Se trata de Jorge Iván Gómez Restrepo, “el Toco”, señalado cabecilla de la banda ‘el Coco’, en cuya contra había una orden de arresto vigente por los crímenes de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía tenía en la mira a Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”) desde 2018, tardaron ocho años en capturarlo. Foto cortesía de la Policía.

La investigación fue adelantada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que durante varios meses le siguieron la pista al sospechoso, quien se movía de manera frecuente entre la capital antioqueña, la Costa Caribe y República Dominicana.

Hasta que lo ubicaron en la noche de este lunes 6 de abril, en una finca de lujo del municipio de San Roque, valorada en 2.500 millones de pesos. En el procedimiento fueron incautadas dos escopetas Remington, ocho celulares, un computador y una cédula con una identidad falsa. Estaba en compañía de varios allegados, quienes no fueron detenidos.

Fuentes judiciales contaron que Gómez Restrepo ingresó al mundo delincuencial a finales de los años 90, en la banda ‘el Coco’, que delinque en la frontera de las comunas de La América y San Javier, en el occidente de Medellín.

Allí estuvo involucrado, presuntamente, en actos de sicariato, extorsión, tráfico local de narcóticos, amenazas y desplazamiento forzado, entre otras conductas. De hecho, en 2018 fue incluido en el cartel de los más buscados de la ciudad.

Se ganó la confianza del jefe de la organización, Julián Alberto Jiménez Monsalve (“Julián Machete”), con quien ascendió en la jerarquía delincuencial hasta terminar de cabeza, al parecer, en negocios transnacionales de narcotráfico.

Esta es la finca de $2.500 millones de pesos en la cual fue capturado “el Toco”, en San Roque, Antioquia.

La Policía rastreó sus viajes a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y La Guajira, así como a República Dominicana, donde presuntamente coordinaba el despacho de cargamentos de cocaína a través de los puertos.

Una de las líneas investigativas apunta a comprobar si tenía nexos con Zulma Musso Torres (“la Patrona”), una influyente matrona en el mundo criminal de la Costa Atlántica.

La mujer heredó los contactos para el narcotráfico transnacional de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACGM), gracias a que su hermano Jairo Musso Torres (“Pacho Musso”) fue el subcomandante.

Estuvo al frente del negocio entre 2006 y 2022, cuando se entregó a la DEA en México, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

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Esta situación convirtió a “el Toco” en un objetivo prioritario para las autoridades, en especial desde que el gobierno de Estados Unidos inició un despliegue militar en el mar Caribe en septiembre de 2025, con el propósito de frenar a punta de misiles y artillería el paso de las lanchas cargadas del alcaloide.

Una de las rutas que los estadounidenses pretenden desmantelar es la que parte del Caribe colombiano, pasa por Venezuela, República Dominicana y Las Bahamas, con destino final en el estado de Florida.

A la fecha, la Fuerza Naval de EE.UU. ha lanzado 47 ataques contra embarcaciones, en los cuales han muerto 147 tripulantes, según la Fundación Insight Crime.

En el marco del seguimiento, los agentes se enteraron de que “el Toco’” tenía seis hijos, aunque no los veía con mucha frecuencia; uno de ellos es cantante y DJ.

En Colombia se transportaba en camionetas blindadas 4Runner y Prado, y solía contratar a un chef famoso para que le cocinara tanto a él como a su jefe, “Julián Machete”. También se documentaron algunos de sus encuentros con influenciadoras de redes sociales y modelos antioqueñas.

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La diferencia de aspecto entre el momento de la captura de “el Toco” y su foto del cartel de los más buscados. Cortesía de Policía.

“En 2018, en mi primera alcaldía, incluimos a ‘Toco’ en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Fuimos contundentes: de ocho cabecillas priorizados, siete cayeron. Él se escondió durante siete años, se movió, intentó burlar a la justicia… pero aquí no soltamos a los criminales. El 6 de abril de 2026 saldamos ese pendiente”, celebró el alcalde Federico Gutiérrez.

Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, expresó que “alias ‘Toco’ es un criminal con más de 25 años de trayectoria delictiva, vinculado al Clan del Golfo y a redes de narcotráfico en Estados Unidos y Europa. Su rol articulaba estructuras locales con redes transnacionales, consolidando un engranaje criminal que hoy empieza a desmoronarse”.

Agregó que “desde el Urabá y los principales puertos del Caribe, este cabecilla coordinaba el envío de hasta 3 toneladas mensuales de cocaína en lanchas Go Fast y contenedores. Además, dinamizaba homicidios, desplazamientos forzados y extorsión en el Valle de Aburrá, afectando directamente la seguridad de nuestras comunidades”.

En las audiencias de control de garantías, el juzgado legalizó el allanamiento y la captura; la Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, por los cuales Gómez Restrepo se declaró inocente.

Actualmente avanza la discusión entre las partes para definir el tipo de medida de aseguramiento que le impondrán.

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El Inspector.

En el capítulo final de la primera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el pódcast de la Casa Editorial El Colombiano, El Inspector trae un asombroso caso que las autoridades mantuvieron en secreto por varios años: “La misión terrorista contra el metro de Medellín”.

Ya está al aire el capítulo final de la primera temporada del podcast de Revelaciones del Bajo Mundo. Ilustración de Tomás Daza Giraldo.

En el episodio conoceremos lo que sucedió el día que la guerrilla de las Farc estuvo a pocos segundos de ejecutar un catastrófico ataque terrorista en el único tren urbano de Colombia, en una carrera contra el tiempo que llevó a los detectives al límite del desespero.

De acuerdo con los detalles inéditos del caso, una interceptación telefónica alertó a los investigadores, cuando dos miembros del frente 34 hablaban en lenguaje cifrado, mencionando al “gusanito de varios puesticos” (el metro) y la adquisición de “naranjas” y “piñas” (granadas de fragmentación).

Para escuchar la historia, puedes hacer click en el siguiente enlace:  “La misión terrorista contra el metro de Medellín”.

Con esta revelación se cierra con éxito la primera temporada de RBM, iniciada el pasado mes de septiembre, con doce capítulos en total. Según los registros de las plataformas sonoras Spotify y Spreaker, las audiencias disfrutaron de esta producción periodística en 32 países, con más de 131.000 reproducciones a la fecha.

Revelaciones del Bajo Mundo hizo parte del selecto grupos del 5% de los podcast más compartidos del mundo en redes sociales. Para escuchar todos los capítulos, puedes hacer click en el botón de enlace directo a los podcast que tiene el blog, en la columna de la derecha.

También pueden ingresar a la sección de podcast de El Colombiano (www.elcolombiano.com/podcast/revelaciones-del-bajo-mundo) y a la de Q’Hubo Medellín; de igual manera, están disponibles en las plataformas web de Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. ¡No se lo pierdan!

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El Inspector.

La operación fue realizada por agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y del Gaula, en el corregimiento Doradal del municipio de Puerto Triunfo. Aunque la diligencia se realizó el pasado 7 de noviembre, solo se conoció públicamente este fin de semana. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Los capturados, de izquierda a derecha: alias “Morongoro”, “Ómar” y “Gago”. Foto cortesía de la Policía.

Fuentes cercanas al caso le relataron a El Colombiano que alias “Ómar” era uno de los principales objetivos de las autoridades, que lo consideran unos de los líderes de “Pachelly”, la banda oriunda de Bello que se dedica al narcotráfico, el sicariato y cobro de extorsiones hace más de tres décadas.

Asumió el liderato de la estructura en la calle después de la captura en 2020 de su hermano Alber Henao Acevedo (“Alber”), y de otros cabecillas reconocidos como “Pocho”, “Sólido”, “Lancha”, “Guayabo” y “Banano”.

Esta es la finca en la cual se realizó el allanamiento, en el municipio antioqueño de Puerto Triunfo. Cortesía.

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Para festejar su cumpleaños congregó en una finca de Doradal a varios amigos, secuaces y seis jóvenes prostitutas, de acuerdo con la Policía. Hubo licor en exceso, por lo que ninguno se dio cuenta que el lugar era vigilado por un dron desde los aires.

Cuando los comandos allanaron la vivienda, “’Ómar” trató de correr, pero tropezó y se dio un golpe en la frente. Uno de los policías le hizo la curación al finalizar el operativo.

En la vivienda también fueron capturados dos presuntos lugartenientes, Juan Diego Cortés Carvajal (“Morongoro”) y Eider Alexánder Sierra Giraldo (“Gago”).

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado. Todos se declararon inocentes y el juzgado les dictó medida de aseguramiento en prisión. “Ómar”, quien ya había sido detenido en 2016, será llevado a la cárcel de Bellavista una vez más.

Un policía le hizo curaciones a “Ómar” en la frente, luego del golpe que se dio en el intento de escape. Foto cortesía.

Además de “Alber”, otros de sus familiares encarcelados son sus hermanos Rodrigo y Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Perica” y “Empanada”, respectivamente), y su sobrino Yeison Alexánder Henao Zárate (“Yandel”), todos relacionados con la banda.

La Policía también lo investiga por ser el supuesto enlace entre “Pachelly” y el cartel narcotraficante Clan del Golfo. Esta sociedad está inundando de drogas las plazas de vicio de los municipios de Bello, Barbosa, Copacabana, Girardota, Yarumal, Briceño, Ituango, San Pedro de los Milagros, Toledo y Valdivia.

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El Inspector.

Ricardo Abel Ayala Orrego murió este viernes 10 de junio en un operativo del Ejército y el CTI de la Fiscalía, en una finca ubicada entre las veredas La Herradura y Monteloro, de Barbosa. Las autoridades confirmaron su identidad mediante el procedimiento de dactiloscopia y por un tatuaje de lobo que tenía en el brazo derecho. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Cabuyo” quedó tendido afuera de la finca en la cual se escondía, en el municipio de Barbosa. Foto cortesía.

El general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División, detalló que Ayala llegó a la zona hace un par de semanas, con la intención de comprar fincas. A sus vecinos se les presentó como “Carlos”.

Durante el operativo, ejecutado en la tarde de hoy, uno de los comandos militares fue detectado por un perro, que comenzó a ladrarle.

“Cabuyo” le disparó al uniformado, pero el proyectil se incrustó en su fusil de dotación. El militar cayó al suelo por el impacto, y cuando el delincuente iba a rematarlo, este fue más veloz y apretó primero el gatillo, dándolo de baja.

En el sitio fueron detenidos una novia de “Cabuyo” y un supuesto escolta, llamado Jairo Alberto Galeano Zapata. De igual manera, fueron incautados un fusil y pistolas.

El operativo fue celebrado por el presidente Iván Duque, quien trinó en su cuenta de Twitter: “A los narcoterroristas que amedrentan al pueblo colombiano les seguimos demostrando que no tienen lugar donde esconderse. Gracias a la labor de nuestro @COL_EJERCITO fue neutralizado alias Cabuyo, cabecilla de las disidencias de las Farc GAOr 36”.

Estos fueron los tatuajes por los que los militares identificaron a “Cabuyo”, luego del tiroteo. Foto: cortesía.

“Cabuyo”, de 29 años, era uno de los delincuentes más buscados de Antioquia. A la fecha había sobrevivido a 10 operaciones militares, incluyendo un bombardeo del que salió herido en 2018, y los disparos de un tirador de alta precisión en febrero de 2021, que también lo dejaron gravemente lesionado.

Su escondite era el cañón de San Pablo, una depresión montañosa con entradas y salidas por cuatro municipios: Guadalupe, Anorí, Campamento y Angostura, en el Norte de Antioquia.

Por el momento se desconoce por qué salió de su área de retaguardia para ir al Valle de Aburrá. Una de las hipótesis, según fuentes judiciales, es que estaba muy enfermo, como consecuencia de las heridas que le dejaron los operativos anteriores.

Galeano Zapata, quien estaba a su lado en el momento de la muerte, era supuestamente uno de sus hombres de confianza. Pasó de arreglarle motos en el cañón de San Pablo a cuidarlo y llevarle los medicamentos al escondite.

PRONTUARIO CRIMINAL
Ayala se hizo conocido públicamente durante los diálogos de paz de La Habana, cuando fue seleccionado para coordinar un programa piloto de desminado humanitario en la vereda El Orejón, en el municipio de Briceño. Sin embargo, cuando se firmó el acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, desertó del proceso y siguió delinquiendo.

La disidencia del frente 36 de las Farc actúa en las subregiones del Norte y el Nordeste, donde se dedica al tráfico de narcóticos y de armas, la minería ilegal, el sicariato y la extorsión, entre otros delitos.

Ricardo Abel Ayala, alias “Cabuyo”. Foto de cortesía.

En la lista de crímenes de esta organización está el ataque armado contra una comisión de trabajadores de la empresa minera Continental Gold, el 20 de septiembre de 2018, en el corregimiento Ochalí, del municipio de Yarumal. En el hecho murieron los geólogos Camilo Andrés Tirado Farak, Henry Mauricio Martínez Gómez y Laura Alejandra Flórez Aguirre; tres de sus colegas quedaron heridos.

También se les endilga la masacre de cuatro jóvenes en el municipio de Anorí, perpetrada el 2 de octubre de 2021. Las víctimas fueron raptadas en el casco urbano y llevadas a un paraje rural conocido como San Gregorio, donde fueron fusiladas. Los difuntos fueron los hermanos Yeiner Alexis y Yéferson Hernández Ceballos, de 20 y 19 años; Hernán David López Úsuga, de 20; y Yober Ernesto Londoño Gallego, de 15.

Al igual que la desaparición forzada y el asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo, en la vereda La Frijolera, de Campamento.

Además de esto, por cuenta de sus brutales enfrentamientos contra el Clan del Golfo, la organización terrorista generó desplazamientos forzados de comunidades campesinas.

Ahora las autoridades se concentran en buscar a su posible sucesor al frente de la disidencia del frente 36. Todo apunta a que sería su primo Édgar de Jesús Orrego Arango, alias “Leo” o “Firu”, quien tiene orden de captura por varios delitos.

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El Inspector.

Así lo informó la Fiscalía este 26 de marzo, anunciando que intervino la mina a cielo abierto conocida como Cañada Negra, en el sector del mismo nombre, a la cual se puede acceder desde el barrio Santo Domingo Savio N°2 de Medellín, o por la vereda Granizal de Bello. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Fiscalía inició otra investigación paralela con fines de extinción de dominio contra la cantera y las máquinas incautadas. Foto cortesía de Fiscalía.

Deicy Jaramillo, directora contra las Violaciones a los DD.HH. en el ente acusador, explicó que la banda delincuencial tenía maquinaria pesada en el sitio, para explotar directamente el yacimiento, pero que también extorsionaba a terceros que lo usaban.

A cada conductor de volqueta le cobraban $40.000 para autorizarle la entrada a la cantera, y una vez este vehículo era llenado de material (arena, gravilla, roca u otros elementos), le cobraban de $400.000 a $500.000 a la persona que contrató ese viaje, para permitirle sacar los minerales.

Durante el operativo, en el que participaron miembros del CTI, el Ejército y la Policía, fueron capturados el administrador de la cantera y dos trabajadores, que registran antecedentes judiciales por terrorismo, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, lesiones personales culposas, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas de fuego.

“Serán imputados por los delitos de daño a los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos, y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales”, indicó la fiscal.

La montaña ha sido tan socavada, que hay peligro de deslizamiento y de afectaciones a los vecindarios cercanos. Foto cortesía de Fiscalía.

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También fueron incautadas tres máquinas, una volqueta y un automóvil, y fueron destruidas tres retroexcavadoras, cuyo valor aproximado era de $3.000 millones.

Según el informe del caso, “la agresiva labor de remoción que se realiza en el sitio ha incidido en la contaminación de la quebrada Cañada Negra y produjo un acelerado debilitamiento del suelo, al punto de que la montaña está en inminente riesgo de deslizamiento sobre varios asentamientos ubicados entre Medellín y Bello”.

Esta investigación comenzó luego de que el pasado 22 de febrero se presentara un enfrentamiento armado entre integrantes del combo “la Silla” y de “la Terraza”, al parecer por el control de las rentas derivadas de la mina. En su momento también se especuló que en el pleito participaron los combos de “el Pinar” y “la Torre”, apoyando a esos dos bandos.

Varios ciudadanos grabaron con sus celulares el tiroteo, lo que puso en la lupa de las autoridades a este sector. Incluso algunos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos al colegio durante esa semana, por temor al fuego cruzado.

La Policía inició una serie de operativos para contener la inseguridad, los cuales dejan a la fecha, incluyendo la intervención en la mina, 24 capturas por diferentes delitos, 12 allanamientos, 8.8 kilos de marihuana incautada y el decomiso de siete armas de fuego, una granada y municiones.

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El Inspector.

El ente acusador informó que se trata de “28 bienes rurales y uno urbano, dos establecimientos de comercio y 12 vehículos, avaluados en $6.500 millones”, los cuales estarían a nombre de David Fernando Londoño Díez (“Davidcito” o “La Mocha”).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Uno de los establecimientos comerciales que le embargaron a alias “Davidcito” (recuadro). Foto cortesía de la Fiscalía.

“Davidcito” fue capturado en noviembre de 2018 en una operación del Gaula de la Policía, en la que también fueron detenidos otros 13 miembros de la estructura.

Dichos bienes, según Liliana Donado Sierra, directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, “habrían sido adquiridos con dineros producto de homicidios, desplazamientos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos, entre otros delitos”.

La banda “San Rafael”, también conocida como “Los de San Rafa”, es originaria de un sector del barrio Guayabal, conocido como San Rafael. Su principal actividad ilegal es el tráfico de estupefacientes y el sicariato, que ejerce desde los años 90.

Sus redes de narcotráfico se extienden a algunas barriadas vecinas de las comunas de Guayabal y Belén, y del vecino municipio de Itagüí, donde también ha sostenido conflictos armados en años anteriores, en especial contra la banda “la Raya”, considerada su enemiga histórica.

El embargo aplicado a estas propiedades incluye la suspensión del poder adquisitivo y es el primer paso en el proceso de extinción de dominio.

A los abogados de “Davidcito”, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, les corresponde demostrar que fueron adquiridas de forma legal; mientras tanto, estarán administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

A pesar de las 66 capturas, la banda sigue afectando a los habitantes de los barrios Popular N°1 y Granizal, con un control social tan severo que pareciera querer reemplazar a las autoridades legítimas. Esta es la historia detrás de la última operación contra ese grupo, realizada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron algunos de los capturados en el más reciente operativo del Gaula de la Policía Metropolitana, del Gaula Militar Antioquia y del CTI de la Fiscalía, en contra de la banda La 38. Foto cortesía de la Fiscalía.

Decirles “no” a los miembros de la organización criminal La 38 significó firmar la sentencia de destierro para dos vendedores informales del nororiente de Medellín. “Nosotros somos los de la vuelta, y aquí todo el mundo tiene que hacer caso; si no, se van del barrio o los matamos”, advirtieron los delincuentes.

Así de simple y cruel. Los sueños de emprender con el negocio de venta callejera de ollas se esfumaron para el par de amigos, citados a rendir cuentas en una esquina del barrio Popular N°1, en la noche del pasado 8 de marzo.

Los bandidos les cobraron una extorsión por trabajar en los vecindarios controlados por ellos. “Les respondí que apenas estaba empezando y no tenía cómo pagarles, que lo que me ganaba era para el sustento de mi familia. Dijeron que no les importaba, que tenía que darles plata sí o sí”, relató una de las víctimas*.

Al vendedor lo obligaron a ir a su casa y recoger toda su mercancía para entregársela a la banda, como si se tratara de un decomiso. A su compañero le retuvieron la moto y le propinaron una brutal paliza.

En medio de la lluvia de puños y patadas, este logró lanzarse por un barranco y rodar hasta el borde de la ladera. Desde arriba le arrojaron rocas, que por centímetros alcanzó a esquivar, mientras le gritaban “¡te tenés que ir del barrio!”.

Los comerciantes salieron desplazados con sus familias, por temor a la muerte, pero ese hecho reactivó el interés de la Policía y la Fiscalía por atacar a este grupo ilegal.

En los últimos cinco años la Fuerza Pública ha ejecutado tres operaciones contra La 38, capturando a un total de 66 integrantes. A pesar de esto, residentes del área azotada le contaron El Colombiano que la zozobra no disminuye, y las “vacunas” tampoco.

Este diario tuvo acceso al expediente judicial de la tercera y más reciente operación, que entre el 16 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021 generó las capturas y encarcelamientos de 21 miembros de la facción. Las revelaciones de las víctimas, por lo menos las que se atrevieron a denunciar, son aterradoras.

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EMPRESA CRIMINAL
La 38 existe desde los años 90 y es una de las bandas más antiguas del nororiente de Medellín. En la actualidad, según el Gaula de la Policía, delinque en los barrios Popular N°1 y Granizal, y en los sectores conocidos como El Plan, El Filo, La Galera, Divina Providencia y Parque de los Lolos.

En ese territorio, de estratos socioeconómicos 1 y 2, el combo exprime la pobreza de sus habitantes cobrándoles extorsiones semanales. No se salva ningún comerciante, ni las tiendas, supermercados, barberías, carnicerías, vendedores ambulantes, bares, rutas de buses ni camiones distribuidores de alimentos.

Las “vacunas” van de $3.000 a $200.000 a la semana y, según los cálculos de los investigadores, les generan cerca de $60 millones mensuales. El tráfico local de estupefacientes y las otras rentas ilícitas producen ingresos de $240 millones al mes.

Estos negocios incluyen la administración de 13 plazas de vicio, el pagadiario y el monopolio de la distribución de productos de la canasta familiar, con precios que rayan en lo absurdo. “Una canasta de huevos de $12.000, ellos la distribuían en las tiendas a $20.000. Los tenderos no podían comprarles a otros proveedores, porque les imponían una exigencia económica o los desplazaban”, indicó un agente del Gaula.

Para mantener aceitada esta máquina de drenar dinero, a pesar de delinquir en barriadas con tantas penurias, La 38 ejerce un severo control social que, pese a la presencia institucional y los operativos, no se ha acabado.

Con frecuencia les repiten a los residentes que ellos son “la autoridad” en la zona y para sostener esa fama están dispuestos a derramar sangre.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Natalia Rendón, informó que La 38 es investigada por el asesinato de dos hermanos, “porque no quisieron trabajar para esa banda”.

El 3 de noviembre de 2019, cuando caminaba por una calle del Centro, sicarios motorizados acribillaron a Juan Diego Agudelo Ardila, de 23 años. Y el 12 de febrero de 2020 le hicieron lo mismo a su hermano Yoban Estiven, de 31 años, en una esquina del barrio Santa Cruz.

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“AUTORIDAD” ILEGÍTIMA
En los testimonios reunidos en el expediente, y presentados en la audiencia de control de garantías ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, se narraron ocho casos de desplazamiento forzado perpetrados entre 2019 y 2021. La mayoría fue por no pagar extorsiones, aunque se destaca uno derivado de vejámenes sexuales contra una niña de 12 años.

En noviembre de 2020 un secuaz de la banda abusó de la infante y la amenazó con matar a su familia si le contaba a alguien. Sin embargo, la madre la notó extraña y logró sacarle la verdad, después de lo cual formuló una denuncia en la Fiscalía.

Como consecuencia fue capturado el sospechoso de la violación, apodado “el Calvo”.

La retaliación de sus compinches no se hizo esperar. En junio de 2021 hirieron al padrastro de la niña, propinándole una golpiza y dos puñaladas en el hombro y el brazo derecho, a un costado de la estación Popular del metrocable.

Luego le insistieron que su mujer tenía que retirar la denuncia. “Usted vive con esa sapa y a los tres los vamos a desaparecer, ya les dijimos que no los queremos ver en el barrio”, le advirtieron. La familia tuvo que huir.

El reclutamiento de menores también hace parte de las conductas ilícitas de la organización. Un exintegrante, que fungió como testigo de la Fiscalía, recordó que “desde los 11 años empecé a trabajarle al combo, primero como campanero para que la Policía nos les cogiera las plazas de vicio; luego me pusieron a recoger la droga empacada para distribuirla en las plazas. Alos 15 años de edad traté de dejar eso, pero me dijeron que no me podía salir por tener mucha información, y que si lo hacía me asesinaban”.

Los adolescentes son usados igualmente para el cobro de las “vacunas”. Una tendera, a quien le exigían $200.000 semanales, afirmó que a su local siempre iba un joven diferente, de 16 a 17 años, todos los sábados.

En mayo de 2019 tuvo una caída en sus ingresos y ya no pudo seguir pagando la extorsión. “Les dije que no tenía más dinero para darles, porque las ventas estaban muy malas. El muchacho sacó un revólver, me lo puso en la cabeza y dijo que les tenía que pagar o que me fuera del barrio”, narró la afectada, quien huyó de la zona.

El reclutamiento ejercido por La 38 también se suma a las causas de desplazamiento, tal cual le ocurrió a una familia en julio de 2019. Según la denunciante, “un hombre me detuvo en la calle y me pidió que dejara a mi hijo hacerle un mandado. Le respondí que no, y él me dijo: ‘aténgase a las consecuencias’”.

Durante los dos días siguientes, hombres armados fueron de madrugada a golpear la puerta de su casa, llamándola por su nombre. Ella se encerró una semana, aunque fue tal el pánico, que emigró con sus seres queridos.

En algunas ocasiones los delincuentes desalojan a las víctimas sin motivo aparente, en particular a aquellas que pagan arriendo. Los investigadores creen que el interés es ocupar el inmueble con otro arrendatario cercano a ellos.

Así sucedió en octubre de 2020, cuando una mujer llegó de madrugada a la casa que arrendaba en el barrio Granizal, y encontró todos sus enseres en la calle. Trató de ingresar y no pudo, porque le habían puesto un candado a la reja.

En ese momento apareció un coordinador de la banda, aseverando: “A mí me pagaron para sacarla de la casa, y se abre del barrio, porque aquí mando yo”. Después agarró a la víctima a patadas.

Compungida, la señora pidió ayuda en la estación de Policía y regresó al lugar acompañada por unos patrulleros que detuvieron al sospechoso. “Dije que quería denunciarlo, y él delante de los policías repetía que yo me tenía que ir del barrio”, manifestó la desplazada.

Una situación similar acaeció en julio de 2019, en el mismo vecindario, que motivó el destierro de otra familia.

“Un día llegó un muchacho y me dijo que necesitaba que me fuera de la casa. Le pregunté las razones, porque yo estaba al día con el arriendo y con las ‘vacunas’, pero no me dio tiempo de nada. Dijo que la salida mía era inmediata y tuve que irme con lo que tenía puesto. Todas mis cosas quedaron allá adentro, no volví, y luego supe que habían ocupado la casa”, expresó la perjudicada.

En las audiencias de garantías, los 21 capturados se declararon inocentes por cargos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y tráfico de drogas, entre otros.

En los allanamientos, los agentes del Gaula les encontraron una granada de aturdimiento, municiones y 13,6 kilos de marihuana. El juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal a 20 de ellos, y uno más obtuvo la detención domiciliaria.

La noticia causó tranquilidad en algunos sectores de la comuna 1 (Popular), pero sin celebraciones ruidosas, porque otros miembros de La 38 siguen patrullando las calles, cobrando la extorsión e insistiendo en que ellos, como si fueran la autoridad, “son los que mandan”.
*Identidades reservadas por seguridad.

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ANEXO: LA LISTA DE LOS DETENIDOS

En el operativo de noviembre de 2021 contra la banda La 38, fueron capturadas las siguientes personas: los presuntos cabecillas Johany Santa Franco (alias “Santa”) y Miguel Ángel Mejía Ríos (“Pepo”); y los supuestos integrantes Juan Camilo Henao Jiménez (“Camilito”), Cristian David Marín Palacio (“Berruga”), Ánderson Misas Londoño (“Misas”), Jhon Fredy Contreras Cossio, Francisco David Tamayo Londoño (“El Joe”), Katherin Yulieth Arboleda Castaño (“la Flaca” o “Katy”), Jéferson Andrés López Monsalve (“Chichi”) y Jhojan Stiven Arango Duque (“el Enano”).

La lista sigue con Cristian Camilo Restrepo Botero (“la Guagua”) y su hermano Róbinson Esteban Restrepo Botero (“la Guagua Pequeña”), Wilder Yesid González (“el Calvo”), Diego Andrés Restrepo Rúa (“Godines” o “Gorrión”), Juan Esteban Ceballos Ortiz (“Mañez”), Wilson Ferney Acevedo García (“Tetas”), Jorman Ospina Jiménez (“Calvin” o “Mi Niño”), Adriana María García Pulgarín (“la Mona”), Naren Stic Granada Palacio, Jorman Andrés Rodríguez Varela (“Toto”) y Róbinson Estiven Cardona Vergara.

El Inspector.

La acción policial, que incluyó ocho meses de investigaciones, terminó con la judicialización de 20 presuntos integrantes de ese grupo, que delinquían en los barrios Naranjal, San Joaquín y Laureles, en el sector Arrabal y el corredor turístico de la carrera 70.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron los capturados en la Operación Maremoto del Gaula de la Policía. Son señalados de trabajar para “la Terraza”. Foto cortesía del Gaula.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, explicó que en ese tiempo se conocieron 70 víctimas, de las cuales 18 denunciaron las extorsiones y la venta de drogas promovida por los delincuentes.

Los cobros por la supuesta “vigilancia” se hacían de manera semanal, afectando “a 40 locales comerciales, entre discotecas, fondas, colchonerías y restaurantes”, según el informe oficial del caso. Los delincuentes “realizaban un estudio de la productividad del establecimiento, exigiendo sumas semanales que oscilaban entre $80.000 y $200.000, dando un ingreso al grupo delincuencial aproximado de $288.000.000 anuales”.

El general Martín detalló que también extorsionaban a 30 vendedores ambulantes, pidiéndoles $20.000 semanales, recaudando por este concepto $28’800.000 anuales.

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HABLAN LAS VÍCTIMAS
La información fue confirmada por varios comerciantes de la comuna, que conversaron con El Colombiano bajo reserva de identidad. “Antes de la pandemia había extorsiones esporádicas. A partir del 2020 esto se volvió una cosa impresionante, nos inundamos de extorsionistas, sobre todo en el primer y segundo parque de Laureles, y en el corredor de La 70, entre la U.P.B. y la estación Estadio del metro”, relató un afectado.

Otro de los perjudicados explicó que los delincuentes llegaron ofreciendo un servicio de “vigilancia privada”. “Desde el año pasado se dispararon los robos en Laureles, en parte por causa de migrantes venezolanos y por el desempleo que dejaron las cuarentenas. Entonces aparecieron estos muchachos, diciendo que ellos iban a cuidar la zona de todos esos ladrones. Algunos comerciantes les pagaron porque ya estaban mamados de tantos robos, y otros lo hicieron por miedo”, señaló.

Para “ganarse” la confianza de algunos empresarios, “la banda hacía rebajas en las extorsiones. En los meses más difíciles de la pandemia, pedían $40.000 semanales de ‘vacuna’, en vez de los $80.000 de siempre”, narró otro comerciante.

La supuesta vigilancia de “la Terraza” no redujo los hurtos, sino que aumentaron y, para rematar, varios fueron cometidos por sus integrantes, según la investigación. La estadística del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) señala que en 2020 se registraron 1.318 hurtos a personas en esa comuna (con corte al 22 de octubre), mientras que en ese lapso de tiempo de 2021 sucedieron 1.825.

“Ellos eran los mismos campaneros para los robos. Se paraban afuera de los restaurantes u hoteles, seleccionaban a las víctimas, y después llegaban otros en moto a atracarlas”, precisó un trabajador.

Los criminales también se dedicaron a la venta de droga, sobre todo en Naranjal, donde emplearon a menores de edad para la distribución.

Todos estos problemas cansaron a la comunidad y a los comerciantes. “Decidimos unirnos, hablamos con el Gaula, invertimos en cámaras de seguridad y luego nos llenamos de paciencia, mientras los policías hacían su trabajo de inteligencia. Esa operación Maremoto fue un esfuerzo de todos”, concluyó una víctima.

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REDES CRIMINALES
El fortín histórico de “la Terraza” está en las comunas de Manrique y Aranjuez, donde surgió en los 80, recluta a la mayoría de sus integrantes y viven sus familiares.

Desde 2013 inició una paulatina expansión en otras comunas, como Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, por medio de sociedades con combos de esas zonas, como “Toscana”, “la Matecaña”, “13 de Noviembre” y los “convivires” del Centro.

La extensión de sus redes en Laureles fue detectada en 2017 por la Dijín y la Fiscalía. “La Terraza” estableció una alianza con un grupo denominado “la Oficina de Laureles”, dedicado al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas en los barrios Lorena y Laureles.

En 2018 y 2019 fueron detenidos más de 10 de sus integrantes, incluyendo a los cabecillas, lo que diezmó su participación en el mercado criminal. Sin embargo, los intereses de “la Terraza” en la segunda comuna con más ingresos per cápita de Medellín continuaron y, tal cual informaron los comerciantes, se consolidaron durante la pandemia.

Fuentes de Inteligencia relataron que la organización ya tenía control de la frontera de La Candelaria con Laureles, gracias a sus alianzas con los “convivires” de los barrios El Chagualo, San Benito y Corazón de Jesús. “Para ellos fue tan simple como cruzar el río Medellín, porque Naranjal les queda al frente, y ahí no había otra banda que se les opusiera”, dijo un agente judicial.

Según el Gaula, las actividades ilícitas en Laureles eran coordinadas desde Manrique por alias “el Gordo”, un mando medio de “la Terraza”, quien también fue detenido en la operación “Maremoto”. Con él cayeron sus dos hombres de confianza, “el Mono” y “el Oso”, además de cinco coordinadores de barrio y 12 cobradores de “vacunas” y jíbaros.

“Después de esas capturas se redujo la extorsión. La esperanza que tenemos es que el juez los mande a la cárcel un buen tiempo, y que ojalá no los reemplacen otros extorsionistas”, rogó un comerciante.

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ANEXO: YA SE FUGÓ UNO DE LOS IMPLICADOS
Dentro de las 20 personas judicializadas en la operación Maremoto había un presunto cobrador de extorsiones, apodado “Cala”. Este hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista, en el centro de Medellín, y junto a otros dos internos se fugó el pasado 2 de noviembre. Según la información preliminar, usaron un cuchillo para romper algunos ladrillos durante varios días, hasta que lograron abrir un hueco. La fuga de “Cala” generó inquietud en los comerciantes de Naranjal, a quienes atormentaba con sus cobros.

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El Inspector.

Así comenzó uno de los asaltos más espectaculares perpetrado en los últimos años en la ciudad, que de momento deja un delincuente herido de gravedad, dos policías lesionados y 11 sospechosos detenidos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La balacera duró unos 30 segundos, de acuerdo con los testigos. Se presume que los asaltantes provienen de bandas organizadas del noroccidente de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Con base en información de cámaras de vigilancia, videos aficionados y relatos de testigos, se estableció que el operativo criminal comenzó a las 11:45 a.m. de este jueves 4 de noviembre, en la concurrida avenida Las Vegas.

El objetivo de los ladrones era una empresa dedicada al bodegaje y fundición de metales preciosos, localizada en la carrera 48 con calle 17. Un secuaz disfrazado de agente de tránsito desvió por la calle 16 el flujo vehicular que venía del sur, mientras un actor similar detuvo en la calle 17 a quienes viajaban desde el norte.

Con media cuadra despejada, incursionaron cerca de 30 compinches, que llegaron repartidos en la volqueta, en una camioneta Van y varias motos. Llevaban pasamontañas, chalecos antibala, overoles, pistolas, subametralladoras y fusiles con silenciador.

La volqueta que usaron tenía reforzamiento de metal adelante. Ocho criminales se treparon al volco y arrasaron la puerta principal. Adentro había otra puerta blindada, que frenó la arremetida.

El vigilante fue sometido por los invasores, quienes lo encañonaron y despojaron de su arma, al tiempo que trataban de forzar la segunda puerta. Dentro de la edificación los trabajadores, que se disponían a almorzar, corrieron despavoridos, y tres de ellos fueron golpeados por los pillos.

PÁNICO Y TIROTEO
Mientras eso sucedía en la fundidora, dos policías motorizados hacían su patrullaje de rutina en la Av. Las Vegas, a las 12:00 m. Un delincuente cometió el error de asomarse a la vía, encapuchado y con el fusil en sus manos, lo que alertó a los uniformados.

Los patrulleros aceleraron, pasando junto al falso agente de tránsito, y a media cuadra de la empresa fueron recibidos a tiros. Lograron maniobrar la moto, dejarla en el suelo y saltar a un lado, respondiendo al fuego de inmediato.

En simultánea, uno de los trabajadores de la fundidora apretó el botón de pánico, por lo que la Policía despachó refuerzos a Manila y comenzaron las coordinaciones con las cámaras del Sistema 123.

Los malandros salieron de la sede disparando para proteger su escape. A 50 metros estaban sus compinches esperándolos en 12 motos, según los videos, y pasaron velozmente a recogerlos.

Por la desesperación, en el cruce de proyectiles, algunos abandonaron a sus colegas; en otras motos se subieron de a tres personas, que arrancaron en dirección al occidente y el norte, y se cayeron más adelante al toparse con los refuerzos policiales.

La balacera duró 30 segundos interminables, que llenaron de pánico a los transeúntes y conductores que, en plena hora pico, se agolpaban en los alrededores de la concurrida avenida.

En cercanías a una empresa de encomiendas cayó herido uno de los asaltantes; otros dos fueron capturados a pocos metros, según el general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana.

Los ocho restantes fueron detenidos en las manzanas aledañas, gracias al seguimiento desde el 123 con las cámaras. Entre los apresados estuvo el guarda de tránsito pirata, a quien varios peatones trataron de linchar.

CRIMEN ORGANIZADO
El general Martín recalcó que, gracias a la reacción de sus hombres, el atraco fue frustrado. “Solo se llevaron unos insumos”, dijo, sin precisar de qué tipo. Tampoco confirmó ni desmintió el rumor de que se habían llevado tres lingotes.

Al día siguiente la directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Natalia Rendón, confirmó que los citados “insumos” fueron en realidad dos barras de oro sin procesar, que en el argot minero se denominan “doré”. El material contenía 3.148 gramos del metal precioso, valorados en $550 millones de pesos.

Fuentes de Inteligencia contaron, de manera extraoficial, que entre los autores del robo hay integrantes de varias bandas organizadas del noroccidente de Medellín. Según el alto oficial, siete de ellos tienen antecedentes judiciales por hurto, falsedad en documento y extorsión.

Hora y media después de lo sucedido, el alcalde Daniel Quintero anunció recompensas de hasta $10 millones por información que ayude a esclarecer esta clase de hurtos. “Que este sea un mensaje para todos los criminales que crean que aquí pueden hacer las de Netflix. Gracias a la tecnología de la ciudad, pudimos frustrar un robo que pudo haber sido uno de los más importantes en muchos años”, declaró el mandatario.

En el operativo fueron incautadas una subametralladora, seis pistolas, nueve chalecos blindados, un pasamontañas y un overol de obrero. Inmovilizaron la volqueta y ocho motos.

Las autoridades coincidieron en que detrás del atraco está el crimen organizado, y no descartaron la participación de exempleados de la compañía que suministraron la información a los bandidos, porque un asalto de este tipo no se planea de la noche a la mañana.

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El Inspector.

La banda fue atacada por la Fiscalía, el Gaula y Unipol el pasado 2 de septiembre, mediante 42 allanamientos en Bello y Medellín, de acuerdo con las autoridades. Aunque el propósito era arrestar a 26 personas, los uniformados solo detuvieron a 10 por orden de captura y uno más en flagrancia, por lo que se investiga si hubo filtraciones de información momentos antes del operativo.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son algunos de los capturados de “Pachelly”, en la denominada Operación Avalancha. Foto cortesía de la Policía.

En la diligencia se destaca la captura de tres miembros del clan Henao, que al parecer integran la cúpula de la organización: los hermanos Rodrigo y Nelson de Jesús Henao Acevedo, alias “Perica” y “Empanada”, respectivamente; y Yeison Alexánder Henao Zárate (“Yandel”), hijo del primero, y quien tenía en su poder marihuana y una agenda con supuestas anotaciones de venta de droga.

Estas personas son familiares de Albert Antonio Henao Acevedo (“Alber”), uno de los máximos líderes de “Pachelly”, quien fue arrestado por segunda vez en agosto de 2020 y continúa en prisión.

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Fuentes cercanas al operativo relataron que las detenciones de “Perica” y “Empanada” no fueron sencillas, pues ambos, en distintos apartamentos del municipio de Bello, se tiraron por la ventana. Uno fue apresado en una casa contigua y el otro en un parqueadero.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Carlos Rodríguez, contó que dentro de las evidencias recolectadas hay testimonios de ciudadanos que fueron extorsionados por dejar sus vehículos estacionados en vías de los barrios Araucarias, Pachelly y Villa Linda; y también por realizar reformas estructurales a sus viviendas.

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Otros detenidos fueron “Toro”, “Ternera”, “Chinchán”, “Chicunguña”, “el Ñato”, “Zasa”, “Sebastián” y “Orejas”, a quienes les incautaron un revólver, un kilo de marihuana y $11’400.000, según el reporte policial.

Las audiencias de control de garantías comenzaron el pasado viernes, ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín. Las capturas fueron legalizadas y la Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, secuestro simple, hurto calificado y agravado, entre otros delitos cometidos entre 2019 y 2021. Todos los procesados se declararon inocentes.

Entre los casos expuestos en el estrado, está el de un domiciliario de Rappi, que en febrero del presente año fue interceptado por integrantes de la banda en cercanías al CAI Valadares, en Bello. El muchacho fue intimidado, le dijeron que tenía que pagar “vacuna” para poder trabajar en la zona, y le robaron $180.000 que llevaba en la billetera.

Después le retuvieron la motocicleta en la que laboraba, y le ordenaron que buscara más dinero para devolvérsela. La madre de la víctima le transfirió $300.000, que el domiciliario les entregó a los bandidos para recuperar su moto.

Un hecho similar se repitió en marzo, también en Bello, cuando el afectado fue un taxista. Los miembros de “Pachelly” lo bajaron del taxi, le quitaron $70.000 y se llevaron el vehículo, con el propósito de cobrarle también para recuperarlo.

Al conductor lo obligaron a abordar una moto, para trasladarlo a un lugar clandestino y presionar el pago, pero la víctima se armó de valor y a las cinco cuadras de recorrido se tiró del vehículo y logró escapar.

“Pachelly” es una de las estructuras de crimen organizado más antiguas del Valle de Aburrá y está activa desde los 90. Aunque sus acciones se concentran en Bello, sus redes se extienden al Oriente antioqueño, el Nordeste y Bajo Cauca, donde administra plazas de vicio y coordina diversos crímenes, como secuestros, extorsiones, desapariciones y sicariato. En algunos de esos sectores tienen alianzas con el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

“Es una de las bandas delincuenciales que más daños produce en nuestra ciudad, sobre todo por los desplazamientos intraurbanos, venta ilegal de lotes y urbanización ilegal”, indicó la secretaria de Seguridad de Bello, Daniela Ortega.

Este miércoles 8 de septiembre terminaron las audiencias en el Juzgado 41. A todos les dictaron medida de aseguramiento en la cárcel, menos a “Yandel”, quien fue favorecido con la detención domiciliaria.

Las autoridades indicaron que las operaciones para detener al resto de sus integrantes no se detendrán.

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El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue realizado el pasado 10 de agosto, por parte de la Fiscalía y agentes del Grupo de Administración Pública de la Dijín de la Policía, que viajaron desde Bogotá. Los detenidos son el funcionario Gustavo Amet Restrepo Ortiz, quien fungía como asistente de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada en la capital antioqueña; y el abogado litigante Mauricio de Jesús Morales Múnera.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada tiene sus despachos en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto de Archivo.

De acuerdo con la investigación preliminar, en su calidad de asistente, Restrepo tenía acceso a información sobre las órdenes de captura que expedían los despachos de la Dirección, en particular aquellas dirigidas a los cabecillas e integrantes de las bandas “el Mesa”, “Niquía Camacol” y “Pachelly”.

En las audiencias de control de garantías, que se desarrollan de manera virtual en este momento, el ente acusador ha revelado interceptaciones telefónicas en las cuales, supuestamente, el funcionario le advertía al abogado cuando se solicitaban dichas órdenes.

En tales conversaciones, se oyen frases atribuidas por la Fiscalía a Restrepo, en las que al parecer habría dicho: “Yo las voy dilatando”, refiriéndose a las órdenes de detención.

En otra de las llamadas en poder de las autoridades, el indiciado le habría advertido al penalista que las autoridades estaban preparando el arresto de unos delincuentes: “Para que usted les avise, para que les diga que les van a caer en Pascua, después de Semana Santa. Eso ya está listo. Ya las sacaron (las órdenes) del horno hoy”.

Así fueron reseñados por la Policía los dos capturados. El proceso está pendiente de la etapa de acusación. Foto cortesía de la Policía.

El abogado Morales había sido defensor de algunos integrantes de organizaciones ilegales de Bello. Uno de ellos fue Édgar Pérez Hernández, alias “el Oso”, jefe de la banda “Niquía Camacol”, quien murió de un ataque cardiaco el 6 de abril de 2020, en la cárcel Picaleña de Ibagué.

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En las audiencias de control de garantías, los procesados no aceptaron las imputaciones por concierto para delinquir y utilización de asunto sometido a secreto, y se declararon inocentes.

Durante la diligencia, Restrepo renunció a su cargo en la Fiscalía, institución en la cual apenas le faltaba un año para jubilarse. El 17 de agosto, al finalizar las audiencias, el juzgado le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que al abogado lo envió a la cárcel.

El Colombiano buscó una declaración oficial de la Fiscalía sobre el caso, pero la entidad no se ha pronunciado por el momento.

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El Inspector.

Según fuentes judiciales, se trata de Juan José Valencia Zuluaga, apodado “Falcón”, “Andrea” o “Babalao”, quien fue capturado en el marco de la campaña militar y policial Agamenón 2, que pretende desmantelar al cartel narcotraficante más grande de Colombia. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el arsenal que las autoridades le incautaron a alias “Falcon” o “Babalao” en un condominio de la vereda Llanogrande, en Rionegro (Antioquia). Fotos cortesía de la Policía.

La detención se produjo en la vereda Llanogrande, del municipio antioqueño de Rionegro, el pasado 7 de mayo, en un suboperativo denominado “San Mateo”. De acuerdo con las fuentes, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) allanaron una propiedad en un condominio de lujo, en la cual encontraron un poderoso arsenal.

Según el dosier oficial, entre los elementos incautados: dos fusiles, tres escopetas, nueve pistolas, tres revólveres, una subametralladora, tres miras telescópicas, un visor nocturno y demás aditamentos bélicos. También le decomisaron 11 vehículos, computadores, discos duros y demás elementos de información.

La Policía y la Fiscalía investigan a “Falcon” por su presunta participación en negocios de narcotráfico y lavado de activos para el Clan del Golfo, en particular de una subestructura denominada “Héroes del Caribe”. Se sospecha que tendría injerencia en las rutas de exportación de cocaína que salen por los puertos de Cartagena y Barranquilla, con rumbo a Europa.

En los archivos de la campaña militar y policial Agamenón 2, conocidos por El Colombiano, se explica que el frente “Héroes del Caribe” tiene injerencia en siete municipios de Bolívar: Magangué, Carmen de Bolívar, María La Baja, Arjona, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Cartagena; y en tres de Atlántico, que son Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia.

Aunque apenas se trata de un solo capturado, la audiencia de control de garantías ya lleva más de una semana en curso. Un fiscal de la Dirección contra la Criminalidad Organizada le imputó cargos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y lavado de activos.

Frente a estas imputaciones, Valencia Zuluaga se declaró inocente. Todavía no se define, por parte del juez, la medida de aseguramiento.

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El Inspector.

El hallazgo ocurrió en el marco de la Operación Argenta, desarrollada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía, y sus resultados fueron presentados el 9 de marzo por el fiscal General de la Nación.

Estos son algunos de los taxis decomisados por las autoridades a la red de lavado de activos de “la Terraza”. Foto: cortesía de la Policía.

“Incautamos $10.000 millones a ‘la Terraza’, estamos quitándoles la fuente de financiamiento a estas organizaciones y golpeando las economías ilegales que afectan a la ciudad”, declaró el fiscal Francisco Barbosa.

“La Terraza” es una de las bandas más antiguas, surgió en los años 80 y está en la segunda generación de su cúpula. Obtiene ingresos de múltiples negocios, como narcotráfico, administración de plazas de vicio, cobro de deudas mafiosas, sicariato, extorsiones, pagadiario y venta ilegal de lotes, entre otros.

Bajo su estructura confederada tiene 55 combos a su disposición, que actúan en las comunas de Aranjuez, Manrique, Popular, La Candelaria, Castilla y El Poblado; en el Suroeste y Oriente de Antioquia.

La Operación Argenta golpeó a una de estas subestructuras, “la convivir de San Benito”, la cual tiene influencia en los barrios Estación Villa, San Benito, Candelaria y Villa Nueva, del centro del Medellín.

Según Ángela Bahamón, delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, este grupo integra el ala financiera de “la Terraza”, “encargado de ocultar los recursos obtenidos por la venta de estupefacientes, mediante la compra de inmuebles y taxis, desarrollando también otras maniobras de ocultamiento para ingresar dinero al sistema financiero”.

En allanamientos realizados en Medellín y el municipio de San Roque, fueron capturados siete presuntos integrantes de “la convivir de San Benito”, todos de la misma familia: el presunto cabecilla Hernán Monsalve García (“el Viejo”), Cristian Monsalve Hincapié, Darwin Monsalve Cortés, Caroline Monsalve Hincapié, Luz Monsalve Jaramillo, Estefanía Monsalve Cuartas y Yeny Guzmán Monsalve.

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que ellos negaron en el estrado. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Las autoridades embargaron dos casas, siete apartamentos con sus parqueaderos, dos locales comerciales, dos edificios en etapa de construcción y los 14 taxis, entre otras propiedades, por un valor de $10.000 millones. Sobre estos bienes inició un proceso de extinción de dominio.

También investigan varios hoteles y residencias del Centro, que al parecer eran usados para el acopio y venta de droga, según la fiscal Bahamón.

¿PARA QUÉ LOS TAXIS?
De estos embargos, lo que más sorprende es la “flotilla amarilla”. ¿Para qué le interesa a “la Terraza” invertir su plata en taxis? Para resolver la inquietud, consultamos a investigadores de la Dijín y la Fiscalía que han combatido a esta banda.

“A ellos les sirve para movilizar a sus integrantes de forma desapercibida, y para el transporte de armas y drogas”, indicó uno de ellos. Esta situación quedó ejemplificada con una sentencia del Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Medellín, proferida el 15 de diciembre de 2014 contra el taxista Pedro Peña Pérez, alias “Pedrito”.

La justicia lo condenó a 12 años y medio de cárcel por concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y uso de menores para delinquir, al comprobar que transportaba drogas para las plazas de vicio de “la Terraza” y pistolas para las “vueltas” de sus sicarios. En sus desplazamientos llevaba a un niño vecino, para no levantar sospechas.

El vehículo estaba a nombre de su mamá, a quien le liquidada $60.000 diarios, y adscrito a una empresa legal de taxis de Medellín.

Otro uso que le dan a los “amarillos” es en labores de seguimiento de futuras víctimas de secuestro y asesinato. Un episodio asociado a esto ocurrió el 12 de julio de 2012, en la entrada del Jardín Botánico, donde la banda acribilló a dos policías dentro de una camioneta: los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro, de la Dirección Antinarcóticos, quienes hacían un trabajo encubierto para capturar a “Pichi Gordo” y “Barny”, dos jefes de “la Terraza”.

Aquel día esperaban a un informante que los llevaría a la finca en la que supuestamente estarían los cabecillas, pero este los traicionó y a la cita solo llegaron los asesinos.

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La investigación demostró que antes del ataque, un taxi hizo rondas para vigilar la zona, y que ahí se transportaron las armas de los sicarios. El taxista Juan Pablo Álvarez Quintero (“el Gordo”) fue condenado a 14 años por su participación en el crimen.

“A ellos también les sirven los taxis para blanquear el dinero que consiguen de forma ilegal, por medio de testaferros. A la DIAN le reportan unas ganancias mensuales, que en realidad son infladas para ocultar los ingresos de las plazas de vicio, ¿porque quién puede confirmar exactamente cuánta plata hace un taxi con sus carreras?”, señaló otro de los investigadores.

“La Terraza” –al igual que otras bandas del Valle de Aburrá– usa estos automotores como inversión “legal”. “En este caso les encontraron 14 taxis, todos afiliados a empresas, y supongamos que cada uno liquidaba $80.000 diarios. Eso da $33’600.000 al mes, no es un mal negocio”, concluyó la fuente.

ANTECEDENTES CERCANOS
Esta es el segundo golpe con fines de extinción de dominio que le hacen a “la Terraza” en menos de dos años. El 30 de octubre de 2019 se ejecutó la Operación Amonet, en la cual fueron embargados 378 bienes valorados en $400.000 millones, los cuales estaban a nombre de supuestos testaferros y familiares de “Pichi Gordo”, “Barny”, “Chicho”, “Guasón”, “Saya”, “Keiler”, “el Cerdo” y otros miembros de la facción.

Entre los bienes hubo 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades. Esto incluyó cuatro edificios en el sector El Hueco, del centro de Medellín.

Ya pasaron 17 meses desde aquella medida y, según fuentes judiciales, el proceso avanza muy lento. El juzgado está a la espera de que la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio presente la demanda de extinción, la cual le ha devuelto dos veces para que le haga ajustes. Se presume que resolver este caso podría tardar otros tres años.

En la resolución de medidas cautelares expedida por la Fiscalía 65 (radicado N°1100 16099 068201 701074) fueron expuestas algunas de las modalidades con las que “la Terraza” adquiere estos bienes.

“Es tal su poder que se dedica a tomar la ley por su cuenta, se subrogan funciones de ‘conciliadores’ o ‘notarios’, para realizar partición de herencias, bajo la intimidación a sus víctimas, que se ven obligadas a firmar documentos y aceptar las condiciones por ellos impuestas”, indicó la Fiscalía, y aseveró: “Aunado a ello, se establece la participación de personas que prestan su nombre para efectuar negociaciones para ellos, pretendiendo ocultarse en el perfil de comerciantes”.

Las propiedades y bienes embargados en las dos operaciones están bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyendo los taxis con los que al parecer ejecutaban sus fechorías.

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El operativo se ejecutó en la mañana del martes 23 de febrero, cuando policías de la Dirección Antinarcóticos y la Dirección de Investigación Criminal allanaron la propiedad y arrestaron al hombre de 45 años, quien no tuvo tiempo de escapar. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Luego de su captura en Santa Fe de Antioquia, alias “Dimas” fue trasladado a Medellín para su audiencia de control de garantías. Foto de cortesía.

Luego de tantos meses de persecución, la decisión de recibir la visita de su esposa e hijo fue la debilidad que aprovecharon los investigadores, quienes siguieron a la familia hasta el escondite.

Fuentes judiciales le informaron a El Colombiano que en contra de “Dimas” había una orden de captura por concierto para delinquir agravado, y tres procesos penales en curso por desaparición forzada en tres fiscalías diferentes.

El presidente Iván Duque celebró este arresto en su cuenta de Twitter, manifestando que Góez era “encargado de controlar el narcotráfico para esa organización, con amplia afectación en Urabá y Medellín. Cuenta con varias órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, responsable de cobros y comercialización de estupefacientes. Con 16 años de actividad criminal, es el hombre de confianza de ‘Otoniel’”.

Sobre el detenido, el dosier de la Policía indica que nació en Mutatá, Antioquia (03/11/75) y es desmovilizado del bloque Calima de las Auc. Entre 2006 y 2008 integró uno de los grupos neoparamilitares conocidos en ese entonces como “Águilas Negras”, y posteriormente pasó a las filas del clan del Golfo.

En principio, trabajó de la mano de su tío Ernesto Góez Valderrama (“el Tío”), coordinando las finanzas del narcotráfico en Urabá. Su destreza criminal le permitió ir ascendiendo en la estructura, hasta que en 2014 fue capturado bajo cargos de concierto para delinquir, homicidio, tortura y desaparición forzada.

ENLACE CRIMINAL
A pesar de esas imputaciones, salió de la cárcel un año después. Hasta ese momento su nombre era Dimas de Jesús Góez Ruiz, pero en una maroma notarial se lo cambió a Juan Camilo Góez Ruiz. Una vez en libertad, se convirtió en uno de los favoritos de Dairo Úsuga David (“Otoniel”), máximo líder del clan del Golfo.

Con la sucesiva captura y muerte de sus lugartenientes, “Otoniel” le fue entregando cada vez más responsabilidades a “Dimas”, como la coordinación de rutas de narcotráfico hacia el exterior y, más recientemente, ser su delegado para la administración de los negocios del cartel en el Valle de Aburrá.

En Medellín y sus municipios vecinos, Góez al parecer articula alianzas con bandas locales como “la Sierra”, “Limonar 1”, “la Miel”, “Barrio Bolsa”, “Alto de Aranjuez”, “Mano de Dios”, “Pachelly”, “los Chatas” y “Altos de la Virgen”.

Su renombre en las filas del clan también aumentó el interés de la Fuerza Pública en su captura. El 1 de noviembre de 2020 en la vereda Iracal de Uramita, Antioquia, comandos adscritos a la campaña militar y policial Agamenón II lo ubicaron en una finca.

El asalto a la propiedad fue a las 6:30 a.m., pero tres de sus guardaespaldas abrieron fuego y distrajeron a los uniformados. “Dimas” logró escapar desvaneciéndose en el monte. Sus tres escoltas murieron.

Cuatro meses después, la captura de Góez ocurrió en un momento crítico para la organización narcotraficante. Él era uno de los candidatos para reemplazar en la cúpula a Nelson Hurtado Simanca (“Marihuano”), dado de baja por la Policía el pasado 7 de febrero, por lo que la caída de “Dimas” resultó ser un golpe estratégico de las autoridades.

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ANEXO: EL NUEVO PLAN PISTOLA DEL CLAN DEL GOLFO

En actualidad se está perpetrando un plan pistola del clan del Golfo contra la Fuerza Pública, como retaliación por la muerte de “Marihuano”. Desde el 12 de febrero los sicarios del grupo han matado a seis policías y lesionado a otros ocho en diferentes atentados en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. El último caso ocurrió el 22 de febrero en Riosucio, Chocó, donde acribillaron en una calle a los patrulleros Harold Puentes Ribero y William Fuel Uribe. El general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, anunció una recompensa de $100 millones para quien ayude a ubicar a los homicidas.

El Inspector.

De acuerdo con fuentes judiciales, la detención se produjo este domingo 29 de noviembre en esa localidad del sur del Valle de Aburrá, en cumplimiento de una orden de arresto emanada de una Fiscalía Especializada. En el mismo operativo fue detenido otro ciudadano, el ganadero Marlon Sierra, que está indiciado por la misma conducta punible y sostiene amistad con Isaza Sánchez.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fueron reseñados los hermanos Isaza en la Lista Clinton, a finales de 2014. Foto cortesía del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Isaza, de 53 años, fue arrestado en un allanamiento ejecutado por la Sijín en la Loma de las Brujas. Le encontraron una pistola con salvoconducto y $33 millones de pesos. Sierra, de 29, fue detenido cuando conducía una camioneta por la Loma del Esmeraldal; también portaba una pistola amparada.

Según la información contenida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), Isaza fue agente de tránsito de Envigado entre 2000 y 2013. Ese año ascendió al cargo de supervisor y subcomandante de esa dependencia, responsabilidad que al parecer ostentaba en la actualidad.

A pesar de tener un cargo oficial, en el bajo mundo siempre se le ha relacionado con su hermano, Félix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto”, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y uno de los máximos cabecillas de “la Oficina”, la estructura de crimen organizado más poderosa del Valle de Aburrá. De hecho, al momento de la captura estaba con él y con la mamá.

“Beto” obtuvo su libertad condicional en 2018, tras pasar seis años encarcelado por una condena de nueve años por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y uso de documento falso; y otra de cinco años por concierto para delinquir agravado.

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La primera vez que el supervisor de tránsito resultó involucrado en un informe judicial fue el 19 de noviembre de 2014, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le aplicó sanciones económicas y congeló sus actividades comerciales, al incluirlo en la Lista Clinton. En la misma acción incluyeron a “Beto” y a otros cabecillas de la organización, como “Mateo” (extraditado) y “Orión” (asesinado posteriormente).

En ese entonces, Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), señaló que alias “Nene” u “Omega”, como se le conoce también a Nelson Isaza, al parecer usaba los recursos y personal de la Secretaría de Movilidad para apoyar las operaciones y desplazamientos de los integrantes de “la Oficina”.

El alcalde de Envigado en aquel momento, Héctor Londoño, le comentó a El Colombiano en esa época que no podía despedir al reseñado porque “hemos averiguado en la Fiscalía si él tiene algún pendiente, y nos han dicho que en absoluto, que no tiene ninguna investigación pendiente. Entonces tiene que seguir trabajando, él está en carrera administrativa y tampoco tiene ningún llamado de atención en su hoja de vida, es buen funcionario y nosotros no podemos despedirlo”.

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Por este motivo, Nelson Isaza continuó en la Oficina de Tránsito, a pensar de estar vinculado a la Lista Clinton por el gobierno estadounidense.

En la reciente investigación de la Fiscalía colombiana, “Nene” es sospechoso de participar en las operaciones clandestinas de la banda “Trianón”, uno de los tentáculos de “la Oficina” en los municipios de Envigado y Sabaneta. Este grupo se dedica al tráfico de drogas, cobro de extorsiones, pagadiario, sicariato y demás delitos.

La audiencia de control de garantías se realiza en el Palacio de Justicia de Medellín. El Colombiano consultó a la Alcaldía de Envigado sobre la captura del funcionario, y hasta el momento no ha emitido una respuesta sobre el asunto.

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El Inspector.

Los resultados de la operación fueron presentados este martes 3 de noviembre por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en compañía de los alcaldes de Bello, Óscar Pérez, y de Medellín, Daniel Quintero. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los capturados en el operativo contra “los Chatas”. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con el informe, en distintos allanamientos y registros, agentes de la Dijín arrestaron a Ánderson Abad Duque López (“Duque”), quien estudió Negocios Internacionales y sería presunto miembro de la cúpula de “los Chatas”, con 70 hombres a su servicio; Víctor Alfonso Ramírez Valencia (“Víctor” o “Jujuy”), supuesto cabecilla financiero del grupo; Johnny Ferney Vargas Cruz (“Canazo”), señalado de coordinar, aparentemente, el tráfico local de estupefacientes y las ganancias de las otras rentas ilegales, llegando a recaudar cerca de $500 millones mensuales; y Luis Fernando Mora Arboleda (“Yoyo”), presunto encargado del ala sicarial.

Aunque sus órdenes de captura eran solamente por el cargo de concierto para delinquir agravado, también los investigan por su supuesta participación en el constreñimiento a empresas distribuidoras de pipetas de gas, “con el fin de controlar el monopolio de la distribución en Copacabana, Girardota, Barbosa, Cisneros, Santo Domingo, San Roque y algunas de las veredas de Santa Rosa de Osos”, según el reporte policiaco.

“Alias ‘Duque’ se encargaba de cobrar extorsiones por la distribución de gas en el Valle de Aburrá y otros municipios, incluso hacían conexiones a gas ilegales, y cobraban por el suministro”, declaró, a su turno, el alcalde Daniel Quintero.

La Fuerza Pública cree que “serían propietarios de minas ilegales de oro en el corregimiento Porce, de Santo Domingo, Antioquia, y dinamizadores de diferentes delitos como homicidio, venta de estupefacientes, extorsión e instrumentalización de menores”, concluyó el informe.

En la operación fueron incautados 450 gramos de cocaína en bloque, 141 dosis de la misma droga y 12 de tusibí, además de una subametralladora y dos pistolas, entre otros elementos. “Fue una investigación de más de un año”, señaló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El oficial añadió que “los Chatas” siguen, al parecer, bajo las órdenes de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), uno de los cofundadores del grupo, quien está encarcelado y con una condena de 16 años de cárcel.

NOTA RELACIONADA: Alias “Tom” recibió una condena de 16 años de cárcel.

“La captura de los cabecillas de los grupos delincuenciales es solo el comienzo de nuestra batalla contra el crimen organizado. No queremos más extorsiones, tráfico de drogas ni de armas, apropiación ilegal de terrenos y demás delitos que afecten el buen vivir en nuestra ciudad”, acotó el mandatario bellanita, Óscar Pérez.

Aunque las cuatro capturas son un golpe importante, en la calle hay otros integrantes de la cúpula de la organización que siguen al frente de la misma, como “Elkin Chata”, “Camilo Chata”, “Jonás” y “Álex Mentiras”.

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El Inspector.

Esta banda, que delinque hace tres décadas en las comunas 1 y 2 de la ciudad, se dedica, además de las extorsiones, al tráfico de drogas, sicariato, control social y del mercado de canasta familiar, entre otros delitos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los presuntos miembros de “la 38″ capturados en la Operación Hércules, del Gaula. Foto cortesía de la Policía.

En la mañana del jueves 27 de agosto, la Policía y la Alcaldía anunciaron el operativo en su contra, que incluyó 42 allanamientos y 27 capturas, por cargos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y porte ilegal de armas y de estupefacientes. De este grupo, 18 tenían órdenes de captura pendientes, y otros nueve cayeron en flagrancia. En las acciones incautaron cinco armas de fuego, 1.800 dosis de basuco y 8 kilos de marihuana.

El operativo comenzó en la mañana del pasado martes 25 de agosto, cuando decenas de uniformados rodearon varias manzanas en la zona nororiental, en los barrios Popular N°1 y N°2, Granizal y Santa Cruz. Varios integrantes de la comunidad los recibieron a golpes y trataron de armar asonada, para evitar que se llevaran a los integrantes de “la 38”.

El secretario de Seguridad de Medellín, general (r) José Acevedo, indicó que entre los capturados hay dos cabecillas, alias “Pony” y “Choco”, y tres coordinadores de zona: “Ruso” (coordinaba acciones en Santa Cruz), “Chinga” (Popular N°1) y “Pez” (Granizal).

Con estos resultados, las autoridades aseguraron que se lograron esclarecer 16 casos de extorsión en dichos vecindarios, en los que “la 38” cobraba entre $10.000 y $40.000 semanales a los establecimientos comerciales, los vehículos repartidores, el transporte informal y las rutas de buses.

“Se evitó el pago de $87 millones mensuales aproximadamente, que hacen parte de las rentas ilícitas del grupo delincuencial”, informó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

La Policía agregó que en lo corrido de este año han sido capturadas 123 personas por casos de extorsión en el Valle de Aburrá, de las cuales 85 fueron solo en Medellín.

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El Inspector.

Se trata de Jerónimo Vásquez Zapata, supuesto líder del combo “Villa Flora”, que delinque en el barrio del mismo nombre, en la comuna de Robledo. La decisión fue tomada por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por concierto para delinquir agravado, los cuales él rechazó. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “el Mudo” fue capturado en San Jerónimo, Antioquia. La recompensa en su contra era de $50 millones. Foto cortesía de la Policía.

“El Mudo”, de 36 años, fue capturado por la Policía el 4 de julio de 2020, en un finca del sector Los Cedros, en la vereda Quimbayo de San Jerónimo, Antioquia.

Jerónimo Vásquez Zapata, alias “el Mudo”. Cortesía.

En su informe de captura, la Policía Metropolitana detalló que la banda “Villa Flora” se dedica al cobro de extorsiones, sicariato, desplazamiento forzado y tráfico de drogas, entre otras actividades delictivas. Administran una reconocida plaza de vicio de la zona, conocida como “el Morro” o “el Jumping”, y sus rentas ilícitas sumadas generarían de 300 millones de pesos mensuales, de acuerdo con los cálculos policiales.

Al momento de la detención, el coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, detalló que este grupo pertenece a la organización criminal “Robledo”, una confederación de bandas del noroccidente de Medellín. Su líder es Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, quien están en prisión, y “el Mudo” sería uno de sus principales lugartenientes.

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Además, Vásquez es señalado de articular una alianza de “Robledo” con “La Terraza”, otra estructura que agrupa combos del centro y el nororiente de la ciudad. Estaba en el cartel de los más buscados y por información que llevara a su captura ofrecían hasta $50 millones.

La Policía precisó que llevaba al menos 12 años delinquiendo y que se convirtió en el supuesto cabecilla de “Villa Flora” luego de la muerte violenta de su antiguo jefe, Frank González Herrera (“Frank Rea”), el 31 de mayo de 2015.

OTRAS CAPTURAS

En lo que va de julio, las autoridades han capturado y enviado a prisión a otros miembros del crimen organizado del Valle de Aburrá. Uno de ellos fue Yoni Mauricio Jaramillo Sierra, alias “la Rosa”, presunto coordinador de narcotráfico de “la Terraza”, encargado de la distribución de estupefacientes para las plazas de vicio del centro de Medellín.

El hombre de 33 años cayó en un allanamiento realizado en el barrio Manrique, donde le encontraron un kilo de marihuana prensada, 575 cigarrillos de hierba ya armados y cuatro dosis de cocaína.

En el barrio Triana, del municipio de Itagüí, la Policía capturó a Juan Pablo Cuervo Calle (“la Chinga”), quien al parecer sería un sicario al servicio del combo de “San Gabriel”, sospechoso de participar en asesinatos perpetrados este año en esa localidad y en La Estrella, según la Policía.

Y el 2 de julio, en una calle del barrio Villa Linda, de Bello, arrestaron a Andrés Felipe Mendoza Lopera ( “Mendocita”). “Es presunto coordinador de sicarios de la banda ‘Pachelly’. Esta captura se da en el marco del programa de pago recompensas de la administración municipal, que ya ha entregado más de $161 millones por información que nos ha dado la ciudadanía”, según Daniela Ortega, secretaria de Gobierno de Bello.

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El Inspector.

La investigación, adelantada por el CTI de la Fiscalía desde marzo de 2017, produjo las detenciones este jueves 23 de enero. La mayoría de los implicados fueron citados al Comando de la Policía Metropolitana en el centro de Medellín, donde se encontraron con la sorpresa de las órdenes de captura.

En estos microbuses de la Fiscalía fueron trasladados los policías capturados en el Comando de la Policía Metropolitana, en el Centro de Medellín. Foto: cortesía de Guardianes Antioquia.

Según el informe preliminar, estas personas estarían involucradas en una red encargada de comercializar vehículos y autopartes de los carros inmovilizados en los parqueaderos públicos de la ciudad. Por esta razón tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio y concusión (sacar provecho ilegal de su cargo), entre otros.

En la lista de detenidos hay un intendente, dos subintendentes y 20 patrulleros, adscritos a las estaciones y CAI policiales de El Poblado, Buenos Aires, Belén, Altavista, Aranjuez, Las Palmas, Copacabana, Laureles, San Javier, Doce de Octubre, Itagüí, Envigado, Andes y Santuario, Antioquia. Otros tres policías tienen orden de captura y, aunque no han sido arrestados, se cree que en las próximas horas se entregarán a las autoridades.

Por su parte, los dos agentes de tránsito laboran en la Secretaría de Movilidad de Medellín.

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“La actuación ilícita de estos funcionarios obedece, al parecer, a un abuso de confianza para la comercialización anómala de unos vehículos que presuntamente se encontraban en proceso de embargo”, contó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En la tarde de este viernes comenzarán las audiencias de control de garantías en el Palacio de Justicia, que podrían prolongarse por hasta dos semanas.

El escándalo de corrupción institucional estalló el mismo día de la transmisión de mando en el Departamento de Policía Antioquia y la Región N°6 de Policía (que cobija las jurisdicciones de Antioquia, Urabá, Valle de Aburrá, Chocó y Córdoba). Los nuevos comandantes serán, respectivamente, el coronel Jorge Cabra Díaz y el general Luis Méndez Reina.

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OTRO CASO DE CORRUPCIÓN

El pasado 22 de enero en la cárcel El Pedregal de Medellín, fue sorprendida una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresando estupefacientes.

Según la Fiscalía, la dragoneante  Ana Victoria López Torres fue descubierta por un perro antinarcóticos, que olfateó los 238 gramos de marihuana que llevaba en su lonchera.

“La mujer dijo a sus compañeros que era consumidora y que llevaba su dosis personal de aprovisionamiento”, indicó el ente acusador, que le imputó el cargo de tráfico de estupefacientes agravado. Ella, de 29 años de edad, no aceptó su responsabilidad en los hechos y el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

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Sumando estos casos,  en apenas dos días fueron arrestados 26 funcionarios de tres instituciones que actúan en Antioquia. En 2018 y 2019 también se destaparon ollas podridas, que terminaron con las capturas de los alcaldes de Envigado y Barbosa, 20 agentes de tránsito y un juez de Bello, y la judicialización del Contralor Departamental, por citar algunos de los hechos más sonados.

Vale la pena preguntarse, ¿será que la corrupción si es un asunto de “algunas manzanas podridas”, como suelen decir las autoridades?

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El Inspector.

El objetivo era golpear una de red de tráfico internacional de cocaína, liderada desde Antioquia y emparentada con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. La investigación identificó a 10 presuntos integrantes, por lo que los agentes y comandos especiales se repartieron para capturarlos con fines de extradición en Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Cali, Bogotá y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Arnobio Del Río Jiménez, alias “el Tío” (izquierda), y su hijo Ánderson Del Río Pasos, apodado “el Grande”. Fotos cortesía de la Policía.

En la capital antioqueña, los policías incursionaron a las 6:00 a. m. de ese domingo en una urbanización del barrio San Diego. El blanco era Gabriel Jaime Marín Macías, apodado “Chepe” o “el Veterinario”, un comerciante y ganadero de 46 años, oriundo de Amalfi, y sospechoso de ser uno de los supuestos coordinadores de la organización.

“¡Abra la puerta! Policía Nacional, ¡rápido, hombre!”, gritó uno de los uniformados, mientras su compañero golpeaba la puerta con el puño, en un apartamento ubicado en el tercer piso de una de las torres. Al no obtener respuesta, comenzaron a violentar la chapa con una barra de metal.

Marín estaba solo y se despertó estrepitosamente. Ni siquiera alcanzó a ponerse una pijama y salió en ropa interior a la sala. No acató la orden de la fuerza pública y en pocos segundos tomó una decisión fatal.

Tal cual quedó registrado en la grabación por celular que hizo un vecino, se asomó al balcón. Al parecer, quería saltar a un pino y unas palmeras, cuyas ramas estaban a pocos centímetros del borde, pero calculó mal el paso y cayó al vacío.

En la caída rompió una vidriera y se estrelló de bruces contra el suelo de grama. Al escuchar el estruendo, los policías corrieron hasta el sitio y encontraron a “Chepe” inmóvil. “¡Llamen una ambulancia!”, pidió uno de ellos, mientras palpaba sus signos vitales. A pesar de los esfuerzos, la muerte vino a reclamarlo.

Los funcionarios se quedaron con una Circular Roja de Interpol en la mano, con la cual pretendían arrestarlo. En contra de Marín pesaba una acusación de la Corte del Distrito Medio de La Florida (expediente 2019-122186), por los cargos de “conspiración para distribuir cinco kilos o más de cocaína en EE. UU. y conspiración para poseer con la intención de distribuir cinco kilos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de EE. UU.”, de acuerdo con los documentos del caso conocidos por El Colombiano.

Según las pruebas obtenidas por la DEA y la Diran, que incluyen interceptaciones telefónicas y entrevistas, el difunto, al parecer, estuvo involucrado en tres exportaciones de droga interceptadas en altamar.

El primer caso fue el 16 de junio de 2015 en aguas del Pacífico, cuando la Guardia Costera estadounidense detuvo un semisumergible con cuatro tripulantes y 2,4 toneladas de cocaína; el segundo fue el 26 de abril de 2017, cuando la misma Guardia interceptó una lancha con cuatro ocupantes y 711 kilos de cocaína, cerca de Guatemala.

El tercer episodio fue el primero de diciembre de 2018, en aguas cercanas a la isla de Jamaica. El guardacostas persiguió un barco con cuatro navegantes, que se deshicieron de la mercancía tirándola por la borda y después fueron arrestados.

Tras conocerse la muerte del extraditable, ni el Ministerio de Defensa ni la Dirección Antinarcóticos emitieron declaración alguna en ese momento, alegando que se trataba de una operación en curso y que faltaban varias personas por capturar. Sin embargo, cinco semanas después, El Colombiano tuvo acceso al informe secreto de Milenio III, que explica cómo actuaba esa red transnacional de narcotráfico desde Antioquia.

En el recuadro aparece alias “Chepe” y en el círculo se aprecia el balcón por el cual cayó de manera accidental. Fotos de cortesía.

LA RUTA CLANDESTINA

Según el documento, la estructura llevaba por lo menos cinco años exportando cocaína por el Pacífico hacia Norte América, por medio de una ruta que empleaba contactos en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

La coca era cultivada en los departamentos de Nariño y Cauca, y procesada en laboratorios artesanales localizados en los corregimientos de El Mango y El Plateado, en el municipio caucano de Argelia; y en Huisitó y San Juan de Mechengue, en la localidad de El Tambo.

La mercancía era trasladada en mulas hasta las embarcaciones en los ríos Guapi, Timbiquí y San Juan de Micay, y de allí sacada al océano Pacífico. En algunos casos, la enviaban directamente a Centroamérica; en otros, la llevaban primero a la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, donde terminaban de almacenar las cantidades deseadas, abastecían el combustible en la isla Galápagos y después seguían la ruta por altamar.

El transporte marítimo se hacía empleando lanchas rápidas y semisumegibles, aunque también usaban avionetas, carros acondicionados con caletas (para introducir la cocaína por la frontera de México con EE. UU.) y ocultaban la droga entre los contenedores y cajas de embarcaciones legales.

En este último punto, la organización tenía un método particular: “contaminaban los contenedores con pulpa de fruta, mezclando el alimento orgánico con clorhidrato de cocaína”, dice el reporte. La cocaína traficada por este grupo era combinada con bentonita, una especie de arcilla de grano fino, comúnmente empleada en obras de ingeniería civil, y en las industrias petrolera y cosmética.

Las autoridades detectaron esta modalidad el 22 de junio de 2018 en el puerto de Buenaventura: en un buque había un contenedor cargado con 768 kilos de cocaína, camuflados en bentonita y pulpa de fruta.

Los capturados en la Operación Milenio III, con fines de extradición. De izquierda a derecha: alias “Macario”, “Enano”, “Firi”, “Macario Papá”, “el Tío”, “Jacobo” y “el Paisa”. No está en la foto alias “Leiner”. Foto cortesía de la Policía.

LOS IMPLICADOS
Las autoridades de Colombia y EE. UU. creen que al mando de la organización estaría el veterano comerciante Luis Arnobio Del Río Jiménez, alias “el Tío”, propietario de discotecas en Medellín y empresas importadoras de productos. Entre sus antecedentes hay una condena de 12 años de prisión, proferida el 11 de febrero de 2004 por el Tribunal Superior de Buga, por su participación en una estructura que exportaba estupefacientes a Francfort, Alemania.

Su mano derecha sería su hijo Ánderson Del Río Pasos (“el Grande”), quien, según el informe oficial, “es el encargado de lavar el dinero producto del narcotráfico, mediante la utilización de empresas fachada y la instrumentalización de terceras personas para consignación y creación de sociedades empresariales ficticias”.

Los investigadores presumen que la banda lavaría, por lo menos, 30.000 millones de pesos anuales, camuflando los activos en 112 establecimientos comerciales. Con una de esas compañías habrían importado 90 toneladas de bentonita en los últimos años, para mezclarla con la cocaína.

La Policía decomisó parte de esas ganancias el 6 de octubre de 2018, en el allanamiento a un apartamento en Bogotá, donde encontraron 1.630 millones de pesos encaletados. En ese procedimiento arrestaron a tres personas.

Los otros integrantes del grupo, de acuerdo con el organigrama elaborado por las agencias de seguridad, serían: Alfonso Torres (“Macario Papá”) y su hijo homónimo Alfonso Torres (“Macario”), quienes, al parecer, coordinaban la logística desde Cali y Tumaco; al igual que el difunto “Chepe”, quien presuntamente coordinaba actividades de exportación desde Medellín.

En el área de producción de la droga, los responsables serían William Herrera (“Jacobo”), en Bogotá, y Lerner Daza (“Leiner”), radicado en Popayán. El transporte terrestre era manejado, supuestamente, por Carlos Arias (“el Paisa”), quien estaba en Bogotá; mientras que el marítimo lo operaban Martín Castillo (“Enano”) y Ader Castillo (“Firi”).

Todos ellos fueron capturados entre el 24 y el 28 de noviembre pasados, con excepción de “Chepe”, fallecido de formal accidental, y de “Grande”, quien es buscado con Circular Roja de Interpol. En la actualidad, los procesados están en la cárcel, pendientes del avance del proceso de extradición.

En la investigación logró establecerse que el principal cliente de esta estructura es el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNC), considerado por la DEA como “uno de los cinco grupos de crimen organizado transnacional más peligrosos del mundo”. Tiene injerencia en 23 de los 32 estados de México y su principal base de operaciones en EE. UU. está en Los Ángeles, California; trafica con cocaína, metanfetaminas y heroína en América, Europa, Asia y Australia.

Su máximo líder es Nemesio Oseguera Cervantes (“el Mencho”), por quien el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece 10 millones de dólares de recompensa. Sus enlaces con la organización colombiana serían dos ciudadanos mexicanos apodados “Tío Gil” y “el Gordo” o “el Ingeniero”, quienes permanecen en la clandestinidad.

A pesar del fuerte golpe propinado con Milenio III, fuentes cercanas al caso consideran que la estructura criminal no está muerta. El último movimiento detectado fue el pasado 14 de noviembre en Panamá, cuando en un apartamento fueron incautadas 1,4 toneladas de cocaína. La cacería continuará para dar con los cabos sueltos en Antioquia, México y Estados Unidos.

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El Inspector.