“No baja los precios y sí reduce la oferta de vivienda”: Camacol
Camacol fue enfática en señalar que el control de precios no reduce el valor real de la vivienda.
Por el contrario, termina traduciéndose en menos proyectos disponibles y mayores dificultades para miles de familias que buscan acceder a una vivienda digna y formal.
Según el gremio, limitar los mecanismos de fijación de precios afecta la viabilidad financiera de los proyectos VIS y desincentiva nuevas inversiones, especialmente en un entorno de alta incertidumbre económica y regulatoria.
“El proyecto de decreto genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”, advirtió Herrera.
Uno de los puntos centrales del análisis de Camacol es el impacto del aumento del salario mínimo del 23% decretado para 2026.
La construcción de vivienda es una actividad altamente intensiva en mano de obra, por lo que este incremento golpea directamente los costos del sector, reseñó el gremio.
De acuerdo con las estimaciones del gremio, los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda podrían aumentar entre 10% y 15%, una presión que no puede ignorarse al momento de definir el precio final de los proyectos VIS.
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Dudas legales sobre la intervención del Gobierno Petro
Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, advirtió que el proyecto de decreto plantea serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda.
“El decreto altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”, inistió Herrera, al recordar que la normativa actual permite fijar el valor de la vivienda en pesos o en salarios mínimos, y establece que el precio definitivo es el vigente al momento de la escrituración.
Desde Camacol insisten en que la vivienda no puede tratarse como un bien de consumo de corto plazo. Su desarrollo implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden tardar entre cuatro y cinco años.
Durante ese tiempo se presentan variaciones en costos de materiales, tasas de interés y regulaciones, lo que obliga a realizar ajustes razonables en los precios futuros para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y evitar su cancelación.
Riesgos para subsidios y créditos de los hogares
Otro de los impactos que advierte el gremio es sobre el acceso de los hogares a instrumentos clave de la política de vivienda, como los subsidios de las cajas de compensación, los apoyos de entidades territoriales, las condiciones de crédito y las tasas de interés preferenciales.
Estos beneficios suelen definirse con base en el valor de la vivienda al momento de la escrituración, por lo que modificar las reglas desde las etapas iniciales podría dejar a muchos hogares por fuera del sistema de apoyos.
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Herrera recordó que Camacol ha mantenido una relación de trabajo colaborativa con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para aclarar los mecanismos de indexación.
Según el gremio, en ningún caso la SIC ha prohibido la venta de viviendas referenciadas al salario mínimo, siempre que el comprador reciba información clara, suficiente y responsable sobre sus efectos.
Camacol invitó al Gobierno a revisar esta discusión desde un análisis técnico responsable, y no desde la descalificación o las amenazas. El gremio reiteró su compromiso con la ampliación del acceso a la vivienda formal, la generación de empleo y la estabilidad del sector constructor.
“Nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores para que puedan acceder a vivienda propia”, concluyó Herrera, al pedir que se respete y valore el papel del sector privado en la solución del déficit habitacional del país.
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