El objetivo de los matones fue Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, uno de los líderes históricos de la banda “el Pesebre”.

Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, fue asesinado en el barrio Blanquizal de Medellín. Fotos de archivo y cortesía.

El crimen sucedió el 22 de enero de 2026 en el barrio Blanquizal, a las 00:20 de la madrugada.

De acuerdo con la indagación preliminar de las autoridades, “Roña” estaba departiendo con otras personas en las afueras de un establecimiento comercial, cuando fue sorprendido por el homicida, quien salió caminando de un callejón cercano.

Se aproximó a la víctima, le puso el cañón de la pistola calibre milímetros detrás de la oreja izquierda, y apretó el gatillo. Luego lo remató con otros disparos en la cara.

Uno de los proyectiles se desvió del blanco e impactó al mecánico Mateo Álvarez Puerta, de 28 años, quien estaba reunido con sus amigos afuera de su taller de motos, a pocos metros de distancia del lugar del ataque.

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La bala se incrustó en su cuello, y aunque los allegados lo trasladaron a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

“Roña”, de 48 años, murió en el sitio. De acuerdo con su prontuario, era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y uno de los líderes de la banda “el Pesebre”, encargado de coordinar las operaciones delincuenciales en el barrio Blanquizal.

Tenía antecedentes penales por extorsión (2013), abuso de confianza (2017) y desplazamiento forzado (2015, 2020 y 2023).

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Fue lugarteniente de Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), el fundador y comandante de la organización, quien actualmente es vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos sociojurídicos con el gobierno de Gustavo Petro, instalada en la cárcel de Itagüí.

De hecho estaba junto a él cuando lo capturaron en 2013 en una finca de Urrao, Antioquia, durante una reunión de cabecillas de “el Pesebre”; pero mientras a su jefe se lo llevaron preso, a él lo liberaron porque carecía de orden de captura.

La muerte de “Roña” podría tratarse de un reacomodo de las fuerzas internas en la banda. Mientras “Carlos Pesebre” está en prisión, la comandancia recae sobre “Julián Machete”, cuya jefatura al parecer genera resistencia entre otros líderes, según fuentes policiales.

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El Inspector.

Aunque todavía falta el visto bueno del nuevo Alto Comisionado, Otty Patiño, las delegaciones lograron establecer ese norte temático luego de seis meses de trabajo en la cárcel de Itagüí. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los jefes de las bandas del Valle de Aburrá están congregados en la cárcel de Itagüí. Foto de Manuel Saldarriaga.

El coordinador de la delegación del Gobierno, Jorge Mejía Martínez, explicó que la agenda iba a ser presentada en sociedad el pasado 23 de noviembre, pero un día antes el presidente Gustavo Petro despidió a Danilo Rueda de su cargo en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), lo que obligó a la mesa de conversaciones sociojurídicas – como la llama el Gobierno – a hacer un alto en el camino.

Aunque Mejía recalcó que no puede compartir detalles de la agenda, hasta que su contenido no sea evaluado por la nueva jefatura de la Oacp, dio pinceladas de los temas que se abordarán con los representantes del 90% de las 400 bandas que delinquen en el área metropolitana.

El primer eje temático ha sido denominado “ética de la vida” y aborda las cuestiones relacionadas con la violencia urbana, los homicidios y desplazamientos forzados, así como el trabajo con las víctimas, que implica procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el marco de un posible sistema de justicia restaurativa. Esto último dependerá de las condiciones que defina la Ley de Sometimiento de Bandas, que al parecer será presentada una vez más al Congreso en el primer trimestre de 2024.

El segundo eje versa sobre la territorialidad y la población juvenil, y en él se tratarán los asuntos de gobernanza criminal en las comunas, así como los programas sociales que se requieren para frenar el reclutamiento y atender las necesidades de los jóvenes de las bandas o en riesgo de ser integrados a ellas.

El tercero tiene que ver con las economías ilegales y la manera en que las estructuras criminales dejarán esos negocios para participar en actividades legítimas. Esto incluye desmontar las redes de extorsión, pagadiario, secuestro y venta de lotes, entre otras rentas clandestinas.

Y el cuarto se relaciona con la desarticulación de las estructuras armadas y las medidas adicionales que esto implicará, como las garantías de seguridad para que los exmiembros no sean asesinados, como ha ocurrido en los procesos de desarme de las Auc (2006) y las Farc (2016).

“Una vez que se adopte la agenda de forma definitiva, lo que sigue es construir una metodología que involucre a la sociedad civil. No se hará nada de espaldas a la ciudadanía”, dijo Mejía.

Además de esa guía, las delegaciones ya definieron los protocolos logísticos de funcionamiento, que incluyen las comunicaciones internas y la forma en que la mesa podrá colaborar cuando haya problemas de orden público en la ciudad.

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DELEGADOS PENDIENTES

La mesa de conversaciones sociojurídicas se instaló oficialmente el pasado 2 de junio y desde entonces ha tenido que capotear varias tormentas. Una de ellas ha sido la conformación de la delegación gubernamental.

Además del despido de Rueda, un mes antes se presentó la renuncia de la excomisionada de la Verdad, Lucía González, una de las integrantes más reputadas del equipo.

En su reemplazo llegaron el sociólogo Luis Guillermo Pardo, exgerente de Paz de la Gobernación de Antioquia; y la académica Luz Elena Zabala, exasesora de Colciencias.

La delegación del Gobierno no ha podido concretar otros tres miembros que se habían contemplado al principio. El primero es un oficial retirado de la Fuerza Pública y el segundo un representante del empresariado, pues “se han barajado varios nombres, pero desde Bogotá no han dado el visto bueno”, reconoció Mejía.

La ausencia de un empresario es notable, pues varios voceros de las bandas insisten en que, para que el proceso sea exitoso, deben tener opciones de empleo legal, y los empresarios generan el 80% de los puestos laborales en el país.

El tercer faltante es un miembro de la oposición, con el que la Casa de Nariño quisiera blindar políticamente el diálogo. El Centro Democrático, principal partido de oposición, ya consintió que José Félix Lafaurie lo representara en la mesa con el ELN, y que Fabio Valencia Cossio lo hiciera en la del Estado Mayor Central de las Farc, pero todavía no se decide a poner una ficha en la de la paz urbana.

Al micrófono Jorge Mejía Martínez, coordinador de la delegación del Gobierno en la mesa. Foto de Manuel Saldarriaga.

DESAFÍOS POLÍTICOS

La mesa del Valle de Aburrá también ha enfrentado desafíos ligados al orden público de Medellín. Entre septiembre y noviembre, en las comunas de Robledo y Manrique se desataron conflictos y asesinatos por fracturas internas en “los Pesebreros” y “la Terraza”, dos facciones con vocería en los diálogos de paz.

La situación, que la Oacp catalogó en su momento como un intento por enlodar la paz urbana por parte de “fuerzas oscuras”, en realidad reflejó el deseo de algunos cabecillas emergentes de relevar a los más veteranos, a quienes al parecer consideran en camino de “jubilación”.

Según Mejía, esos dos conflictos se apaciguaron porque “se hizo una gestión desde el espacio, por parte de los voceros de las bandas, lo que permitió superar esas situaciones de violencia. Es una muestra de que esto ha valido la pena”.

Otro reto es el cambio de administración en Medellín y Antioquia. Federico Gutiérrez y Andrés Rendón, alcalde y gobernador electos, respectivamente, criticaron con vehemencia la política de “paz total” de Petro durante las pasadas elecciones regionales.

¿Qué postura tendrán ellos frente al proceso en la cárcel de Itagüí? “Esperamos que la armonía institucional se imponga sobre las posturas políticas. Al alcalde Federico y a Manuel Villa (próximo secretario de Seguridad) ya les enviamos un mensaje el pasado lunes, para concretar una cita y exponerles lo que estamos haciendo”, indicó Mejía.

La llegada de Otty Patiño despierta inquietudes sobre los cambios que podría introducir en la agenda. A juicio del coordinador de la delegación del Gobierno, “conociendo su talante, es posible que haga un énfasis en la mayor presencia de la institucionalidad local y en el impacto territorial, identificando las zonas en las que se puede hacer un mayor esfuerzo desde la mesa para desactivar la violencia”.

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El Inspector.

Así lo informó el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual estuvieron dos de las personas seleccionadas para integrar dicha comisión: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y activista ambiental; y Jorge Mejía Martínez, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el centro. A los lados, los futuros miembros de la delegación del Gobierno para la paz urbana en Medellín, Isabel Zuleta y Jorge Mejía Martínez. Foto de Jaime Pérez.

Este diario conoció además que al equipo se unirá Lucía González, exintegrante de la Comisión de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. También habrá un representante de la Iglesia Católica y uno de los partidos políticos de oposición, entre otros participantes y testigos.

“Vamos a iniciar la segunda fase: la del escenario de conversaciones sociojurídicas. Ahí empieza una fase que podemos decir pública. Habrá una comisión delegada por el Presidente para mantener la interlocución, que se instalaría la semana entrante”, indicó Rueda.

Según el comisionado, en este momento hay certeza de la voluntad de paz del 90% de las bandas del Valle de Aburrá, y espera que pronto se anexen las que faltan. Desde su perspectiva, si se alcanza un acuerdo con todas, se lograría la reinserción de por lo menos 12.000 a 14.000 personas.

Rueda no mencionó concretamente cuáles son los grupos con los que iniciarán las conversaciones, aunque adujo que son estructuras de gran tamaño y confederadas, que articulan a decenas de combos más pequeños.

De forma extraoficial, se sabe que entre ellas están “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión” y “Doce de Octubre”.

Entre las indecisas están “los Triana”, aunque Rueda precisó que también tienen voluntad de sumarse al proceso, y espera que se concrete en los próximos días.

“Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad y por información de pobladores de las comunas, que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para la paz total”, dijo.

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TREGUA ENTRE BANDAS
Los grupos que participarán en esta etapa pública de las conversaciones expidieron un comunicado el 28 de abril de 2023, en el que manifestaron su apoyo al proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro. El texto fue leído en la entrada de la prisión de Itagüí por Daniel Millares, representante de la Mapp-OEA.

“Como un aporte de nuestra parte, los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá, en condición de reclusión en la cárcel La Paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades”, señalaron, poniendo por escrito algo que en la práctica ya se venía dando en la calle desde 2020.

Añadieron que tienen “disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína”, alegando que “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.

Y prometieron colaborar con la reducción de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores.

Aunque el documento no aparece firmado por nadie en particular, en su redacción y aprobación participaron 16 cabecillas, la mayoría trasladados a Itagüí desde otras prisiones, por gestión de la Oficina del Alto Comisionado.

La lista incluye a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Albert Henao Acevedo (“Alber”) y Carlos Correa López (“don Pepe”), entre otros. Desde otras cárceles colaboraron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”).

Las demás estructuras y líderes involucrados se conocerán apenas se instalen las conversaciones formalmente.

La cárcel de Itagüí será entonces el eje de un plan piloto de paz urbana en Colombia. El Gobierno ya había comenzado en diciembre otro acercamiento de este tipo en Buenaventura, con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los avances han sido tímidos en esa región.

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El comunicado de las bandas del Valle de Aburrá. Cortesía.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si bien las bandas al parecer no están de acuerdo con la ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso, aceptaron avanzar en los acercamientos porque, según Rueda, “están cansados de la guerra y viven en la zozobra”.

El comisionado insistió en que no será una negociación de paz, como la que ya está en curso con la guerrilla del ELN, sino un diálogo para buscar “acuerdos sociojurídicos”.

Lo jurídico se refiere a la exploración de opciones legales para facilitar el desmantelamiento de las bandas. La senadora Isabel Zuleta aclaró que, por el momento, el marco normativo es el del Código Penal y la ley de sometimiento; cualquier cambio futuro tendrá que pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Y lo social implica revisar las características de vida de los integrantes de esos grupos, que incluyen las condiciones para su eventual reinserción, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.

El plan del Gobierno es ir más allá de un desarme, “que poco han servido en el pasado”, según Rueda, y lograr un verdadero impacto en los barrios: “Que se acabe la gobernanza criminal y se instaure el estado de derecho en las comunas de Medellín”.

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ANEXO: ¿LAS BANDAS SI TIENEN 14.000 MIEMBROS?
En las agencias de seguridad causó extrañeza la cifra de posibles reinsertados de las bandas que dejaría la paz urbana en Medellín, anunciada por el comisionado Danilo Rueda: 14.000. En las cuentas de la Policía, los miembros de las 94 bandas priorizadas no superan los 1.200 integrantes, y si se tienen en cuenta las 350 existentes en el Valle de Aburrá (contando los combos más pequeños), no sobrepasan los 5.000.
¿Entonces de dónde saldría tanta gente? Medellín ya tiene un antecedente: la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2003, cuando se “reinsertaron” cientos de delincuentes comunes que nada tenían que ver con el conflicto.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo?

El Inspector.

Tal cual han venido informando El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, los acercamientos comenzaron en plena campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando envió delegados a las cárceles y a las comunas de Medellín para proponerles a los integrantes de este grupo su proyecto de “paz total”. La mayoría de cabecillas respaldó la idea, anhelando recibir beneficios jurídicos, y de paso le dieron un empujón electoral definitivo al entonces candidato.

Escena de la masacre de nueve personas en una finca de la vereda El Salado, en Envigado, el 31 de diciembre de 2012. El crimen está impune. Foto de archivo.

En las últimas dos semanas hubo reuniones y traslados de cárceles para acelerar la conformación de una mesa de diálogos entre esa organización y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De manera tentativa, la sede de dichas conversaciones sería la prisión de Itagüí.

El proceso no será simple, pues el Gobierno, la Fiscalía y la Rama Judicial no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el tratamiento jurídico que hay que darles a las bandas de crimen organizado, las cuales carecen de estatus político.

Los decretos expedidos por la Casa de Nariño se estrellaron contra los argumentos de la Fiscalía, por lo que la expedición de boletas de libertad y la suspensión de órdenes de captura para los voceros de paz quedaron en el limbo.

Al margen del contexto político, la sociedad se ha venido preguntando cuál es el afán de sentarse a la mesa con mafiosos y qué cosas le pueden ofrecer estos a la “paz total”. Detrás de dichas inquietudes hay una pregunta central: ¿qué es “la Oficina” hoy en día, más allá de los mitos?

GOBIERNO CRIMINAL
La primera “oficina” que tuvo el Valle de Aburrá data de la época del cartel de Medellín y su función era arbitrar en los conflictos entre narcos, fijar criterios de negociación y cobrar deudas de la mafia.

Cuando Diego Murillo (“don Berna”) asumió el control del bajo mundo a mediados de los 90, creó una nueva “oficina”, añadiéndole más funciones:servir como aparato sicarial urbano de las Autodefensas paramilitares; organizar a todas las bandas del área metropolitana, imponiéndoles coordinadores por cada comuna; instaurar las normas de juego para el mercado local de drogas y demás negocios ilegales.

En 2008, cuando este capo fue extraditado, las jerarquías del hampa se disolvieron. La nueva “oficina” ya no obedecía a un máximo comandante, sino a una junta directiva en cuya mesa tenían asiento los jefes de las bandas más poderosas. Un gobierno colegiado, en el que se tejen alianzas, traiciones y enemistades.

ESTRUCTURA DE MANDO
“La Oficina” de la actualidad es una confederación de bandas con influencia directa en el Aburrá y alcance transnacional, según la DEA. Cual holding empresarial, ofrece múltiples servicios criminales y tiene sus tentáculos extendidos en muchas actividades económicas (ver la infografía).

En su estructura de mando cuenta con dos alas: una operativa y visible, que copa los territorios a través de las bandas; y una gerencial e invisible, liderada por una élite de criminales de cuello blanco con una doble vida, que se mueven entre el mundo legal y el ilegal. En la esfera del crimen los llaman “los señores”, “los de arriba” o “los invisibles”. Nadie menciona sus nombres, pero es sabido que deciden quién puede ser o no el jefe de las bandas.

Desde los tiempos de “don Berna” no hay un único líder del ala operativa. Por allí han desfilado temporalmente alias “Rogelio”, “Yiyo”, “Valenciano” y “Sebastián”. Hoy “la Oficina” tiene dos cabezas, con una marcada rivalidad entre sí: Carlos Mesa (“Tom”), quien representa a la mafia de Bello; y José Muñoz (“Douglas”), de la mafia de Medellín.

Ambos están presos hace años, pero desde las cárceles continúan dando órdenes, tanto así, que el Gobierno les reconoce tal autoridad convocándolos a reuniones.

En el segundo círculo de poder están los llamados Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) o, como les dicen en las calles, las “Razones”.

Se trata de coaliciones de combos con influencia en una o más comunas. Cinco de ellas están aliadas con “Tom” y las otras cinco con “Douglas”, según datos de Inteligencia.

Cada una de estas coaliciones articula entre 8 y 30 combos barriales, para un total cercano a los 240 grupos. Las que abarcan más vecindarios son “los Chatas”, “la Terraza”, “Caicedo” y “los Pesebreros”.

Aunque esto refleja una influencia territorial importante, “la Oficina” perdió poder con el paso del tiempo, pues antes reinaba sobre el 95% de las bandas del Aburrá. Hoy se estima que articula un 65%, pues muchas se declararon independientes (como “la Agonía”, “los Mondongueros”, “el Mesa” y “Pachelly”) y otras se alinearon al Clan del Golfo.

FUNCIONES Y PROPUESTAS
Las decisiones y conflictos internos de “La Oficina” tienen una alta incidencia en las cifras de homicidios de Medellín, aunque a las autoridades les cueste reconocerlo.

A finales de 2019 las estructuras de “Tom” y “Douglas”, que habían protagonizado enfrentamientos focalizados en Robledo, San Javier y Candelaria, acordaron una tregua que todavía rige. Los asesinatos en la ciudad bajaron de 634 en 2018 a 389 en 2022.

Pese a esto, la organización ya no controla la dinámica de los hurtos, el fenómeno que, junto a las extorsiones desbordadas, afecta más la percepción de seguridad de los medellinenses.

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Un reto de “la Oficina” es mantener unidas a todas sus divisiones. Entre 2015 y 2016, cuando funcionaba en Cuba la mesa de paz entre el gobierno de Juan M. Santos y las Farc, varios jefes de “la Oficina” trataron de consolidar una propuesta de desarme. El proyecto fracasó porque los líderes encarcelados no lograron convencer de la idea a quienes estaban libres en ese entonces.

Frente a la negociación con el gobierno de Petro, ofrecen sostener a la baja los homicidios, entregar armas y presentar, por lo menos, a 3.000 jóvenes que dejarían de delinquir. También, según abogados cercanos al proceso, prometen “contar su verdad”.

Este es un punto crítico, pues casi todos los cabecillas ya participaron en el proceso de sometimiento de las Autodefensas (2006) y después le fallaron a la sociedad: no asistieron a las versiones libres, no repararon a las víctimas y continuaron traficando drogas y sembrando el terror. ¿Se les puede creer ahora? ¿Renunciarán esta vez a sus fortunas ilícitas? ¿Hablarán sobre “los invisibles”?

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ANEXO: ALGUNOS CRÍMENES PERPETRADOS POR “LA OFICINA”

Masacre del bar Gurú
El 2 de julio de 2010, en el marco de una disputa interna de “la Oficina”, un grupo de sicarios masacró a ocho personas e hirió a otras 16 en un bar de la zona rosa de Envigado, Antioquia. Por el hecho hay nueve perpetradores condenados, pero frente a los autores intelectuales hubo impunidad.

Masacre en vereda El Salado
El 31 de diciembre de 2012, sicarios de “la Oficina” masacraron a nueve personas en una finca de la vereda El Salado, de Envigado. El objetivo principal del ataque era alias “Morro”, un líder traicionado de la organización, y de paso mataron a todos los presentes. Este caso está en la total impunidad.

Desaparición de colegialas
El 29 de mayo de 2009, policías de Itagüí detuvieron a un cabecilla apodado “28”, quien iba en carro con tres colegialas. En vez de llevarlo a la Fiscalía, se lo entregaron a sus enemigos de “la Oficina”, quienes lo desaparecieron junto a las tres niñas. Cuatro policías y un delincuente están condenados.

El Inspector.

Los procesos judiciales afectaron a integrantes de las bandas “los Chatas”, “la Mina”, “Niquía Camacol” y “el Mesa”. Esta es la reseña elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura de Braimer Muñoz, alias “Reblujo” (izquierda), y su hermano Darney Muñoz, alias “Patolín” (derecha). Foto cortesía de la Policía.

A finales del pasado mes de septiembre la Policía detuvo a Braimer Darío Muñoz Rivera (“Reblujo”) en el sector El Poblado, de Medellín. Junto a él cayó su hermano Darney Alberto Muñoz Rivera (“Patolín”).

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada los señaló de ser supuestos cabecillas de la organización criminal “los Chatas” y en la audiencia de control de garantías les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y homicidio.

Según el informe público del ente acusador, los hermanos Muñoz Rivera “al parecer promueven el cobro de cuotas extorsivas y la venta de estupefacientes en Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Santa Rosa de Osos, Guatapé, San Rafael y las comunas 10 y 11 de Medellín (La Candelaria y Laureles). Adicionalmente, estarían involucrados en la ejecución de homicidios selectivos y el desplazamiento de familias”.

Tras finalizar las audiencias, en las que ambos se declararon inocentes, el juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Esta no es la primera que “Reblujo” es apresado. El 8 de marzo de 2017 había sido detenido por la Policía en el barrio La Loma de los Bernal, de Medellín. En ese entonces fungía como secretario privado de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el fundador y máximo líder de “los Chatas” (hoy condenado en prisión).

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En otra acción contra las redes de esa organización, el pasado 3 de octubre las autoridades atacaron al combo “la Mina”, que trabaja para “los Chatas” en los sectores La Mina y La Camila. En ocho allanamientos fueron detenidos seis presuntos miembros de la banda, incluyendo a su coordinador, Ánderson Atehortúa Echavarría (“Barba”).

Julio Echavarría, alias “Magandy”. Foto cortesía.

Los implicados tendrán que responder ante la justicia por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

A una celda también fue enviado Julio Elpidio Echavarría Díaz, (“Magandy” o “Julio el Tuerto”), subcomandante de la banda “el Mesa”. El 10 de agosto fue capturado en un centro comercial de El Poblado, por una orden de captura por concierto para delinquir.

En su reporte del caso, la Policía manifestó que “como hombre de confianza de alias ‘el Montañero’ (jefe del grupo encarcelado), habría sido enviado a Bogotá para liderar esta estructura en lo relativo al tráfico de estupefacientes, principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Rafael Uribe Uribe, y el municipio de Soacha (Cundinamarca)”.

“Magandy” tenía antecedentes penales. En 2003 había sido capturado por hurto calificado y porte de armas de uso privativo, y según las autoridades reincidió en el bajo mundo. En la audiencia de control de garantías se declaró inocente de la nueva imputación.

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Otra de las estructuras del crimen organizado de Bello impactada recientemente es “Niquía Camacol”. El pasado 22 de agosto fue reportada la captura en Medellín de dos de sus cabecillas: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Jhon Alejandro Meneses Jaramillo (“Agujas”).

“Yerbas” tenía en su contra una recompensa de hasta $50 millones, ofrecida por la Alcaldía de Bello. Fue procesado por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión y constreñimiento.

Así aparecía “Yerbas” en el cartel de los más buscados de Bello. Cortesía.

En cuanto a “Agujas”, paramilitar desmovilizado del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), las autoridades informaron que “venía liderando la venta ilegal de lotes del Cerro Quitasol y tenía un vínculo de confianza con alias ‘El Diablo’, cabecilla de ‘el Mesa’”. En el operativo le incautaron un automóvil y una cédula falsa.

Ambos habían reemplazado en la cúpula de esa organización a Juan Fernando Álvarez, alias “Juan XXIII”, quien lideró a “Niquía Camacol” hasta el 14 de junio, cuando lo arrestaron en el barrio Laureles.

“’Juan XXIII’ fue promotor de la confrontación que tuvieron los grupos delincuenciales ‘el Mesa’ y ‘Pachelly’ por la disputa de territorio bellanita (2019-2020). Además, según establecieron las fuentes policiales, sería el encargado de los desplazamientos forzados en zonas como La Frontera, El Caguán, Altos de Niquía, la Casa de Justicia, entre otros; la venta de lotes en el sector de Ciudad Perdida y el Cerro Quitasol, y de ordenar varios homicidios selectivos. La orden de captura se materializó por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión”, informó la Alcaldía de Bello en su momento.

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El Inspector.

Murieron dos hombrea, uno de ellos conocido como “el Cabezón”, supuesto cabecilla de la banda “la Paralela”. Con este caso, ya son dos líderes del crimen organizado ejecutados en las últimos tres semanas en Medellín.

El doble homicidio sucedió en el quinto piso de una edificación del barrio Héctor Abad, en el noroccidente de Medellín. Foto de Andrés Osorio.

Según el registro de las autoridades, el incidente se presentó a las 10:00 a.m. del 28 de septiembre de 2022, en el barrio Héctor Abad Gómez, de la comuna de Castilla.

En un apartamento del quinto piso de una edificación se congregaron varias personas para una reunión. De acuerdo con los investigadores, uno de los presentes tomó un arma y mató a Jeferson Stiven Gómez Vanegas, de 30 años y apodado “el Cabezón”.

Como retaliación, los amigos del occiso acribillaron a Andrés Camilo Alzate Ortiz, de 26 años y conocido como “Chumilo”.

Después del tiroteo todos salieron corriendo, llevándose las armas y dejando a los dos abaleados tendidos en el suelo.

Gracias al seguimiento realizado por las cámaras de seguridad, la Policía arrestó a uno de ellos, en poder de una bolsa con tres armas de fuego.

Sobre las causas de lo ocurrido hay varias hipótesis. Los investigadores analizan una versión de familiares de “Chumilo”, según la cual acudió a la cita para negociar una motocicleta. Minutos antes de la balacera él los llamó, pidiéndoles ayuda porque lo iban a matar.

Al día siguiente se realizó el velorio de “el Cabezón” en el vecindario. El cortejo fúnebre fue masivo, con buses, motos, pólvora y tiros al aire. Algunos establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar sus puertas.

“El Cabezón” es el segundo cabecilla asesinado en tres semanas en Medellín. El anterior fue Javier Ventura Marín Álvarez, alias “Tatú”, uno de los principales jefes de la organización “los Pesebreros” o “Robledo”.

Luego de estar desaparecido durante dos noches, su cadáver fue encontrado el 11 de septiembre pasado en una acera del barrio Castropol. Tenía señales de asfixia mecánica y estaba envuelto en bolsas.

Recientemente había salido de la cárcel y los investigadores sospechan que su muerte fue ordenada por sus antiguos socios de “los Pesebreros”.

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El Inspector.

Después de cinco años de vivir en la clandestinidad, William fue extraditado a Colombia desde Brasil, país donde se movía con un pasaporte venezolano falso.

En nuestro país le esperan una condena y un expediente por relaciones con el crimen organizado y el asesinato de un ciudadano danés en Medellín. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Brent Ron William, alias “el Gringo”, el criminal canadiense detenido en Bogotá. Foto de cortesía.

Fuentes judiciales le confirmaron a El Colombiano que Interpol lo arrestó el pasado mes de marzo en Sao Paulo, y que a mediados de agosto se realizó el trámite de extradición. El canadiense llegó escoltado al aeropuerto El Dorado y posteriormente fue llevado a la prisión.

La historia de este hombre, apodado “El Gringo”, está plagada de aberraciones en el Valle de Aburrá. Llegó a Medellín en 2009, presentándose como productor de páginas web, comerciante y administrador de un centro de estética.

Estas ocupaciones resultaron ser la fachada para varias actividades ilícitas, entre las cuales se encontraba la explotación sexual infantil. En estrados judiciales quedó demostrado que en 2013 les pagó medio millón de pesos a dos colegialas de 14 años para acostarse con ellas y “quitarles” la virginidad.

Según la investigación, William solía hacer bacanales con menores de edad en una finca que había alquilado en el sector Las Palmas. Incluso le pagaba a una estudiante proxeneta para que le reclutara niñas en un colegio de Envigado.

Por estos hechos, el forastero fue capturado el 30 de septiembre de 2013. En el allanamiento a la finca, la Policía le incautó un revólver y una pistola con municiones. El Juzgado 15 Penal Municipal de Medellín lo condenó a 15 años y seis meses de prisión por demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y porte ilegal de armas.

Aunque su defensa apeló, en 2016 el Tribunal Superior de Medellín confirmó el fallo en segunda instancia. Debido a esto, las familias de las niñas denunciantes fueron amenazadas.

Estando preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, el canadiense obtuvo el beneficio de detención hospitalaria gracias a un dudoso dictamen de Medicina Legal, según el cual sufría de constipación crónica y posible cáncer de colon.

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Salió de la celda pero, de manera inexplicable, no fue trasladado a un hospital, sino a un ancianato del barrio Estadio. Apenas tenía 34 años de edad en ese momento, situación que hacía más rara esa situación.

Allí continuó con sus actividades pedófilas, de acuerdo con la Fiscalía, y la siguiente víctima fue una niña de 13 años residente en Bello, a quien contactó por la red social Facebook.

La menor lo visitaba para tener sexo, en compañía de una amiga, y el convicto también les pagaba para dejarse tomar fotos desnudas y en ropa interior, las cuales eran publicadas en internet. Por este hecho, el ente acusador le abrió una nueva investigación por el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Las relaciones de Brent Ron William Harracksingh con la ilegalidad al parecer iban más allá de los vejámenes sexuales. Los investigadores judiciales creen que tenía conexiones con el combo delincuencial de “Colima”, que delinque en la comuna de Manrique.

Tomas Willemoes, el periodista danés asesinado por sicarios en El Poblado. Foto de cortesía.

Los sicarios de esta banda mataron al periodista danés Tomas Willemoes en una vía de El Poblado, el 16 de junio de 2016. Cuatro de los autores materiales fueron capturados posteriormente y al canadiense le expidieron otra orden de captura por homicidio agravado, en calidad de coautor.

La hipótesis es que el reportero europeo fue asesinado por orden suya, pues al parecer sospechaba que le competía en su negocio de pornografía infantil.

Cuatro días después de ese homicidio, el forastero se quitó el brazalete de monitoreo electrónico que le había asignado el Inpec y se fugó del centro gerontológico.

A pesar de que supuestamente padecía graves enfermedades, a los pocos meses posteó en sus redes sociales varias fotos de rumbas en Cartagena, en compañía de dos jóvenes mujeres en un yate.

Después viajó a Venezuela, donde obtuvo los documentos de identidad falsos, y finalmente huyó a Brasil.

Según las fuentes judiciales, la extradición reactivó su condena de 15 años y seis meses por el caso de pedofilia en la finca de Las Palmas. Ahora que comenzó a cumplirla por segunda ocasión, le quedan pendientes las otras investigaciones penales, que podrían generarle nuevas sentencias.

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El Inspector.

La causa de la zozobra, que provocó esta congregación en la noche del pasado lunes 13 de diciembre, es una pugna interna en la banda delincuencial “los Violeteros” o “las Violetas”, que controla el bajo mundo de este popular vecindario de la parte alta de Belén, en el suroccidente de Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cerca de 60 personas participaron en la oración, en un sector de Las Violetas afectado por la inseguridad. Foto de Carlos Velásquez.

Para comprender la situación actual hay que partir de un antecedente de octubre de 2019, cuando en una hostería del municipio antioqueño de San Jerónimo fue capturado el jefe de la organización, Marlon Cardona Salazar, alias “Marlon”. Un juez le dictó medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado y lo envió a la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

En su ausencia, el grupo quedó al mando de dos cabecillas: “Tulio” y “Almadana”, los cuales con el tiempo tuvieron desacuerdos por el manejo de los negocios ilícitos.

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“Los Violeteros”, según las investigaciones de la Fiscalía, se dedican al tráfico de narcóticos, el sicariato, las extorsiones, el control social y el monopolio de la venta de algunos productos de la canasta familiar, como huevos y arepas.

Su base de operaciones es Las Violetas, pero de allí extienden su influencia a barrios vecinos como Las Mercedes y Miravalle, y al sector El Hueco de San Pablo, en la frontera con la vereda Aguasfrías.

Sus principales rentas provienen de las plazas de vicio y las extorsiones a los propietarios de ladrilleras y de buses de servicio público.

De acuerdo con información de Inteligencia y fuentes de la zona, las diferencias entre “Tulio” y “Almadana” iniciaron durante la pandemia, por el monopolio de la venta de arepas y huevos. El primero, al parecer, quería imponerles a las tiendas de la jurisdicción los productos distribuidos por una microempresa familiar, situación que no compartía el segundo; luego, estas discrepancias se trasladaron a los precios que debían cobrarse en las extorsiones.

En diciembre de este año se agudizaron esos problemas, cuando algunos miembros de la banda cercanos a “Tulio” empezaron a exigir una cuota a los comerciantes para costear las novenas, las parrandas de Navidad y Año Nuevo, y enviarles dinero a los otros integrantes del grupo que están encarcelados.

El cobro, en algunos casos de $100.000, provocó quejas de los residentes e incrementó las discusiones entre los dos cabecillas, porque eso podría atraer la atención de la Policía.

AJUSTE DE CUENTAS
La gota que rebosó el vaso fue un incidente ocurrido en la noche del sábado 4 de diciembre, cuando se celebraba una fiesta en la entrada de una casa, a un costado del colegio República de Venezuela.

Un allegado de “Tulio”, borracho, les dijo a los presentes que no tenían autorización para hacer la rumba e hizo varios disparos. Un proyectil hirió en la pierna a un asistente, según testigos.

La presión estalló dentro de “los Violeteros” y comenzaron las retaliaciones entre sus propios miembros. A las 4:45 p.m. del jueves 9 de diciembre acribillaron a “la Chinga”, en la calle 30A con la carrera 89EA. Los vecinos lo encontraron gravemente herido en un baño y trataron de socorrerlo, pero falleció.

Doce horas después, a las 4:00 de la madrugada del 10 de diciembre, en la entrada de una casa de la carrera 89E con la calle 30C mataron a “el Mono”, con un tiro de fusil en el pecho.

El clima de violencia puso en alerta roja a los delincuentes, que a las 8:30 p.m. de ese mismo viernes protagonizaron una balacera junto a una plaza de vicio del sector La Pradera, tal cual quedó registrado en varios videos grabados por la comunidad.

Cuando llegó la Policía a conjurar el peligro, se produjo una persecución por varios callejones, por los que se propagaron los disparos. Un patrullero quedó herido y dos sospechosos fueron detenidos.

Después de eso, los habitantes han denunciado tiroteos en las madrugadas, que se confunden con la quema de pólvora en las laderas del suroccidente de Medellín.

La conflagración generó que varios habitantes comenzaran a encerrarse más temprano, por miedo a ser víctimas de una bala perdida, y opacó el clima festivo propio de diciembre.

“En el barrio estamos haciendo un concurso de pesebres por cuadras, y queremos hacer las novenas en la calle, pero a muchos ya les da un poquito de susto salir a mirarlos”, contó una residente.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, confirmó la hipótesis del conflicto: “Tenemos allá una situación con un grupo delincuencial, cuyos miembros pretenden enfrentarse internamente por el control territorial. Como consecuencia de eso, han asesinado a dos personas, pero allá también hemos dado resultados importantes, capturamos a varias personas e incautamos seis armas de fuego”, declaró.

El oficial agregó que “vamos a seguir interviniendo allí de manera contundente. No permitiremos que estos delincuentes vengan a generarnos violencia”.

Durante la oración colectiva del lunes, en las esquinas corrió el rumor de que “los Violeteros” estaban reunidos para pactar una tregua. “Ojalá sea así -expresó un vecino-, porque por aquí las navidades siempre han sido muy alegres”.

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El Inspector.

Las detenciones han tocado a las bandas de “Pachelly”, “el Mesa” y “la Camila”. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “el Gordo Ruiz” regresó a la cárcel, después de haber pagado una condena por concierto para delinquir. Foto cortesía de la Policía.

A principios de noviembre se registró la captura de Jairo Andrés Ardila Murillo, alias “Guayabo”, uno de los cabecillas históricos del bajo mundo en esa localidad. Es desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y desde los años 90 integró la cúpula de la organización criminal “Pachelly”.

Jairo Ardila, apodado “Guayabo”.

La Policía lo arrestó en 2011 y fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión por concierto para delinquir, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y falsedad personal. Durante su estadía en prisión fue testigo de la Fiscalía en las investigaciones penales contra el clan político de los Suárez Mira, que terminaron con la condena del excongresista y exalcalde bellanita Óscar Suárez, por crímenes ligados a la corrupción.

Esta colaboración con la justicia le permitió salir pronto de la cárcel, pero su regreso a las calles no fue bien recibido por la mafia. El 31 de octubre de 2014 se transportaba en un bus de servicio público contratado por el Inpec, junto a otros 11 internos de la cárcel de Cómbita (Boyacá), para gozar de un permiso de libertad condicional de 72 horas.

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Al llegar a Bogotá, sicarios motorizados atacaron el vehículo a tiros. Un pasajero murió y “Guayabo” sobrevivió con heridas en el rostro. Dos años después, cuando manejaba un carro por una calle de El Poblado, en Medellín, otros mercenarios lo tirotearon, atentado del cual también logró salir con vida.

Fuentes policiales manifestaron que “Guayabo” trató de recuperar su antiguo poder en “Pachelly”, pero los jefes del momento se lo negaron. Fue así como durante la disputa criminal entre ese grupo y “el Mesa” y “Niquía Camacol”, que triplicó el índice de homicidios en Bello entre 2019 y 2020, Ardila habría conspirado en favor de estas últimas dos bandas, para que atacaran a sus antiguos socios.

Otro de los capturados en noviembre fue Arley Echeverry Jaramillo (“Calambre”), presunto aliado de “el Mesa” y enlace de la mafia de Bello con la estructura mafiosa conocida como “la Oficina”.

“Calambre” es señalado de ser la mano derecha de Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), un socio financiero de “el Mesa” y “la Oficina”, y quien paga actualmente una condena de 14 años en prisión. Justamente estaban juntos en 2008 cuando la Policía los detuvo por un supuesto caso de extorsión, del cual salieron airosos.

Desde 2005 las autoridades le hacían seguimiento a “Calambre”. Cortesía.

La Policía también investiga a Echeverry por presuntas conexiones con funcionarios corruptos del aeropuerto de Rionegro, en temas relacionados con narcotráfico.

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La lista de detenidos también incluye a Róbinson Abraham Tobón Duque (“el Perro”) y Néstor Estivell Rodríguez (“Peluche”), presuntos mandos medios de “el Mesa” y quienes aparecían en el cartel de los más buscados. Daniela Ortega, secretaria de Seguridad de Bello, precisó que este último es hermano de Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), máximo cabecilla y fundador de esa banda, recluido en una celda desde 2019.

De acuerdo con Ortega, alias “Guayabo”, “Calambre”, “el Perro” y “Peluche” fueron procesados por concierto para delinquir agravado y homicidio.

La siguiente captura fue la de John Jairo Ruiz Muñetón (“el Gordo Ruiz” o “el Calvo”), de 53 años y jefe de la banda “la Camila”, que delinque en Bello, Copacabana y Medellín. El 13 de noviembre la Policía lo apresó cuando iba en un vehículo por la vía Las Palmas, a la altura del barrio La Asomadera.

Ruiz fue policía en el pasado y se desmovilizó del bloque Centauros de las Auc. Ya había sido arrestado en 2014 y sentenciado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir. Regresó a las calles hace tres años.

Esta vez tendrá que responder por cargos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, narcotráfico y homicidio, según el reporte de la Policía.

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Por fortuna, las capturas de estos personajes no han desestabilizado el orden público en Bello, que desde octubre de 2020 goza de una tensa calma, sin enfrentamientos abiertos entre las más de 10 estructuras de crimen organizado que delinquen en su jurisdicción, entre las que se cuentan “el Mesa”, “Pachelly”, “Niquía Camacol”, “la Camila”, “París”, “los Triana”, “el Tapón”, “los Peludos”, “la Meseta”, “Playa Rica”, “el Congolo”, “el Pinal” y “los Chatas”.

“El Gordo Ruiz” aparecía en el cartel de los más buscados desde 2010. Cortesía.

El 6 de diciembre las autoridades presentaron en el parque principal del municipio los resultados de un reciente operativo en contra de “Pachelly”, que incluye la judicialización de siete de sus presuntos integrantes.

Entre los afectados está Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Perica”), presunto líder de la estructura, quien está preso en la cárcel La Picota (Bogotá), tras su captura el pasado 2 de septiembre. En ese entonces, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo, perpetrados entre 2019 y 2021.

Con la evidencia recaudada por el ente acusador en este último operativo, le añadieron otras imputaciones por homicidio y desplazamiento.

Entre las prioridades de la Policía y la Fiscalía están las ubicaciones y capturas de otros tres presuntos cabecillas que hoy encabezan el cartel de los más buscados en Bello: Johnny Alexánder Ramírez Arenas (“el Diablo”), de la banda “el Mesa”; y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”) y Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”), de la organización “Niquía Camacol”.

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El Inspector.

De acuerdo con testigos, su reunión se dio el pasado 30 de septiembre, cuando al recinto llegó Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”), señalado por las autoridades de ser uno de los dos máximos jefes de la banda. Allí se encontró con su homólogo delincuencial, Albert Henao Acevedo (“Alber”), y el lugarteniente César Martínez Rondón (“Care Palo”).

Esta es la historia detrás del pacto de no agresión entre las bandas de Bello, realizada por EL COLOMBIANO con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Las capturas de Francisco Mazo (“Pocho”) en Bogotá (foto), y de Albert Henao (“Alber”) en Medellín, fueron cruciales para que esa banda ilegal pidiera una tregua a los enemigos. Cortesía de la Policía.

Hicieron el balance de las pérdidas que dejó la disputa, de casi dos años de duración, contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Entre febrero de 2019 y el 23 de octubre de 2020, hubo 236 asesinatos en Bello, y la Policía asegura que por lo menos el 90% estuvieron ligados a esa pelea.
A “Pocho” le mataron un hermano y un sobrino. Del lado enemigo también corrió sangre de seres queridos. La guerra llegó a tal nivel de degeneración, que las familias de los cabecillas, otrora intocables por norma mafiosa, terminaron escondidas.

Con el pretexto de proteger a sus allegados, los tres decidieron pedirle una tregua a los rivales. “Alber”, desmovilizado de las Autodefensas y con experiencia en batallas de este tipo, comentó que, por medio de un abogado, les enviaría un mensaje de paz a los jefes encarcelados de “el Mesa”, con quienes tiene interlocución.

Después de esto hubo una segunda reunión, esta vez en un baño de la Sijín. “Alber” y “Care Palo” les comunicaron la noticia a varios policías. Tal parece que “el Mesa” y “Niquía Camacol” aceptaron la propuesta, porque en octubre el índice de homicidios se desinflamó en el municipio.

Esta es la segunda tregua que pactan las bandas de Bello entre 2019 y 2020, y aunque no se sabe qué tan estable sea el periodo de tranquilidad, hay que resaltar que la disputa dejó cinco consecuencias: 1). Delincuentes otrora intocables, sufrieron un verdadero asedio por parte de las autoridades y sus adversarios; 2). Se reconfiguró el mapa criminal; 3). El municipio obtuvo apoyo del Gobierno Nacional; 4). Se consolidó la política de recompensas; 5). La lupa quedó puesta en la deuda social.

1. Sin intocables
La enemistad de “Pachelly” y “el Mesa”, dos grupos con tres décadas de existencia, tuvo varios episodios breves de violencia en los últimos 10 años, con tropeles carcelarios y homicidios selectivos. Ambas estructuras confluyen en Niquía, la comuna más próspera de la localidad en materia económica, por lo que siempre hubo competencias por las plazas de vicio y los territorios para la extorsión.

En 2019 los problemas acumulados estallaron. Según Inteligencia policial, hubo una fractura en la línea de mando de “Pachelly” y antiguos jefes, como “Sólido” y “Gancho”, reclamaron sus derechos en esa empresa ilegal, pues tras haber caído a la cárcel perdieron dinero e influencia.

El río revuelto fue aprovechado por “el Mesa”, junto a sus aliados de “Niquía Camacol”, para asestar el primer ataque. El 10 de febrero de 2019 comenzó la guerra con un triple homicidio en el barrio Niquía, donde murió Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), cabecilla de “Pachelly”.

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A partir de ahí empezaron los tiroteos diarios, desapariciones forzadas y desplazamientos. En algunas noches, caravanas de motos recorrieron las calles, obligando a la gente a encerrarse. El conflicto se concentró en dos comunas, Niquía y Altos de Niquía; tuvo su máximo pico en mayo, con 22 muertos; y un grave componente de ciberterrorismo, que a punta de chats de Whatsapp y panfletos mantuvo en zozobra a la comunidad.

La confrontación llegó hasta agosto, cuando los involucrados pactaron la primera tregua, entre otros motivos, por las elecciones regionales y la Navidad. Se desconoce si actores políticos impulsaron la decisión, pero en febrero de 2020 se reactivó la pelea, en las comunas de Niquía, La Cumbre y Bellavista.

En el segundo round, el pico de violencia estuvo en marzo, con 21 asesinatos, antes del aislamiento estricto por la pandemia.

Durante estos dos periodos, la Fuerza Pública impactó como nunca a esas bandas. De “Pachelly” cayeron “Albert”, “Pocho”, “Care Palo”, “Banano”, “Tapas” y “Agapo”, entre otros; de “Niquía Camacol”, “el Oso” y “Steven”; y de “el Mesa”, alias “el Montañero”, “Malacate”, “Faro”, “Jalea”, “Piolo”, “Pirry” y “Máscara”. Los golpes a este último grupo son significativos, porque nunca antes las autoridades lo habían atacado de manera estructural.

La degradación de esta lid extendió las agresiones a los familiares. El 5 de marzo de 2019, en una finca de San Jerónimo, asesinaron a Darío Rodríguez, de 80 años y tío de Luis Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), jefe de “el Mesa”.

Contra los allegados a “Pocho” circularon panfletos amenazantes con sus fotos;a su hermano Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), lo mataron de 40 puñaladas en la cárcel de Cómbita, el 21 de marzo de 2020, y el principal señalado del ataque es “el Montañero”, quien estaba en el mismo patio;y el 12 de agosto pasado en el barrio Araucarias, sicarios mataron a su sobrino Juan Esteban Pulgarín Cárdenas.

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2. El mapa criminal
La contienda debilitó en el bajo mundo la posición de “Pachelly” y sus combos aliados, “Playa Rica” y “El Congolo”. Con operaciones de extinción de dominio y capturas, también fue afectada la coalición de “el Mesa”, que incluye a las bandas de “Niquía Camacol” y “El Tapón”.

Mientras esas estructuras se diezmaban las unas a las otras, se fortalecieron “los Chatas”, otra organización histórica, que articula la alianza más grande de bandas de Bello, con “París”, “los Peludos”, “Guasimalito”, “la Camila”, “los Triana” y “el Mirador”.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que van más de 20 operaciones estructurales en Bello y que ahora habrán más extinciones de dominio, para disminuir las finanzas de estas bandas.

3. Apoyo nacional
Aunque Bello ha sufrido por la mafia desde los años 80, cuando “la Ramada” ejecutaba las funestas órdenes del cartel de Medellín, el municipio siempre tuvo que afrontar solo esa problemática. En la reciente disputa, en cambio, hubo un apoyo nacional y regional nunca antes visto.

Dos consejos de seguridad con el presidente Iván Duque y otro par con el Ministerio de Defensa ejemplifican ese respaldo. El Ejército sumó 200 hombres a los patrullajes y la Policía trajo grupos especiales de la Dijín y Antinarcóticos.

Estos esfuerzos, desde la Casa de Nariño hasta el despacho del alcalde en el parque de Bello, también influyeron en el desánimo de los cabecillas, que no vieron otra salida para su crisis que pactar la tregua.

4. Las recompensas
En los consejos de seguridad salieron a flote quejas de la ciudadanía, según las cuales hay una especie de connivencia antigua entre las autoridades locales y las bandas. Aunque la Procuraduría se comprometió a investigarlas, no ha emitido sanciones.

Sacudiéndose de esos señalamientos, la presente Alcaldía, como principal aporte a la lucha contra el crimen organizado, ha logrado consolidar este año una efectiva política de recompensas. La secretaria de Seguridad bellanita, Daniela Ortega, contó que durante 2020 se han entregado $337 millones, que han facilitado las capturas de objetivos de alto valor. “Seguimos ofreciendo el pago de hasta $50 millones por los cabecillas”, dijo.

5. Y ahora, lo social
En septiembre hubo 12 homicidios en Bello, según la Policía, y la cifra se redujo en octubre y noviembre. El congelamiento del conflicto pone de presente, más allá de las tareas de la Fuerza Pública, lo que deben hacer las autoridades civiles a nivel social, para evitar que de nuevo se encienda la mecha.

El personero Bernardo García ha dicho que hace falta recuperar a “una juventud perdida en la delincuencia”, con proyectos educativos y de empleo. Para el alcalde Óscar Pérez esa estrategia ya está en curso, con un plan de trabajo con las empresas privadas, pensando en llevar oportunidades a la nueva generación.

Entretanto, la comunidad bellanita permanece en tensa calma. ¿Hasta cuándo durará la tregua? Las fuentes de Inteligencia aseguraron que todo depende de lo que pida “el Mesa”y lo que esté dispuesto a ceder “Pachelly”, en cuanto a negocios y territorios, porque aunque nadie ganó, ninguno quiere irse de la guerra con las manos vacías .

Negociaciones

Después de la primera tregua de septiembre de 2019, la banda de “el Mesa” se quedó con varios sectores de la comuna de Niquía, que antes ocupaba “Pachelly”, como la zona de Niquía Viejo, el sector La Guayana y las inmediaciones de la clínica del Norte, según fuentes judiciales.

Una de las condiciones de la segunda tregua, indicaron testigos a EL COLOMBIANO, fue excluir a las familias de la pelea entre “Pachelly”, “el Mesa” y “Niquía Camacol”; la segunda, fue disminuir los asesinatos en Bello, para no provocar los operativos de la Fuerza Pública.

Tras la nueva tregua, hay varias peticiones en juego: “el Mesa” pidió a “Pachelly” que le devuelva a su exjefe, alias “Guayabo”, la porción del negocio que perdió al caer a prisión; “Sólido”, otro exlíder de “Pachelly”, exigió que le devolvieran unas minas de oro que tenía en el Nordeste. Aún no se sabe si “Pachelly” cederá a estos reclamos.

El Inspector.

En otra audiencia, el mismo juzgado también envió a una celda a Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), presunto jefe de sicarios de “el Mesa” y enemigo mortal de “Pocho”.

Luego de su captura en Bogotá, Francisco Mazo (“Pocho”) fue trasladado a Medellín. Foto cortesía de la Policía.

En una vía pública de la ciudad de Bogotá, la Dijín de la Policía capturó el 26 de septiembre de 2020 a Mazo Pulgarín. La detención se presentó en cumplimiento de una orden de captura por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Al momento del procedimiento, el sospechoso se identificó con una cédula y una licencia de conducción que tenía su foto, pero los datos de un familiar. Los detectives descubrieron el engaño.

Mazo está en el cartel de los más buscados del municipio de Bello, señalado por las autoridades de ser uno de los supuestos responsables de la guerra de bandas que afecta a esa localidad desde febrero de 2019.

En esa época comenzó una violenta confrontación entre “Pachelly” y sus enemigos de “el Mesa” y “Niquía Camacol”, caracterizada por asesinatos selectivos, tiroteos en vías públicas y desplazamientos intraurbanos.

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En el prontuario de “Pocho” ya hay una condena de cuatro años por concierto para delinquir. En 2014 fue capturado en una finca de El Peñol y puesto tras las rejas. También es desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas paramilitares (2006).

Volvió a las calles a finales de 2016, y según la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, siguió delinquiendo.

En la audiencia de control de garantías, que terminó este martes 29 de septiembre, el ente acusador le imputó el concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público, pero él se declaró inocente de ambos cargos, antes de ser enviado a prisión.

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JEFE DE SICARIOS

“Pirry” también se declaró inocente, en su audiencia del pasado 16 de septiembre. Le imputaron homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por ser el supuesto jefe de sicarios de la banda “el Mesa”.

Jhonathan Castrillón, alias “Pirry”. Cortesía.

La Dijín lo detuvo el 14 de septiembre, en un allanamiento a un apartamento ubicado en el barrio Prado de Bello. De acuerdo con la información preliminar, en dicho procedimiento también le encontraron 10 papeletas del estupefaciente conocido como tusi o 2CB.

Aunque se presume que “Pirry” ha coordinado muchos de los asesinatos en el marco de la guerra contra “Pachelly”, de momento solo le imputaron uno ocurrido el 31 de mayo de 2017.

Aquel día, un grupo de hombres secuestró a Santiago Londoño Álvarez en el barrio Andalucía de Bello. Lo llevaron a una casa del sector El Tapón, donde estaba “Pirry”. Lo señalaron de tratar de robarse una moto y lo degollaron con una sierra.

Después lo desmembraron y empacaron en tres bolsas de plástico, las cuales arrojaron al día siguiente en un calle del barrio Toscana de Medellín.

Jhonathan Castrillón ya tiene una condena en su prontuario, de 2009. Esa vez fue capturado por liderar una red de tráfico de drogas en Soacha (Cundinamarca) y en Bogotá, en particular en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe. Allá la organización criminal “el Mesa” es denominada “los Paisas”.

La sentencia fue de 14 años y cinco meses, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, por tráfico de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer.

Como sucede con casi todos los cabecillas del crimen organizado de Bello, no pagó la pena completa y regresó a las calles el 5 de diciembre de 2016. De hecho, tiene otra investigación penal en curso, porque al parecer en ese expediente figuraba con una identidad fraudulenta, a nombre de Héctor Jhonatan Rua Díaz.

En la actualidad está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

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El Inspector.

Se trata de Jerónimo Vásquez Zapata, supuesto líder del combo “Villa Flora”, que delinque en el barrio del mismo nombre, en la comuna de Robledo. La decisión fue tomada por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por concierto para delinquir agravado, los cuales él rechazó. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “el Mudo” fue capturado en San Jerónimo, Antioquia. La recompensa en su contra era de $50 millones. Foto cortesía de la Policía.

“El Mudo”, de 36 años, fue capturado por la Policía el 4 de julio de 2020, en un finca del sector Los Cedros, en la vereda Quimbayo de San Jerónimo, Antioquia.

Jerónimo Vásquez Zapata, alias “el Mudo”. Cortesía.

En su informe de captura, la Policía Metropolitana detalló que la banda “Villa Flora” se dedica al cobro de extorsiones, sicariato, desplazamiento forzado y tráfico de drogas, entre otras actividades delictivas. Administran una reconocida plaza de vicio de la zona, conocida como “el Morro” o “el Jumping”, y sus rentas ilícitas sumadas generarían de 300 millones de pesos mensuales, de acuerdo con los cálculos policiales.

Al momento de la detención, el coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, detalló que este grupo pertenece a la organización criminal “Robledo”, una confederación de bandas del noroccidente de Medellín. Su líder es Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, quien están en prisión, y “el Mudo” sería uno de sus principales lugartenientes.

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Además, Vásquez es señalado de articular una alianza de “Robledo” con “La Terraza”, otra estructura que agrupa combos del centro y el nororiente de la ciudad. Estaba en el cartel de los más buscados y por información que llevara a su captura ofrecían hasta $50 millones.

La Policía precisó que llevaba al menos 12 años delinquiendo y que se convirtió en el supuesto cabecilla de “Villa Flora” luego de la muerte violenta de su antiguo jefe, Frank González Herrera (“Frank Rea”), el 31 de mayo de 2015.

OTRAS CAPTURAS

En lo que va de julio, las autoridades han capturado y enviado a prisión a otros miembros del crimen organizado del Valle de Aburrá. Uno de ellos fue Yoni Mauricio Jaramillo Sierra, alias “la Rosa”, presunto coordinador de narcotráfico de “la Terraza”, encargado de la distribución de estupefacientes para las plazas de vicio del centro de Medellín.

El hombre de 33 años cayó en un allanamiento realizado en el barrio Manrique, donde le encontraron un kilo de marihuana prensada, 575 cigarrillos de hierba ya armados y cuatro dosis de cocaína.

En el barrio Triana, del municipio de Itagüí, la Policía capturó a Juan Pablo Cuervo Calle (“la Chinga”), quien al parecer sería un sicario al servicio del combo de “San Gabriel”, sospechoso de participar en asesinatos perpetrados este año en esa localidad y en La Estrella, según la Policía.

Y el 2 de julio, en una calle del barrio Villa Linda, de Bello, arrestaron a Andrés Felipe Mendoza Lopera ( “Mendocita”). “Es presunto coordinador de sicarios de la banda ‘Pachelly’. Esta captura se da en el marco del programa de pago recompensas de la administración municipal, que ya ha entregado más de $161 millones por información que nos ha dado la ciudadanía”, según Daniela Ortega, secretaria de Gobierno de Bello.

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El Inspector.

Se trata de Jorge Oswaldo Zapata Berrío, alias “Jonás”, quien según las autoridades estaba en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) y obtuvo su libertad condicional el pasado 24 de mayo.

Esta es la reseña del caso publicada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura de Jorge Zapata Berrío (“Jonás”) en 2016. Un juzgado le otorgó la libertad condicional. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre es considerado el jefe militar de “los Chatas”, una organización surgida en el municipio de Bello, que rige los destinos de múltiples bandas de la región por su liderato en la confederación mafiosa “la Oficina”. En su momento, las autoridades lo señalaron de coordinar múltiples homicidios y secuestros, aunque no lo acusaron formalmente por esos cargos.

“Jonás” fue capturado el 2 de marzo de 2016 en un edificio del barrio Conquistadores de Medellín y, tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía, la justicia lo condenó a seis años y medio de prisión por concierto para delinquir, tráfico de armas y de estupefacientes; sin embargo, gracias a los beneficios otorgados por su comportamiento en la cárcel, solo estuvo preso tres años y dos meses.

En libertad, luego de pagar sentencias similares, también están otros dos integrantes de la cúpula de “los Chatas”: Elkin Mesa Vallejo (“Elkin Chata”) y Édison Maya Ríos (“el Gomelo”).

Tanto “Jonás” como “el Gomelo” están incluidos en la Lista Clinton, luego de que el Gobierno de Estados Unidos les aplicara sanciones financieras en 2015. En el mismo listado aparece el máximo líder de la banda, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom” o “Carlos Chata”), quien está en la cárcel La Picota de Bogotá; y Jehová Buriticá Hincapié (“Camilo Chata”), que no ha sido detenido (ver la NOTA RELACIONADA: La banda “los Chatas” fue incluida en la Lista Clinton).

DE NUEVO LIBRES

El caso de “Jonás” se suma al de otros jefes importantes del crimen organizado del Valle de Aburrá, que han vuelto a las calles en los últimos años, después de pagar sus respectivas condenas.

De cárceles de Estados Unidos ya salieron algunos socios y cabecillas de “la Oficina”, como “Rogelio”, “Yiyo”, “Gordo Tavo” y “Percherón”.

De prisiones colombianas, volvieron a la calle “el Cebollero” y “el Ronco”, de la banda “la Unión” (Itagüí); al igual que “Beto” y “el Indio”, de “Trianón” (Envigado y Sabaneta).

La lista de los peces gordos excarcelados continúa con “el Montañero”, de la banda “el Mesa” (Bello); “Chichón”, de “los Mondongueros” (Castilla); “Ronald”, de “la Agonía” (San Javier); “Pocho”, de “Pachelly” (Bello); “Chepe” y “Pablo”, del Clan Osorio (Belén y Barrio Antioquia); “Gordo Ruiz”, de “la Camila” (Bello); “Toño”, de “los Paracos del Llano” (San Cristóbal) y “el Viejo Perdomo” (“la Libertad”). Algunos de ellos figuran en carteles de los más buscados y podrían ser apresados de nuevo.

Algunos no aprovecharon la segunda oportunidad y volvieron a delinquir, cayendo a la cárcel otra vez: “Pichi Belén”, de la banda “San Bernardo” (Belén); “Chicho”, de “la Terraza” (Manrique); “Diego Almuerzo”, de “la Agonía” (San Javier); “Titi”, “Lancha” y “Sólido”, de “Pachelly” (Bello); “Elkin Triana” y “Mario Chiquito”, de “los Triana” (Santa Cruz); y “Popeye”, del extinto cartel de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: Las vueltas de “Popeye” con “la Oficina”).

Dos personajes no contaron con suerte y en su regreso al mundo del hampa, perdieron la vida a manos de sicarios. Luis Fernando Castaño Alzate (“Botija”), financista de “la Oficina”, salió de una cárcel estadounidense en 2016, donde estuvo por narcotráfico, y fue abaleado en una vía de El Poblado, el 22 de enero de 2018.

Y Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), de “Pachelly”, quien había sido capturado en 2013 y condenado por concierto para delinquir, volvió a su barrio Niquía para morir acribillado el pasado 10 de febrero.

La salida de estos jefes de la mafia inquieta a las autoridades del área metropolitana. Fiscales e investigadores judiciales consultados por El Colombiano, quienes pidieron la reserva de identidad por tratarse de procesos en curso, señalaron que para contrarrestar ese fenómeno están implementando un plan de seguimiento especial a blancos estratégicos.

Eso ha permitido imputarles nuevos delitos a peligrosos cabecillas que están próximos a salir de prisión tras purgar sentencias de poca duración. Entre los primeros perjudicados están “Adiel”, “Carlos Pesebre”, “Julián Machete” y “Juancito”, procesados inicialmente por concierto para delinquir, pero después imputados por cargos más severos como homicidio y tortura, situación que prolongará su estancia detrás de los barrotes.

NOTA RELACIONADA: Los cogen por peligrosos, los sueltan por buena conducta.

El Inspector.

En el lugar, ubicado al final de un callejón sin salida, las autoridades encontraron algunas dosis de marihuana y base de coca, dos grameras y dos cajas de envolturas para cigarrillos de yerba, por lo cual se cree que allí expendían droga.

En una casa, al fondo de este callejón sin salida, se presentó el ataque armado que dejó tres muertos y un herido. Foto de cortesía.

El asalto armado se presentó a las 4:30 p.m, de este viernes 31 de mayo, cuando un puñado de hombres irrumpió en la casa empujando la puerta. Adentro había cuatro personas departiendo desde el mediodía, las cuales fueron acribilladas con armas de calibre 9 milímetros.

Los agresores escaparon en un taxi, mientras los vecinos socorrían a las víctimas. En otro taxi las llevaron a la clínica Las Américas, donde los médicos confirmaron la muerte de tres de ellas: el empleado de construcción Denis Fabián García Calle, de 40 años y apodado “Frank” o “Cucaracho”, quien recibió siete balazos; el comerciante Carlos Fabián Ledesma (“Carlos Cacha”), de 31 y con seis impactos de bala; y el adolescente de 16 y estudiante de noveno grado J.E.B.J. (“Juanchis”), que recibió ocho tiros.

El sobreviviente fue un amigo de ellos, de 24 años, con una herida en la espalda y otras cuatro en las piernas.

El coronel Pablo Ruiz, subcomandante de la Policía Metropolitana, declaró que los afectados tenían anotaciones delincuenciales. “Frank”, “Carlos Cacha” y el herido están reseñados en las bases de datos judiciales por tráfico de estupefacientes, mientras que el menor de edad figura indiciado por el delito de amenazas.

En el barrio El Bolo los habitantes viven en tensa calma, debido a rencillas recientes entre combos delincuenciales por el mercado ilegal de drogas.

NOTA RELACIONADA: Disputa de combos dejó cuatro heridos en un atentado sicarial.

El Inspector.

Según las indagaciones preliminares, la situación se produjo al mediodía de este sábado 11 de mayo, en la carrera 96C con la calle 49A. Allí fue tiroteado Alix Duván Ramírez Ramírez, de 34 años, quien cayó junto a una acera y perdió la vida en el lugar.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esa moto se desplazaba el domiciliario asesinado en el barrio La Pradera. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

Dos cuadras más adelante, los victimarios interceptaron a un domiciliario que iba en una moto de bajo cilindraje, y sin darle tiempo de reaccionar lo acribillaron. Aunque los vecinos ayudaron a trasladarlo a la Unidad Intermedia de San Javier, no fue posible salvar a Santiago Perea Montoya, de 21 años.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, le contó a El Colombiano que en la reacción policial fueron detenidos dos sospechosos de 18 y 29 años. Iban en un automóvil Renault Clio rojo, desde el cual habrían disparado contra los ciudadanos. Dicho vehículo fue hallado por las patrullas en el barrio El Socorro y adentro tenía vainillas percutidas.

“El arma de fuego no fue encontrada, al parecer la dejaron en el camino, estamos verificando esa situación”, declaró el funcionario.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, contó que “uno de los detenidos es hermano de un hombre que fue asesinado hace un mes junto a la estación Santa Lucía del metro, y que pertenecía a un grupo delincuencial. Y al parecer en venganza, este muchacho hizo eso (el ataque de La Pradera). Ahora esa familia tiene a una persona muerta y a otra capturada para responder por homicidio. Es una tristeza que las familias terminen destruidas por este conflicto”.

En este automóvil se movilizaban los sospechosos de matar a dos personas en La Pradera. Cortesía de Guardianes Antioquia.

Esa misma noche en El Socorro hubo una incursión sicarial y las autoridades investigan si se trató de una retaliación por el hecho reseñado.

Un puñado de hombres vestidos de negro llegó a una cuadra y disparó contra un grupo de personas, matando a una y dejando a cuatro heridas. El finado se llamaba Mauricio Flórez Jaramillo, de 34 años.

Según la Policía,  las patrullas persiguieron a los sospechosos hasta el sector Peñitas y capturaron a cuatro, en poder de una pistola, un revólver, un silenciador y municiones de varios calibres. Entre los detenidos está Johnatan Alexis Silva Torres, alias “Piña” o “Pingüi”, quien aparece en el cartel de los más buscados de la comuna 13.

La Pradera y El Socorro son dos vecindarios afectados por una pugna entre las bandas “el Coco” y “la Agonía”, que ya ajusta más de diez años.

NOTA RELACIONADA: “La Agonía”, un dolor de cabeza para San Javier y La América.

El Inspector.

El crimen sucedió al mediodía de este viernes 12 de abril, cuando el policía retirado Óscar Darío Gómez Arango conducía un automóvil Mazda 2 por una vía del sector El Carretero, en la transversal 56A con la carrera 54. De copiloto iba su hermano mayor Carlos Nicolás Gómez Arango y en la silla trasera su hijo de apenas ocho años.

En este automóvil se transportaban los tres miembros de la familia, cuando los atacaron en la frontera de los barrios El Mesa y El Cairo, en Bello. Al lado quedó la moto de los sicarios. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

El vehículo fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta de alto cilindraje Suzuki DR 650. Los agresores dispararon más de 20 veces en contra de los ocupantes, y cuando trataron de escapar, chocaron contra un camión cisterna que transportaba líquidos inflamables.

El policía (r) Óscar Gómez Arango. Cortesía.

Los asesinos dejaron la moto abandonada y huyeron a pie. Dentro del carro fallecieron Óscar Darío, de 46 años, y Carlos Nicolás, de 54, ambos con múltiples heridas en la cabeza, el pecho y los brazos. El infante sobrevivió con un disparo en el pie derecho.

Según las pesquisas iniciales de las autoridades, Óscar Darío era oriundo de Donmatías, Antioquia, y se había pensionado hacía tres meses de la Policía Nacional, en el grado de intendente.

El índice de homicidios se disparó en el municipio de Bello desde el pasado mes de febrero, por cuenta de una disputa delincuencial al interior de la banda “Pachelly”, en la cual también se involucraron “el Mesa” y “Niquía Camacol”.

El conflicto se ha caracterizado por homicidios selectivos y balaceras en los vecindarios de dos comunas, Niquía y Altos de Niquía, así como por la distribución de panfletos y amenazas de lado y lado por las redes sociales.

En respuesta a la situación, las autoridades incrementaron el pie de fuerza de la Policía, con apoyo de patrullas militares. También habían prohibido la circulación de motos con pasajero, pero dicha restricción fue suprimida la semana pasada.

A pesar de los esfuerzos, para los uniformados ha sido imposible frenar a los criminales, que asesinan personas a plena luz del día, en las áreas que ya están identificadas como de alto riesgo y, aún así, logran escapar.

NOTA RELACIONADA: División en la banda “Pachelly” provocó desorden público en Bello.

El Inspector.

Esta es una investigación elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, que presenta cuáles son los nuevos escenarios en el juego del crimen organizado regional.

En la Operación Fénix (2018) capturaron en La Ceja a 34 miembros del combo “Palenque”, patrocinado por “los Chatas”. Foto de cortesía.

Los pueblos de Antioquia se están convirtiendo en un botín para las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, que de manera silenciosa se están propagando para traficar drogas, extorsionar e infectar como una plaga los negocios de aquellos municipios.

El Colombiano indagó con fuentes de inteligencia, judiciales y de la comunidad, y pudo establecer que nueve estructuras ilegales del área metropolitana tienen influencia directa o indirecta en las subregiones del Oriente, Occidente, Suroeste, Norte y Nordeste.

Se trata de “la Terraza”, “los Chatas”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión”, “Limonar 1”, “los Triana”, “la Miel” y “Picacho”; aunque habría otras implicadas, estas son las más documentadas en expedientes y operaciones de la Fuerza Pública en el último lustro.

Participan en el tráfico de armas y drogas, sicariato, extorsión, minería ilegal, pagadiario y lavado de activos, principalmente. En algunos casos actúan por medio del patrocinio o subcontratación de combos locales.

Boris Castaño, analista del conflicto urbano, opina que los lazos entre las bandas del Aburrá y las de los pueblos se fortalecieron por una relación comercial. A Medellín llegan los estupefacientes de mejor calidad para abastecer mercados mayoristas y minoristas de las subregiones, y las crecientes visitas de turistas extranjeros al departamento incrementaron la demanda por nuevos alucinógenos y drogas sintéticas, como 2CB y éxtasis.

A partir de allí, la presencia en los pueblos se fortaleció, aprovechando que no había combos con un poder militar suficiente para enfrentar a las facciones de la metrópoli. Les tocó formar alianzas y aceptar que “los de la ciudad” irrumpieran en la vida de los poblados semirurales.

AMENAZA PARA EL ORIENTE
La banda “los Chatas”, cuya base de operaciones es el municipio de Bello, extendió sus redes de microtráfico de drogas hacia la subregión del Oriente antioqueño, con énfasis en El Retiro y La Ceja. Sus actividades en la zona son monitoreadas desde 2014 y a la fecha la Policía ha ejecutado seis operativos en su contra.

Uno de los primeros fue la Operación Andrómeda, el 25 de septiembre de 2014, cuando capturaron a 31 integrantes que actuaban en los barrios Manantial, Tahami y Obreros de Cristo, de La Ceja. Recibían apoyo logístico de “los Chatas” y en esos vecindarios se hacían llamar “los Bellanitas”.

Con el arribo de este grupo, el pueblo comenzó a atestiguar crímenes truculentos en la zona urbana. El 23 de enero de 2017 “los Chatas” secuestraron a un adolescente de 17 años, consumidor de vicio, a quien acusaron de ser un “sapo” que trabajaba para un combo rival.

En ese entonces había una disputa ilegal por las plazas de los barrios Palenque y San Cayetano. El informe del caso indica que a la víctima la hirieron con arma blanca en el cuello y la espalda, “y al parecer con la intención de incinerarlo fue cubierto con aserrín y Acpm. Cuando lo encontraron, eran evidentes los signos de tortura, entre ellos una cruz marcada en la espalda”. Por ese crimen fueron detenidos cuatro mercenarios de “los Chatas”.

Los sicarios de la estructura mataron a tiros a otro adolescente de 16 años en la vereda La Milagrosa, el 11 de abril de 2018, al parecer por un motivo similar: tráfico de droga.

En los últimos dos años se conformó un combo en La Ceja, con el patrocinio de “los Chatas”, llamado “Palenque”. Según la Policía, ese grupo puede generar narcoingresos anuales cercanos a los $2.800 millones. En 2018 le arrestaron a 34 integrantes, incluyendo a sus cabecillas “el Burro” y “Porcelana”.

En ese municipio también ejerce influencia la banda “Pachelly”, de Bello, en los barrios Manantial y La Aldea.

Las vecinas localidades de El Retiro y Marinilla padecen el influjo de “la Unión”, procedente de Itagüí. Esta facción patrocina con medios logísticos y estupefacientes al combo “los Guarceños”.

La droga es acopiada en el sector Barrio Antioquia, de Medellín, y después enviada a esos socios en El Retiro, quienes se encargan de distribuirla a domicilio en sitios de recreo y senderos ecológicos. Sus ganancias al año rondan los $1.950 millones, de acuerdo con el análisis policial, tras una operación que en abril de 2018 produjo 61 capturas.

En Marinilla, “la Unión” apadrina al combo “los Gavilanes”, también dedicado a la venta de narcóticos a domicilio, con ingresos mensuales de $600 millones.

La trama fue expuesta el 29 de enero pasado, con la detención de 27 sospechosos. El cabecilla de “los Gavilanes”, alias “Jorge Pamplona”, les ofreció $20 millones a los policías para que lo dejaran escapar, sin lograr su cometido.

Sobre dicho combo, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Sierra, declaró que “impactamos los alrededores de dos colegios en Marinilla, donde estas personas aprovechaban para vender los estupefacientes a los menores de edad”.

En los municipios de Guarne, Granada y Sonsón las autoridades han registrado acciones de la banda “los Triana” de Medellín.

En El Peñol, Guatapé y Rionegro circulan drogas y mercenarios de “la Terraza”. En este último lugar tienen una alianza con la banda “los Pamplona”, para el comercio ilícito de marihuana y cocaína.

En Rionegro, su combo rival es “el Laberinto”, que recibe apoyo de otra estructura de Medellín: “Limonar 1”. Esta organización, cuya base es el corregimiento San Antonio de Prado, está a su vez enlazada con el cartel narcotraficante Clan del Golfo.

El pasado 25 de octubre la Fuerza Pública capturó a 15 miembros de “el Laberinto”. En el respectivo informe, consignaron: “se pudo establecer que algunos de sus integrantes iban a cometer los hechos delictivos (en Rionegro) y posteriormente tomaban camino hacia Medellín, barrio El Limonar, para no ser ubicados por la Policía”.

Miembros del combo “los Guarceños”, capturados en El Retiro en abril de 2018. Están aliados con la banda “la Unión”. Cortesía de la Policía.

EN EL OCCIDENTE Y SUROESTE
Delegados de la banda “Picacho”, procedentes del noroccidente de Medellín, incursionaron desde 2015 en el municipio de Buriticá. Según la Fiscalía, estarían participando en el negocio de la minería ilegal, tanto para el lavado de activos como para el comercio clandestino de oro.

En Ebéjico hay nodos de microtráfico de “los Triana” y en Heliconia opera una célula de “Limonar 1”, que además de asuntos de droga se dedicaría a la extorsión.

Los jefes de “Limonar 1”, al parecer, envían jóvenes desde Medellín para actividades delincuenciales en Ciudad Bolívar, en el Suroeste.

En dicha subregión existen células al servicio de “la Terraza”, en Támesis, Jardín y Andes; y de “los Triana”, en Titiribí y Amagá, donde incide por medio de un combo local conocido como “el Hueco”.

En Fredonia, la venta de alucinógenos es liderada por “la Miel”, una banda del cercano municipio de Caldas.

REDES EN NORTE Y NORDESTE
En estas dos subregiones hay una creciente influencia de tres grupos delictivos de Bello: “Pachelly”, “los Chatas” y “el Mesa”.

Su arribo inició con la desmovilización de las Farc, que tenía el monopolio de la actividad ilícita en una extensa área.

Cuando emergieron las disidencias guerrilleras en 2017, se estableció una alianza que le permitió a las bandas bellanitas articular plazas de microtráfico, secuestros y sicariato por mandato de los otrora subversivos.

Esta plaga perjudica a los pobladores de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Donmatías, San Pedro de los Milagros, Gómez Plata, Cisneros, Yolombó, Yalí, Vegachí, Amalfi y Anorí (ver el mapa).

En las montañas, estas bandas coordinan el procesamiento de cocaína en laboratorios y las ganancias se comparten con las disidencias.

En Segovia y Remedios están involucradas en la minería aurífera, y no siempre de manera ilegal, pues investigaciones judiciales señalan que algunos cabecillas figuran como dueños de sociedades mineras o a través de testaferros.

DINÁMICA CRIMINAL
Otra razón por la que ocurre este fenómeno es que “los territorios en Medellín ya están copados y repartidos. Si una banda quiere crecer, se genera una confrontación inmediata con los barrios vecinos, por lo que resulta más conveniente y menos costoso buscar espacio en otros municipios”, dice el analista Castaño.

En este punto coincide con Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Ella afirma que “se ha incrementado la influencia de las organizaciones del Valle de Aburrá en otros municipios, porque la ciudad ya está cooptada por ellas mismas, se han dividido las zonas para la venta de estupefacientes y extorsionar, mientras que en esos pueblos hay un mercado sin dueño, porque la distribución la han tenido algunos bandidos de poca monta”.

El auge de estas mafias en los cascos urbanos va de la mano del crecimiento del consumo en Antioquia. Según el Observatorio de Drogas de Colombia, que depende del Gobierno, nuestro departamento tiene un nivel de consumo de alucinógenos por encima del promedio nacional (Reporte de Drogas de Colombia 2017).

Y el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Sicoactivas en Población Escolar (2016) arrojó que en esta región uno de cada cinco estudiantes consume droga.

Castaño asevera que la presencia de las bandas del Aburrá en los pueblos se explica porque en esos lugares la actividad investigativa y judicial de la Fuerza Pública suele ser más débil. De hecho, en muchos pueblos no hay agentes de Sijín, CTI o Sipol (policías judiciales y de inteligencia) y apenas cuentan con las unidades de vigilancia tradicional.

“Los entes investigativos locales no están acostumbrados a enfrentar una criminalidad tan sofisticada. Esas labores toca hacerlas desde Medellín”, concluye el analista.

Jeremy McDermott, codirector de la fundación Insight Crime, que estudia el proceder del crimen organizado, acota que el mundo del narcotráfico se ha democratizado.

Expresa que “los carteles que ostentaban monopolios de cultivos y plazas de vicio se han ido debilitando, entre ellos el Clan del Golfo, lo que permite la entrada de nuevos grupos pequeños al negocio del narcotráfico fuera de las ciudades”.

Las autoridades tratan de contrarrestar el problema, pero los lugareños temen que se tarden demasiado. Cada día aumenta el riesgo de que sus hijos se vuelvan adictos, de cuenta de las drogas que les llueven desde el Aburrá.

NOTA RELACIONADA: Las fuerzas del crimen organizado en el Valle de Aburrá.

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ANEXO: Cabecillas del Aburrá capturados en pueblos de Antioquia

· En Urrao: Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, de la banda “Robledo” (2013).
· En Támesis: Juan Camilo Rendón Castro (“el Saya”), de “la Terraza” (2014).
· En El Peñol: Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), de “los Chatas” (2017).
· En Titiribí: Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de la banda “los Triana” (2018).
· En San Jerónimo: Giovanni Cataño (“Cataño”), de “la Oficina del Doce” (2018).
· En Guarne: Fernando Rivera (“Nano”), de “la Oficina de Manrique” (2018).
· En Toledo: Fernando Jiménez (“Caníbal”), de la banda “el Tapón” de Bello (2018).
· En San Carlos: Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), de la banda “Pachelly” (2019).

El Inspector.

En las últimas dos semanas, los habitantes de las comunas Niquía y Altos de Niquía, en el norte de esa localidad, han padecido por balaceras entre delincuentes, agravadas por la participación de otros combos y tácticas de terrorismo por las redes sociales.

Escena del crimen del 25 de febrero en el barrio Niquía, en la que mataron a un motociclista y secuestraron a un adolescente. Foto de Santiago Mesa.

De acuerdo con fuentes judiciales y de Inteligencia, la brecha que comenzó a abrirse en 2014 en la banda “Pachelly”, una de las históricas en Bello, ha provocado un nuevo desorden en la municipalidad (ver la NOTA RELACIONADA: Banda de “Pachelly” dispara homicidios por retomar su antiguo poder).

De un lado está la línea tradicional, cuyo líder es Alber Henao Acevedo (“Alber”); del otro, una disidencia abanderada por los hermanos Francisco y Alejandro Mazo Pulgarín (“Pocho” y “Titi”).

Ambas facciones de la misma banda estarían en desacuerdo sobre la manera en que se están repartiendo las ganancias de los negocios criminales, que en los dos últimos años incluyeron un jugoso botín de extorsiones y narcotráfico, gracias a la expansión de las redes ilegales en las subregiones antioqueñas del Nordeste, Norte y Bajo Cauca.

Las diferencias comenzaron a hacerse tangibles el 16 de enero de 2019, cuando “Titi” fue capturado en un operativo del CTI y el Ejército en una finca de San Carlos, Antioquia. Al parecer la información sobre su paradero provino de sus antiguos socios, quienes la suministraron a las autoridades (ver la NOTA RELACIONADA: Los cabecillas alias “Titi” y “el Boyaco” caen a la cárcel).

A esta “sapeada”, como se dice en el argot delincuencial, se sumó un hecho de sangre el 10 de febrero, en el barrio Niquía. Un grupo sicarial acribilló a tres personas que departían en la reja externa de una casa. Entre las víctimas estuvo Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), un cabecilla de “Pachelly” que al parecer se había alineado con la disidencia de los hermanos Mazo Pulgarín.

Al día siguiente circularon panfletos intimidantes por las redes sociales, en particular WhatsApp. Uno de ellos decía: “Muerte a extorsionistas, ladrones y monopolizadores del barrio. Hoy fue la chanda de Guerrero. El próximo es Juan Carlos Rivas”.

La amenaza se cumplió el 21 de febrero, también en el barrio Niquía, cuando mercenarios motorizados mataron en una acera a Juan Carlos Rivas Vallejo, quien, presuntamente, era un mando medio de “Pachelly”. Una patrulla policial que estaba cerca del sitio se enfrentó a los verdugos y tras una persecución con balacera incluida, logró capturarlos.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo Alejandro García Arboleda y Duván Esteban Mejía Atehortúa, a quienes les incautaron una moto robada y dos pistolas. Según la Policía, serían integrantes de la banda “el Mesa”.

De acuerdo con el análisis que han hecho las autoridades sobre esta disputa, la línea tradicional de “Pachelly”, o sea la comandada por “Alber”, cuenta con el apoyo de otros grupos como “el Mesa”, “Niquía Camacol”, “el Tapón” y “los Chatas”.

La siguiente víctima fue Jorge Andrés Jiménez Serna, de 29 años, abaleado el 23 de febrero detrás de la Clínica del Norte. El 25 de febrero mataron a Juan Esteban Berrío González, de 32 años, cuando conducía una moto en inmediaciones de un colegio de Niquía; su acompañante, un adolescente de 15 años, fue secuestrado por los verdugos.

El 26 de febrero, también en una calle Niquía, asesinaron a puñaladas a Francisco Javier López Salazar, de 28 años y quien laboraba en una empresa de textiles de Itagüí.

Todos los crímenes, con excepción del triple asesinato inicial, fueron cometidos a plena luz del día, lo que aumentó la ya afectada sensación de inseguridad de la gente.

Durante los últimos 18 días han circulado múltiples audios de WhatsApp con información fraudulenta, al parecer difundida por orden de los bandos involucrados. Con aire de chisme, voces femeninas y masculinas hablan de balaceras diarias, toques de queda impuestos por bandidos que “no van a respetar a nadie”, patrullajes ilegales de “70 hombres encapuchados y con fusiles” y otra serie de fantasías que al parecer tienen un propósito claro: enviar a las autoridades al territorio de los combos rivales, para que capturen a los enemigos.

Los diferentes panfletos que rondan por las redes buscan lo mismo: unos acusan de las muertes a las bandas “el Mesa” y “Niquía Camacol”, mientras otros le endilgan la culpa a “Pachelly”.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, confirmó que en la contienda participan sicarios de esas tres estructuras.

El alcalde César Suárez Mira precisó que están peleando por rentas del narcotráfico y solicitó a los bellanitas que no replicaran las informaciones exageradas por los chats.

La zozobra que estos mensajes ha provocado, terminó alterando el comercio nocturno en Bello y la frecuencia del transporte público, pues algunos buseros y taxistas sienten temor de movilizarse en Niquía.

Frente a esta situación, la Alcaldía de Bello prohibió la circulación de motocicletas con pasajero durante 30 días. Y la Policía incrementó el pie de fuerza y los patrullajes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), con apoyo del Ejército.

LOS MUNICIPIOS VECINOS
Mientras esto ocurre en Bello, en otros municipios del norte del Valle de Aburrá, donde por décadas han ejercido influencia las bandas bellanitas, también se han incrementado los asesinatos.

En Copacabana, el 18 de febrero abalearon en el barrio La Pedrera al ciudadano holandés Derk Lodewijk Stulen, cuando caminaba con su cónyuge colombiana por la vía pública. El difunto llevaba seis meses residiendo en el municipio y decía que su oficio era el de latonero y pintor. Su pasaporte registraba viajes constantes entre Colombia, Costa Rica y su país natal.

El 19 de febrero tirotearon a Samuel Antonio Bran Bran, de 46 años, en el barrio Piedras Blancas, también en Copacabana.

El 24 de febrero hallaron un cadáver masculino NN en el río Medellín, en estado de descomposición, en el tramo de la vereda La Primavera, de Barbosa. Al día siguiente en esa misma localidad, pero en la vereda La Palma, el cauce arrastró a otro hombre sin identificar, que estaba desnudo y con heridas de bala.

Las investigadores están tratando de establecer si las muertes de Copacabana y Barbosa están ligadas a las disputas de Bello, pues las fechas son coincidentes y en los tres municipios hay redes ilegales de las facciones implicadas.

La crisis de la actualidad está llevando a las autoridades de Bello a reconocer un problema histórico en su jurisdicción, la presencia de poderosas organizaciones criminales que “gobiernan” a la comunidad, y que para contrarrestarlo se requiere del apoyo del gobierno regional y nacional.

“Lo que necesita Bello es un trabajo más serio. Hay como una zona de confort de los bandidos, donde están tranquilamente haciendo actos ilegales, como si fueran normales. Y qué bueno que estallen estos escándalos de redes sociales para que las autoridades se pongan al frente de esto”, dijo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, tras un consejo de seguridad, en el que enumeró los casos de extorsión al comercio y a las obras de construcción, que allá son el pan de cada día.

NOTA RELACIONADA: Cabecilla de “Pachelly” acribillado en triple homicidio.

El Inspector.

Los detalles son narrados en esta investigación periodística de El Colombiano, que Revelaciones del Bajo Mundo reproduce por considerarla de interés para sus lectores y comentaristas.

Escena del doble homicidio en el barrio San Rafael de Envigado, donde una de las víctimas fue un expolicía (13/12/18). Foto cortesía.

La guerra de sicarios comenzó con una decisión: mandar a matar a Mauricio Zapata Orozco, alias “Chicho”, uno de los líderes de la banda “la Terraza”.

El hombre de 37 años estaba con otros acompañantes en un local de venta de pistolas de fogueo, en el barrio Estadio de Medellín, cuando arribaron los mercenarios en una moto y un automóvil, en la tarde del 22 de mayo de 2018.

Dos muchachos ingresaron al sitio y apretaron los gatillos, pero se precipitaron, y los escoltas del cabecilla estaban armados. “Chicho” recibió dos balazos en las piernas y otro proyectil hirió en el pie al administrador del establecimiento. Ambos sobrevivieron.

El tiroteo alertó a los uniformados de la Cuarta Brigada, que prestaban vigilancia en la cercanía, y la reacción fue inmediata. Un soldado profesional que estaba de civil saltó de un balcón, le arrebató el fusil a un recluta y corrió detrás de los agresores, que tomaron rumbos distintos.

El militar gritó para que se detuvieran, y la respuesta del perseguido fue disparar. Hubo un intercambio de plomo y un proyectil reventó el vidrio de una oficina, lesionando con las esquirlas el rostro de una ciudadana ajena al problema.

El sospechoso cayó junto a una canalización, con dos balas enterradas en el brazo y el glúteo. En breve llegó la Policía y lo capturó en poder de una pistola.

Un par de horas después, el otro sospechoso llegó por sus propios medios al hospital Manuel Uribe de Envigado. Dijo que era un pobre mensajero de Campo Valdés, que resultó herido en un intento de atraco. Los investigadores no le creyeron, aunque luego de la atención médica se fue sin mayores aspavientos.

El fallido atentado contra “Chicho”, según las averiguaciones de la Fiscalía, fue el primer acto de una rebelión dentro de “la Terraza” y el origen de una serie de retaliaciones que en el último año esparcieron luto y sangre en Medellín, Envigado y Sabaneta (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín).

Esa disputa es uno de los 14 pleitos activos entre estructuras de crimen organizado identificados por las autoridades, que han puesto la mayoría de muertos en el Valle de Aburrá desde 2018 (ver el listado anexo al final).

EL “HIJO” PREDILECTO
Alias “Tréllez”, cuya identidad real tratan de esclarecer los investigadores, era uno de los coordinadores favoritos de la mafia. Sus contactos le permitieron ascender en la jerarquía de “la Terraza”, la organización ilegal que actúa en el nororiente y el Centro de Medellín; y al mismo tiempo participar en las decisiones de “Trianón”, la banda que rige el bajo mundo de Envigado y Sabaneta.

En los años recientes, los cabecillas de este último grupo fueron encarcelados: Félix Isaza Sánchez (“Beto”, 2012), Dairo Muñoz Torres (“el Indio”, 2012) y Fredy Álvarez Gómez (“Bambaramba”, 2015).

La confianza en “Tréllez” era tal, según el relato de investigadores y oficiales consultados por este diario, que esos jefes le confiaron parte de sus negocios y la administración de plazas de vicio en el Aburrá sur. Así, pasó de ser un coordinador del montón, a un hombre de peso en el escalafón ilegal.

Una hipótesis de las autoridades es que, viendo aumentada su influencia en el sur y con los máximos jefes de “la Terraza” también tras las rejas, quiso tener una mayor participación de las ganancias en esa agrupación, pero “Chicho” se lo habría impedido.

La rencilla derivó en el atentado del barrio Estadio y en una sublevación dentro del grupo. “Tréllez” y un puñado de hombres, incluyendo a sus lugartenientes “Héctor Fabio” y “Piano”, se salieron de la línea y al parecer buscaron apoyo de facciones externas para impulsar el alzamiento.

La situación se complicó cuando los antiguos jefes de “Trianón” salieron de la cárcel. “El Indio” lo hizo en 2016 y su cuñado “Beto” el pasado mes de septiembre. Fuentes de Inteligencia indicaron que le pidieron a “Tréllez” que devolviera las plazas que le habían delegado, pero este, urgido por la disputa contra “Chicho”, se negó. Esto produjo que los mercenarios de “Trianón” se sumaran al conflicto, buscando recuperar su terreno (ver la NOTA RELACIONADA: Juez ordenó libertad para “Beto”, jefe histórico de “la Oficina”).

En este sitio del barrio Estadio se presentó el ataque contra alias “Chicho”, quien sobrevivió. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

LA OLEADA DE CRÍMENES
El 31 de mayo de 2018, nueve días después del ataque a “Chicho”, mataron a su amigo Gustavo Chaverra Vásquez. Un sicario entró a un billar de Manrique Central N°1 y lo acribilló.

El 18 de julio, cuando se movilizaban como pasajeros en un automóvil por el barrio San José, de Envigado, asesinaron al suboficial de la Armada Javier Uribe Luján y su pareja Johana Catalina Diosa.

El siguiente episodio relacionado con la problemática sucedió en el barrio El Dorado, del mismo municipio, el 14 de agosto. Los homicidas se acercaron a un carro y abalearon a César Toro Díaz y Carlos Ángel Sánchez (“el Cabo”), un allegado de “Tréllez”; el primero murió y el segundo quedó gravemente herido.

Una patrulla policial logró capturar a uno de los agresores, Yeimison Cano, de 36 años, quien residía en el barrio Las Granjas (Manrique).

Las retaliaciones continuaron el 16 de septiembre, en las afueras de una finca alquilada en el municipio de San Jerónimo. Allí abalearon a cuatro jóvenes, matando a dos: Juliana de Ossa Marín, de 23 años, y Mateo Osorio Muñoz, de 19. Este último, apodado “Mateíto”, fue uno de los sicarios que participó en el atentado a “Chicho”, y quien se había presentado herido en el hospital, fingiendo ser un mensajero.

El coronel Carlos Sierra, comandante de la Policía Antioquia, dijo en ese momento -de forma acertada- que el crimen fue “un ajuste de cuentas” (ver la NOTA RELACIONADA: Ataque sicarial de San Jerónimo habría sido retaliación por atentado).

Al día siguiente, cuando iba en una moto por el barrio Manrique Oriental, tirotearon a Arbey Acevedo Restrepo (“Deiby”), presunto coordinador de zona de “la Terraza”.

La racha homicida se incrementó a finales de 2018. El 13 de noviembre en un bar del mall Zaratoga, en Sabaneta, un asesino le quitó la vida a Jhon Gómez Ciro, quien tenía antecedentes por tráfico de drogas; en el hecho, una bala perdida mató al mesero José Hernández Botero.

A los tres días, en una calle del centro de Sabaneta, otro sicario aniquiló a Sebastián Vargas Robledo y dejó herido a su amigo Mateo Toro Villada, ambos de 22 años. Según la base de datos judicial, los dos registran antecedentes por porte de estupefacientes.

El 30 de noviembre en el sector Altos de Misael, en Envigado, hombres motorizados le dispararon al taxista Carlos Rave Rojas, quien según las pesquisas iniciales, había sido amenazado por un jíbaro del sector Las Orquídeas.

En la misma localidad, en una vía del barrio San Rafael, el 13 de diciembre mataron al expatrullero Diego Vanegas Isaza, de 33 años; en medio de la agresión, un proyectil se desvió y segó la existencia del universitario Diego Alejandro Vanegas López, de 26, quien caminaba cerca del sitio.

La investigación preliminar del CTI arrojó que Vanegas Isaza se retiró de la Policía en 2016. Vivía en Manrique, al parecer tenía conexiones con “la Terraza” y debido a la disputa interna en julio de 2018 salió desplazado hacia Envigado, donde finalmente lo cazaron sus antiguos socios.

La muerte más reciente atribuida a la contienda mafiosa ocurrió el 23 de diciembre pasado, en el barrio San José de Envigado. La víctima fue Nelson Montoya Vásquez (“Cacay”), de 45 años e íntimo amigo de “Beto”, el jefe de la banda “Trianón”. Le dispararon cuando bebía en una taberna.

Hasta el momento, la rebelión en “la Terraza” deja 14 muertos y ocho heridos. No todas las víctimas tenían relación directa con el problema, pero sufrieron la desgracia por estar cerca de los blancos sicariales.

En la comuna 4 (Aranjuez), tras el estallido de la sangrienta discordia, han hallado cinco cadáveres en distintas fechas, con rasgos de tortura, maniatados o con la cabeza envuelta en bolsas y papel adhesivo. Por ahora no se ha establecido si esas muertes se derivan de la situación denunciada.

REACCIÓN DE LA AUTORIDAD
El Colombiano consultó a los respectivos secretarios de Seguridad y de Gobierno de Medellín, Sabaneta y Envigado. Todos coinciden en afirmar que las disputas del crimen organizado son las causantes de la mayoría de asesinatos de los últimos meses.

El pasado 10 de enero, agentes de la Seccional de Inteligencia Policial y de la Dirección Antinarcóticos capturaron a cinco presuntos integrantes de la célula de “Tréllez”, en un apartamento del barrio Restrepo de Sabaneta. Un juzgado envió a la cárcel a dos de ellos y a los demás les otorgó detención domiciliaria.

En su reporte oficial, la Policía señaló que estarían encargados “de realizar diferentes actividades ilegales como comercialización de estupefacientes y homicidios selectivos en la modalidad de sicariato en Sabaneta y Envigado”.

Les incautaron dos pistolas 9 milímetros, una de ellas con silenciador, y ahora los peritos tratar de establecer en cuántos de estos crímenes se emplearon para apagar una vida.

NOTA RELACIONADA: Operativo en Sabaneta contra presuntos disidentes de “la Terraza”.

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ANEXO: Las otras disputas activas entre bandas

1). División interna en la organización “la Oficina” (Valle de Aburrá)

Inició en 2013, cuando “Tom”, jefe de la estructura “los Chatas” de Bello, asumió el mando de la confederación de bandas “la Oficina”. Se le opone “Douglas”, máximo líder de “la Terraza”. Los demás jefes de la facción tuvieron que elegir bando, situación que influye en los combos.

2). Combo “13 de Noviembre” vs “los Conejos” (Villa Hermosa)

Desde abril de 2018 comenzó la disputa, pero se complicó en enero de 2019, con siete homicidios relacionados. Al combo “13 de Noviembre” lo respalda la banda “la Terraza”, mientras que a “los Conejos” los apoya “Caicedo”. Pelean por las rentas ilegales en el Centro.

3). Combo “Los Chivos” vs “los Pájaros” (Altavista y Belén)

En 2017 establecieron una alianza temporal para frenar a grupos enemigos (“Mano de Dios” y “Zafra”). Tras un periodo de calma en 2018, la nueva reconfiguración territorial que dejó el pleito anterior generó otra vez la disputa, que ha dejado dos muertos en enero.

4). Banda “Picacho” vs “la Matecaña” (Doce de Octubre y Robledo)

La tensión entre ambos grupos es la consecuencia de la división interna en “la Oficina”. El grupo de “Picacho” está alineado con la gente de “Tom”, mientras que “la Matecaña” está influenciada por el ala de “Douglas”. Disputan el territorio para las rentas criminales.

5). División interna en la organización “Pachelly” (Bello)

Desde 2012 se han venido presentado ajustes de cuentas entre miembros de este grupo. Según la Fiscalía, en 2019 hay un conato de rebelión liderado por los cabecillas y hermanos “Pocho” y “Titi”, en contra del jefe de la facción tradicional, alias “Alber”.

6. Banda “La Agonía” vs “el Coco” (San Javier y La América)

La rivalidad data de 2008 y tuvo un pico de violencia en 2018. Al parecer hay un endeble pacto de no agresión, que incluyó la “entrega” del barrio La Pradera a “el Coco”, a cambio de la muerte de dos jóvenes de ese grupo, que fueron decapitados y botados en Copacabana (enero 13).

7). Combo “Betania” vs “la Torre” y “el Salado” (San Javier)

El pleito que involucra a estos combos inició en 2018 y ha dejado cerca de 20 muertos. Se agravó por la participación de otros grupos, que llegaron a apoyar a uno y otro bando. Entre los crímenes está el recordado secuestro y asesinato de tres jóvenes, hallados en una fosa (nov. 30).

8). “El Coco de Barrio Antioquia” vs combo de “la 24” (Guayabal)

Son dos grupos tradicionales del sector Barrio Antioquia, que pelean por territorios para la venta de drogas. El primero tiene apoyo del Clan Osorio de “la Oficina”, mientras que el segundo es respaldado por “la Unión” de Itagüí. La disputa está activa desde 2016, con atentados y muertos.

9). Banda “La Raya” vs “San Rafael” (Guayabal e Itagüí)

Enemistad vigente desde 2011, por las rentas del tráfico de drogas. Se reactivó en mayo de 2018, cuando sicarios de “San Rafael” hirieron a cuatro personas en un atentado, entre ellas a alias “el Burrito”, un coordinador de “la Raya”. La disputa ha dejado ocho muertos.

10). Combo “San Antonio” vs “la Libertad” (Villa Hermosa)

La disputa viene desde 2012 y ha tenido picos esporádicos de violencia, como el ocurrido en febrero de 2017, cuando una balacera produjo dos muertos (entre ellos un policía) y cuatro heridos. Los combos se pelean un territorio limítrofe para las rentas ilícitas.

11). “La Oficina de Córdoba” vs “el Volador” (Robledo y Castilla)

La rivalidad está latente desde 2016, cuando “la Oficina de Córdoba” se separó de la confederación ilegal de la banda “Robledo”. La guerra contra el combo “el Volador” dejó cerca de 14 muertos. Mermó la intensidad de los ataques el año pasado, pero persiste la hostilidad.

12). Combo “El Diamante” vs “la Imperial” (Robledo)

Antes eran aliados y terminaron enemistados por diferencias entre sus cabecillas encarcelados, generando cerca de 15 homicidios entre 2017 y 2018. La alarma continúa, aunque el nivel de violencia mermó con el asesinato de “Pátula”, coordinador de “el Diamante”, el 23 de octubre.

13). Combo “El Acopio” vs “Curazao” (Robledo)

Las diferencias comenzaron en 2013, cuando “Curazao” se fortaleció en el territorio gracias al patrocinio de la banda “los Triana”. La tensión aumentó tras el homicidio de “Juan Chica”, el cabecilla de “Curazao”, el 24 de abril de 2018, en una zona dominada por el combo “el Acopio”.

El Inspector.

La racha negativa comenzó el pasado 9 de enero y a la fecha deja siete muertos y dos heridos por ataques con armas de fuego.

Escena del doble homicidio perpetrado el 10 de enero de 2019 en el barrio Llanaditas, de Medellín, durante un almuerzo familiar. Foto de Manuel Saldarriaga.

El primer homicidio sucedió lejos del sector, al otro lado de la ciudad, en el sector conocido como Belén Zafra. El comerciante Diverney Arroyave Tamayo, de 33 años, salió de su barrio Las Golondrinas hacia aquella zona, con el propósito de cobrar el dinero de una venta de ropa, según sus allegados.

A la 1:00 p.m. del 9 de enero se movilizaba en una moto, cuando un delincuente motorizado lo interceptó y le disparó. La víctima cayó al suelo, pidiendo ayuda, pero fue rematado por el asesino, quien dio la vuelta en la moto y regresó para apretar de nuevo el gatillo.

Dos horas después hubo otro homicidio en la comuna 8 (Villa Hermosa), en el barrio Sucre. Sicarios le quitaron la vida a Luis Miguel Ayala Patiño, de 24, en un ataque que dejó otras dos personas heridas en un taller de mecánica.

El 10 de enero se incrementaron las muertes de forma espeluznante. A las 3:00 p.m. unos sicarios irrumpieron en una casa del barrio Llanaditas, cuando los presentes estaban reunidos en un almuerzo familiar, y acribillaron a Róbinson de Jesús Zapata Ramírez, de 34 años y padre de cinco hijos; y al adolescente Hernán Molina Uribe, de 17, y quien tenía a la novia embarazada.

A las 10:00 p.m. matones motorizados le quitaron la vida a Charly Castaño Marulanda, de 22 años, en la frontera de los barrios Los Mangos y 13 de Noviembre. El joven estaba desempleado y acababa de llegar a su casa, disponiéndose a guardar su moto, cuando recibió los balazos.

Una hora más tarde mataron en el barrio Villatina a Juan Carlos López, de 30 años, cuando caminaba cerca de su vivienda.

El caso más reciente sucedió a las 6:00 p.m. del pasado 13 de enero, en una barbería del barrio El Pinal. Allí los atacantes llegaron por José Alexánder Torres Robledo, de 33 años y apodado “Cuchara”, quien trató de huir, pero fue perseguido y acribillado.

La situación tiene afectados a los habitantes de Enciso, Sucre, Los Mangos, El Pinal, 13 de Noviembre, Llanaditas y Villatina. Por las redes sociales, además, circularon mensajes amenazantes promoviendo un toque de queda.

La Alcaldía y la Policía han dicho que la crisis se debe a un enfrentamiento entre los combos “13 de Noviembre” y “los Conejos”. Lo paradójico es que estas tensiones delincuenciales se diagnosticaron en abril del año pasado, cuando se presentó una alerta en un consejo de seguridad, pero nunca se intervino la zona de manera apropiada y ahora la gente sufre la falta de contundencia de la institucionalidad.

La Secretaría de Seguridad informó que entre los sospechosos de promover la violencia están alias “Negro Junior”, “Calentura”, “Banano”, “Negrura”, “Tarzán”, “Mago” o “Magú”, “Gárgola”, “Orejas” y “Toguiar”, integrantes de “los Conejos”. Por parte de la banda “13 de Noviembre”, los implicados son “Edwin”, “Popeye”, “Soldo”, “Toñito”, “Eric”, “Paraco”, “Mellizo”, “Pablito”, “Chucho”, “Ánderson” y “Camarada”.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información para capturarlos.

El origen de la confrontación no está claro. Es cierto que se disputan las rentas criminales, aunque por ahora sigue bajo investigación la razón que detonó tantas muertes.

NOTA RELACIONADA: El Valle de Aburrá despidió a 2018 y recibió a 2019 con más muertes.

El Inspector.