El paciente es Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”, un viejo conocido del bajo mundo de la ciudad, señalado por las autoridades de ser el presunto jefe de los combos “la Imperial” y “el Diamante”, que delinquen en la comuna de Robledo.

En este vehículo viajaba la víctima cuando se produjo el ataque, en el barrio Los Colores, de Medellín. Foto de cortesía.

La historia comenzó el pasado 2 de noviembre de 2024 en el barrio Los Colores, cuando el exconvicto iba en un automóvil Mazda 3 rojo. A las 3:30 p.m., cuando estaba frenado en una congestión vehicular de la calle 53 con la carrera 71A, fue atacado por los sicarios.

Un testigo de los hechos narró a los investigadores que los agresores iban vestidos con el atuendo de una empresa de telefonía celular, y le dispararon a su objetivo a través de las ventanillas, desde ambos lados del carro.

Los criminales huyeron en una motocicleta Yamaha XTZ, la cual dejaron abandonada tiempo después en una calle del barrio San Germán.

La víctima fue llevada de urgencias al Hospital General, con siete heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Aunque llegó inconsciente por la pérdida de sangre, los médicos lograron salvarle la vida.

En este punto, la trama comenzó a enredarse. Los familiares del paciente les mintieron a las autoridades y al personal de salud, indicando que el herido se llamaba Jorge Iván Duque Ríos; es decir, suplantaron la identidad de su hermano, quien también es cabecilla de la misma organización y es conocido como “Mi Sangre”.

“Duque” es un expatrullero de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana, que se cambió al bando de la mafia. Tiene antecedentes por receptación, concierto para delinquir, terrorismo y amenazas. Fue capturado el 11 de junio de 2017 en Cali y ya salió de la cárcel.

Un testigo explicó que dos sicarios, con trajes de empresa de telefonía, atacaron el carro por los dos lados. Foto de cortesía.

Durante varios días los investigadores trataron de confirmar la verdadera identidad del herido, mientras este permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, cuando les llegó una nueva información: que había un plan para rematarlo en su camilla. Ante esta situación, la Policía puso un uniformado como custodio en la entrada de la habitación.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que la presunta emisaria de la muerte apareció el jueves 7 de noviembre. Una mujer se presentó, diciendo que era una enfermera particular contratada por la familia del paciente.

Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”.

Por suerte para el herido, su esposa estaba ahí justo en ese momento, y le advirtió al custodio que no había contratado a ninguna enfermera. El policía detuvo a la mujer y llamó a los refuerzos.

Los agentes de la Sijín que llegaron al sitio verificaron las cámaras de seguridad y constataron que la sospechosa había ingresado al hospital por el acceso de urgencias, fingiendo ser una paciente, y que luego subió hasta el piso noveno a presentarse como enfermera.

Al revisarle el bolso le encontraron varias cuchillas de bisturí y una agenda, la cual contenía dos nombres apuntados en una hoja: Jorge Iván Duque Ríos y Johan David Duque Ríos, es decir, las identidades de los hermanos “Mi Sangre” y “Duque”.

La sospechosa fue llevada la sede de la Sijín en el barrio Caribe, donde le tomaron los datos de reseña, y después se la presentaron a una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, la cual la dejó en libertad argumentando que no se consumó ningún delito.

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EL CLAN DUQUE RÍOS

Fuentes policiales señalaron que la condición de salud de alias “Duque” es estable, pero todavía muy delicada. Es uno de los integrantes del clan Duque Ríos, oriundo de Valle del Cauca, vinculado a la actividad criminal en varias ciudades, especialmente en Medellín y Cali. Además de “Mi Sangre” y “Duque”, también pertenecen a él sus hermanos Diego Fernando (“Gordo Gualo”) y William Duque Ríos (“Fantasma”), todos con antecedentes penales.

De momento se desconoce quién está tratando de asesinarlo. Para los investigadores es claro que ya hubo un pago adelantado a una estructura sicarial y por eso quisieron rematarlo en el hospital.

No es claro cómo surgió el embrollo por la identidad del herido, pero el hecho de que la falsa enfermera tuviera una agenda con los dos nombres, indica que quienes lo quieren matar también tienen esa misma confusión.

En Medellín, los Duque Ríos lideran los combos de “la Imperial” y “el Diamante”. Hace una década trabajaban para “los Pesebreros”, el tentáculo de “la Oficina” en el occidente de Medellín, que comanda Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), pero luego se cambiaron de bando para “los Chatas”, del cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), lo que les generó enemistades en el mundo del hampa.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (15/NOV./24)

A la 1:00 de la madrugada del 15 de noviembre de 2024, los médicos del Hospital General reportaron la muerte de Jorge Iván Duque Ríos (“Mi Sangre”), luego de 13 días de agonía, producto de siete heridas de bala en el cuello, la espalda y los brazos. Esto implica que registraron la defunción, inicialmente, con la identidad errada.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (19/NOV./24)

Ante las dudas persistentes sobre la identidad del fallecido, el Instituto de Medicina Legal concluyó su necropsia el domingo 17 de noviembre, certificando que la víctima fue en realidad Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”. Eso implica que sus familiares les mintieron tanto a la Policía como a los médicos del Hospital General, a quienes les aseguraron desde la entrada a urgencias que el paciente era Jorge Iván Duque Ríos. El presente artículo fue modificado con base en esa nueva información.

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El Inspector.

Se trata de Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años y quien fue cedulado en Pueblo Bello, un municipio del Cesar, localizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El cesarense Yovany de Jesús Pérez Estrada estaba solo en el sitio, al parecer esperando a alguien, a las 12:30 p.m. del 30 de mayo de 2024. Constantemente revisaba su celular. Fotos tomadas de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la investigación judicial, la víctima no tenía antecedentes penales, salvo por una investigación de 2019, en la cual figuró como indiciado del presunto delito de omisión de agente retenedor o recaudador, que aplica para los supuestos evasores de impuestos.

El crimen sucedió a las 12:40 p.m. del jueves 30 de mayo en un establecimiento público del Mall del Indio, sobre la avenida Las Palmas, en el barrio San Diego.

A las 12:42 p.m. los dos asesinos salieron de un automóvil Nissan parqueado en la entrada del establecimiento.

Pérez Estrada estaba sentado, al parecer esperando a alguien que lo había citado. Mientras miraba por celular, fue atacado por dos sicarios que tenían el rostro cubierto por cascos de moto, portaban guantes de caucho y pistolas con silenciador.

Una cámara de seguridad evidenció que los asesinatos estaban dentro de un automóvil Nissan gris estacionado en la entrada del sitio, al parecer esperando la señal para atacar. Salieron del carro y en menos de 30 segundos perpetraron el hecho.

Uno de los sicarios cambió el proveedor de su pistola y de nuevo atacó a la víctima, que estaba en el suelo, disparando directamente a su rostro.

Los agresores le propinaron múltiples disparos a Pérez, quien cayó junto a la mesa. Estando en el suelo, sucedió un hecho llamativo. Uno de los verdugos cambió el proveedor de su pistola por uno nuevo, y luego le descargó varios tiros directamente en el rostro.

Luego lo requisaron en el suelo y le hurtaron el celular, presuntamente para eliminar el rastro de la persona que lo citó a ese lugar. Durante la huida, tomaron algunos elementos del Nissan gris, el cual fue incautado posteriormente por las autoridades.

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El otro asesino se inclinó sobre el cadáver para robarle el celular. Antes le hizo una rápida requisa.

Un compinche los recogió en una motocicleta y los tres escaparon en el vehículo. Algunos de los videos de cámaras cercanas fueron publicados en redes sociales, por lo que el crimen se viralizó.

Cuando los agentes del CTI realizaron la inspección al cadáver, este carecía de documentos de identidad, por lo que tuvo que ser registrado como NN inicialmente.

Afuera del mall los esperaba una motocicleta. Los dos sicarios la abordaron y huyeron a toda velocidad, entrelazando los pies para no perder el equilibrio.

De momento no se conocen los móviles del homicidio. Los investigadores analizan la trazabilidad de las cámaras de la ciudad, para saber cuál fue el recorrido de los sicarios.

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El Inspector.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, en la actualidad la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con 6.825 efectivos asignados a la capital antioqueña (sin contar Bello, Envigado ni los demás municipios del área metropolitana). Esta es la reseña del tema elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Para una ciudad de 16 comunas y cinco corregimientos, hay menos de 3.000 policías vigilando las calles. Foto de Jaime Pérez.

De esos, 2.941 están destinados al patrullaje de los cuadrantes en los barrios, mientras que 3.884 pertenecen a las diferentes especialidades de la Institución (Gaula, Sijín, Sipol, Infancia y Adolescencia, etc.).

El secretario de ese despacho, Manuel Villa, explicó que el promedio internacional sugiere que por cada 100.000 habitantes debe haber por lo menos 300 policías prestando vigilancia en las calles.

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Contando con el hecho de que Medellín alberga 2’573.220 habitantes, la media en nuestra ciudad es de 114 policías de vigilancia por cada 100.000 pobladores.

Para cumplir con el estándar internacional, la metrópoli debería contar con 8.577 uniformados patrullando los cuadrantes, lo que implica que el déficit actual es de 5.636, de acuerdo con los cálculos de la secretaría.

Villa contó que ya sostuvo una reunión con el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, a quien le presentó las cifras y le habló de las necesidades de Medellín en materia de seguridad.

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En el caso de Bogotá, ese déficit ronda los 10.000 uniformados, según el concejal del partido Centro Democrático, Julián Uscátegui, quien le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán que pida el apoyo de las Reservas Activas de la Fuerza Pública, para que “militares y policías en uso de buen retiro, que tienen experiencia y preparación”, ayuden a llenar ese vacío.

El Inspector.

Escopolamina, burundanga o benzodiacepina, mezcladas con licor, forman el coctel con el que muchos ingenuos caen inconscientes a sus pies. Este el abrebocas del nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, el pódcast de El Colombiano, estrenado este viernes 21 de octubre de 2022, bajo el título “Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal”.

Ya está al aire el nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, “Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal”. Ilustración de Tomás Giraldo.

En el episodio les contaré que en la lista de objetivos de estas organizaciones criminales hay turistas, empresarios y docentes, como el visitante turco Ramazan Gencay, a quien una cita pactada por Internet lo arrastró a un triste final en la zona rosa de la capital antioqueña.

Este crimen sucedió en 2018 y causó un profundo impacto en la comunidad académica, pues el extranjero era un docente de renombre, que había llegado a Medellín desde Canadá, para dictar un curso de finanzas en la Universidad Eafit.

También conoceremos los métodos empleados por las bandas para seducir y drogar a sus víctimas, así como las diferentes clases de sustancias que utilizan para diezmar la voluntad de las personas y extraerles información de sus cuentas bancarias.

Pueden disfrutar el episodio en www.elcolombiano.com/podcast y en las plataformas digitales de Spotify, Google Podcast, Spreaker y Apple Podcast.

Allí también están disponibles los otros cuatro capítulos de la primera temporada: “Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín”, “Los conjuros siniestros del Clan del Golfo” y “Otoniel, el monstruo de las mil guerras” (parte 1 y 2).

Revelaciones del Bajo Mundo es un pódcast de la Casa Editorial El Colombiano, que fusiona el estilo narrativo de la crónica periodística con la ambientación de las radionovelas de antaño.

El origen de Revelaciones del Bajo Mundo se remonta a mayo de 2008, en medio de una oleada de violencia sicarial que azotó al Valle de Aburrá.

Para contar lo que ocurría en las calles, creé un blog de Internet, el cual rápidamente se convirtió en una fuente de información para las autoridades y en espacio para las denuncias de los ciudadanos afectados por la violencia.

Esta idea sobrevivió a los avatares del tiempo y luego de 14 años evolucionó. Hoy, las audiencias de Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano pueden seguir leyendo el blog y ahora escuchar nuevas historias en el pódcast. ¡No te lo pierdas!

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El Inspector.

El crimen sucedió este 12 de julio en el estadero Angus Brangus, ubicado en la carrera 42 con la calle 34 de El Poblado, y la víctima fue identificada como Jesse Marcel Canarrino.

La inspección a la escena del crimen, en el restaurante de El Poblado, fue realizada por agentes del CTI. Foto de cortesía.

Según las declaraciones de testigos, el extranjero de 32 años llegó acompañado de otro canadiense a las 4:30 p.m., a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser. Se ubicaron en la mesa 29 y pidieron dos copas de vino blanco.

No se percataron de que eran observados de manera incisiva por otros dos hombres, que estaban en la mesa 27 bebiendo cervezas Club Doradas. Habían arribado al sitio 30 minutos antes, señalándole al mesero que esperaban a dos más.

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Uno de los forasteros se paró de la mesa y fue al baño. El momento fue aprovechado por los observadores, que se levantaron y uno de ellos le disparó en la sien derecha y en el cuello a Jesse Marcel Canarrino. Salieron corriendo y afuera del local los esperaban dos motos negras, una de marca AKT NKD y una Yamaha SZ, tal cual quedó registrado en los videos de vigilancia. Junto a sus compinches motociclistas, los sicarios escaparon por la carrera 42.

La víctima murió en el lugar de los hechos. Su acompañante, al regresar del baño, quedó en shock al ver lo sucedido, relataron los investigadores del caso. Solo hablaba inglés y se negó a que los agentes revisaran su celular, por lo que tuvieron que incautárselo con una orden judicial de un fiscal.

Una de las motos implicadas en la fuga fue abandonada por los delincuentes minutos después, en el sector Niquitao, del centro de la ciudad.

“De este caso ya tenemos un importante material probatorio, que está siendo analizado por nuestra Policía Judicial”, comentó el coronel Rolfy Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por ahora las pesquisas se centran en identificar al propietario de la moto incautada, así como en establecer qué hacían los norteamericanos en Medellín.

Sobre el acompañante, trascendió que hace una década estuvo en prisión en su país natal, involucrado en un fraude en el que resultaron estafadas unas empresas de venta de tiquetes para shows de entretenimiento.

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El Inspector.

La desgracia comenzó cuando la familia contrató a una empleada doméstica, que en vez de proteger al abuelo, les dio la entrada a sus asesinos. Esta es la crónica del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El médico Octavio Osorio Urrea (recuadro) fue asesinado en su casa, en el barrio Estadio, del occidente de Medellín. Fotos de Santiago Olivares Tobón y cortesía.

El robo parecía sencillo para los asaltantes: sería en una casa habitada por una pareja de ancianos, en una zona residencial de Medellín, y ya tenían una infiltrada que les abriría la puerta. Nada parecía interponerse entre los asaltantes y su botín, pero cuando un hombre anda armado cualquier cosa puede suceder. Y lo que ocurrió, en el caso de don Octavio Osorio Urrea, fue una fatal equivocación.

Esta es la principal hipótesis que manejan los investigadores sobre el hecho, “un atraco que se salió de control”, y en el cual perdió la vida el papá del rector de la Universidad CES, Jorge Julián Osorio Gómez. Un crimen que golpeó el ánimo de la comunidad académica y de la sociedad antioqueña, y que deja dos sospechosos capturados y una mujer indiciada.

La tragedia sucedió a las 8:00 a.m. del pasado viernes 11 de marzo en el barrio Estadio, donde hace más de cinco décadas residían el médico Octavio Osorio, de 93 años, y su esposa Margarita Gómez, de 91.

“Es una casa bellísima, muy ordenada, cerca de la iglesia, ellos siempre fueron hospitalarios”, recordó un vecino, y añadió: “A don Octavio le conocí dos hijas y un hijo, a quienes les inculcó el amor por la Medicina. El muchacho, que también se graduó de médico, luego llegó a la rectoría del CES por sus méritos”.

Para el cuidado de la pareja y el aseo de la vivienda fue contratada una empleada doméstica, según el expediente. Su contrato era temporal y cubría la semana del 7 al 11 de marzo, en reemplazo de la trabajadora habitual, quien se ausentó por una calamidad doméstica.

En su último día de labores le abrió la puerta a dos hombres, los cuales la empujaron violentamente. Uno de ellos le produjo una herida con un cuchillo en la boca y la mejilla a María Osorio Gómez, de 64 años e hija de la pareja.

Los invasores irrumpieron en la casa buscando qué robar. En el camino se encontraron con doña Margarita y la golpearon en la nariz, lanzándola luego contra la pared.

Octavio gritó, pidiendo auxilio, y eso sacó de quicio a uno de los agresores. Sin pensarlo dos veces, le propinó tres puñaladas en el abdomen.

La sangre asustó a los delincuentes, que salieron rápido del lugar, sin alcanzar a llevarse nada.

Según el reporte policial, a la casa llegó primero una ambulancia que la patrulla del cuadrante. Los paramédicos atendieron a las heridas y confirmaron el deceso del adulto mayor. Cuando aparecieron los patrulleros, no tuvieron más remedio que acordonar la fachada con una cinta amarilla, separando a los curiosos que lamentaban la desgracia.

La Gobernación, la Alcaldía y la academia se pronunciaron, rechazando el vil asesinato y expresando su solidaridad con el directivo del CES.

LA CONFESIÓN

La investigación fue asumida por agentes de la Sijín, en coordinación con una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Una de sus primeras tareas fue entrevistar a las tres testigos.

En la diligencia la empleada doméstica lucía nerviosa, mientras los policías le pedían que describiera de forma detallada la apariencia de los asesinos. Primero dijo que eran dos negros, luego trigueños y, tras un momento de angustia, finalmente se quebró su resistencia y reveló la dolorosa verdad: eran su cónyuge y un cuñado de él.

Según su versión, el plan era abrirles la puerta para facilitarles el robo, pero jamás pensó que fueran a hacerle daño a sus patrones.

Entendiendo la gravedad de su situación, como cómplice de un asesinato, aceptó cooperar con los investigadores y les suministró las identidades de los presuntos autores.

Se expidieron sendas órdenes de captura y el domingo fue arrestado su compañero sentimental en una casa del barrio La Gabriela, del municipio de Bello, un colombo venezolano llamado Modesto Herrera, de 37 años.

Su cuñado Juan Carlos Cárcamo, al parecer trató de huir hacia Venezuela, atravesando el paso fronterizo de La Guajira. La Policía lo interceptó en un bus de servicio público cuando transitaba por la vía a la Costa Atlántica, en inmediaciones del municipio de Sincelejo (Sucre).

Los capturados Modesto Herrera (izquierda), colombo venezolano, y Juan Carlos Cárcamo, oriundo de San Onofre (Sucre). Foto cortesía de la Fiscalía.

Además del testimonio, la Policía analizó 600 minutos de videos de vigilancia, en los que quedaron registrados los pasos de los sospechosos antes y después del ataque.

Fuentes judiciales le contaron a El Colombiano que la empleada doméstica está vinculada a la investigación, en calidad de indiciada; no obstante, por su cooperación para esclarecer el caso podría recibir beneficios jurídicos y, tal vez, ser favorecida por un principio de oportunidad.

Anoche finalizaron las audiencias de control de garantías, ante un juzgado penal municipal de Medellín. La Fiscalía les imputó a los hombres el cargo de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado (por la esposa del difunto) y tentativa de hurto calificado y agravado, pero ellos se declararon inocentes.

El despacho les dictó medida de aseguramiento en la cárcel, mientras continúa el proceso penal por este lamentable crimen, en el que la ambición de robar terminó de la peor manera.

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El Inspector.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este vehículo se transportaba la familia, cuando se produjo el ataque sicarial en el Occidente de Medellín, Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

El coronel José Galindo, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, relató que el hecho se presentó a las 6:41 a.m. del pasado 3 de febrero, cuando la familia se movilizaba en un automóvil Chevrolet Spark por las vías del barrio Córdoba.

En la transversal 78 con la calle 65 fueron interceptados por dos hombres a bordo de una moto Pulsar NS negra, desde la cual hicieron múltiples disparos al carro. Los impactos entraron por las ventanillas laterales de la izquierda y el parabrisas trasero, durante una rápida persecución en la que el Spark chocó contra un taxi.

El conductor de 28 años logró maniobrar el vehículo para escapar y llegar con vida al hospital Pablo Tobón Uribe, donde fue ingresado en el área de urgencias con su pareja de 29. Según el parte médico inicial, él tiene cuatro heridas de bala (en tórax y abdomen) y su cónyuge tres (abdomen y mano izquierda); al bebé que cargaban no le pasó nada.

“La Policía hizo un Plan Candado y los delincuentes abandonaron la moto en el barrio Moravia. Lamentamos lo que le sucedió a esta familia, ya desplegamos nuestras capacidades institucionales para esclarecer los hechos, estamos analizando cámaras y haciendo entrevistas”, dijo Galindo.

El oficial pidió información a la comunidad y recordó que existe una recompensa de hasta $40 millones para quien ayude a esclarecer este tipo de casos violentos.

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El Inspector.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el caso se presentó a las 2:00 p.m. de este sábado 8 de enero en una vía del barrio Corazón de Jesús. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta camioneta se transportaba el sospechoso de abalear a los limpiavidrios en el Centro, el cual fue detenido. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Dos limpiavidrios, ambos oriundos de Venezuela, se acercaron a una camioneta Toyota Prado en la calle 44 con la carrera 59 y, al parecer, quisieron limpiar el parabrisas sin autorización del conductor.

Esta situación ofuscó al hombre de 50 años y comenzó una discusión. . “El conductor descendió del vehículo intimidándolos con un arma de fuego, la víctima desenvainó un arma cortopunzante y el indiciado reaccionó disparando en repetidas ocasiones contra los jóvenes”, detalló el reporte.

Los extranjeros quedaron heridos y fueron llevados a un centro médico, donde falleció Emilson Agustín Rodríguez Leal, por un impacto de proyectil en el tórax; su compañero sobrevivió con una herida en la pierna.

El coronel Alexánder Romero, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, contó que después de los disparos varias personas lanzaron piedras a la camioneta. El conductor, quien al parecer es comerciante, trató de huir acelerando, pero más adelante fue rodeado por ciudadanos que le cerraron el paso; mientras uno le atravesó la moto, otro le chuzó una llanta con una navaja.

Posteriormente llegaron las patrullas policiales y capturaron al sospechoso.

En Medellín los asesinatos por intolerancia y problemas de convivencia aumentaron un 52%, al pasar de 46 casos en 2020 a 70 en 2021, según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía.

Además, es el segundo episodio de este estilo conocido en Colombia en lo que va de 2022, pues el viernes pasado se viralizó por redes sociales un video grabado en Bogotá, en inmediaciones del sector Lago Timiza.

Allí se presentó otra discusión entre un conductor y un limpiavidrios, en la avenida Villavicencio, la cual se tornó violenta. El aseador esgrimió un cuchillo y el chofer un arma de fuego, con la cual le hizo dos disparos, sin lograr impactarlo.

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El Inspector.

Este es el análisis de las muertes violentas realizado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los últimos dos años en Medellín han sido los menos violentos desde 1979, la época previa al auge del narcotráfico. Foto de Edwin Bustamante.

¿Qué tal si iniciamos este análisis con la cara positiva de la moneda? Hace 42 años comenzó la medición oficial de los homicidios en la capital antioqueña, con las Estadísticas Vitales del Dane. En ese entonces, cuando apenas despertaba el monstruo de la cocaína, hubo 615 asesinatos.

Después hubo picos terribles, como el de 6.809 crímenes de 1991, en la guerra de los carteles de Medellín y Cali, “los Pepes” y la Fuerza Pública; y en 2002, con 3.829, cuando los paramilitares confrontaban a las milicias por el control de las comunas.

Pasaron décadas para que pudiéramos registrar un 2020 con 369 casos y un 2021 con 403. En palabras del secretario de Seguridad, José Acevedo, “el año anterior fue el segundo menos violento en 40 años y completamos dos años consecutivos con récords en la reducción de este indicador”.

La cifra no viene sola: la tasa de homicidios, 15.68 por cada 100.000 habitantes, está por debajo de la tasa nacional (22.2); y el porcentaje de esclarecimiento de asesinatos (en la investigación judicial) está en 39%, superior a la media colombiana del 20%.

También hubo 126 días no consecutivos sin homicidios.

Si comparamos los casos de 2021 con los de 2020, hubo un aumento del 9.2%, con 34 homicidios más. Esto era previsible, según analistas de seguridad y el propio Acevedo, teniendo en cuenta que en 2020 hubo cuarentenas que restringieron las interacciones ciudadanas y que en 2021 se reactivó toda la vida social.

No obstante, al observar en detalle las métricas, hay unas tareas pendientes en territorios puntuales y frente a algunos modalidades de homicidio en particular.

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RETOS TERRITORIALES
Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), de la Alcaldía, en la mitad de las 16 comunas de Medellín aumentaron los asesinatos en 2021 con relación al año anterior; de igual manera, crecieron en cuatro de los cinco corregimientos.

Algunos incrementos fueron poco significativos (numéricamente), como el de la comuna Popular, que pasó de 11 a 12. Pero otros son delicados: El Poblado saltó de 2 a 10 (400% más); Laureles, de 9 a 16 (78%); y Guayabal, de 7 a 14 (100%). Según analistas de la Policía y la Fiscalía, las muertes ligadas a atracos pusieron un porcentaje importante de en estas tres comunas, en las que, dicho sea de paso, no hay ningún conflicto activo entre organizaciones criminales.

El contexto es diferente en Manrique, que pasó de 13 a 20 (54%); y Aranjuez, de 28 a 38 (36%). En esos territorios hay una fragmentación en “la Terraza”, la banda hegemónica.

Esta disputa interna se está saldando con sicariato, “y no todos los muertos quedan en esas dos comunas, algunos van a dar al río Medellín y otros se los suman estadísticamente a otros sectores, en los que botan los cuerpos desmembrados”, relató un investigador judicial.

Si hablamos de depósitos de cadáveres, el corregimiento de San Cristóbal es uno de los más perjudicados. Subió de 16 a 29 homicidios (81%) y en gran medida fue porque, según las fuentes, allí se arrojaron los cuerpos de víctimas asesinadas en otras áreas vecinas, como San Javier, Robledo, Doce de Octubre, Altavista y el municipio de Bello.

“Llama la atención una cosa: que las comunas que tienen frontera con San Cristóbal rebajaron los homicidios, pero el corregimiento subió. Algunos de esos muertos, que al principio se registraron como NN, luego resultaron ser del área urbana de Medellín. Parece que las bandas, para no ‘calentar’ su zona con la Policía, le tiraron los muertos a San Cristóbal”, opinó otro agente.

En efecto, si observamos las comunas aledañas, Robledo mermó 25%, San Javier 16% y Doce de Octubre apenas subió un caso (de 17 a 18). Entre las tres albergan cerca de 90 combos, que al parecer ven en San Cristóbal el escondite para sus ajustes de cuentas.

Una mención aparte merece La Candelaria. En 2021 fue la comuna con más asesinatos al registrar 78, con aumento del 34% (en 2020 fueron 58); este en un deshonroso sitial que repite anualmente desde 2010.

Su problemática es múltiple: homicidios por riñas, por disputas por plazas de vicio, mala convivencia entre mendigos y atracos violentos, entre otras causas, que se camuflan en una población flotante de 1.2 millones de personas.

A pesar de contar con las sedes del gobierno local y regional, el Palacio de Justicia y el Comando de Policía, la mayoría de establecimientos artísticos e iglesias, universidades, empresas, hospitales y zonas comerciales y turísticas, la delincuencia en el Centro sigue siendo indomable.

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MODALIDADES QUE PREOCUPAN
De acuerdo con el Sisc, los homicidios ligados al crimen organizado disminuyeron de 164 a 139 (15% menos), y subieron los asociados a la convivencia, de 46 a 70 (52%), y los derivados de la violencia intrafamiliar, de 6 a 11 (83%). Los que tuvieron que ver con hurtos estuvieron estables (de 33 a 34), al igual que los de violencia de género (de 16 a 14).

Que la intolerancia esté poniendo una mayor cantidad de víctimas, refleja “una modificación en el comportamiento social, que impone nuevos retos en prevención y en educación”, declaró ayer el general Gustavo Franco, comandante de la Región N°6 de Policía.

También hay que ponerle cuidado a los feminicidios, que pasaron de 24 a 27.

Entre las primeras medidas anunciadas por la Alcaldía para 2022, están el aumento de recompensas por información que ayude a esclarecer feminicidios, que fue fijada en $80 millones; y para los homicidios, $40 millones.

La tarea, sin embargo, no es toda de la Administración o de la Policía. A los ciudadanos nos corresponde, al menos, aportar la tolerancia.

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ANEXO: LOGROS CONTRA LAS BANDAS ILEGALES
Según la Alcaldía de Medellín, entre 2020 y 2021 fueron capturados 53 cabecillas de grupos de crimen organizado. También fueron arrestados 213 coordinadores (mandos medios) y 1.026 integrantes.
Entre esas capturas se destacan alias “Dimas”, cabecilla del Clan del Golfo en Medellín; “Válvula”, del combo “la Silla”; “Toño”, de “San Cristóbal”; y “Chepe”, del Clan Osorio. Sin embargo, preocupa la excarcelación de otros peces gordos, como “Soto” y “Yam”, de “Picacho”; “Pichi Belén”, de “San Bernardo”; y “Yordi”, de “la Terraza”, entre otros.

El Inspector.

El crimen, ampliamente difundido por la prensa, sucedió en la noche del pasado 28 de noviembre en el barrio El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Él era el comerciante israelí Shay Pesso, asesinado por sicarios en Medellín. Foto de cortesía.

De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, el extranjero de 30 años conducía una camioneta Suzuki Vitara y a las 8:00 p.m. se estacionó en la calle 10 con la carrera 41, junto a un lugar de oración de la comunidad hebrea.

Fuentes cercanas al caso le contaron a El Colombiano que los homicidas al parecer le estaban haciendo seguimiento a su objetivo, pues ni siquiera le dieron tiempo de bajarse del vehículo. Dos hombres en una motocicleta Pulsar negra se aproximaron, el pasajero descendió y se arrimó a la puerta del piloto.

Usando una pistola, disparó en seis oportunidades a través del vidrio. Por la manera en que quedaron agrupados los agujeros en la ventanilla, los investigadores consideraron que se trató de un mercenario profesional, “con bastante práctica”, indicaron.

Pesso fue trasladado a urgencias de la clínica Las Vegas, donde finalmente falleció. En las pesquisas iniciales, las autoridades establecieron que llevaba más de tres años residiendo en Medellín, con viajes constantes al exterior, y que hacía dos meses se había separado de su compañera sentimental.

Los proyectiles que acabaron con la vida del extranjero ingresaron por la ventanilla del piloto. Foto de cortesía.

Se dedicaba al comercio y tenía inversiones en un salón de belleza. Entre sus documentos le encontraron un carné de residente otorgado por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, país que también visitaba con frecuencia.

En las averiguaciones, los investigadores se enteraron que horas después del asesinato fue encontrada una motocicleta abandonada, con características parecidas a la usada por los sicarios. La dejaron en la avenida Regional, a tres cuadras de la Plaza Minorista, donde fue inmovilizada por agentes de tránsito.

En el análisis técnico realizado al vehículo de dos ruedas, le encontraron una caleta acondicionada junto al tanque de gasolina, que se abría con una guaya amarrada al sillín. De esta manera, cada que el conductor halaba la guaya, activaba un resorte que abría la tapa del compartimento secreto. El ensamblaje estaba oculto con calcomanías.

Al verificar la matrícula en las bases de datos, se constató que la moto aparece a nombre de una persona que está siendo investigada por su presunta participación en otro asesinato.

Los motivos por los cuales mataron a Pesso no están claros todavía. En el estudio de las hipótesis, las autoridades indagan si este hecho guarda relación con el homicidio de otro israelí perpetrado en Medellín hace cinco años.

La víctima fue Shay Azran, de 37 años. El 15 de junio de 2016 estaba estacionado en su moto en una calle del barrio Las Acacias, cuando fue tiroteado por sicarios motorizados.

Según la Fiscalía, el forastero alquilaba apartamentos para realizar fiestas, y se presume que su muerte fue orquestada por una organización ilegal liderada por otros israelíes, involucrada en la trata de personas, turismo sexual y narcotráfico transnacional.

Esta red aún está activa y con conexiones en Medellín, Guatapé, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Europa.

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El Inspector.

El caso fue detectado en la madrugada del pasado jueves 13 de mayo, en los calabozos de la estación Manrique, ubicada en el sector conocido como San Blas. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es la estación de Policía de Manrique, en el nororiente de Medellín, donde se produjo la fuga de 18 personas. La Institución ofreció una recompensa de hasta $5 millones para quien brinde información que ayude a recapturarlas. Foto de Manuel Saldarriaga.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que 18 detenidos escaparon por un hueco en la llamada “sala de reflexión”, que los condujo hacia la zona exterior de la guarnición.

En el recinto había otros 30 capturados que no quisieron huir, o no alcanzaron. Entre los prófugos, cuyas fotos y nombres ya circulan en volantes distribuidos por las autoridades, hay tres condenados y 15 indiciados.

Esta es la tercera fuga masiva que se presenta en estaciones policiales de la capital antioqueña desde 2019. El 27 de diciembre de ese año, 16 detenidos rompieron parte del techo en la estación del Doce de Octubre, localizada en el barrio Santander, y por ahí desaparecieron.

Entre los evadidos estuvo Wilson de Jesús Ríos López, alias “Monopepe”, presunto cabecilla de la organización criminal “la Raya”, que delinque en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado, al igual que en el municipio de Itagüí. A la fecha no ha sido recapturado.

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El 15 de octubre de 2020 forzaron las cerraduras de la sala de detención de la estación Belén, en el barrio San Bernardo, y se escaparon 50 personas.

En ese grupo iba Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), supuesto líder de la banda “la Campiña”, de Robledo. Los investigadores lo recapturaron a los cuatro meses, el siguiente 13 de febrero, en el municipio antioqueño de Sopetrán.

Otros importantes cabecillas se han esfumado en escapes individuales, en ese mismo periodo de tiempo. El 12 de septiembre de 2019, Héctor Palacios Tapia (“Chavo”) aprovechó una pelea pactada entre otros reclusos para volarse del parqueadero de la Sijín, en el barrio Caribe, donde los detenidos eran custodiados en un corral improvisado.

En medio de la trifulca que distrajo a los guardias, subió a una mesa y después saltó un muro, hacia su libertad. Según el expediente de la Fiscalía, este hombre estaba detenido por la comisión de cinco homicidios, era el presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Turbo, Antioquia, y ya fue ascendido por esa organización a comandante de zona.

Hoy “Chavo” continúa en la clandestinidad, al igual que Roger Jiménez Flórez (“Roger”), segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en los municipios de Bello y Copacabana.

Estaba condenado a 16 años de prisión por tentativa de homicidio y tenía otros procesos en curso, pero mediante el pago de sobornos salió a pie de la estación Belén, para nunca más volver, el 20 de diciembre de 2019.

PROBLEMA NACIONAL
Según la Policía Metropolitana, sus uniformados actualmente custodian 2.710 detenidos en las 22 estaciones y sedes con las que cuenta esa institución en el Valle de Aburrá.

En condiciones normales, la capacidad de todas las celdas, sumada, es de 350 cupos, por lo que a los custodios les ha tocado improvisar para albergar a los presos, como pasó en la fuga de la Sijín, en la que había 160 personas en una especie de corral en el estacionamiento interno.

Hay que recordar que esta es una problemática de carácter nacional, derivada del hacinamiento en las cárceles de Colombia. La estadística del Inpec señala que, a la fecha, hay 97.412 personas privadas de la libertad en sus 132 establecimientos penitenciarios, cuya capacidad máxima es de 81.500.

Esto implica que hay una sobrepoblación de 15.912 individuos y un índice de hacinamiento del 19.52%. Además, hay 73.875 personas con detención domiciliaria, de las cuales 34.873 están repartidas en celdas transitorias (como estaciones de policía y edificios de la Fiscalía) y apenas 5.504 tienen dispositivo de rastreo asignado.

En Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación están gestionando ante el Gobierno Nacional, desde hace más de dos años, la construcción de una cárcel en Andes, la ampliación del establecimiento del corregimiento San Cristóbal y la adecuación de la penitenciaría agrícola en Yarumal, pero hasta ahora no se ha puesto ni el primer ladrillo.

POSIBLES SALIDAS
Tras enterarse de los ocurrido en Manrique, Jorge Carmona Vélez, defensor de DD.HH. de la población carcelaria en Antioquia, cuestionó a las autoridades locales por su “desinterés” para buscar más espacios en los que se pueda albergar a los detenidos en condiciones más dignas.

“La situación de altísimo hacinamiento carcelario, los tratos degradantes, la falta de humanización y alimentación en las distintas estaciones de Policía de Medellín y el área metropolitana, pueden ser el detonante para que este tipo de situaciones se presenten”, publicó Carmona en un comunicado.

El penalista Óscar Santamaría resaltó que las estaciones de Policía no están acondicionadas para detener semejante cantidad de personas, y que “la función de los policías no es custodiarlas, sino brindarle seguridad a la ciudadanía en las calles”.

La Policía Metropolitana indicó que para la vigilancia de los detenidos utiliza 450 uniformados, que deben abandonar sus labores de patrullaje cotidiano.

El abogado comentó que “a pesar de la crisis de hacinamiento, la Fiscalía sigue solicitando medidas de aseguramiento carcelarias por todo, y los jueces están avalando eso, en vez de aplicar soluciones alternativas. Es un tema de política criminal al cual hay que ponerle la lupa”.

Como propuesta para superar esta situación, Carmona indicó que la Alcaldía debe acatar “los fallos de las altas cortes de la República, que ordenaron ubicar un espacio digno para los 3.000 privados de la libertad”.

Santamaría recordó que hay muchos detenidos que tienen, por ley, acceso a varios beneficios jurídicos, como la detención domiciliaria o libertad condicional, pero no gozan de ellos por falta de representación judicial ante los jueces de ejecución de penas.

“Esta situación podría mejorar si hay una participación más activa de la Defensoría Pública y de los consultorios jurídicos de las universidades”, propuso.

Mauricio Beltrán, abogado especialista en Derecho Penal, opinó que, “aunque parezca frase de cajón, hay que construir más cárceles. Y mientras eso sucede, trasladar a todas las personas que están en las estaciones de Policía a los establecimientos del Inpec, cuya función es precisamente esa, custodiar”.

Y añadió: “Porque ahora están llevando a todo el mundo a centros transitorios de todo tipo, y los dejan ahí hasta por nueve meses. No falta sino que empiecen a encerrarlos en iglesias”.

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El Inspector.

El operativo se ejecutó en la mañana del martes 23 de febrero, cuando policías de la Dirección Antinarcóticos y la Dirección de Investigación Criminal allanaron la propiedad y arrestaron al hombre de 45 años, quien no tuvo tiempo de escapar. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Luego de su captura en Santa Fe de Antioquia, alias “Dimas” fue trasladado a Medellín para su audiencia de control de garantías. Foto de cortesía.

Luego de tantos meses de persecución, la decisión de recibir la visita de su esposa e hijo fue la debilidad que aprovecharon los investigadores, quienes siguieron a la familia hasta el escondite.

Fuentes judiciales le informaron a El Colombiano que en contra de “Dimas” había una orden de captura por concierto para delinquir agravado, y tres procesos penales en curso por desaparición forzada en tres fiscalías diferentes.

El presidente Iván Duque celebró este arresto en su cuenta de Twitter, manifestando que Góez era “encargado de controlar el narcotráfico para esa organización, con amplia afectación en Urabá y Medellín. Cuenta con varias órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, responsable de cobros y comercialización de estupefacientes. Con 16 años de actividad criminal, es el hombre de confianza de ‘Otoniel’”.

Sobre el detenido, el dosier de la Policía indica que nació en Mutatá, Antioquia (03/11/75) y es desmovilizado del bloque Calima de las Auc. Entre 2006 y 2008 integró uno de los grupos neoparamilitares conocidos en ese entonces como “Águilas Negras”, y posteriormente pasó a las filas del clan del Golfo.

En principio, trabajó de la mano de su tío Ernesto Góez Valderrama (“el Tío”), coordinando las finanzas del narcotráfico en Urabá. Su destreza criminal le permitió ir ascendiendo en la estructura, hasta que en 2014 fue capturado bajo cargos de concierto para delinquir, homicidio, tortura y desaparición forzada.

ENLACE CRIMINAL
A pesar de esas imputaciones, salió de la cárcel un año después. Hasta ese momento su nombre era Dimas de Jesús Góez Ruiz, pero en una maroma notarial se lo cambió a Juan Camilo Góez Ruiz. Una vez en libertad, se convirtió en uno de los favoritos de Dairo Úsuga David (“Otoniel”), máximo líder del clan del Golfo.

Con la sucesiva captura y muerte de sus lugartenientes, “Otoniel” le fue entregando cada vez más responsabilidades a “Dimas”, como la coordinación de rutas de narcotráfico hacia el exterior y, más recientemente, ser su delegado para la administración de los negocios del cartel en el Valle de Aburrá.

En Medellín y sus municipios vecinos, Góez al parecer articula alianzas con bandas locales como “la Sierra”, “Limonar 1”, “la Miel”, “Barrio Bolsa”, “Alto de Aranjuez”, “Mano de Dios”, “Pachelly”, “los Chatas” y “Altos de la Virgen”.

Su renombre en las filas del clan también aumentó el interés de la Fuerza Pública en su captura. El 1 de noviembre de 2020 en la vereda Iracal de Uramita, Antioquia, comandos adscritos a la campaña militar y policial Agamenón II lo ubicaron en una finca.

El asalto a la propiedad fue a las 6:30 a.m., pero tres de sus guardaespaldas abrieron fuego y distrajeron a los uniformados. “Dimas” logró escapar desvaneciéndose en el monte. Sus tres escoltas murieron.

Cuatro meses después, la captura de Góez ocurrió en un momento crítico para la organización narcotraficante. Él era uno de los candidatos para reemplazar en la cúpula a Nelson Hurtado Simanca (“Marihuano”), dado de baja por la Policía el pasado 7 de febrero, por lo que la caída de “Dimas” resultó ser un golpe estratégico de las autoridades.

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ANEXO: EL NUEVO PLAN PISTOLA DEL CLAN DEL GOLFO

En actualidad se está perpetrando un plan pistola del clan del Golfo contra la Fuerza Pública, como retaliación por la muerte de “Marihuano”. Desde el 12 de febrero los sicarios del grupo han matado a seis policías y lesionado a otros ocho en diferentes atentados en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. El último caso ocurrió el 22 de febrero en Riosucio, Chocó, donde acribillaron en una calle a los patrulleros Harold Puentes Ribero y William Fuel Uribe. El general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, anunció una recompensa de $100 millones para quien ayude a ubicar a los homicidas.

El Inspector.

Se trata de Jaime Eduardo Cano Sucerquia, alias “Jota”, quien según la investigación de la Fiscalía sería un contacto en Colombia de la ‘Ndrangheta, la organización criminal surgida en la región de Calabria y una de las más poderosas de Europa en la actualidad. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Jaime Cano, alias “Jota”, capturado en el barrio Pedregal de Medellín. Foto cortesía de la Policía.

La detención se produjo el pasado 10 de febrero, en una esquina de la calle 105 con la carrera 75 del barrio Pedregal, en el noroccidente de la ciudad. Hasta allá llegaron agentes del CTI y soldados del batallón de Infantería N° 32 General Pedro Justo Berrío, en cumplimiento de una orden judicial de arresto.

En la audiencia de control de garantías, “Jota” fue presentado ante el Juzgado 17 Penal Municipal de Medellín. María Elena Monsalve Idrobo, jefa de la Dirección de Fiscalías contra el Narcotráfico, contó que le imputaron cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, los cuales rechazó el procesado.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador expuso que Cano sería el presunto encargado de coordinar la logística de los despachos de droga que salen por vía marítima hacia los puertos del Mediterráneo, en la modalidad de contaminar con el alijo los cargamentos de comida de exportación.

“Alias ‘Jota’ habría participado en el envío de 63 kilos de cocaína que fueron descubiertos en Livorno (Italia), camuflados entre cajas de banano colombiano, en agosto de 2015. Adicionalmente, estaría involucrado en otro evento en el que las autoridades internacionales encontraron un cargamento de 150 kilos de estupefaciente en la frontera entre México y Guatemala”, comunicó la Fiscalía en su reporte del caso.

ANTECEDENTES

La relación de los narcos de Medellín con los italianos se originó a finales de los años 80, durante la expansión transnacional del cartel de Pablo Escobar y sus socios. En ese entonces, la Camorra Napolitana y la Cosa Nostra (Sicilia) eran los principales aliados italianos en la ruta de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Hoy en día, con otros narcos involucrados en este comercio ilegal, el protagonismo lo asumió la mafia ‘Ndrangheta, cuyos pasos en nuestra ciudad comenzaron a hacerse visibles hace ocho años con la captura de Domenico Trimboli, alias “Pasqale”, uno de sus cabecillas.

Este hombre, de ascendencia italoargentina, tenía a sus hijos viviendo en el barrio Laureles y durante una de sus visitas, en abril de 2013, fue arrestado por Interpol. Debido a un error en el trámite judicial quedó libre, pero de nuevo le pusieron las esposas en junio de 2014, en el municipio antioqueño de Caldas.

De izquierda derecha: Iacomino Tomasso, Roberto Pannunzi y Domenico Trimboli. Fotos cortesía de la Policía.

Otro caso fue el de Iacomino Tomasso, alias “Salvatore Cafareillo”, miembro de relevancia en la Cosa Nostra. Fue capturado en Colombia en 2006 y luego extraditado a Italia. Tras pagar su condena, salió de la cárcel y regresó a nuestro país, donde fue detenido de nuevo en febrero de 2013, en Bogotá.

En Medellín también tenía residencia Roberto Pannunzi, apodado “Bebé” o el “Pablo Escobar europeo”, quien era señalado de exportar dos toneladas de cocaína mensuales al Viejo Continente, para la ‘Ndrangheta. Fue detenido en julio de 2013 en un centro comercial de Bogotá, cuando portaba una cédula falsa con identidad venezolana.

Y en abril de 2016 la Policía detuvo también en la capital a Enricco Muzzolini, otro delegado italiano involucrado en negocios ilícitos entre Medellín y Europa.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos contaron que las rutas más empleadas por los traficantes de esa alianza parten de la costa Atlántica colombiana y el Caribe venezolano, con destino a los puertos de Rotterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) y Génova, Livorno, Napoli y Cagliari (Italia).

Al final de la audiencia de control de garantías de “Jota”, el juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel. Por el momento, la Fiscalía no ha recibido peticiones de extradición por parte de la justicia europea.

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El Inspector.

Los uniformados, detenidos el mes pasado, prestaban servicio en la estación Belén, a la cual le corresponde la vigilancia de la zona. No obstante, en vez de frenar la delincuencia, la favorecían mediante la omisión de sus deberes y la venta de información clasificada, a cambio de sobornos; incluso, algunos llegaron a venderles droga a los propios criminales y a extorsionarlos para no capturarlos.

Esta no es la primera vez que miembros de la Fuerza Pública han resultado involucrados en el remolino de estupefacientes de Barrio Antioquia, un lugar que, sin el ánimo de estigmatizar, padece un problema histórico. El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagó con fuentes de la Policía, el CTI, la Fiscalía y la Alcaldía, al igual que con algunos residentes, para entender cómo funciona hoy el narcotráfico en la zona, por qué ha sido tan difícil manejar esa situación y qué se debería hacer para superarla.

A pesar de la vigilancia policial, el tráfico de drogas en Barrio Antioquia campea de día y de noche. Foto de Manuel Saldarriaga.

El Barrio Antioquia es una denominación imaginaria, no aparece en el mapa oficial de la ciudad, pero los lugareños y visitantes saben que es un espacio localizado en la comuna 15 (Guayabal), al costado oriental del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que abarca varias cuadras de los barrios Santa Fe y Trinidad.

“Debido a su historia, ahí se presenta un enquistamiento de la cultura de la ilegalidad en forma de mafia, es decir, cuando las estructuras ilícitas tienen la capacidad de delinquir en una comunidad sin que esto afecte la cotidianidad de las personas”, expresó Boris Castaño, analista de seguridad de la corporación Innova Idea Estrategia.

El exsecretario de Seguridad de Medellín (2017-19), Andrés Tobón, recordó que los fenómenos de ilegalidad se instalaron en la primera mitad del siglo XX, cuando las primeras familias fueron reubicadas junto al aeropuerto, debido al paso del ferrocarril.

“Allí aprovecharon la cercanía con la terminal aérea para dedicarse al contrabando de cigarrillos y licor. Ya en los años 60 y 70, con el cultivo de marihuana en fincas de El Poblado, ingresaron al narcotráfico”, narró.

En esa época el negocio adquirió alcance transnacional con personajes como Griselda Blanco, una residente del barrio que coordinó las primeras rutas de exportación a EE.UU.

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UN NEGOCIO DE TRES NIVELES
El narcotráfico que campea en el sector se da en tres niveles: el primero, es el espacio local. En Barrio Antioquia delinquen seis bandas tradicionales, conocidas como “la 24”, “el Quinto”, “Alexpin”, “el Coco”, el “combo de Ratón” y “la Cueva”. Se trata de grupos con territorio definido, armamento y estructura de jerarquía piramidal con cabecillas, que administran plazas de vicio y ejecutan actividades de sicariato, vigilancia y extorsión.

Adicionalmente, hay plazas de vicio independientes, que no pertenecen a un combo como tal, sino que son regidas por familias dedicadas al negocio por generaciones, o por un traficante inversionista, como las plazas de “Sancocho”, “Miami”, “el Triángulo”, “Maema” y “la Licorera”.

Estos grupos y plazas distribuyen alucinógenos al menudeo. Por lo general, los consumidores provienen de otros barrios o son turistas. “Se les vende con la condición de que consuman por fuera, aquí no, para no atraer a la Policía”, señaló un habitante, quien solicitó la reserva de su identidad.

Tanto los combos como las plazas independientes, de acuerdo con los investigadores consultados, suelen tener patrocinios y alianzas de grupos de crimen organizado más grandes y de otros lugares del Valle de Aburrá, como “la Oficina”, “la Terraza”, “la Unión” y “San Bernardo”; o de narcotraficantes como “Iván el Barbado” y el Clan Osorio.

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Esos patrocinios son los que definen cuál de las bandas de Barrio Antioquia impone su hegemonía sobre las demás, aunque según los residentes consultados, en la actualidad no hay conflictos y “cada quien está traqueteando en su parche sin problemas”.

En el segundo nivel de esta actividad, están las operaciones como centro de acopio de grandes cantidades de droga, para surtir a otras bandas y plazas del área metropolitana. En Barrio Antioquia se almacenan los estupefacientes enviados desde el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, y los departamentos de Nariño y Cauca, para servir de despensa a otras estructuras y traficantes.

Es así como al sitio llegan delegados de combos del Centro, Doce de Octubre, Itagüí y Belén, entre otros sitios, para comprar mercancía más barata al por mayor y expenderla en sus propios barrios.

Y en el tercer nivel está el tráfico internacional de narcóticos, en especial hacia La Florida (EE.UU.), España, Holanda y Suramérica. Algunos narcos de Barrio Antioquia, a lo largo de los años, ascendieron en la cadena y hoy son exportadores. “Cada que coronan un cargamento, arman fiestas aquí en la cuadra y tiran pólvora”, detalló un residente.

LOGÍSTICA Y CONTROL
Semejante actividad ilícita sucede las 24 horas del día y a la vista de todo el mundo. Para minimizar la intervención de las autoridades, además de la trama de sobornos, los traficantes han desarrollado un complejo sistema de vigilancia.

En cada esquina hay “campaneros” con celular, que avisan sobre la circulación de vehículos y personas extrañas. Algunos lo hacen de forma tan desfachatada, que sacan sillas y muebles destartalados, y se explayan a media calle.

Los administradores de las plazas instalaron sistemas cerrados de TV y sus trabajadores han vandalizado las cámaras de la Alcaldía (instaladas apenas en 2018), para evitar ser grabados en su “jibareo”.

Un suboficial de Policía señaló que “por su cercanía con el aeropuerto, no podemos elevar drones para los seguimientos”.

En las casas en las que se almacena la droga, hay puertas y ventanas blindadas, para retardar el ingreso de las autoridades en los allanamientos.

Algunas viviendas están interconectadas por pasadizos y agujeros, creando una suerte de laberinto por donde se mueven los traficantes.

En la vía pública, el mobiliario ha sido adaptado para camuflar las dosis en postes de luz, materas, bancas de cemento, aceras, árboles y contadores de agua y energía.

Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías de Medellín (2016-17), indicó que en los operativos que lideró al frente de esa entidad, “descubrimos más de un búnker para el almacenamiento de droga y caletas sofisticadas, como una matera en un antejardín, que se abría con un mecanismo automático”.

Castaño señaló que “se ha instalado una economía circular ilícita, que beneficia al expendedor, el vigilante y el comprador. La mayoría de los involucrados tienen arraigo familiar en la cuadra, por lo que nadie los delata. Las llamadas al 123 para denunciar movimientos de droga en Barrio Antioquia son mínimas”.

“Hoy tenemos cuatro o cinco familias grandes, con señoras de bastante edad, que dedican a sus hijos y nietos al tráfico de estupefacientes, con un control de zona que ha devenido en prácticas de corrupción”, acotó Tobón.

En cuanto al abastecimiento de la mercancía, un investigador del CTI contó que “la droga la traen en buses intermunicipales, que llegan a la Terminal de Transportes del Sur, y después van al Barrio Antioquia con la excusa de lavar los vehículos. En esa zona hay muchos lavaderos de buses, y algunos son solo fachadas para descargar la droga”.

En este sector los traficantes tienen mercancía en caletas para surtir a la clientela por dos meses. Ese inventario les permitió sobrevivir al aislamiento social de marzo y abril de 2020, cuando la cuarentena por la covid-19 fue severa, disminuyó el transporte intermunicipal y el abastecimiento de la mercancía.

Según el investigador judicial, “cuando la marihuana que tienen almacenada se pone vieja, le rocían melaza con un spray, la secan con ventiladores y la guardan en peceras. Eso le da un apariencia fresca, y aunque pierde su olor y sabor natural, ellos la venden como marihuana saborizada. En cuanto a la cocaína, la hacen rendir mezclándola con otras sustancias, como lactosa y cafeína”.

PROPUESTAS PARA EL DESAFÍO
Tobón expresó que debe continuarse una línea de investigación que comenzó en la Administración pasada y ha rendido frutos, como la captura del cabecilla “Ratón” y de los 22 policías de diciembre.

“Es un asunto que no solo se puede quedar en capturas, sino que debe incluir planes de renovación urbana. El aeropuerto Olaya Herrera debe convertirse en un gran parque, con Barrio Antioquia de un lado y Belén del otro”, dijo.

Para Castaño, la estrategia que usa la Policía no es suficiente: “El plan de vigilancia por cuadrantes está basado en el apoyo de la comunidad para repeler el delito, pero como eso no se da, se requiere una intervención diferente. El Estado debe comprometerse, con todas sus instituciones, a focalizar acciones por varios años en ese territorio, con el propósito de derrumbar los mitos de la droga y lograr la confianza de la gente. Así se hizo hace 10 años con las famosas cuevas de Barrio Triste, y se logró transformar esa zona”.

En esto coincide la exfiscal Carrasquilla: “Debe haber una acción prolongada en el tiempo, donde a través del trabajo de Inteligencia de la Policía y la Fiscalía puedan detectarse los puntos de expendio, los días y horas de ingreso de la droga y quiénes financian la actividad, para después hacer allanamientos, en una operación sostenida, acompañada de las autoridades administrativas para atender desde lo social a la comunidad”.

Además de esto, agregó, “hay que realizar extinciones de dominio de inmuebles y con acciones administrativas destruir esas casas destinadas a las plazas de vicio”.

El actual secretario de Seguridad, general (r) José Acevedo, contó que el propósito es cambiarle la cara a Barrio Antioquia. “Tenemos una estrategia contra el crimen organizado y la delincuencia común para toda la ciudad, articulada con la Fuerza Pública y los organismos de justicia, y eso incluye a esa zona”, aseveró.

Ya fue adjudicado el contrato para la construcción de la estación de Policía de Guayabal, un servicio por ahora se presta desde Belén.
“Con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana (general Pablo Ruiz) acordamos compromisos frente a este barrio. La idea no es estigmatizarlo, porque hay gente muy buena allí, pero ya es hora de superar esa situación y normalizarla”, puntualizó.

Acevedo enfatizó en que este trabajo en seguridad estará acompañado de programas sociales que desarrollan otras secretarías, como las de Juventud, Cultura e Inclusión, para ver si entre todos logran exorcizar los fantasmas del narcotráfico que rondan en Barrio Antioquia.

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El Inspector.

El incremento de estas “cocinas” clandestinas va de la mano de traficantes y químicos independientes, que trabajan para el mejor postor, incluyendo a las bandas del área metropolitana, el Clan del Golfo y la guerrilla del Eln.

El momento en que los policías de la Dirán y el Goes allanaron la finca en la vereda El Zarzal la Luz, de Copacabana. Foto cortesía de la Policía.

El hallazgo más reciente fue el 11 de marzo de 2020 en la vereda Zarzal La Luz, del municipio de Copacabana. Investigadores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Dirán) lograron infiltrar una red que traficaba base de coca desde el departamento de Cauca, y la traía a Antioquia en motos de alto cilindraje acondicionadas con caletas.

Los encargados de coordinar esa ruta son apodados “Luis” y “Yeison Aristides”, según fuentes cercanas al caso. El infiltrado, que decidió colaborar con las autoridades porque estos le quedaron mal en un negocio, ayudó a instalarles unos dispositivos GPS a las motos, en un taller de mecánica localizado en el sector La Bayadera, zona céntrica de Medellín.

El rastreo a las motos permitió encontrar una vivienda semirrural de Copacabana. Allí era descargada la base de coca, para su procesamiento y transformación en cocaína, en un laboratorio artesanal dentro del recinto.

Policías de la Dirán y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) llegaron al sitio y fueron recibidos a tiros desde un cerro colindante. De acuerdo con las pesquisas iniciales, el laboratorio era custodiado por presuntos integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres, de la guerrilla del Eln. Los uniformados respondieron al fuego, y tras un intercambio de disparos, los delincuentes escaparon por la maleza.

Al ingresar a la finca, no había nadie. El laboratorio estaba equipado con compuestos químicos (1.320 galones de insumos líquidos y 665 kilos de sólidos) , recipientes para destilar, hornos microondas y demás implementos necesarios para fabricar el estupefaciente.

Incautaron 73.5 kilos de cocaína y 18.5 kilos de base de coca, al igual que varias marquillas para identificar la mercancía al momento de su distribución.

El siguiente golpe fue el pasado 20 de junio, en el municipio de Concepción, en el Oriente antioqueño. La Dirán encontró otro laboratorio, esta vez en un campamento de madera dentro del bosque, que vertía desperdicios contaminantes a las aguas del embalse de Guatapé.

Ahí decomisaron 259 kilos de cocaína, 113 kilos de base de coca, 1.125 kilos de insumos sólidos y 2.070 de líquidos, según el informe del caso. Algo que llamó la atención de los investigadores es que también había varios moldes de marquillas y una de ellas, con las siglas YZY, era igual a la encontrada en el laboratorio de Copacabana, tres meses antes.

A la izquierda de la línea roja, las marquillas encontradas en Copacabana; a la derecha, las de Concepción. Fotos cortesía.

ACERCÁNDOSE A MEDELLÍN

Fuentes de la Policía contaron que hace cinco años comenzó a incrementarse la instalación de laboratorios de droga en cercanías y dentro del Valle de Aburrá.

Estar cerca del perímetro urbano trae varias comodidades a los traficantes: 1). Facilidades para negociar, adquirir y transportar insumos químicos, camuflándose en la dinámica comercial y de movilidad vial de las ciudades más pobladas; 2). Evitar las áreas selváticas, en las que hay conflictos armados activos y presencia constante del Ejército (por ejemplo en el Bajo Cauca); 3). Conseguir más socios y clientela, por cuenta de las múltiples organizaciones delictivas que habitan en el área metropolitana.

Frente a esto último, hay múltiples casos documentados. El 4 de septiembre de 2013, el CTI y el Gaula Militar encontraron un laboratorio en la vereda La Pretel, de San Pedro de los Milagros, municipio vecino de Bello. El 14 de agosto de 2014 la Sijín destruyó otro en la vereda El Espinal de la misma localidad.

Se presume que en la administración y vigilancia de esas “cocinas” participaban el Clan del Golfo y la banda “los Chatas” de Bello, en sociedad.

El 25 de agosto de 2015, en un paraje limítrofe de los municipios de San Rafael y Alejandría, el Ejército descubrió lo que calificó como “el laboratorio más grande detectado en Antioquia en los últimos cinco años”. Se trató de un cristalizadero conformado por 11 construcciones rústicas, con capacidad para producir dos toneladas semanales de base de coca y ganancias mensuales cercanas a los $9.500 millones.

Los militares indicaron que la dueña del entable era la confederación criminal “la Oficina”, en particular “los Chatas”, que para ese momento estaban al frente de esa empresa ilegal.

El 8 de marzo de 2017, en el occidente de Medellín, fue capturado Braimer Muñoz Rivera (“Reblujo”), uno de los cabecillas de “los Chatas”. En el informe de la detención, la Policía detalló que “estaría a cargo de extorsiones y desplazamientos forzados, apropiándose de inmuebles con documentos falsos en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, donde mantendría pequeños laboratorios de cocaína”.

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El 3 de septiembre de 2016 hubo otro hallazgo en una finca de la vereda El Zarzal, en Copacabana. Con información de inteligencia de la Embajada del Reino Unido, agentes del CTI y soldados de la Cuarta Brigada allanaron una propiedad recreativa, empleada para el alquiler y realización de fiestas con reguetoneros y DJ populares.

Allí había un laboratorio en el cual mezclaban cocaína con pegante para construcción, con el propósito de evadir los controles para su exportación. Los investigadores recuperaron 300 kilos del estupefaciente e indicaron que al cuidado de la mercancía estaba la banda “la Viña”, cuya base de operaciones es la comuna de Manrique, en el n0roriente de Medellín.

Otra banda urbana involucrada en la instalación y manejo de laboratorios es “el Tapón”, de Bello. Según la Fiscalía, administra estos entables para surtir la demanda de drogas en el Valle de Aburrá y las subregiones del Norte, Nordeste y Oriente, en alianza con grupos como “el Mesa”, el Eln y la disidencia del frente 36 de las Farc.

Su cabecilla, Fernando Jiménez Ruiz, alias “el Caníbal”, fue capturado el 25 de agosto de 2018.

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Los hallazgos de laboratorios, instalados por diversas bandas, continuaron el 15 de mayo de 2018 en otra finca del corregimiento Popalito, en el municipio de Barbosa; el 30 de agosto de 2018, en la vereda El Venado, de Girardota; y el 17 de septiembre de ese mismo año, en la vereda Los Alpes, de Marinilla. Estos tres hallazgos, al parecer, también guardan relación con organizaciones criminales del Aburrá.

Hasta el momento, ningún jefe mafioso del área metropolitana ha sido juzgado por la instalación, vigilancia o administración de estos laboratorios, que cada vez se construyen más cerca de la capital antioqueña.

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El Inspector.

La investigación, adelantada por el CTI de la Fiscalía desde marzo de 2017, produjo las detenciones este jueves 23 de enero. La mayoría de los implicados fueron citados al Comando de la Policía Metropolitana en el centro de Medellín, donde se encontraron con la sorpresa de las órdenes de captura.

En estos microbuses de la Fiscalía fueron trasladados los policías capturados en el Comando de la Policía Metropolitana, en el Centro de Medellín. Foto: cortesía de Guardianes Antioquia.

Según el informe preliminar, estas personas estarían involucradas en una red encargada de comercializar vehículos y autopartes de los carros inmovilizados en los parqueaderos públicos de la ciudad. Por esta razón tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio y concusión (sacar provecho ilegal de su cargo), entre otros.

En la lista de detenidos hay un intendente, dos subintendentes y 20 patrulleros, adscritos a las estaciones y CAI policiales de El Poblado, Buenos Aires, Belén, Altavista, Aranjuez, Las Palmas, Copacabana, Laureles, San Javier, Doce de Octubre, Itagüí, Envigado, Andes y Santuario, Antioquia. Otros tres policías tienen orden de captura y, aunque no han sido arrestados, se cree que en las próximas horas se entregarán a las autoridades.

Por su parte, los dos agentes de tránsito laboran en la Secretaría de Movilidad de Medellín.

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“La actuación ilícita de estos funcionarios obedece, al parecer, a un abuso de confianza para la comercialización anómala de unos vehículos que presuntamente se encontraban en proceso de embargo”, contó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En la tarde de este viernes comenzarán las audiencias de control de garantías en el Palacio de Justicia, que podrían prolongarse por hasta dos semanas.

El escándalo de corrupción institucional estalló el mismo día de la transmisión de mando en el Departamento de Policía Antioquia y la Región N°6 de Policía (que cobija las jurisdicciones de Antioquia, Urabá, Valle de Aburrá, Chocó y Córdoba). Los nuevos comandantes serán, respectivamente, el coronel Jorge Cabra Díaz y el general Luis Méndez Reina.

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OTRO CASO DE CORRUPCIÓN

El pasado 22 de enero en la cárcel El Pedregal de Medellín, fue sorprendida una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresando estupefacientes.

Según la Fiscalía, la dragoneante  Ana Victoria López Torres fue descubierta por un perro antinarcóticos, que olfateó los 238 gramos de marihuana que llevaba en su lonchera.

“La mujer dijo a sus compañeros que era consumidora y que llevaba su dosis personal de aprovisionamiento”, indicó el ente acusador, que le imputó el cargo de tráfico de estupefacientes agravado. Ella, de 29 años de edad, no aceptó su responsabilidad en los hechos y el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

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Sumando estos casos,  en apenas dos días fueron arrestados 26 funcionarios de tres instituciones que actúan en Antioquia. En 2018 y 2019 también se destaparon ollas podridas, que terminaron con las capturas de los alcaldes de Envigado y Barbosa, 20 agentes de tránsito y un juez de Bello, y la judicialización del Contralor Departamental, por citar algunos de los hechos más sonados.

Vale la pena preguntarse, ¿será que la corrupción si es un asunto de “algunas manzanas podridas”, como suelen decir las autoridades?

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El Inspector.

El procesado no aceptó los tres cargos que le imputó la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada: concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y porte de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Su captura se suma a otro golpe propinado por la Fuerza Pública en las últimas semanas, cuando los agentes frustraron una venta de drogas de esa banda con el Clan del Golfo. Esta es la reseña de los casos, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Juano” fue capturado en el municipio de Guarne y será trasladado a la cárcel La Picaleña de Ibagué. Foto cortesía de la Policía.

Alias “Juano” fue detenido este miércoles 6 de noviembre, cuando se ocultaba en una finca del municipio de Guarne, Antioquia. En su habitación, los investigadores de la Dijín encontraron una pistola calibre 22 con su proveedor y una granada de fragmentación. Estaba en compañía de otros dos hombres, los cuales no fueron judicializados.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el sospechoso tendría una trayectoria delincuencial superior a los 15 años. En la actualidad estaría coordinando a “los Triana” en la calle, pues los jefes principales están en prisión desde el año pasado: Elkin Triana (“el Patrón”) y Carlos Mario Triana (“Mario Chiquito”).

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Entre sus labores estaba administrar el cobro de extorsiones a los establecimientos comerciales de las comunas 1 y 2 de Medellín, así como a las rutas de buses que van a los barrios Zamora, Santa Rita, Pablo Sexto y Santa Cruz. Según la Dijín, producto de esa actividad, la banda obtendría cerca de $200 millones mensuales.

Para evadir a las autoridades, Wilson Hincapié usaba una cédula falsa, pero la artimaña no le funcionó. Tras la decisión del juzgado, será trasladado a la cárcel La Picaleña, de Ibagué (Tolima).

TRANSACCIÓN DE DROGAS FRUSTRADA

La captura de “Juano” no es el único golpe que las autoridades le han dado a “los Triana” recientemente. El 18 de octubre pasado la Policía capturó a siete personas, supuestos integrantes del Clan del Golfo y de “los Triana”, justo cuando adelantaban una transacción de estupefacientes en el barrio Santa Fe, en el occidente de Medellín.

La vivienda fue allanada por agentes de la Dijín adscritos a la Operación Agamenón, sorprendiendo a seis hombres y una mujer en flagrancia. Les incautaron 28 kilos de cocaína, 70 millones de pesos y 15 cartuchos de calibre 9 milímetros.

Esta es la droga que “los Triana” pretendían venderle al Clan del Golfo, según la Fiscalía. Cortesía.

De acuerdo con la investigación inicial, “Chiquito Malo”, uno de los máximos líderes del Clan en la subregión de Urabá, envió a dos de sus delegados a Medellín (“el Negro” y “Evelyn”) para comprarle la mercancía a “los Triana”, con el propósito de sumar esos kilos a otro cargamento y hacer un envío a Centroamérica desde el Golfo de Urabá.

Los siete detenidos fueron procesados por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes agravado y porte ilegal de municiones. Ninguno aceptó los cargos y en la audiencia de control de garantías les dictaron medida de aseguramiento en la cárcel.

Los afectados con la decisión fueron  Wálter Rojas Jiménez (“el Negro”) y Evelyn Ximena Ávalos (“Evelyn”), presuntos miembros del Clan del Golfo; y sus supuestos proveedores de “los Triana”, Luis Fernando Zuluaga Marín, Angelmiro David Góez, Diego Armando Agudelo Moncada, Juan Esteban Cardona Ospina y Jacob Andrade Arenilla.

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El Inspector.

El ataque sucedió en la madrugada del martes 5 de noviembre, y las víctimas fueron Ribaldo Álvarez Vásquez, de 20 años, y Cristian David Henríquez Henao, de 29 y apodado “el Burro”.

En este automóvil se transportaban las víctimas, cuando se produjo el ataque de los sicarios. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

De acuerdo con la investigación preliminar, los dos hombres se movilizaban en un automóvil Mazda 3. Estaban de fiesta, y luego de ingerir licor en Manrique condujeron el carro hacia Buenos Aires.

A las 2:00 a.m. pasaban por el citado vecindario, cuando fueron perseguidos por sicarios motorizados. Los agresores dispararon contra el automotor y los proyectiles atravesaron las ventanillas, lesionando de muerte a los ocupantes.

Las víctimas aceleraron, pero terminaron estrelladas contra una vivienda en la calle 46 con la carrera 30. Allí perdieron la vida.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que “el Burro” tenía antecedentes delincuenciales. En la base de datos judicial le figuran investigaciones por hurto, tráfico de estupefacientes y violencia contra servidor público; al parecer era integrante del combo “la Milagrosa”, que delinque en el barrio del mismo nombre.

Los investigadores presumen que el atentado estaba dirigido contra él y que su acompañante murió por daño colateral. En la pesquisas iniciales logró establecerse que los asesinos salieron de un barrio vecino, aunque no se ha establecido para qué grupo criminal trabajan.

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El Inspector.

Sucedió al amanecer de este martes 14 de mayo, en la Vía al Mar, entre el Cucaracho y el sector semirural Las Hamacas.

Este es el lugar en el que hallaron los cuatro cadáveres, en la frontera de Robledo y San Cristóbal. Foto de cortesía.

Según las primeras versiones de la Policía, los asesinatos se produjeron en otro lugar y los cuerpos fueron transportados hasta allí en un vehículo. Los agresores los cargaron hasta un barranco lodoso, a unos metros del asfalto; dos cuerpos quedaron en el borde y los otros rodaron por la pendiente, hasta un matorral.

Tras la inspección a los cadáveres, las autoridades constataron que todos tenían heridas de puñal en el cuello y unos habían sido degollados. El primer identificado fue Robert Manuel Palacios Moncada, de 20 años. En el sitio fue hallada una cédula de ciudadanía a nombre de Yordin Esteban Ruiz Ríos y están tratando de establecer si pertenece a uno de los finados.

Llama la atención que la cédula de Palacios sea de Segovia y la de Ruiz de Vegachí, Antioquia, aunque no se ha probado que vivían en esos municipios.

Esta es la tercera masacre ocurrida en Medellín en los últimos 15 meses. El 30 de enero de 2018, la banda “El Pesebre” mató a cinco hombres en una casa del barrio del mismo nombre, y esparció los cadáveres en varias cuadras a la redonda (ver la NOTA RELACIONADA: La “Odín Robledo” es el objetivo estratégico de las autoridades).

Y el 27 de diciembre, en una establecimiento comercial del barrio Lorena, sicarios abalearon a los comensales. En el acto murieron tres personas; la cuarta víctima falleció un mes después (ver la NOTA RELACIONADA: El Valle de Aburrá despidió a 2018 y recibió a 2019 con más muertes).

Tanto Robledo como San Cristóbal son dos de los sectores más violentos de la actualidad en la capital de Antioquia, debido al accionar de combos delincuenciales.

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El Inspector.

Por eso cuando los comandos de la Policía entraron a su apartamento, después de someter a mazazos la puerta blindada, el hombre de 38 años se rindió. Sometido en el suelo, mientras le ponían las esposas, les pidió a los agentes que terminaran rápido el procedimiento para que sus hijos no lo vieran.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Arriba, la captura de Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”) en El Poblado. Abajo, la cúpula de “la Terraza”, señalada por la Fiscalía de seguir dirigiendo la banda desde la prisión. De izquierda a derecha: alias “Douglas”, “Pichi Gordo”, “Barny”, “Yordi” y “Richard”. Fotos de cortesía de la Policía.

Los investigadores le venían siguiendo la pista desde hacía un año, por ser considerado uno de los cabecillas de “la Terraza” y estar al frente de dos violentas disputas: la primera, contra una disidencia de la organización; y la otra, con la banda “la Viña”. Dichas confrontaciones han dejado cerca de 20 muertos en Medellín, Envigado, Sabaneta y San Jerónimo, desde 2018.

La vigilancia se concentró en su esposa, a quien siguieron cuando conducía un automóvil e ingresó a una urbanización del sector La Calera, en El Poblado, a la 1:00 de la madrugada del pasado miércoles 3 de abril. Según el director de la Dijín, general Ricardo Londoño, “Chicho” iba escondido en ese vehículo, por lo que cuatro horas más tarde ordenó el operativo de captura.

En ese lugar, pagando un arriendo mensual de $6 millones, vivía el sospechoso con su familia. En el allanamiento, le encontraron una pistola 9 m.m. con tres proveedores.

Tras el arresto, el alcalde Federico Gutiérrez declaró que había caído “uno de los personajes más peligrosos de la ciudad” y que con él ya sumaban 135 capturas de cabecillas de bandas durante su mandato.

HISTORIA DE VIOLENCIA
El general Londoño recordó que algunos familiares de “Chicho” integraron la primera generación de “la Terraza”, en los tiempos del cartel de Medellín, y que el procesado llevaba por los menos 20 años de carrera delictiva; incluso trabajó para los paramilitares de las Autodefensas Unidas.

Había sido capturado en 2012, cuando transportaba siete pistolas en la caleta de un carro. En consecuencia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín lo condenó a 12 años y seis meses por tráfico de armas.

A pesar de esto, Zapata solo estuvo cinco años y ocho meses tras las rejas, y regresó a la libertad en noviembre de 2017. Debido a las detenciones de otros jefes, ascendió en la jerarquía hasta convertirse en integrante de la cúpula.

El 22 de mayo de 2018 fue víctima de un atentado, cuando un par de sicarios le propinaron disparos en sus piernas, en un establecimiento público del barrio Estadio (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín).

Los mercenarios, según la Dijín, fueron enviados por alias “Tréllez”, quien hasta ese momento había sido socio de “Chicho”; a partir de allí, ese personaje iba a liderar una disidencia de “la Terraza”.

La guerra entre ambos no se hizo esperar. Tal cual denunció El Colombiano, la pelea dejó 14 muertos y ocho heridos entre mayo de 2018 y enero de 2019, en especial en Envigado, Sabaneta y las comunas Manrique y Aranjuez.

Además de esto, “la Terraza” también está en conflicto contra “la Viña”, una banda que en el pasado sirvió a sus intereses, pero que desde 2012 declaró su independencia en el barrio Manrique. Esta disputa, que inició en diciembre, ha dejado cinco muertos y cuatro heridos, según las autoridades.

Entre los lesionados está Luis Henry Jaramillo Jiménez (“Luis el Paraco”), uno de los presuntos jefes de ese combo, quien sobrevivió a dos atentados en su vecindario, en diciembre 1° y febrero 27.

¿QUÉ SIGUE?
El 4 de abril se realizaron las audiencias de control de garantías, ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia. La Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado, el cual “Chicho” negó. Luego le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel y será enviado a La Picota, en Bogotá.

Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, indicó que al detenido lo investigan por su presunta participación en 18 homicidios, que podrían ser imputados más adelante.

Aunque se trató de un golpe importante, investigadores consultados por este diario señalan que no cambiará mucho la estructura interna de “la Terraza”. La facción delinque hoy en el nororiente y el centro de Medellín, así como en las subregiones antioqueñas del Oriente y Suroeste, con negocios de narcotráfico, sicariato, extorsión, desplazamiento y cobro ilegal de deudas.

Los principales jefes del grupo manejan la banda desde las cárceles, y en la calle hay otros líderes ya listos para asumir las riendas, como “Guasón”, “Keiler” y “Jojoy”.

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El Inspector.