La Policía lo capturó en un apartamento de la urbanización residencial Cacique Niquía, en el municipio de Bello, para que empezara a cumplir esa pena pendiente. ¿Pero cuál es la historia detrás de esa severa sentencia?

Ricardo Abel Palacio Herrera, alias “Richard” o “Rayo”, capturado en Bello el 9 de julio de 2025. Foto cortesía de Policía.

Los hechos datan del 10 de noviembre de 2014 en Medellín, cuando fue secuestrado el narcotraficante Eladio de Jesús Correa Villegas, alias “Ramón”.

De acuerdo con el expediente, conocido por Revelaciones del Bajo Mundo, la banda “la Terraza” lo citó a una reunión para que presentara sus descargos por dos acusaciones: vender drogas en su territorio del Centro sin su autorización, y por el homicidio de un hombre en un bar conocido como El Borrachito, ubicado en inmediaciones de la Placita de Flórez.

Según el testimonio de “Ramón”, tal cual consta en el documento: “En noviembre de 2014 me llevaron para la zona de Manrique parte alta, allá me tuvieron retenido y me quitaron unas cosas, a mí me llevaron a una casa de tres pisos y allá había un señor que le decían ‘Rayo‘. A mí me llaman a Manrique, voy subiendo en un Clío y ahí me abordan y me llevan a una parte más alta, y allá me retuvieron, porque me estaban hablando como de un homicidio, yo no tenía nada que ver en ese homicidio; y sobre el trabajo, porque yo trabajaba sin permiso”.

Y continuó: “En la casa habían tres personas, estaba el señor ‘Rayo’ o ‘Richard’, y los otros dos que no sé quiénes eran, nunca los volví a ver. Yo no conocía a ‘Richard’ o ‘Rayo’, primera vez que lo veía, así le decían. Esa retención duró como de dos a tres horas”.

En aquel entonces, “Ramón” trabajaba para William Andrés Moscoso Monsalve (“el Chivo”), otro cabecilla de “la Terraza”, que a su vez es sobrino del máximo jefe de la banda, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). El hecho de que sus colegas hubieran secuestrado a su traficante de confianza, es el reflejo de cómo está conformada esa organización: como una especie de cartel, en la cual hay varias líneas de mando confederadas, que a veces riñen entre sí por los negocios.

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“El Chivo” intercedió con los secuestradores para que no mataran a Correa. Explicó que este era útil a la organización por sus contactos en el departamento del Cauca, de donde traía marihuana de variedad cripa para las plazas de vicio de Medellín.

A las tres horas lo liberaron, pero antes le exigieron el pago de $300 millones de pesos. El cobro se prolongó por 11 días, hasta que el 21 de noviembre de 2024 “Ramón” terminó de entregar $200 millones, un taxi de marca Kia Picanto y una camioneta Toyota Fortuner.

Eladio Correa Villegas, alias “Ramón”. Cortesía.

La persona que le hizo el favor de entregar este último vehículo, su amigo Wilmar Arboleda, fue víctima de un atentado sicarial posteriormente, que lo dejó cuadripléjico.

Por el secuestro extorsivo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a “Richard” a 37 años de cárcel, el 4 de octubre de 2024. La defensa del sentenciado apeló la decisión, alegando que a su representado le violaron los derechos durante el juicio.

Tal cual ha reportado Revelaciones del Bajo Mundo anteriormente, una de las estrategias que utiliza este cabecilla para evadir la justicia es el uso de múltiples identidades. Su nombre original es Jhon Ricardo Palacio Adarve (con el cual figura en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), pero se lo cambió a Ricardo Abel Palacio Herrera; también ha usado la identidad de Ricardo Escobar Botero, para confundir a los enemigos y los investigadores judiciales.

Aunque siempre le han dicho “Richard” en el bajo mundo, también adoptó el apoyo de “Rayo”. Este alias es usado al mismo tiempo por otro líder de la banda, Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín (capturado recientemente), lo que creaba un embrollo que le permitía subsistir con impunidad.

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Por esas irregularidades, el personaje fue capturado en 2018 y condenado en 2020 a dos años de cárcel por falsedad material en documento público (tres cédulas originales con distintos nombres). El expediente por el secuestro extorsivo se alargó, por lo que obtuvo su libertad por vencimiento de términos, mientras se producía el veredicto.

Fue precisamente en el proceso de apelación de este cargo, que su defensa trató de argumentar que la Fiscalía no logró demostrar la plena identidad del acusado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín dejó al desnudo este truco en su fallo, indicando:

“Desde la audiencia de legalización de captura, el procesado, al momento de presentarse, se identificó como RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, no obstante, fue clara su intención de confundir a la Fiscalía y a la Judicatura desde aquella oportunidad, pues informó dos nombres diferentes al momento de su presentación, y no aclaró cuál era el correcto, cuando se le solicitó presentarse con su identificación. Al respecto indicó en la audiencia:

- Juez: El indiciado tan amable, por favor me da nombres completos y número de documento de identificación”.

- Procesado: Mi nombre es Jhon Ricardo Palacio Adarve, cédula 70.697.538.

- Juez: ¿Jhon Ricardo qué? Nombre completo.

- Procesado: RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, cédula 71.671.115.

Y aunque la defensa, desde la audiencia de legalización de captura le informó a la Judicatura que el procesado en la entrevista manifestó que se llamaba RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, con cédula 71.671.115, no desplegó mayores actos para que se aclarara el error, porque, incluso, al momento de su captura se identificó como Ricardo Escobar Botero”.

El Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena el 8 de abril de 2025, con lo que se reactivó la orden de captura contra “Richard”, la cual se materializó en Bello el siguiente 9 de julio.

En el allanamiento, la Policía le encontró una pistola traumática y “un libro con registros contables por más de 1.000 millones de pesos”, informó el director de la Institución, general Carlos Triana Beltrán.

Ahora “Richard” quedó en poder del Juzgado 11 de Ejecución de Penas de Medellín, para comenzar a purgar sus más de tres décadas de prisión.

En cuanto a alias “Ramón”, fuentes judiciales recordaron que está pagando una pena de 20 años de cárcel por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de drogas. En varias oportunidades han tratado de matarlo en los pabellones y seis de sus trabajadores más cercanos han sido desaparecidos.

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El Inspector.

Se trata de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “el Montañero”, jefe de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín. Bogotá, Soacha, Boyacá y varias subregiones de Antioquia, en asocio con el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“El Montañero”, jefe de la banda “el Mesa”, está de nuevo en libertad. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” había sido transferido el año pasado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por gestión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Allí se llevan a cabo los diálogos con el Gobierno, junto a los principales jefes de las bandas del Aburrá que participan en ese proceso.

Fuentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a El Colombiano que está libre desde el pasado 14 de marzo.

“El Montañero” había sido capturado el 26 de octubre de 2019 en una finca de Aranzazu, Caldas. Fue condenado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Esto quiere decir que apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia, y que un juzgado de control de penas y medidas autorizó su libertad a pesar de tener a cuestas una investigación por homicidio.

El crimen en cuestión ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá. La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

“El Montañero” es un viejo conocido del sistema judicial en Colombia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá ya lo había condenado a 26 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo.

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La sentencia fue por liderar un asalto a un camión de transporte de valores en 2003, en el barrio Las Flores de Bogotá, en el que fue asesinado un policía de la Sijín. A pesar de esto, apenas estuvo nueve años preso y regresó a la calle en 2013.

Retomó las riendas de “el Mesa”, una organización que cuenta con unos 300 integrantes, dedicados al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, lavado de activos, desplazamientos forzados, secuestros y desapariciones.

Una de las maneras en las que suele evadir la justicia, según fuentes judiciales, es mediante el cambio de identidad. En los registros de la rama judicial figura en expedientes penales con tres nombres: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña. Con este último fue que obtuvo su libertad.

Por su influencia en el mundo criminal fue llamado a ser vocero de paz en la mesa de paz del Gobierno y las bandas del Valle de Aburrá.

Hasta ahora el Gobierno ha guardado silencio sobre esta libertad, y acerca de la manera en que seguirá participando en el proceso, dado que los demás voceros cumplen con la condición de estar reunidos en la cárcel de Itagüí.

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El Inspector.

En prisión también está “Nando Robles”, otro cabecilla de Medellín, esperando la condena. Esta es la reseña de los casos, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Johnny Alexánder Ramírez Arenas, alias “el Diablo”, cabecilla de “el Mesa”. Foto cortesía de la Fiscalía.

Carlos Roberto Izquierdo, director especializado de la Fiscalía contra las Organizaciones Criminales, detalló que en las audiencias de control de garantías le imputaron a “el Diablo” el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio.

Ramírez Arenas, también apodado “la Negra” o “Limón”, se declaró inocente, pero le dictaron medida de aseguramiento intramural, mientras continúa el proceso penal.

“Este hombre sería uno de los principales articuladores de una violenta disputa entre grupos delictivos, que dejó más de 150 muertos en Medellín y Bello entre 2019 y 2020”, recalcó el fiscal Izquierdo.

Como uno de los líderes de “el Mesa”, prosiguió el funcionario, “estaría involucrado en el tráfico de estupefacientes al menudeo, extorsiones, desplazamientos y desapariciones ocurridas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, La Ceja, El Carmen de Viboral, La Unión, Sonsón, Argelia, Nariño y Caldas (Antioquia); Soacha (Cundinamarca) y Bogotá”.

“El Diablo” fue capturado por la Dijín el pasado 23 de agosto en una vivienda de Bello, durante la operación Luzbel II. Fuentes cercanas al procedimiento contaron que al llegar al sitio había seis sospechosos, y en principio no reconocieron a Ramírez, pero más tarde confirmaron su identidad en el examen de dactiloscopia.

A “el Mesa” ingresó hace 20 años, “inicialmente como escolta de los cabecillas de la época, y actualmente tendría a su cargo 500 personas. En su contra había una notificación azul de Interpol”, concluyó Izquierdo.

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Luis Fernando Zapata Ruiz (“Nando Robles”), capturado por la Policía en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín. Cortesía.

LA CAÍDA DE “NANDO ROBLES”
“El Diablo” no ha sido el único cabecilla del Valle de Aburrá que cayó a la cárcel recientemente. En la prisión de Bellavista se encuentra, esperando su condena, Luis Fernando Zapata Ruiz (“Nando Robles”), miembro de la cúpula de la organización criminal “San Cristóbal”.

Según el dosier de la Policía, este personaje comandaba una confederación ilegal que agrupa a varios combos del corregimiento San Cristóbal y de la comuna 4 de Medellín (Aranjuez), entre ellos “los Paracos del Llano” y “Moravia”.

Fue capturado el pasado 8 de junio en Barrio Nuevo, en la cabecera corregimental de San Cristóbal, y judicializado por concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico de estupefacientes y utilización de menores de edad para delinquir.

Es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las AUC y fuentes de Inteligencia presumen que al parecer tiene conexiones delincuenciales con el Clan del Golfo.

En el juzgado aceptó la responsabilidad en los delitos imputados, por lo que será condenado en los próximos meses.

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El Inspector.

Esta historia verídica, que dejó una estela de sangre en las montañas de los municipios de Sonsón y San Roque, es narrada por El Inspector en el primer capítulo de la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo (RBM), el podcast de El Colombiano.

Esta es la ilustración del primer capítulo de la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, con la historia de “la Barbada”. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

El episodio, titulado “La Barbada: crímenes de una bruja sangrienta”, contiene audios inéditos de las diligencias judiciales del truculento expediente, con las voces de los personajes implicados.

La protagonista del caso es María Nieves Suárez de Alzate, alias “la Barbada”, quien fue condenada a 47 años de prisión por los homicidios.

Ya pueden escuchar la historia en las principales plataformas de streaming sonoro, como Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. También en YouTube y las páginas web de El Colombiano, Q’Hubo Medellín y, por supuesto, el blog de Revelaciones del Bajo Mundo.

PARA ESCUCHAR EL EPISODIO, DALE CLICK AQUÍ.

RBM es un pódcast periodístico que combina el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas de antaño.

La primera temporada ha sido escuchada en 32 países, con más de 300.000 reproducciones, según los registros de Spreaker.

La producción ha estado en el selecto grupo del 5% de los podcast más compartidos a nivel mundial, de acuerdo con la estadística de Spotify, y fue nominada a los Premios Ondas Globales del Pódcast, que organiza la cadena SER (España), en la categoría de Mejor Narrativo de No Ficción.

Cada martes habrá un episodio de estreno, con un caso diferente de Antioquia y Colombia. Para una mejor experiencia sonora, les recomendamos usar audífonos. ¡No se lo pierdan!

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El Inspector.

El cabecilla de la banda “La Unión” de Itagüí, con múltiples procesos penales en su prontuario, estaba libre desde 2017, cuando salió de la cárcel por vencimiento de términos. Su nueva detención llega justo cuando actúa como representante de “la Oficina” en los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.

Mauricio González, alias “el Ronco”, jefe de la banda “la Unión” y exmiembro de las Autodefensas paramilitares. Foto de la Policía.

Según fuentes judiciales, “el Ronco”, también apodado “Felipe” o “Fly”, se presentó en la estación de Policía de Sabaneta el 8 de marzo de 2023. De allí fue remitido al búnker  de la Fiscalía.

González, quien también es desmovilizado de las Autodefensas paramilitares (2005), estaba inmerso en un expediente penal de 2016, cuando la Fiscalía le endilgó cargos por un secuestro perpetrado 10 años antes. Los delitos imputados fueron concierto para delinquir, secuestro extorsivo y tráfico de estupefacientes.

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Tras el vencimiento de términos en 2017, quedó en libertad, pero el proceso siguió adelante. La justicia lo absolvió por los cargos de secuestro extorsivo y tráfico de estupefacientes.

No obstante, esta semana el Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín dictó el sentido del fallo condenatorio por el concierto para delinquir, y en consecuencia ordenó la captura de “el Ronco”.

Frente a esa situación, González decidió entregarse. En las próximas semanas el juzgado hará la lectura del fallo, momento en el cual explicará cuántos años de cárcel pagará el procesado.

Esta situación sucede justo cuando “el Ronco” estaba participando en los acercamientos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y las organizaciones criminales del Valle de Aburrá, entre ellas “la Oficina” y “la Unión”.

El cabecilla tenía el aval de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) para representar a estas bandas en las conversaciones exploratorias, lo que genera varias preguntas ahora que cayó a la cárcel. ¿Será que su entrega fue un “gesto de paz” para congraciarse con el Gobierno? ¿Recibirá algún beneficio jurídico por ello? ¿Cómo seguirá ejerciendo sus funciones de cara a la “paz total”?

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El Inspector.

La sentencia STP16510-2022 fue proferida el pasado 23 de noviembre de 2022 por la Sala de Casación Penal de la Corte, pero no había trascendido a la opinión pública. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, fue condenado a 36 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia. Foto de archivo.

“Carlos Pesebre”, de 49 años, fue integrante del bloque Cacique Nutibara de las AUC en los años 90. Tras la desmovilización de 2003, siguió al frente de su propia organización, “los Pesebreros”, que fungía como uno de los tentáculos de la confederación mafiosa “la Oficina” en el Occidente de Medellín (Robledo, San Javier, La América, Laureles, Belén y Altavista).

Ramírez, capturado en una finca del municipio antioqueño de Urrao en 2013, ya había pagado una condena de 9 años de prisión por concierto para delinquir agravado.

El asesinato que produjo la nueva sentencia ocurrió el 15 de julio de 2005 en la entrada de un local de comida rápida del barrio Los Alpes, adonde fue citado Mauricio Alberto Velásquez Valencia, alias “el Meca”, un lugarteniente de “Carlos Pesebre”.

Según el expediente, a las 9:15 p.m. llegaron dos sicarios en una moto, el pasajero se arrimó a “el Meca” y le disparó tres veces en la cabeza con una pistola.

De acuerdo con la Fiscalía, fue “Carlos Pesebre” quien ordenó la muerte de su subalterno, al culparlo del robo de un dinero de la banda, producto del hurto de hidrocarburos al oleoducto de Ecopetrol.

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En la acusación fue clave el testimonio de un exmiembro de la organización criminal, quien estuvo presente en la reunión en la cual se ordenó el homicidio, cinco días antes del ataque.

Así la describió a las autoridades: “(…) Él (’Carlos Pesebre’) nos dice que con los registros que le había dado Mauricio de lo de la gasolina, los estuvo comparando desde dos o tres meses atrás con los registros que yo le presentaba a solicitud del mismo Carlos, y que él notaba que le falta plata (…). Decía que donde veía el desfalco era en los libros de la gasolina que le mostraba Mauricio. (…). Decía que la suma era grandísima, que está entre 700 y 800 millones (…). Él dijo: la decisión está tomada, con el dolor en el alma, somos hermanos, somos amigos, a Mauricio hay que matarlo”.

La ejecución de la orden le fue encomendada a otros de los cabecillas de “los Pesebreros”, Javier Ventura Marín (“Tatú”), quien la delegó en uno de sus sicarios de confianza, apodado “Nene”.

Por estos hechos, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín condenó a “Carlos Pesebre” en 2016, a 36 años, tres meses y un día por homicidio agravado.

Su defensa apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín, argumentando que el testigo estrella de la Fiscalía había incurrido en varias contradicciones en su testimonio. En 2017 el alto tribunal le dio la razón y absolvió al procesado, declarándolo inocente.

Ese fallo fue apelado por la Fiscalía y la Procuraduría, y pasó a su última instancia, una casación en la Corte Suprema, la cual revocó la absolución y revivió la condena contra “Carlos Pesebre”.

Ramírez está recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, y es uno de los cabecillas de bandas del Valle de Aburrá que le han pedido al Gobierno Nacional que los acepte en las conversaciones para el proyecto de “paz total”.

Javier Ventura Marín (“Tatú”), otro de los involucrados en la muerte de “el Meca”, tuvo un destino similar: asesinado por la propia organización. Tras salir de prisión y ser citado a una reunión, su cadáver fue encontrado en una vía del barrio Castropol, envuelto en bolsas, el pasado 11 de septiembre.

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El Inspector.

Se trata de un antiguo integrante de la cúpula de “la Oficina”, la organización criminal que regenta el bajo mundo en el Valle de Aburrá; además, llegó a ser el máximo líder de “la Terraza”, uno de los principales tentáculos de “la Oficina”, con redes delincuenciales en cinco comunas de la ciudad y el Suroeste antioqueño.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) ha pagado 12 de los 32 años de cárcel de su condena. Foto de cortesía.

“Douglas” estaba en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue incluido en la lista de seis personajes que serán trasladados a otros establecimientos por orden del nuevo director (e) del Inpec, el coronel Joaquín Medrano Muñoz.

Los demás reseñados son el excomandante paramilitar y narcotraficante Carlos Mario Jiménez (“Macaco”); Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Babalao” o “Andrea”), procesado por ser un presunto narco y lavador de activos asociado con el Clan del Golfo en Antioquia y la Costa Caribe; y José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, señalado de tener nexos con la guerrilla del ELN.

El listado lo complementan Emilio Tapia Aldana, condenado por el célebre cartel de la contratación en la Alcaldía de Bogotá e implicado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados; y el excongresista Eduardo Enrique Pulgar Daza, condenado por tráfico de influencias en la rama judicial.

Según la Resolución 001497 del 3 de marzo de 2022, la primera orden firmada por Medrano, “Douglas” y los otros cinco presos serán trasladados “a otro pabellón o centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad”.

Como justificación para la medida, el documento señaló que “por su perfil y situación de seguridad se hace necesario ordenar sus traslados, a fin de proteger el derecho a la vida de la población privada de la libertad y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, añadió que la decisión también se tomó “luego de investigaciones que permiten concluir que algunas personas privadas de la libertad pueden ejercer influencia en los establecimientos en los que permanecen recluidos”.

En el caso de Muñoz Martínez, el traslado será para el pabellón 34 de la cárcel Picaleña, de Ibagué, una penitenciaría en la que ya había estado preso en 2013. En ese entonces fue llevado allá junto a otro jefe de “la Oficina”, Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”).

El director del Inpec del momento, general Gustavo Ricaurte, dijo en aquella oportunidad que la remisión de los dos cabecillas se originó “porque es necesario impedir que los detenidos de alto perfil delincuencial afecten el orden, la disciplina en los centros de reclusión o continúen o inicien estructuras delictivas que puedan afectar la seguridad ciudadana“.

Sobre “Douglas”, las agencias de seguridad han manifestado en varias oportunidades que, presuntamente, continuó dando órdenes desde las celdas. Por este motivo ha sido rotado por varias prisiones, que incluyen El Pedregal (Medellín), Cómbita (Boyacá), La Paz (Itagüí), La Picota (Bogotá) y de nuevo Picaleña.

Muñoz fue capturado en abril de 2009, en un apartamento de El Poblado. Luego de cinco años de audiencias y juicio oral, fue condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La víctima del caso fue la empleada de una agencia de aduanas de Barranquilla, a quien “la Oficina” secuestró durante un mes en Medellín para cobrarle el dinero que perdió por la incautación de un cargamento de cocaína en el puerto.

Hay que recordar que el cuerpo de custodios de La Picota quedó en entredicho esta semana, cuando se descubrió que el empresario Carlos Mattos, procesado por cargos de corrupción, salía de la celda “como Pedro por su casa”, escoltado por funcionarios del Inpec, para atender diligencias personales en su oficina privada en Bogotá.

Como consecuencia de eso, fueron despedidos de sus cargos los directores del Inpec y de La Picota, en el inicio de una pugna que promete relevar a más funcionarios. La prisión será intervenida, según el ministro de Justicia.

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El Inspector.

En diciembre, de acuerdo con el reporte del Inpec, la justicia le concedió la detención domiciliara a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, señalado por las autoridades de ser uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y a su vez líder de la banda “San Bernardo”, que delinque en la comuna 16 de Medellín (Belén).

Este es el análisis realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) tiene una condena de nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Foto cortesía de la Policía.

Castro fue capturado el 19 de agosto de 2018 en una cabaña de Tolú (Sucre), hecho que fue ampliamente celebrado por la Alcaldía de Medellín y la Policía, al considerarlo un golpe demoledor contra la mafia. Hicieron énfasis en sus antecedentes, que incluyen una condena de 1997 a 18 años por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público (radicado 0500131040131997-04077).

Al terminar de pagar esa pena en 2017, volvió a sus andanzas y lo detuvieron al año siguiente, tal cual se indicó. El 15 de marzo de 2019 fue condenado –otra vez– por concierto para delinquir agravado, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La nueva pena fue de seis años, tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, solo estuvo dos años y cuatro meses tras las rejas, obtuvo beneficios por buen comportamiento y estudio y ahora disfruta de la detención domiciliaria.

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La misma circunstancia favoreció a otro jefe de “la Oficina” y de la banda “Picacho”: Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. La Policía lo capturó el 22 de marzo de 2017 en el barrio La Colina, de Medellín, luego de que en un consejo de seguridad el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, solicitara la priorización de este arresto a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’, es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

Su defensa firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el 1 de agosto de 2017 fue condenado a nueve años por concierto para delinquir agravado, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín. No obstante, solo pasó encerrado tres años y cuatro meses, y el pasado diciembre también le otorgaron la domiciliaria.

“Soto” y “Pichi Belén” se suman a una lista de cabecillas de alto perfil condenados que, en tiempo de pandemia, salieron de la penitenciaría por diferentes circunstancias procesales, obteniendo la libertad condicional o la llamada casa por cárcel: Julián González Vásquez (“Barny”), John Ricardo Palacio Adarve (“Richard” o “Rayo”) y Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), de “la Terraza”; así como Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de “los Triana”; entre otros.

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Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”) tiene una condena por concierto para delinquir y otra por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento. Foto de Carlos Velásquez.

REINCIDENCIA
Uno de los temores con la excarcelación de estos personajes, es que se reactiven las disputas entre combos delincuenciales, tal cual ocurrió en Bello entre 2019 y 2020, cuando el índice de homicidios se incrementó hasta en 145%.

Los protagonistas de esa guerra ya habían cumplido penas carcelarias, y al salir, presuntamente, trataron de reclamar antiguos negocios y cobrar venganzas pendientes: Luis Rodríguez Rodriguez (“el Montañero”), de la banda “el Mesa”; Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), de “Niquía Camacol”. Hoy todos están encarcelados de nuevo, con excepción de este último, quien murió por un ataque cardiaco en la cárcel Picaleña de Ibagué (abril 6 de 2020).

Un fenómeno parecido se registra actualmente en Castilla, la comuna del noroccidente de Medellín que tuvo un aumento del 24% en los asesinatos en 2020 (comparado con 2019), según la Administración municipal.

Allá la Policía ha reportado una disputa entre “los Mondongueros” y “los Machacos”, dos estructuras aliadas anteriormente; como presunto líder de la primera está Frank Salazar (“Chichón”), y de la segunda Wilmar Mejía (“Dólar”), ambos en libertad después de pagar sendas condenas por concierto para delinquir, y quienes de nuevo aparecen en los carteles de los más buscados de la ciudad.

Según la estadística del Inpec, de los 97.728 internos del país, 22.627 son reincidentes, es decir, el 23.15%.

En el top 5 de delitos con mayor reincidencia, de acuerdo con esa institución, están el hurto, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y tráfico o porte ilegal de armas.

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EL DEBATE
La ley colombiana señala que una de las funciones de la cárcel es resocializar a los detenidos, aunque casos como los mencionados, en los que un cabecilla regresa a la delincuencia provocando oleadas de violencia, generan inquietud en Medellín. ¿Qué estrategia debería asumir el Estado para evitar esa situación? ¿Es necesario diseñar un plan especial para ellos?

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, enfatizó en que la ley no establece ninguna diferencia entre un excarcelado convencional y los llamados “capos”: “Se asume que cuando cumplan ciertos requisitos, pueden obtener la libertad y la oportunidad de reincorporarse a la sociedad”.

Desde su perspectiva, el Estado debe asumir un cuestionamiento de fondo sobre las causas que llevan a las personas a delinquir.

“Desde el punto de vista de las políticas oficiales, valdría la pena que se revisara la actuación de algunos funcionarios, que les suben el perfil a algunos delincuentes solamente para acceder a las recompensas”, aseveró.

En lo que tiene que ver con la resocialización, Pineda comentó que el Estado debería hacer una mayor inversión en programas de formación y creación de empresas para los pospenados, de modo que puedan hallar más fácilmente un trabajo legal, “porque estas son las cosas que generan la paz”.

Una visión diferente expuso Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y asesora en temas de seguridad. “Lo más posible es que estos cabecillas nunca dejen de delinquir. El Estado debe diseñar un programa de seguimiento especial para estas personas, a través de los organismos de Inteligencia”.

Ampliando su idea, propuso que lo ideal es que las agencias de seguridad tengan un canal de comunicación más activo con el Inpec, que genere alertas cuando alguno de estos personajes esté por salir de la cárcel. Esto ya se aplica en algunas ciudades en las que hay un fuerte trabajo interinstitucional, como Medellín.

“Lo otro es establecer una norma que permita a las autoridades hacer un monitoreo de las finanzas, actividades comerciales y movimientos de esos cabecillas recién salidos de prisión, y de sus familias. Si bien es cierto que se debe garantizar esa libertad, ha habido muchos casos de gente que vuelve a delinquir”, precisó.

El académico Andrés Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U.P.B., propuso una estrategia intermedia, que incluya programas sociales, pero también vigilancia gubernamental.

“El problema con los cabecillas es el factor económico, muchos de ellos siguen percibiendo rentas ilícitas durante su estancia en la cárcel, y al salir simplemente continúan el negocio”, acotó.

Agregó que “el Estado debe brindarles herramientas para ayudarles en la resocialización, porque el sistema penitenciario no tiene esa capacidad por sí solo. Esa estrategia debe tener un fuerte componente psicosocial, pero eso sí, estos programas no pueden ser voluntarios, sino de carácter obligatorio, para garantizar que sí cumplan los pasos de la reintegración. Esto debe acompañarse de un Estado vigilante, que aunque para muchos ciudadanos es algo indebido, en estos casos se requiere saber qué están haciendo los cabecillas”.

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ANEXO: UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Departamento de Policía de Kansas City, en el estado de Missouri (EE.UU.), participa en un proyecto especial denominado KC NoVa (Kansas City No Violence Alliance), una alianza entre varias instituciones (gubernamentales, civiles y agencias de seguridad) para reducir la violencia en el área urbana de esa ciudad.
Entre las estrategias de KC NoVa, hay una lista de delincuentes peligrosos que están en libertad condicional o a punto de salir de la prisión. Un integrante de este programa, el cual conversó con El Colombiano, detalló que “un funcionario le hace una visita a esa persona de la lista, y nos aseguramos que tenga un plan de vida para después de la cárcel. Si no lo tiene, buscamos brindarle apoyo con las instituciones que hacen parte de la alianza”.

El Inspector.

Se trata de Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, miembro de la cúpula de la organización ilegal “la Oficina” y condenado a 20 años por conspiración para distribuir cocaína en aquel país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Maximiliano Bonilla es oriundo de Villavicencio, Meta, pero se crió en Medellín. Comenzó su carrera criminal de la mano de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), uno de los fundadores de “la Oficina” a finales de los 90. Llegó a EE.UU. en diciembre de 2011. Foto de archivo El Colombiano.

El Colombiano tuvo acceso a documentos de su proceso penal (caso criminal N°08-140WFK), que reposan en la Corte del Distrito Oriental de Nueva York, con sede en Brooklyn. De acuerdo con la información, Bonilla envió una petición a dicho tribunal el pasado 27 de abril.

En su misiva, solicitó que lo favorecieran con un confinamiento casero, invocando la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley 116-236 o Cares Act, por sus siglas en inglés), firmada por el presidente Donald Trump el 27 de marzo anterior. Dicha norma, entre otras medidas, instó al Buró de Prisiones (equivalente al Inpec en Colombia) a flexibilizar la autorización de detenciones domiciliarias, para mitigar el impacto de la propagación del virus en las cárceles.

En su argumentación, “Valenciano” invocó una frase del expresidente estadounidense Thomas Jefferson: “El cuidado de la vida humana y la felicidad, y no su destrucción, es el primero y único objeto de un buen gobierno”.

Acto seguido, escribió que encarcelado tenía menos chance de sobrevivir a la pandemia, pues el distanciamiento social es imposible y todo el sistema de ventilación de las celdas está interconectado, lo que hace que contagiarse “sea cuestión de tiempo”.

Alegó que tiene 47 años, presión arterial elevada y colesterol alto, por lo cual consume medicamentos.

También enfatizó que su comportamiento ha sido óptimo y ha recibido clases sobre el manejo de la ira, aeróbicos, yoga, crossfit e introducción al mercado de la bolsa de valores, entre otras; y que ha estado leyendo libros sobre el autocontrol, manejo del estrés y “el coraje para cambiar”.

Bonilla está recluido en la cárcel de Lewisburg, Pennsylvania, y pidió que le concedieran la detención en el domicilio del tío de su suegra, en Carolina del Sur.

Según él, estará en esa casa mientras dure la crisis sanitaria, y regresará a la celda una vez el Gobierno lo autorice.

“NO ES PERSONA CONFIABLE”

Enterado de esta petición, el fiscal de Distrito, Seth D. Ducharme, envió a la Corte una comunicación el pasado 24 de agosto, solicitándole al juez federal William F. Kuntz II que la rechazara.

En su exposición, hizo un recuento del prontuario de “Valenciano” como miembro de “la Oficina”, “la organización heredera de la infraestructura de narcotráfico de Pablo Escobar”.

Señaló que el detenido ascendió hasta ser un jefe de ese grupo, encargado de las operaciones de droga en los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y socio del cartel mexicano “los Zetas”, con el que exportó más de 45 toneladas de cocaína. “Esto lo convirtió en uno de los narcos más poderosos del mundo”, redactó Ducharme.

El fiscal detalló que “Valenciano” no era confiable, porque ya había traicionado un acuerdo de cooperación con los norteamericanos. Dicho pacto lo realizó con la Fiscalía el 14 de diciembre de 2008, cuando prometió aceptar las acusaciones y que trabajaría como informante de la DEA y la Agencia de Seguridad Nacional (HSI), para obtener rebaja en la sentencia.

Sin embargo, luego de pactar con los funcionarios, regresó a Colombia para protagonizar una guerra por el control de “la Oficina” y sus negocios, en contra de Ericson Vargas (“Sebastián”), otro de los líderes de la organización (hoy preso en EE.UU. también).

La pelea involucró a más de 300 bandas del Valle de Aburrá, que se alinearon con uno y otro capo, y duró tres años. Entre enero de 2009 y diciembre de 2011 hubo 5.859 homicidios tan solo en Medellín, la mayoría atribuidos a esa disputa mafiosa.

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La Casa Blanca asignó una recompensa de 5 millones de dólares por el cabecilla, quien fue capturado el 27 de noviembre de 2011 en Venezuela, y desde allí extraditado.

Ducharme afirmó que no califica para la domiciliaria porque es extranjero, lo que le dificultaría recibir los servicios médicos que ya tiene en prisión; que su edad no lo hace de alto riesgo para covid-19 y que no está comprobado que la presión sanguínea elevada lo haga más propenso al contagio; y que no demostró que en la casa de Carolina del Sur estaría a salvo del virus.

“La historia de violencia y desobediencia lo hace un candidato no confiable para el confinamiento casero, y un peligro para la comunidad, en especial por las mínimas capacidades de las autoridades para su monitoreo (por causa de la pandemia)”, concluyó.

A la fecha, el juez Kuntz no ha emitido su veredicto sobre la petición de Bonilla. Los tiempos judiciales en EE.UU. se ralentizaron por la cuarentena, debido a lo cual el pronunciamiento podría darse en octubre, según fuentes judiciales.

NOTA RELACIONADA: 20 años de condena en EE.UU. para el capo “Valenciano”.

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ANEXO: LOS EXPEDIENTES DE “VALENCIANO” EN COLOMBIA

En Colombia, Maximiliano Bonilla no tiene condenas, pero sí cuatro investigaciones penales en curso. Una de ellas, por concierto para delinquir agravado, data de 2009 y está en etapa de juzgamiento.
Las demás están en “indagación preliminar”, según la Fiscalía: una por el delito de extorsión (2009); otra como indiciado de homicidio (2000); y una más por el asesinato del investigador del CTI, Jaime Piedrahíta, perpetrado por sicarios en 1997 en el municipio de Itagüí.
Por esas investigaciones, tiene órdenes de captura pendientes en nuestro país, por parte de despachos judiciales de Medellín y Bogotá.

El Inspector.

La sentencia fue proferida el pasado 30 de julio por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín (Radicado N°0500 16000000 201800468), por el cargo de concierto para delinquir agravado, luego de un proceso de audiencias y juicio oral que se tardó dos años y cinco meses. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”) no aceptó el preacuerdo con la Fiscalía y decidió someterse a un juicio, el cual perdió en primera instancia. Foto cortesía de la Policía.

En el expediente, la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada indicó que “Vallejo”, de 53 años, era el cabecilla financiero de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín y Bogotá, al igual que un enlace entre dicho grupo y otras bandas de Medellín asociadas a “la Oficina”. Tales estructuras se dedican al narcotráfico, el sicariato, la extorsión y la corrupción de servidores públicos, entre otros delitos.

Desde su captura en una vía de El Poblado, en Medellín, el 6 de marzo de 2018, “Vallejo” siempre sostuvo que era inocente, a pesar de que las autoridades lo presentaron en ese entonces como un pez gordo de la mafia.

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Durante el juicio reiteró que era un comerciante con más de 25 años de experiencia, que aprendió el oficio de electricista y estudiaba Administración de Empresas de forma virtual.

Entre los testigos de la defensa, de acuerdo con el fallo judicial, estuvo el exconcejal bellanita Manuel Oquendo Giraldo (periodos 2008-2011 y 2016-2019), quien comentó que nunca supo de actividades ilícitas por parte de Vallejo; y que por el contrario, lo conoció por sus actividades comerciales como proveedor de logística, sonido, tarimas y silletería, al igual que por sus negocios con el establecimiento de ventas Hipercentro del Bebé, localizado en el parque principal de Bello.

A pesar de esto, otros testigos terminaron hundiendo al procesado, entre ellos algunos exintegrantes de “el Mesa”, como Jader Obeimar Fernández Tobón (“el Chivo”), una de las fuentes clave de la Fiscalía en el caso. Este hombre desentrañó los secretos de la banda, luego de que sus exsocios mataran a su padre John Jairo Fernández en 2015 e iniciaran una serie de extorsiones para quitarle un parqueadero familiar.

Su denuncia tuvo un alto costo. Desaparecieron a su hermana de crianza Leidy Johana López y después desplazaron a varios de sus seres queridos. Finalmente, el 16 de diciembre de 2018, Fernández fue encontrado sin vida en su celda de la cárcel El Pedregal, aparentemente envenenado.

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En la actualidad, “Vallejo” se encuentra recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá. Sin embargo, su defensa solicitó que se estudiara la posibilidad de un traslado a otro sitio, debido a padecimientos de salud. El 29 de junio de 2011, mientras estaba reunido con otros delincuentes de Bello en una urbanización del barrio Castropol de Medellín, el señalado fue víctima de un atentado por parte de un comando sicarial.

Los mercenarios incursionaron disparando en el apartamento, por lo que Vallejo y otros inquilinos saltaron desde una ventana del séptimo piso. Dos personas murieron aquel día, mientras que él sobrevivió con varias secuelas,que hoy agravan su condición médica.

En la sentencia, el Juzgado ordenó la compulsa de copias para abrir otra investigación por la desaparición de Leidy López; y también para indagar si hubo irregularidades en la expedición de salvoconductos para que Vallejo Alarcón portara armas de fuego legales, tras el reciente escándalo de corrupción que involucró a oficiales del Ejército con el trámite de permisos para integrantes del crimen organizado del Valle de Aburrá.

“Se probó en el juicio que Jorge de Jesús Vallejo Alarcón contaba con permiso especial para el porte y tenencia de tres armas de fuego, razón por la cual se ordenará la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue si en el procedimiento adelantado para otorgar los permisos se incurrió en alguna irregularidad”, detalló el fallo.

El abogado de Vallejo Alarcón apeló la condena y el recurso será resuelto en las próximas semanas por el Tribunal Superior de Medellín.

Actualmente, “el Mesa” protagoniza una escalada de violencia en el municipio de Bello, por cuenta de un enfrentamiento con la banda de “Pachelly” que inició en febrero de 2019. Esta situación puso a sus integrantes en la mira de las autoridades, que a la fecha han capturado a otros integrantes de su cúpula, como “el Montañero”, “Malacate”, “el Loco Crazy”, “el Tigre”, “Faro”, “Piolo” y “Jalea”.

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El Inspector.

Un equipo de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía lo capturó en la tarde del 13 de agosto, en una urbanización del sector La Cola del Zorro, en El Poblado, suroriente de Medellín, para que responda por una condena de seis años y cuatro meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El político Óscar Suárez Mira fue detenido en un apartamento de El Poblado, en Medellín. Foto cortesía de la Policía.

El expediente, adelantado por la Corte Suprema de Justicia (Proceso N° 27267) comenzó en el año 2009, en el marco de las investigaciones por la “parapolítica”, es decir, los nexos criminales entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los partidos políticos colombianos.

Varios desmovilizados atestiguaron que Suárez Mira recibió apoyo de las facciones paramilitares en el Valle de Aburrá y la subregión de Urabá, que presionaron a la población para obtener votos, que finalmente sirvieron para que el abogado antioqueño lograra curules para la Cámara de Representantes en 2002 y el Senado en 2006.

Óscar Suárez Mira nació en Bello, Antioquia, donde luego fue alcalde. Foto de archivo.

Ese constreñimiento a los electores llegó por parte del bloque Élmer Cárdenas, que lideró Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), y de la banda “Pachelly” de Bello.

En 2011 fue detenido y el 24 de julio de 2013 el alto tribunal lo condenó a nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado; sin embargo, el exalcalde de Bello apenas estuvo preso tres años y 11 meses. En noviembre de 2014, un juez de ejecución de penas y medidas le concedió la libertad condicional, valorando su buen comportamiento en la cárcel de Yarumito.

DINERO SUCIO
En el fallo de la primera sentencia, la Corte ordenó compulsar copias para abrir otro expediente en contra de Suárez, esta vez por el cargo de enriquecimiento ilícito, por haber recibido presuntamente dineros de las Auc y de la organización criminal “la Oficina”.

Dentro de los testimonios reunidos, estuvo el de Juan Carlos “el Tuso” Sierra, uno de los principales financiadores de las Auc. Señaló que Suárez Mira tenía una estrecha relación con Daniel Mejía Ángel (“Danielito”), comandante del bloque Héroes de Granada y de “la Oficina”.

“El aporte a Óscar Suárez fue a través de Daniel, en efectivo”, afirmó, aduciendo que el dinero, entre $200 y $300 millones, se camufló como parte de proyectos productivos en La Ceja, de 2002 en adelante.

Otro declarante fue John Jairo Ortega, un testigo protegido de la Fiscalía, quien afirmó que ese mismo año hubo una reunión en la cárcel de San Quintín, en Bello, donde varios jefes paramilitares le entregaron $20 millones al político.

Durante las audiencias, el procesado siempre negó dichas reuniones.

Esta nueva línea del caso produjo una decisión el 12 de noviembre de 2015: la Corte dictó una medida de aseguramiento; no obstante, Suárez Mira escapó antes de ser arrestado de nuevo.

En la clandestinidad, les dijo a sus abogados que era inocente y además víctima de una persecución política. Justificó su ausencia de los estrados aseverando que no tenía garantías procesales. En redes sociales, sus seguidores le expresaron respaldo con la etiqueta #SuárezYoTeCreo.

El proceso penal continuó, con él en calidad de prófugo, y el 3 de agosto de 2020 el alto tribunal informó que lo halló culpable otra vez, ahora por el citado enriquecimiento ilícito.

Esta sentencia reactivó la cacería de las autoridades, que lograron arrestarlo el 13 de agosto, allanando su apartamento en El Poblado. El condenado, que se encontraba en compañía de dos hombres y una mujer, no opuso resistencia.

“Desde hace un año se venía realizando inteligencia policial y seguimientos, con el fin de esclarecer qué movimientos hacía y cuáles eran sus relaciones con otras personas en el Valle de Aburrá”, expresó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

El ciudadano de 61 años fue internado en el calabozo de la URI Sur de la Fiscalía, en Envigado, a la espera de que el Inpec decida su lugar de reclusión. Según el oficial, la Corte habría solicitado que lo trasladen a un establecimiento carcelario de Bogotá.

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El Inspector.

Fuentes del Inpec confirmaron  que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga envió la solicitud este lunes 16 de diciembre a la cárcel de Girón, Santander, donde se encuentra el interno pagando una sentencia de 16 años y cuatro meses por concierto para delinquir, tráfico de armas y uso de documento falso. Esta es la reseña de lcaso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En un allanamiento a un apartamento de “Frank” en Envigado (2012), la Policía decomisó estos fusiles FN Herstal de fabricación belga. Fotos de archivo de la Policía.

Al recibir el requerimiento, el Inpec inició una búsqueda en las bases de datos, encontrando que Vargas no tiene más procesos activos en otros juzgados, razón por la cual en las próximas horas le notificarán la libertad condicional.

Estuvo tras las rejas siete años, al parecer logrando rebajas en el tiempo de pena por buen comportamiento y estudio.

“Frank” fue cabecilla de “la Oficina” entre 2008 y 2012, durante uno de los periodos más violentos en la historia reciente del Valle de Aburrá. En ese entonces, luego de la extradición a EE.UU. del fundador Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), la organización que controlaba a todas las bandas de la región sufrió una fractura interna.

Se conformaron dos bandos, cada uno buscando heredar el trono de la estructura: de un lado, el capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”) con sus ejércitos privados; y del otro, los hermanos Ericson y Franklin Vargas Cardona, en coalición con otros jefes de la mafia como Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Felix Isaza Sánchez (“Beto”).

La confrontación incluyó a casi todas las bandas del área metropolitana, aliadas con una y otra facción, y las autoridades calculan que esos choques fueron los responsables de por lo menos el 80% de los 7.000 asesinatos perpetrados en Medellín en esos años.

Ver la NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?

ANTECEDENTES

“Frank” fue capturado por la Policía el 17 de febrero de 2012, en un centro comercial de El Poblado, y al momento de la detención portaba una cédula falsa. En los allanamiento a dos de sus propiedades en Medellín y Envigado le encontraron tres fusiles, una pistola, municiones de distintos calibres, 486 millones de pesos en efectivo, 5.000 dólares y 4.000 euros.

Ver la NOTA RELACIONADA: Cayó “Frank” con armas, millones y mucho sigilo.

El 6 de marzo siguiente, en una inspección a uno de sus carros (un automóvil Seat), los investigadores encontraron una sofisticada caleta que se abría con comando de voz. Escondía un fusil AK-47, tres pistolas más, un revólver, proveedores y municiones.

Las autoridades relataron que la organización de “Frank” estaba involucrada en la importación de armas de última generación, como la pistola FiveSeven y el subfisul FN Herstal, diseñados en Bélgica para perforar chalecos blindados.

Ver la NOTA RELACIONADA: Descubren nueva caleta de alias “Frank”.

El 11 de octubre de 2012 fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, a la mencionada pena de 16 años y cuatro meses.

Según los archivos policiales, este hombre de 44 años participó en múltiples disputas mafiosas, bajo el mando de “don Berna”. En los 90 integró la banda “los Pepes” (“Perseguidos por Pablo Escobar”), en una guerra sin cuartel contra el Cartel de Medellín.

En el 2000 ingresó a “la Oficina”, en otra batalla a muerte contra la primera generación de la banda “la Terraza”. En esa confrontación lideró las bandas de los barrios La Milagrosa, El Salvador, Buenos Aires y Loreto.

Por tales antecedentes, su eventual excarcelación genera inquietud entre las autoridades. Su hermano Ericson continúa en una celda de Estados Unidos desde 2013, pagando una condena de 25 años por cargos asociados al narcotráfico.

NOTA RELACIONADA: Jefe de “la Oficina” pagará 25 años en cárcel de E.U.

El Inspector.

Se trata de Jorge Oswaldo Zapata Berrío, alias “Jonás”, quien según las autoridades estaba en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) y obtuvo su libertad condicional el pasado 24 de mayo.

Esta es la reseña del caso publicada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura de Jorge Zapata Berrío (“Jonás”) en 2016. Un juzgado le otorgó la libertad condicional. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre es considerado el jefe militar de “los Chatas”, una organización surgida en el municipio de Bello, que rige los destinos de múltiples bandas de la región por su liderato en la confederación mafiosa “la Oficina”. En su momento, las autoridades lo señalaron de coordinar múltiples homicidios y secuestros, aunque no lo acusaron formalmente por esos cargos.

“Jonás” fue capturado el 2 de marzo de 2016 en un edificio del barrio Conquistadores de Medellín y, tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía, la justicia lo condenó a seis años y medio de prisión por concierto para delinquir, tráfico de armas y de estupefacientes; sin embargo, gracias a los beneficios otorgados por su comportamiento en la cárcel, solo estuvo preso tres años y dos meses.

En libertad, luego de pagar sentencias similares, también están otros dos integrantes de la cúpula de “los Chatas”: Elkin Mesa Vallejo (“Elkin Chata”) y Édison Maya Ríos (“el Gomelo”).

Tanto “Jonás” como “el Gomelo” están incluidos en la Lista Clinton, luego de que el Gobierno de Estados Unidos les aplicara sanciones financieras en 2015. En el mismo listado aparece el máximo líder de la banda, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom” o “Carlos Chata”), quien está en la cárcel La Picota de Bogotá; y Jehová Buriticá Hincapié (“Camilo Chata”), que no ha sido detenido (ver la NOTA RELACIONADA: La banda “los Chatas” fue incluida en la Lista Clinton).

DE NUEVO LIBRES

El caso de “Jonás” se suma al de otros jefes importantes del crimen organizado del Valle de Aburrá, que han vuelto a las calles en los últimos años, después de pagar sus respectivas condenas.

De cárceles de Estados Unidos ya salieron algunos socios y cabecillas de “la Oficina”, como “Rogelio”, “Yiyo”, “Gordo Tavo” y “Percherón”.

De prisiones colombianas, volvieron a la calle “el Cebollero” y “el Ronco”, de la banda “la Unión” (Itagüí); al igual que “Beto” y “el Indio”, de “Trianón” (Envigado y Sabaneta).

La lista de los peces gordos excarcelados continúa con “el Montañero”, de la banda “el Mesa” (Bello); “Chichón”, de “los Mondongueros” (Castilla); “Ronald”, de “la Agonía” (San Javier); “Pocho”, de “Pachelly” (Bello); “Chepe” y “Pablo”, del Clan Osorio (Belén y Barrio Antioquia); “Gordo Ruiz”, de “la Camila” (Bello); “Toño”, de “los Paracos del Llano” (San Cristóbal) y “el Viejo Perdomo” (“la Libertad”). Algunos de ellos figuran en carteles de los más buscados y podrían ser apresados de nuevo.

Algunos no aprovecharon la segunda oportunidad y volvieron a delinquir, cayendo a la cárcel otra vez: “Pichi Belén”, de la banda “San Bernardo” (Belén); “Chicho”, de “la Terraza” (Manrique); “Diego Almuerzo”, de “la Agonía” (San Javier); “Titi”, “Lancha” y “Sólido”, de “Pachelly” (Bello); “Elkin Triana” y “Mario Chiquito”, de “los Triana” (Santa Cruz); y “Popeye”, del extinto cartel de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: Las vueltas de “Popeye” con “la Oficina”).

Dos personajes no contaron con suerte y en su regreso al mundo del hampa, perdieron la vida a manos de sicarios. Luis Fernando Castaño Alzate (“Botija”), financista de “la Oficina”, salió de una cárcel estadounidense en 2016, donde estuvo por narcotráfico, y fue abaleado en una vía de El Poblado, el 22 de enero de 2018.

Y Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), de “Pachelly”, quien había sido capturado en 2013 y condenado por concierto para delinquir, volvió a su barrio Niquía para morir acribillado el pasado 10 de febrero.

La salida de estos jefes de la mafia inquieta a las autoridades del área metropolitana. Fiscales e investigadores judiciales consultados por El Colombiano, quienes pidieron la reserva de identidad por tratarse de procesos en curso, señalaron que para contrarrestar ese fenómeno están implementando un plan de seguimiento especial a blancos estratégicos.

Eso ha permitido imputarles nuevos delitos a peligrosos cabecillas que están próximos a salir de prisión tras purgar sentencias de poca duración. Entre los primeros perjudicados están “Adiel”, “Carlos Pesebre”, “Julián Machete” y “Juancito”, procesados inicialmente por concierto para delinquir, pero después imputados por cargos más severos como homicidio y tortura, situación que prolongará su estancia detrás de los barrotes.

NOTA RELACIONADA: Los cogen por peligrosos, los sueltan por buena conducta.

El Inspector.

Con esas palabras Carlos Arturo Arredondo Ortiz, alias “Mateo”, uno de los jefes de la organización criminal “la Oficina”, quiso excusar su conducta en la Corte del Distrito Sur de La Florida, donde fue condenado a 11 años y tres meses de cárcel.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En el recuadro aparece Carlos Arturo Arredondo Ortiz, alias “Mateo” o “el Señor de la M”. Fotos de archivo.

La diligencia judicial se llevó a cabo en la ciudad de Miami, el 13 de abril de 2018, pero hasta ahora se había mantenido en reserva. El Colombiano tuvo acceso a la transcripción de la audiencia (caso N°17-20720-CR), en la cual fueron expuestos varios detalles de las andanzas ilegales de Arredondo.

Este hombre, de 52 años y oriundo de Itagüí, se vinculó al narcotráfico en su juventud, en los años 80, de acuerdo con el expediente. Fue amenazado de muerte y viajó a EE.UU., donde resultó involucrado en el tráfico de 450 kilos de cocaína; en 1992 una corte de Nueva York lo condenó a dos años y cinco meses de cárcel, tras aplicarle una rebaja de pena por su cooperación en el proceso.

Tras su regreso a Colombia, en la década del 90, Arredondo comenzó a trabajar para el capo narcoparamilitar Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) y su hermano Rodolfo Murillo Bejarano (“Semilla”), quienes al frente de “los Pepes” acababan de derrotar a Pablo Escobar Gaviria y gobernaban el bajo mundo del Valle de Aburrá.

Arredondo fue secretario personal y jefe de seguridad de ambos, conociendo así los secretos de las estructuras criminales en las que participaron, como las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y “la Oficina”, una confederación ilegal que coordinaba a las bandas del área metropolitana. Sin embargo, nunca se desmovilizó, sino que se mantuvo a la sombra tras el asesinato de “Semilla” (2001) y la extradición de “don Berna” (2008).

Por su experiencia y amplitud de contactos, fue designado como miembro de la cúpula “la Oficina”, en particular de los tentáculos de esa estructura en los municipios de Itagüí, Envigado y Sabaneta; en el reino del hampa empezaron a llamarlo también “el Señor de la M” y la Policía y la Fiscalía colombianas lo señalaron de liderar la banda de “Trianón”, que opera en esas localidades.

La Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) le puso la mira en 2014, cuando la Casa Blanca inició una ofensiva judicial contra “la Oficina”. Fue así como el Departamento del Tesoro le aplicó sanciones administrativas y financieras a Arredondo, al incluirlo el 18 de noviembre de ese año en la Lista Clinton y congelar sus transacciones comerciales y bancarias (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

EL SOMETIMIENTO

Sabiendo que los estadounidenses lo investigaban, “Mateo” y sus asesores jurídicos se reunieron con agentes de la DEA en Bogotá en 2015, con el propósito de lograr un acuerdo judicial beneficioso, a cambio de cooperación en los casos que llevaba la agencia contra otros narcotraficantes.

Los acercamientos se prolongaron dos años, hasta que en octubre de 2017 se pactó el sometimiento y el cabecilla viajó a Panamá, donde lo recogieron los agentes para trasladarlo a Miami. Estuvo un par de semanas como huésped en un hotel y luego lo recluyeron en el Centro de Detención Federal de esa ciudad, para que comenzara a responder por la acusación.

El crimen por el cual lo procesaron fue conspiración para distribuir cocaína sabiendo que sería importada de manera ilegal a Estados Unidos, que contempla una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua, que para el caso de los colombianos implica 60 años, de acuerdo con el tratado vigente entre ambas naciones.

El hecho en concreto ocurrió entre 2010 y 2012. La narcotraficante Yaneth del Carmen Vergara Hernández (“la Tía”) buscó a “la Oficina” para que le ayudara a establecer los contactos necesarios para exportar droga, a través de una ruta que partía de Urabá y pasaba por Guatemala y México, para luego ser distribuida en territorio estadounidense. Dicha ruta era controlada por el cartel de “los Urabeños” o “Clan del Golfo”.

“La Oficina” delegó a alias “Mateo” para que hiciera la gestión, y este coordinó reuniones entre “la Tía” y uno de los cabecillas de “los Urabeños”, llamado Henry de Jesús López Londoño (“Mi Sangre”), quienes pactaron el envío de la mercancía.

El 18 de enero de 2018 Arredondo firmó un acuerdo de culpabilidad, en el que aceptó su responsabilidad en esa conspiración. Después, como parte de su cooperación para obtener beneficios jurídicos, participó como testigo de la Fiscalía estadounidense en la causa penal contra “Mi Sangre”, quien finalmente fue condenado a 31 años a la sombra (ver la NOTA RELACIONADA: El narco “Mi Sangre” fue capturado en Argentina).

LA SENTENCIA

El expediente de Arredondo llegó al despacho del juez Federico A. Moreno, en la Corte del Distrito Sur de La Florida. Durante la audiencia de condena, el juzgador tuvo en cuenta el antecedente penal de “Mateo” en ese país y cuestionó que varias décadas después siguiera inmiscuido en lo mismo.

“Debo criticar al acusado por involucrarse de nuevo en el tema de la cocaína, pensando tal vez ‘lo hago, consigo dinero, y si me atrapan, vuelvo a cooperar, les digo qué tan peligroso es Medellín y de pronto me dan otros 29 meses de cárcel’”, señaló.

El juez reflexionó sobre la situación de la capital antioqueña. Mencionó que estuvo en la ciudad en los años 80, pero que ha leído artículos periodísticos que hablan de una transformación positiva. “Es un lugar hermoso, la gente se está yendo a jubilar a Medellín. A veces vivimos en el pasado y vemos películas sobre el pasado, y pensamos que es la misma vieja ciudad violenta, pero ya no lo es”, dijo Moreno.

La sentencia contempla 11 años y tres meses de cárcel y una multa de 100 dólares (316.475 pesos). Después será deportado y durante otros cinco años tendrá libertad vigilada.

La defensa no apeló, pues como parte de su estrategia busca que más adelante se aplique la Regla 35, que en el sistema penal estadounidense permite otorgarle una rebaja de la pena a un condenado a cambio de cooperación judicial. Esto implica que “Mateo” podría obtener una reducción de hasta la tercera parte del castigo, si continúa sus delaciones contra la mafia.

Tras escuchar el veredicto, Arredondo expresó: “soy una persona que proviene de una humilde familia católica, de escasos recursos económicos. Solo estudié hasta quinto de Primaria, porque tuve que dejar la escuela para ayudarle a mi padre a mantener el hogar”.

Hablándole al juez, añadió: “le pido a Dios y a usted que sean misericordiosos, para poder regresar a mi casa en un futuro no muy distante, adonde está mi papá, que está muy enfermo de cáncer y recibiendo quimioterapia, después de que mi madre muriera hace seis años. Gracias, que Dios lo bendiga”.

En Colombia, según fuentes judiciales, no hay expedientes ni órdenes de captura vigentes contra “Mateo”, a pesar de haber participado en la organización criminal más peligrosa del Valle de Aburrá.

NOTA RELACIONADA: Presunto cabecilla de “la Oficina” se declaró culpable en EE.UU.

El Inspector.

El Juzgado Quinto Penal Especializado del Circuito de Medellín le otorgó una rebaja del 40% de la pena al cabecilla de las bandas “los Chatas” y “la Oficina”, pues la ley contempla esos beneficios para quienes acepten la culpa de manera anticipada.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, fue capturado en una cabaña de El Peñol, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Mesa Vallejo, quien fue capturado el 9 de diciembre de 2017, purgará la sentencia por los cargos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego y falsedad material en documento público. El fallo incluye una multa de 1.500 millones de pesos, aunque dicen los mismos juristas que estas penalidades jamás se pagan y raras veces se cobran.

Junto a “Tom” fueron condenados sus esbirros Wálter Varela Loaiza (“Basura”) y Jhon Mario Lopera Pineda, a 12 años de cárcel.

Los abogados de estas personas apelaron el fallo y el recurso será resuelto en los próximos meses por el Tribunal Superior de Medellín.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado probar la responsabilidad de “Tom” en crímenes más graves, como homicidios, secuestros y extorsiones, a pesar de que los investigadores presumen que ordenó y ejecutó esas conductas, por haber liderado “los Chatas” y “la Oficina” durante varios años.

En su contra siguen las pesquisas de la justicia estadounidense y la Fiscalía colombiana, tratando de hallar pruebas para formalizar un pedido de extradición a EE.UU., situación que todavía no han concretado.

NOTA RELACIONADA: “Tom” aceptó cargos y le espera más de una década en prisión.

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en contra de este exparamilitar que también ha sido señalado como uno de los cabecillas de la banda “los Urabeños” en el Valle de Aburrá.

Octavio Cartagena Benítez (“Gabriel Paraco”) fue capturado en 2015 en una finca de Betulia, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

La Fiscalía informó que la sentencia contra “Gabriel Paraco”, de 61 años, está relacionada con la muerte del campesino Fidelino Puerta, ocurrida el 15 de noviembre de 1998. Según el expediente, un grupo paramilitar interceptó el bus de servicio público en el que viajaba la víctima, en el municipio de Dabeiba (Antioquia); lo golpearon, ajusticiaron con disparos y después lo descuartizaron, para abandonar sus restos en la vía.

En ese entonces, Cartagena Benítez pertenecía al bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y delinquía en las subregiones del Norte y Occidente de Antioquia (ver la NOTA RELACIONADA: “Gabriel Paraco” cayó posando de campesino).

Fue capturado en 2015 y la condena pudo ser mayor, pero el sexagenario finalmente llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la culpa por los cargos de homicidio agravado, secuestro simple agravado y tortura. El monto de la pena, sin embargo, parece no ser muy importante, pues debido a su edad, es probable que no pase ni siquiera la mitad de esos  años en la cárcel.

“Gabriel Paraco” se desmovilizó en 2005 y, según las autoridades, volvió a delinquir después en la banda “los Urabeños”. Esta organización narcotraficante le habría asignado la comandancia en San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos y San José de la Montaña.

También era el delegado de esta estructura para la alianza con “la Oficina” en el Valle de Aburrá, en particular con Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona Norte).

Por este motivo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton en 2015, congelando sus transacciones financieras (ver la NOTA RELACIONADA: “Natilla”, “don Gabriel” y los Gallón Henao caen a la Lista Clinton).

A pesar de estos indicios, las investigaciones contra Cartagena Benítez, por su presunta militancia en “los Urabeños” y los nexos  con “la Oficina”, no han prosperado, están en la impunidad.

NOTA RELACIONADA: “Gabriel Paraco” se declaró inocente en la indagatoria.

El Inspector.

La decisión causó malestar entre las autoridades de la ciudad, pues ese hombre llamado Freyner Alonso Ramírez García perteneció a las Autodefensas, a la banda “la Oficina” y es considerado el máximo jefe de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a decenas de combos que actúan en las comunas de Robledo, San Javier, Laureles, La América y Belén, así como en los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”) fue capturado en 2013, en una finca del municipio antioqueño de Urrao, donde sostenía una reunión con varios de sus lugartenientes. Foto de Esteban Vanegas.

También está incluido en la Lista Clinton por parte del gobierno de EE.UU., que le aplicó sanciones financieras por su militancia en “la Oficina”y que en 2014 lo señaló de seguir delinquiendo desde la cárcel.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que “es preocupante, es una puerta giratoria, entran y salen, es volver a tener a estos grandes criminales en la calle. Le pido al fiscal General (Néstor Humberto Martínez) que analice este caso, porque es un retroceso en el tiempo de forma drástica”.

EL PROCESO PENAL
“Carlos Pesebre”fue capturado en 2013 y condenado a nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado, en calidad de jefe de la “Odín Robledo”, tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó la culpa.

Fue remitido a la cárcel de Valledupar, donde en diciembre de 2014 un juez de Ejecución de Penas le concedió la detención domiciliaria, con el argumento de que Ramírez era padre de cabeza de familia.

Su posible salida, en ese entonces, alertó a la Fiscalía y a la Policía, que le expidieron una nueva orden de captura por un asesinato cometido el 15 de julio de 2005.

La víctima fue Mauricio Velásquez Valencia (“el Meca”), un lugarteniente de “Carlos Pesebre” abaleado en el barrio Los Alpes por la misma organización, que lo acusó de robarse un dinero producto del tráfico ilegal de hidrocarburos.

Se frenó así la excarcelación del cabecilla, y luego del juicio oral, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín lo sentenció a 36 años por homicidio agravado, el 29 de septiembre de 2016. La principal prueba de la Fiscalía fue el testimonio de un exmiembro de la banda, que aseguró haber escuchado en una reunión a “Carlos Pesebre” ordenando la muerte de “el Meca”.

Su defensa apeló, al considerar que el testigo se contradijo en varios puntos de sus seis declaraciones rendidas entre 2010 y 2015, y el pasado martes 17 de octubre el Tribunal lo absolvió en segunda instancia.

Según el fallo, con ponencia del magistrado Miguel Humberto Jaime Contreras, la versión del testigo “no resiste un examen crítico de coherencia y pese al respaldo que se tiene de que pertenecía a la organización, de ahí no deriva que lo afirmado como presenciado por el testigo sea cierto, con mayor razón cuando se denota que muchos de sus conocimientos son de oídas”.

Añadió que, si bien las pruebas de la defensa no demuestran la inocencia de Ramírez, sí introducen dudas, y en este caso la duda se resuelve a favor del procesado (principio legal in dubio pro reo).

El magistrado Jaime expidió una boleta de libertad y la envió el mismo martes a la cárcel Picaleña de Ibagué, donde está recluido Ramírez.

¿Y AHORA QUÉ?
El Inpec informó que todavía no se había producido la excarcelación de “Carlos Pesebre”. Como es habitual, deben verificar en las bases de datos que no existan otros requerimientos por parte de despachos judiciales, y esto puede llevar más de 24 horas.

En las oficinas de la Unidad de Vida y de la Dirección contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía están buscando con urgencia si hay otros procesos pendientes contra el reseñado. El ente acusador aún no define si apela el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Con la caída del expediente por homicidio, solo queda el de la primera condena de nueve años por concierto para delinquir agravado.

Los investigadores están con calculadora en mano, para ver si después del tiempo redimido por buen comportamiento, tras pasar cuatro años y ocho meses en prisión, “Carlos Pesebre” quedaría en libertad condicional o total. La decisión final recae en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, dijo que “como Alcaldía debemos ser respetuosos de las decisiones judiciales. Por otra parte, nuestra política es de cero tolerancia contra los criminales, sabemos que algunos siguen delinquiendo desde la cárcel, y no cesaremos en la lucha contra las estructuras ilegales”.

Añadió que en la actualidad la “Odín Robledo” tiene una alta incidencia en la violencia homicida que afecta al occidente de la ciudad.

Por su parte, el personero de Medellín, Guillermo Durán, señaló que “como defensores de los Derechos Humanos, no podemos satanizar una orden de libertad de una persona, eso sería ir en contra de sus derechos. Sin embargo, esperamos que su proceso de resocialización en la cárcel se haya cumplido y que esta persona (‘Carlos Pesebre’) no vuelva a atentar contra la ciudadanía. Si la justicia ordenó su libertad, es porque considera que ya puede retornar a la sociedad”.

NOTA RELACIONADA: “Carlos Pesebre” fue condenado a 36 años de cárcel.

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, tras avalar un preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado, que aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y falsedad material de documento público.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El sentenciado Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. Foto cortesía de la Policía.

Fuentes policiales recordaron que el poder de “Soto” comenzó a notarse en el Valle de Aburrá desde 2013. En aquel entonces hubo un reacomodo en la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas que delinquen en las comunas 5, 6 y 10 de Medellín.

El líder de esa facción era el paramilitar desmovilizado Ferney Moreno López, alias “el Montañero”, quien fue desaparecido – y al parecer ejecutado- por su misma gente el 10 de septiembre de 2013 (ver la NOTA RELACIONADA: Denuncian desaparición del cabecilla “el Montañero”).

El mando sobre la “Odín Picacho” y las más de 30 bandas asociadas lo asumió “Soto”, lo que también le valió un lugar en la cúpula de la quinta generación de “la Oficina”, la estructura mafiosa que regula la criminalidad organizada en el Valle de Aburrá.

Estableció una alianza con otros cabecillas del área metropolitana, como alias “Tom”, de la “Odín los Chatas”, y “Diego Chamizo”, de la “Odín Caicedo”, lo que le permitió expandir sus tentáculos hasta el corregimiento San Cristóbal de Medellín y los barrios París, La Maruchenga y Nuevo Jerusalén de Bello.

También se consolidaron, de acuerdo con el expediente judicial, sus redes en el centro de la capital antioqueña, donde patrocinó varios de los grupos conocidos como “Convivir”, dedicados a la extorsión y la vigilancia ilegal.

Pese a esta acumulación paulatina de poder, “Soto” se había mantenido a la sombra y sin padecer ninguna operación en contra de su banda por parte de la Fuerza Pública.

Su persecución cobró relevancia para los organismos de seguridad cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a sancionar con la Lista Clinton a sus socios “Tom”, “Diego Chamizo” y otros cabecillas de “la Oficina” (2014-2015).

Y la cacería se agudizó en enero de 2017, cuando el alcalde Federico Gutiérrez, en plena cumbre de generales de la Policía Nacional en Medellín, le pidió al director de esa institución, general Jorge Nieto, que le diera prioridad a las capturas de “Tom” y “Soto”.

La detención se concretó el pasado 22 de marzo, cuando la Dijín allanó una residencia en el barrio La Colina (ver la NOTA RELACIONADA: Marzo fue terrible para el crimen organizado y sus asesinos).

El Ministerio de Defensa publicó en Tuiter que Soto Isaza era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’” y “uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

El proceso penal estuvo a cargo de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, que además de imputarle el concierto para delinquir en calidad de cabecilla, y la falsedad material de documento público (andaba con dos cédulas piratas), lo señaló de ser “el responsable del desplazamiento de una familia de Nuevo Jerusalén, porque no estaban de acuerdo con el actuar de la banda”.

En otro despacho judicial cursa una investigación diferente en su contra, por su supuesta participación en una masacre perpetrada en el barrio Santander de Medellín (01/4/11), en la que dos hombres y tres mujeres fueron acribillados dentro de un taxi.

NOTA RELACIONADA: Un año después de la masacre del taxi.

El Inspector.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de la ciudad (radicado N° 05001310400920150025900), que el pasado 29 de septiembre emitió el fallo en contra del jefe de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) e integrante de la cúpula de la banda “la Oficina”.

Esta es la reseña del caso, elaboraba por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner Ramírez García tiene 43 años de edad y es oriundo de Medellín. Cortesía Policía Metropolitana.

Según el expediente, “Carlos Pesebre” ordenó la muerte de Mauricio Alberto Velásquez Valencia, alias “el Meca”, el 15 de julio de 2005. La víctima era exmiembro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y en ese momento oficiaba como lugarteniente del cabecilla.

El crimen fue perpetrado por sicarios en el barrio Los Alpes. De acuerdo con las declaraciones de un testigo, la banda acusó a “el Meca” de robarse 750 millones de pesos, razón por la cual lo asesinaron.

Ramírez García recibe esta nueva condena en la cárcel de Valledupar (Cesar), donde pagaba otra de nueve años por concierto para delinquir agravado.

EL IMPERIO CRIMINAL
“Carlos Pesebre”, de acuerdo con el dosier policial, se inició en el mundo delincuencial en los años 90, participando en las Milicias Urbanas que la guerrilla tenía en Medellín. Después pasó al bando contrario, integrando el bloque Héroes de Granada y coordinando un grupo de paramilitares en las comunas 7 y 13 (Robledo y San Javier).

Cuando la facción se desmovilizó en 2005, Ramírez no participó del proceso y continuó delinquiendo a la sombra, trabajando para la mafia de “la Oficina”, al frente de lo que hoy se denomina “Odín Robledo”.

Este grupo actúa como una confederación de combos, cerca de 50, que operan en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16, en los corregimientos Altavista, San Cristóbal y San Antonio de Prado. Se dedican al sicariato, tráfico de drogas y armas, extorsiones, desplazamiento forzado, desapariciones, robos, entre otras conductas.

Durante la última década, la agrupación obtuvo una especie de blindaje social en algunos barrios de la metrópoli paisa, “ganándose” a las comunidades con mercados, fiestas decembrinas y otras medidas.

“Carlos Pesebre” fue capturado por la Policía en 2013, en una finca del municipio de Urrao, cuando sostenía una reunión con sus lugartenientes.

SE DESMORONA LA BANDA
Luego de la condena por concierto para delinquir, fruto de un preacuerdo con la Fiscalía, Ramírez volvió a ser noticia en diciembre de 2014. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar revocó la medida de encarcelamiento en su contra, bajo el argumento de que es un padre cabeza de familia.

La situación fue interpretada por los organismos de seguridad como un intento de evadir la justicia, por lo que los investigadores comenzaron a escarbar los archivos para encontrar algún expediente que permitiera abrirle un nuevo proceso. Fue así como salió a flote el asesinato de alias “el Meca”, se emitió una orden de arresto y se frustró su salida de la prisión (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinato de un exsocio frenó la salida de “Carlos Pesebre”).

Al mismo tiempo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar en contra de la jueza que le concedió ese beneficio en principio.

Con “Carlos Pesebre” en la cárcel, la Policía y la Fiscalía comenzaron a golpear con severidad su estructura ilegal y sus principales cabecillas también cayeron a prisión: “Tatú”, “Maicol”, “Toño”, “Jotalibán”, “Piercing”, “Andresito”, “Caballo” y, recientemente, “el Diablo” (ver la NOTA RELACIONADA: Tres protagonistas de guerra de combos salieron del mapa).

En consecuencia, la “Odín Robledo” ha venido perdiendo territorios en los que antes comandaba, en especial en Robledo y San Cristóbal.

Según fuentes judiciales, la defensa de Ramírez apeló la última sentencia y quedó a la espera del proceso en el Tribunal Superior de Medellín.

NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

John Ferney García, alias “Motitas”, fue condenado a 37 años y 10 meses de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, por su participación en el homicidio de Osman Darío Ruiz Henao (“el Mellizo”).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el sector Tres Esquinas, donde fue asesinado “el Mellizo”; en el recuadro, aparece alias “Motitas”. Fotos de Manuel Saldarriaga y cortesía.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía 27 adscrita a la Dirección contra el Crimen Organizado, esta historia comenzó cuando la mafia de Medellín ordenó un relevo en la jefatura de un territorio de la comuna 8 (Villa Hermosa).

El cabecilla de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), Diego Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), le indicó a Juan Camilo Naranjo Martínez (“Gomelo”), coordinador de la facción en los barrios Villatina y San Antonio, que le cediera el control de esa zona a “el Mellizo”, el delegado del barrio vecino La Libertad.

El 6 de mayo de 2012 era el día señalado para la reunión, en la cual “Gomelo” le entregaría el sector a “el Mellizo”, quien en adelante se encargaría del recaudo de las extorsiones, las plazas de vicio y la vigilancia clandestina; sin embargo, otras eran las intenciones.

Cuando Ruiz Henao llegó al lugar pactado, en el sector Tres Esquinas (frontera de las comunas 8 y 9), se bajó de su automóvil y caminó hacia un sendero peatonal. Aparecieron “Gomelo” y su lugarteniente “Motitas”, el primero le disparó con una pistola calibre 45 milímetros y el segundo lo remató con otra pistola 9 milímetros. “El Mellizo” murió en el sitio, con 25 impactos de bala.

El acto de traición estuvo acompañado de un mensaje de advertencia para “Diego Chamizo”, de parte de Naranjo Martínez: “no voy a entregar la zona, y póngala cómo quiera”.

La “Odín Caicedo” se dividió en dos y “Diego Chamizo” ordenó la persecución a muerte de “Gomelo” y sus secuaces. A diario se registraron tiroteos, atentados con explosivos y violentas incursiones a territorios rivales, que provocaron la zozobra de los residentes en Villatina, La Libertad, San Antonio, Tres Esquinas, Las Granjas, La Torre, La Bombonera, Barrios de Jesús, La Finquita y Caicedo. La tensión aumentaba cuando los delincuentes, armados con fusiles, le disparaban a los transformadores de energía y dejaban los vecindarios a oscuras.

La crisis provocó un consejo de seguridad en junio de ese año, con el alcalde de entonces, Aníbal Gaviria, y los comandantes de la Policía y el Ejército. Se decidió aumentar el pie de fuerza militar y realizar vuelos nocturnos de la Fuerza Aérea con helicópteros Black Hawk (ver la NOTA RELACIONADA: Guerra de bandas enciende dos puntos de Medellín).

“Gomelo” se convirtió en el hombre más buscado de Medellín, tanto por las autoridades, que ofrecían $10 millones de recompensa por su captura, como por los criminales, que prometían $100 millones a quien lo matara.

Primero fue arrestado John Ferney García, el 4 de agosto de 2012, en un operativo policial realizado en el sector La Finquita, de Caicedo.

Y la guerra de combos terminó el 4 de noviembre de 2012, cuando la Policía capturó a Naranjo Martínez, en medio de un salvaje enfrentamiento en Villatina. Murieron tres uniformados, un escolta de “Gomelo” y un civil que nada tenía que ver en la reyerta.

El cabecilla renegado fue condenado a 37 años en 2014, los mismos que ahora le corresponden a “Motitas”, su compañero en el crimen.

NOTA RELACIONADA: Captura de “el Gomelo” dejó cinco muertos en Medellín.

El Inspector.