giovanni Cataño Cadavid (“Cataño”), de la “Odín Picacho”.

El listado excluyó a los otros siete, que también dominan el bajo mundo del área metropolitana y están implicados en múltiples delitos, según reseñas judiciales. Ellos son: “Elkin Triana” (“Odín los Triana”), “Camilo el Grande” (“Odín Robledo”), “Queso” (“Odín Caicedo”), “James” (“Odín San Pablo”), “Monopepe” (“Odín la Unión”), “Mateo” (“Odín Trianón”) y “Rayo” (“Odín la Terraza”).

¿Por qué no están en la lista, acaso su captura no es urgente?, son las preguntas que quedan en el ambiente. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

De los más buscados por integrar bandas, solo las primeras dos filas incluyen cabecillas de primer y segundo nivel. Si tiene información de estas personas, llame a la Línea 123 con absoluta reserva. FOTO cortesía

LOS QUE SÍ ESTÁN
En una rueda prensa fueron presentadas este miércoles 27 de septiembre dos listas de los más buscados: 25 supuestos integrantes de bandas de crimen organizado y 14 presuntos autores de homicidios.

El evento contó con la participación del comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez; la directora (e) Seccional de Fiscalías, Adriana Villegas; y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien invitó a la comunidad a contribuir en las capturas con información.

“Claro que hay una recompensa económica, pero la mejor recompensa es la tranquilidad”, dijo el mandatario.

El cartel ofrece entre $2’000.000 y $15’000.000 como estímulo a la denuncia, y las autoridades recordaron que por “Tom” hay un ofrecimiento de 2 millones de dólares del gobierno de EE.UU.

De los 25 integrantes de bandas, apenas 10 tienen incidencia efectiva en los hilos del crimen organizado y en las disputas que hoy afectan a Medellín. Por ejemplo, alias “Chatán” y “Hugo Pájaro”, de los combos “los Chivos”y “los Pájaros”, respectivamente, son sospechosos de participar en el conflicto que hoy sacude al corregimiento Altavista y al sector Zafra de Belén.

Diego Corrales, analista del conflicto y director de DC Estrategia, opina que la sucesiva aparición de estos listados (el año pasado hubo otros) refleja que la capturas de cabecillas, sin el desmantelamiento de sus estructuras, “simplemente fomenta la renovación de liderazgos criminales. Hay que atacar los enlaces financieros, políticos y militares para que haya un resultado efectivo”.

LOS QUE NO APARECEN
Sorprendió que no hubiera menciones de ningún cabecilla de “el Acopio”, “el Diamante” y “Bello Horizonte”, cuyos enfrentamientos tienen a la comuna de Robledo como la segunda con más homicidios en la actualidad (35 casos).

Llama la atención que no haya ningún jefe reseñado de “la Viña”, banda de Manrique que la Alcaldía y la Fiscalía han señalado como la principal responsable de fleteos y robos de motos.

En cambio, sí están incluidos unos jíbaros y ladrones de celulares de “la Milagrosa” y “los Cocuelos” que, pese a causas estragos, distan mucho de ser peces gordos de la mafia.

Una de las ausencias más significativas es la de “Pedro Pistolas”, el supuesto mandamás ilegal del Centro, quien estaría detrás de un complot para matar al Alcalde.

Gutiérrez ha pedido su captura desde 2016, incluso ha confrontado a otras autoridades solicitando ese resultado, pero tampoco figura entre los objetivos prioritarios (ver la NOTA RELACIONADA: “Pedro Pistolas” dice que se presenta, el Alcalde lo quiere capturado).

Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de Eafit y quien ha investigado fenómenos de criminalidad, sugiere que hay que reevaluar la estrategia, “porque la política de seguridad debe enfocarse en garantizar derechos al ciudadano, no solo en atacar a las bandas”.

¿Y “LA OFICINA”?
De los blancos de las autoridades locales, tan solo “Tom” es considerado integrante de “la Oficina”, la organización criminal más peligrosa del Valle de Aburrá.

En organigramas que han publicado la DEA y el Departamento del Tesoro hay cabecillas que ni siquiera tienen orden de captura en Colombia, lo que demuestra la percepción diferente que tienen los extranjeros y los locales en la persecución de ese grupo.

Desde 2014, EE.UU. ha sancionado a supuestos enlaces políticos y financieros de esa facción, como Juan Pablo Upegui (exdirectivo de Envigado Fútbol Club), Reinaldo Ochoa (“Natilla”), y el agente de Tránsito de Envigado, Nelson Isaza (“Omega”), sin que la justicia colombiana haya abierto expedientes en su contra.

Para Corrales, “hay una deuda con la verdad sobre quiénes están detrás del poder criminal, de quiénes integran esa especie de junta directiva por encima de los cabecillas operativos, que son los que salen en las listas”.

Queda en el aire la sensación de que, capturando a los 25 de la lista, no habrá una afectación contundente en la cadena del crimen organizado.

NOTA RELACIONADA: Policía publica nuevo afiche de los más buscados.

El Inspector.

Teniendo en cuenta el perfil de algunos de los detenidos, como “Soto”, “Reblujo” y Julio Perdomo, lo común sería que se desataran violentos reacomodos en la zona. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: marzo fue el mes menos violento de las últimas cuatro décadas. ¿Qué está pasando en el bajo mundo, para que esto suceda?

Tras su captura, Carlos Soto Isaza, alias “Soto”, fue transportado en tanqueta por la Policía. Foto cortesía Policía.

Comencemos con el recuento de los hechos más relevantes en materia de operativos contra el crimen organizado.

Marzo 31: cayó “Alejo Cachama” con dos policías
Alejandro Álvarez Arroyave, alias “Alejo Cachama”, fue capturado en un apartamento de Bello, señalado de ser el presunto líder del combo de “Córdoba”, que delinque en el noroccidente de Medellín. Procesado por cargos de concierto para delinquir, cohecho y homicidio, los cuales reconoció en el estrado. Será llevado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

En el mismo caso resultaron implicados dos patrulleros de la Policía, David Hernández Erazo y Jesús Arnulfo Charry, quienes no aceptaron los cargos por cohecho (por recibir presuntamente $5 millones para dejar libre a un delincuente que capturaron armado) y falsedad ideológica en documento público. También fue arrestado el taxista Edwin Alzate Marín (“Amarelo”), miembro de la banda, quien aceptó la culpa por el asesinato de Fernando Gallón.

NOTA RELACIONADA: Capturan a “Alejo Cachama”, líder del combo de Córdoba.

Marzo 30: contra los de “Cotranal”
Mediante 15 allanamientos en Medellín y Bello, las autoridades detuvieron a cinco presuntos miembros del combo “Cotranal”, que opera en Castilla, Doce de Octubre y el barrio Las Cabañitas, de Bello. Se trata de alias “Peo”, “Lauris”, “Chanclas”, “Chamorro” y un adolescente de 16 años. Según la Policía, este grupo venía perjudicando a los estudiantes de cinco colegios, por medio de la venta de drogas, y le rendía cuentas a la “Odín Picacho”.

Marzo 24 al 27: bofetada a la banda de “Pachelly”
En un operativo coordinado por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado fueron capturados Carlos Andrés Chaverra Castaño (“Pomponio”) y Gabriel Jaime Rengifo Estrada (“Chiney”), presuntos coordinadores de zona de la banda “Pachelly” de Bello, para la vereda Tierradentro y el barrio Goretti, respectivamente.

Tras este resultado, horas después se entregaron voluntariamente Abel Antonio y Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Abelito” y “Nelson”), supuestos coordinadores del barrio Villa Linda y hermanos de alias “Alber”, uno de los máximos líderes de la organización.

Y en otra acción judicial, fue allanado un inmueble en el barrio Pachelly, donde se incautó el siguiente arsenal: un fusil AK47 con dos cargadores, tres revólveres calibre 38, una pistola con proveedor, una subametralladora Mini Ingran 9 m.m. con proveedor, dos granadas IM 26, dos granadas de gas lacrimógeno, más de 150 cartuchos de diferente calibre y 20 kilos de marihuana.

Los cuatro coordinadores reseñados habían escapado de una operación efectuada el pasado 15 de diciembre, en la cual cayeron 20 militantes de “Pachelly” (ver la NOTA RELACIONADA: Las bandas de Bello habrían arreglado sus diferencias.

Marzo 23: freno a banda de La Estrella
Siete supuestos integrantes del combo “los Margaritos o “La Inmaculada 1”, que delinquen en el municipio de La Estrella, fueron detenidos por la Fiscalía y la Policía. De acuerdo con la investigación, estaban extorsionando a los finqueros de la vereda La Tablaza, en la vecina localidad de Caldas, por una cifra superior a los $80 millones, a cambio de una ficticia vigilancia de los predios.

Con cargos de concierto para delinquir y extorsión fueron procesados: el presunto cabecilla Wilson Arley Franco Álvarez (“Huele”), Cristian Gallego Blandón (“Migra”), Royer Stiven Maldonado Ferraro (“Royer”), Andrés Felipe Ramírez Cano (“Jamoneta”), Járrison de Jesús Ríos Moncada (“Jarry”), Francisco Javier Ramírez Ramírez (“Pacho”) y Jhon Jarlinton Moná Torres (“Jarlinton”). A los primeros seis les dictaron medida de aseguramiento en prisión, a este último se le concedió la detención domiciliaria por problemas de movilidad, informó la Fiscalía.

Marzo 22: golpe a “la Oficina”
La Dijín arrestó en el barrio La Colina, de Medellín, a Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”, presunto líder de la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) y uno de los supuestos integrantes de la cúpula de la quinta generación de “la Oficina”. Procesado por concierto para delinquir, desplazamiento forzado (de una familia en 2012) y uso de documento falso, cargos que rechazó en el estrado, pero un juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel (ver la NOTA RELACIONADA: Terminó la persecución de “Soto”, uno de los jefes de “la Oficina”.

Marzo 15: apresaron a “la Pola”

Cuando conducía una camioneta de alta gama en el barrio Aures, la Sijín capturó a Miguel Erney Piedrahíta Piedrahíta, alias “la Pola”, supuesto cabecilla del combo “el Acopio”, que delinque en la comuna 7 de Medellín. El reporte oficial señala que “es el presunto responsable del desplazamiento de una familia del barrio Aures, ocurrido el 22 de marzo de 2016. Entre los integrantes del núcleo familiar estaba un adulto mayor y un menor de edad”. Por estos mismos hechos ya hay dos personas condenadas y 5 más aseguradas.

“La Pola” no aceptó los cargos por concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado agravado. El Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín le impuso medida de aseguramiento en prisión.

Marzo 15: sorprendieron a Julio Perdomo
Las autoridades capturaron en el barrio La Palma, de Medellín, al desmovilizado de las autodefensas Julio César Perdomo González, alias “el Viejo”. Le imputaron concierto para delinquir y desplazamiento forzado, señalándolo de ser un presunto cabecilla de la “Odín Caicedo”. Perdomo fungía como delegado de “la Oficina” para adelantar las gestiones tendientes a negociar un acuerdo de sometimiento de sus miembros con el Gobierno (ver la NOTA RELACIONADA: Julio Perdomo será recluido en la cárcel de Cómbita).

Marzo 8: cayó el secretario de alias “Tom”

En una operación de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado y la Policía, fue capturado en la frontera de los barrios Aliadas y la Loma de los Bernal, en Medellín, Braimer Darío Muñoz Rivera, alias “Reblujo”. Las autoridades lo señalan de ser el secretario personal de Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el máximo jefe de la banda “los Chatas”, que delinque en el norte del Valle de Aburrá.

Alias “Reblujo”, presunto cabecilla de la banda “los Chatas”. Foto cortesía de la Policía.

Según el informe oficial, estaba encargado de la logística personal de “Tom” y sus familiares, lo representaba en reuniones mafiosas y “además estaría a cargo de extorsiones y desplazamientos forzados, apropiándose de inmuebles con documentos falsos en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, donde mantendría pequeños laboratorios de cocaína. Actualmente estaría extendiendo su accionar delincuencial, específicamente el microtráfico, en los barrios Trinidad, Belén Aguas Frías y el corregimiento Altavista de Medellín”.

Las autoridades también explicaron que en su carrera delincuencial pasó por el combo “los Paracos de la Meseta”, en Bello (2000-2001), y realizó algunos trabajos para el narcotraficante Bayron Alfredo Jiménez Castañeda (“Gordo Pepe”), desmovilizado de las Auc. También hizo parte de la corporación Amigos de mi Barrio, “para tratar de encubrir las extorsiones a la comunidad mediante cobros por una vigilancia informal en los barrios”, indicó la Policía.

“Reblujo”, de 30 años, tenía orden de captura por concierto para delinquir y tres desplazamientos forzados. Y se investiga su presunta participación en la coordinación de los atentados contra Jairo Andrés Ardila Murillo, alias “Guayabo”, uno de los cabecillas de la banda “Pachelly”, al igual que en el asesinato de Wilmar Oswaldo Muñoz Álvarez, profesor del Inder en Bello, ocurrido el 11 de agosto de 2016 en el barrio Los Búcaros (ver la NOTA RELACIONADA: Jefe de banda “Pachelly” sobrevivió a ataque en un bus).

Marzo 7: se pasaron de la “raya”

Once presuntos integrantes de la banda “la Raya”, en especial de sus redes de microtráfico, fueron arrestados por la Sijín y el CTI. Los 10 hombres y una mujer, según la investigación, participaban en la distribución de drogas en el barrio Cristo Rey, los bajos del Puente de la 4Sur y colegios de Guayabal e Itagüí. Entre los detenidos está el presunto coordinador del grupo, apodado “Nano”, al igual que sus compinches “Yiyi”, “Pacho Bonito”, “Mario Tortuga”, “Pacho Bobo”, “Andrea”, “Robin”, “Jorge”, “Pascual”, “Chapo” y “No”.

Marzo 6: un “canario” tras las rejas

Henry Joany Cifuentes Ortiz, alias “Canario”, fue capturado en Medellín cuando le cobraba una extorsión de 100.000 pesos a un comerciante. El presunto integrante de la banda “los Chatas” cayó sorprendido por el Gaula Militar Antioquia, cuando acudió a la cita a recibir la suma en el Centro. Aunque no aceptó el cargo de extorsión agravada, “Canario” fue enviado a la cárcel por el Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín.

Marzo 2: por una muerte brutal

Agentes del CTI y soldados de la Cuarta Brigada adscritos al Gaula Militar Antioquia, arrestaron a Daniel Stiven García Tobón, de 19 años y apodado “Churro”, presunto miembro del combo de “Curazao”, que delinque en la comuna 7 de Medellín. Según la investigación, participó en el asesinato de Jhoan Sebastián Álvarez Caicedo (“Chocha”), de 20 años, cometido el 24 de enero de 2016.

Alias “Churro”, presunto miembro del combo “Curazao”. Cortesía del Gaula.

La banda le quitó la vida en medio de una tortura con cuchillos, piedras y un garrote con clavos, en Robledo. El motivo: 20 días atrás, “Chocha” ingresó a una piscina pública sin pagar y bajo amenazas obligó a las mujeres a desnudarse. Aunque “Churro” no aceptó el cargo por homicidio agravado, el Juzgado 13 Penal Municipal le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Marzo 2: homicidios no quedaron impunes

La Policía Metropolitana capturó a alias “Cuero”, de 44 años y cabecilla del combo “Betania”, que delinque en el barrio del mismo nombre, en la comuna 13 de Medellín. En su contra había orden de captura por su participación en los asesinatos de Juan Camilo Álvarez Valencia y Johny Alexánder Cano Foronda, perpetrados por sicarios en el barrio Belencito en 2009 y 2011, respectivamente.

Marzo 1: perdió “la Capilla”
El Gaula Metropolitano anunció los resultados de la Operación Alesia, en la golpearon con 16 capturas a la banda “la Capilla”, que delinque en la comuna 16 (Belén) de Medellín, bajo las órdenes de la “Odín la Unión”. El grupo es señalado de extorsionar a 60 establecimientos comerciales con vacunas mensuales de $100.000 a $600.000; y a 1.200 familias, con cobros de $5.000 a $20.000, ubicadas en los barrios Belén Rincón y los sectores El Ñeque, La Sintética, La Capilla, El Cuadradero, La Virginia y El Manzanillo.

El capturado de más alto perfil en esta acción policial fue Gustavo Joany Zuluaga Zuluaga, alias “Joa”, el principal delegado de “la Unión” para coordinar sus intereses en Belén. Estaba en el afiche de los más buscados por la Policía Metropolitana desde 2015.

UNA TENDENCIA PARA ANALIZAR

En años pasados, cuando se producía este alto número de capturas de cabecillas y coordinadores en un lapso tan breve de tiempo, en el bajo mundo se generaban violentos reacomodos en las estructuras delincuenciales. Ataques armados, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos solían ser el pan de cada día, mientras los nuevos cabecillas ascendían y se fraguaban divisiones o alianzas en los combos.

Este marzo, sin embargo, sucedió un fenómeno opuesto. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, fue el mes menos violento de los últimos 38 años, al registrar apenas 23 homicidios (cifra que no se veía desde 1979). Según el alcalde Federico Gutiérrez, el resultado se debe a los esfuerzos conjuntos de las autoridades por reducir la criminalidad.

Aunque como ciudadanos debemos valorar el trabajo de la Fuerza Pública, esta no es la única explicación al fenómeno. Tal cual lo han venido informando Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano, las bandas “la Oficina”, “los Urabeños” y los combos alineados con ellos están fraguando la negociación de un acuerdo de sometimiento a la justicia con el Gobierno Nacional.

Eje fundamental de dicho acuerdo será un proyecto de ley que el Congreso deberá aprobar el primer semestre del año, que reglamentará el procedimiento y los beneficios para los miembros de estructuras de crimen organizado que se acojan a la justicia, como lo ordena el Acuerdo de Paz de La Habana con las Farc. El plazo para tramitar y aprobar esa ley vence en junio, cuando expiran las facultades especiales concedidas al presidente Juan Manuel Santos para impulsar las leyes que permitan aplicar lo pactado con la guerrilla en Cuba.

Mientras este proyecto esté en camino, lo más seguro es que las bandas ilegales mantengan una postura relativamente pacífica, al menos este primer semestre, y no solo en el Valle de Aburrá. La misma reducción de muertes se observa en Cali, Buenaventura, Tumaco, el Eje Cafetero y Urabá, donde también actúan estos grupos, ya que incrementar los índices de homicidios sería políticamente incorrecto.

Otra cosa son las extorsiones y el tráfico de drogas, eso sí va a continuar, a pesar de todo.

El Inspector.

En las últimas dos décadas, ese pulpo ha estado regido por “la Oficina”, una organización mafiosa involucrada en el narcotráfico, el sicariato, cobro de deudas, extorsión, secuestro, tráfico de armas y control social, entre otros delitos.

Su poder radica en la hegemonía sobre las bandas afincadas en las comunas del Valle del Aburrá, lo que le permite regular los fenómenos ilegales que más afectan a la comunidad, como homicidios, hurtos, microtráfico de drogas y desplazamientos forzados.

Esta es una investigación realizada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Diego Chamizo” fue trasladado a la cárcel de Cómbita (Boyacá), porque al parecer seguía dando órdenes desde la prisión de El Pedregal. Foto cortesía de Policía.

Desde 2008, cuando fue extraditado su primer capo, Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), la estructura inició un periodo de reajustes internos, caracterizado por traiciones, asesinatos y luchas por el trono de la agrupación (ver el ANEXO 1).

En apenas ocho años, la cúpula tuvo cinco generaciones al mando, cada una con menos poder y experiencia que la anterior, por lo que algunos organismos de seguridad señalaron que “la Oficina” se acabó, que hoy apenas en un mito. La realidad, sin embargo, contradice esa percepción.

“Considero que no es un mito, es una organización que se ha disgregado en varios cabecillas, que han tomado distintas zonas de Medellín y ejercen el control de cada uno de esos sitios, pero aún existe esa organización”, opinó Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: La nueva cúpula de una “oficina” en declive).

LA QUINTA GENERACIÓN
Para la Policía colombiana y la DEA, el principal cabecilla de la quinta generación de la banda es, presuntamente, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”. El gobierno de EE.UU. ofrece 2 millones de dólares por su captura, algo inédito en la lucha contra ese grupo (ver la NOTA RELACIONADA: Estados Unidos ofrece US$2 millones por líder de “la Oficina”).

Pese a su influencia delincuencial, en especial en el municipio de Bello, “Tom” no representa a todos los poderes de “la Oficina” ni ostenta el señorío sobre el 100% de los combos del área metropolitana, como sí lo tuvo “don Berna”.

Investigadores judiciales consultados por este diario, coinciden en que la facción tiene influencia sobre el 65% de las bandas locales; el otro 25% están emparentadas con “los Urabeños”, y 10% son independientes (ver el ANEXO 2).

Esta generación se caracteriza por la falta de cohesión interna y por carecer de una jerarquía piramidal. Funciona cual holding empresarial, con un amplio portafolio de servicios ilegales, exportaciones, subcontrataciones con otras bandas y alianzas estratégicas.

“Además de su participación directa en el tráfico internacional de estupefacientes, ‘la Oficina’ ofrece violentos servicios a los grupos criminales de Colombia, entre ellos el cobro de deudas, la extorsión y el asesinato a sueldo”, así la definió en 2014 el Departamento del Tesoro de EE.UU., tras sancionar a varios de sus integrantes con la Lista Clinton.

En el Aburrá, los tentáculos de este pulpo incluyen las Odín (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico), término policial para definir a las confederaciones de combos agrupadas por municipios y comunas (ver la NOTA RELACIONADA: El listado de los combos que azotan a Medellín).

Cada una de estas Odín es autosostenible financieramente, responde por un territorio específico y por lo general sus cabecillas integran el círculo central de “la Oficina”.

En asocio con “Tom” (“Odín los Chatas”), figuran en ese nivel de mando alias “Soto” (“Odín Picacho”) y “Chamizo” (“Odín Caicedo”).

Pero otros, como “Douglas” (“Odín la Terraza”), parecen no estar de acuerdo con su comandancia, lo que a juicio de los investigadores augura tensiones y asesinatos selectivos de parte y parte.

“Hoy es más difícil investigar a ‘la Oficina’, antes se sabía que el jefe era uno solo, y uno iba y lo atrapaba, pero ahora en este despelote, ¿qué hacemos?”, dijo un agente policial, bajo reserva de identidad.

LA PAZ Y LAS CÁRCELES
La facción de José Muñoz Martínez (“Douglas”), quien viene pagando una condena de 32 años por secuestro y concierto para delinquir, es la que está impulsando una propuesta para negociar un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, voluntad que ha sido expresada por medio de dos comunicados públicos y gestiones de abogados.

En ese interés lo secundan otros cabecillas, entre ellos “Pichi Gordo”, “Barny” y “Pesebre”, todos ellos arrestados y con penas que superan los 15 años (ver la NOTA RELACIONADA: Combos aprovechan un decreto de gestores de paz).

Otro factor que predomina en esta generación, es que muchos de los líderes manejan el negocio desde la cárcel, similar a las mafias de Brasil y Venezuela.

Esto lo han denunciado la DEA, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado y la Policía. El caso más reciente es el de Diego Muñoz Agudelo (“Chamizo”), capturado el pasado 6 de diciembre.

“Pudimos establecer con informaciones de Inteligencia que este bandido quería seguir delinquiendo desde la cárcel”, declaró el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana, para justificar el traslado del cabecilla desde una celda en El Pedregal hacia la prisión de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

EL PODER INVISIBLE
A lo largo de la historia de “la Oficina”, las autoridades se han concentrado en golpear su estructura operativa, es decir, aquella más tangible en las calles: los traficantes, extorsionistas, sicarios y demás.

Pese a la gravedad de las pérdidas, la estructura parece reorganizarse una y otra vez, y sus jefes neutralizados son rápidamente remplazados.

Es por eso que los investigadores sugieren que existe una supraestructura, una central de decisiones con líderes invisibles y de cuello blanco, que de manera secreta mueven los hilos de la mafia antioqueña.

“Hoy solo conocemos a ‘la Oficina’ por los jefes de las Odín y de los combos, pero esa es apenas una de sus facetas”, indicó Jeremy McDermott, codirector de la fundación InSight Crime, que investiga el crimen organizado en América Latina.

Añadió que “el hecho de que no sepamos quiénes son sus cerebros, es una muestra de su sofisticación”.

Esta supraestructura o consejo directivo está integrado por personas con poder económico y político, que deambulan entre negocios legales e ilegales, “tan mezclados, que hoy en Medellín es muy difícil distinguir la plata limpia de la plata sucia”, concluyó McDermott.

Estos jefes invisibles nunca han figurado en carteles de los más buscados y quizá no hayan tenido una pistola en sus manos. Es posible que tampoco sean conocidos en persona por los cabecillas de la estructura operativa, como “Tom”o “Douglas”.

Aún así, mantienen con ellos un cordón umbilical, por medio de abogados y asesores que se mueven entre el mundo de las élites y el del hampa local, nacional e internacional, sosteniendo los contactos con los carteles mexicanos, de Centroamérica y Europa.

Se cree que fue esta cofradía la que ordenó, en julio de 2013, un pacto de no agresión entre “los Urabeños” y “la Oficina”, que redujo el índice de homicidios de Medellín a niveles históricos (ver la NOTA RELACIONADA: Los intereses secretos detrás del pacto de bandas).

La Fuerza Pública y las venganzas internas le han cortado algunos brazos, mas este pulpo sigue nadando en las aguas del poder criminal y el desarrollo económico de la ciudad.

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ANEXO 1: LAS GENERACIONES DE “LA OFICINA”

Estos han sido los máximos cabecillas de la estructura operativa de la organización:

Primera generación: “Don Berna”, “Upegui” y “Danielito” (2000 – 2007).

Segunda: “Rogelio” y “Yiyo” (2007 – 2009).

Tercera: “Valenciano”, “Sebastián” y “Beto” (2009 – 2011).

Cuarta: “Sebastián” (2012).

Quinta: “Tom” y “Chamizo” (2013 – 2017).

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ANEXO 2: BANDAS QUE NO OBEDECEN A “LA OFICINA”
- Según fuentes de Inteligencia, el 25% de los combos del Valle de Aburrá están asociados con “los Urabeños”, en especial los cobijados por la “Odín la Sierra” y los que actúan en la parte alta de la comuna 8, San Antonio de Prado, Altavista, Belén, San Cristóbal y Caldas.
- Las principales facciones independientes (10%) son “Pachelly” (Bello), liderada por “Alber”;“los Mondongueros” (Castilla), comandados por “Chichón”; “los Triana” (comunas 2, 7, San Antonio de Prado, Bello e Itagüí), con “Elkin” a la cabeza; y “la Agonía” (comuna 13), de “Ronald”.

El Inspector.