De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, en la actualidad la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con 6.825 efectivos asignados a la capital antioqueña (sin contar Bello, Envigado ni los demás municipios del área metropolitana). Esta es la reseña del tema elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Para una ciudad de 16 comunas y cinco corregimientos, hay menos de 3.000 policías vigilando las calles. Foto de Jaime Pérez.

De esos, 2.941 están destinados al patrullaje de los cuadrantes en los barrios, mientras que 3.884 pertenecen a las diferentes especialidades de la Institución (Gaula, Sijín, Sipol, Infancia y Adolescencia, etc.).

El secretario de ese despacho, Manuel Villa, explicó que el promedio internacional sugiere que por cada 100.000 habitantes debe haber por lo menos 300 policías prestando vigilancia en las calles.

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Contando con el hecho de que Medellín alberga 2’573.220 habitantes, la media en nuestra ciudad es de 114 policías de vigilancia por cada 100.000 pobladores.

Para cumplir con el estándar internacional, la metrópoli debería contar con 8.577 uniformados patrullando los cuadrantes, lo que implica que el déficit actual es de 5.636, de acuerdo con los cálculos de la secretaría.

Villa contó que ya sostuvo una reunión con el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, a quien le presentó las cifras y le habló de las necesidades de Medellín en materia de seguridad.

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En el caso de Bogotá, ese déficit ronda los 10.000 uniformados, según el concejal del partido Centro Democrático, Julián Uscátegui, quien le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán que pida el apoyo de las Reservas Activas de la Fuerza Pública, para que “militares y policías en uso de buen retiro, que tienen experiencia y preparación”, ayuden a llenar ese vacío.

El Inspector.

Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) atribuye esa oleada de homicidios a un intento por desprestigiar la mesa de conversaciones con los cabecillas que participan en la mesa de paz con el Gobierno Nacional, lo cierto es que se trata de una disputa interna en la banda “la Terraza”.

Estos son los personajes más buscados de Manrique, señalados de participar en la oleada de homicidios que inició en julio. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el primer muerto de la racha violenta fue Johan Daniel Mira Taborda, en la tarde del 25 de julio de 2023. Conducía una motocicleta BWS por las vías del barrio Manrique Central N°2, cuando fue interceptado por sicarios en una moto de alto cilindraje.

Mira Taborda, de 36 años, murió en medio de una lluvia de balas. Su historia era bastante particular: según habitantes del vecindario, vestía atuendos similares al uniforme de la Policía e incluso portaba un carné falso de esa Institución, con el cual simulaba ser policía en algunas situaciones.

El finado prestó su servicio militar en la Policía, entre los años 2006 y 2007, pero una vez terminado no continuó la carrera. “Este sujeto en diferentes actividades que desarrollaba manifestaba ser miembro activo de la Policía Nacional. Manifestamos que no ha sido parte de la institución como policía profesional en el servicio”, advirtió el coronel José Cristóbal Fonseca, subcomandante (e) encargado de la Policía Metropolitana.

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A partir de este suceso, se registraron múltiples ataques sicariales que afectaron el orden público en Manrique, entre los meses de julio y agosto. Las autoridades documentaron ocho asesinatos en las últimas semanas, al parecer todos relacionados con la misma situación, y Manrique, que en 2022 solo registró siete homicidios entre enero y el 26 de agosto de 2022, en idéntico lapso de 2023 ya ajusta 19 (un incremento superior al 150%).

Asesinato de Johan Mira Taborda, quien portaba un carné falso de la Policía. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Entre los crímenes más graves está también un brutal ataque ejecutado el 31 de julio, en el que hubo dos muertos y dos heridos. Sucedió en la carrera 43A con la calle 67 del barrio Manrique Oriental, adonde llegaron los asesinos en una moto de alto cilindraje y acribillaron a los presentes. Murieron  Yeison Alberto Gaviria Aguirre y Milton Alexis González García, de 34 y de 43 años, respectivamente.

Entre el 4 y el 9 de agosto circularon panfletos en varios vecindarios del área, anunciando una supuesta “limpieza social”, con imágenes de calaveras y fusiles, y mensajes como: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores y fumadores de drogas, foqueros, mariguaneros, ladrones callejeros, violadores, patinadores de carro, motos y fanfarrones”.

El 11 de agosto se produjo una balacera entre matones en moto, en el barrio Las Granjas, y las balas perdidas dejaron una persona muerta y tres heridas, que nada tenían que ver en la confrontación. El fallecido fue Jhon Jairo Muñoz, de 44 años, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, quien al momento del tiroteo estaba instalando unas redes de comunicaciones.

La situación de inseguridad generó dificultades de movilidad en la comuna, pues muchos taxistas se niegan a hacer carreras a Manrique. La Policía tuvo que reforzar sus patrullajes con 80 uniformados y creó un equipo de agentes judiciales y de Inteligencia para atender la problemática.

Este es el panfleto distribuido en agosto de 2023 en varios barrios de Manrique. Cortesía.

La Alcaldía ofrece hasta $100 millones de recompensa por información que conduzca a los responsables y se están repartiendo volantes con los alias de los más buscados de la zona, sospechosos de participar en la confrontación. Allí figuran 12 personajes: “Don Mármol”, “So”, “Tajada”, “Cerezo”, “Maquiud”, “Rayo”, “Beto”, “Camilito”, “Ochoa”, “Cabe”, “Juanjo” y “Coco”.

El incremento de la violencia generó cuestionamientos de la sociedad hacia la mesa de paz de la cárcel de Itagüí, instalada formalmente el pasado 2 de junio, entre el gobierno de Gustavo Petro y 17 voceros de las principales bandas del Valle de Aburrá. ¿Por qué se disparó la inseguridad, si se supone que todos los peces gordos están participando en el proyecto de paz?, se preguntaron los medellinenses en redes sociales y ante la prensa.

En respuesta, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) emitió un comunicado el 12 de agosto, indicando que estas acciones “buscan enrarecer el ambiente y sabotear el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”.

Pero lo que en verdad parece ocurrir es una disputa interna en la organización criminal “la Terraza”, la cual agrupa a todas las bandas que delinquen en Manrique.

Las razones exactas no se han revelado, más allá de las clásicas rencillas territoriales por las plazas de vicio y las cuadras para extorsionar. Sin embargo, los investigadores temen que esto sea el inicio de un relevo en el mando de “la Terraza”, aprovechando que varios de sus jefes tradicionales planean “jubilarse” pactando un acuerdo con el Gobierno, que les permita retirarse conservando parte de la fortuna que cosecharon martirizando a la sociedad.

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El Inspector.

Así lo informó el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual estuvieron dos de las personas seleccionadas para integrar dicha comisión: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y activista ambiental; y Jorge Mejía Martínez, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el centro. A los lados, los futuros miembros de la delegación del Gobierno para la paz urbana en Medellín, Isabel Zuleta y Jorge Mejía Martínez. Foto de Jaime Pérez.

Este diario conoció además que al equipo se unirá Lucía González, exintegrante de la Comisión de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. También habrá un representante de la Iglesia Católica y uno de los partidos políticos de oposición, entre otros participantes y testigos.

“Vamos a iniciar la segunda fase: la del escenario de conversaciones sociojurídicas. Ahí empieza una fase que podemos decir pública. Habrá una comisión delegada por el Presidente para mantener la interlocución, que se instalaría la semana entrante”, indicó Rueda.

Según el comisionado, en este momento hay certeza de la voluntad de paz del 90% de las bandas del Valle de Aburrá, y espera que pronto se anexen las que faltan. Desde su perspectiva, si se alcanza un acuerdo con todas, se lograría la reinserción de por lo menos 12.000 a 14.000 personas.

Rueda no mencionó concretamente cuáles son los grupos con los que iniciarán las conversaciones, aunque adujo que son estructuras de gran tamaño y confederadas, que articulan a decenas de combos más pequeños.

De forma extraoficial, se sabe que entre ellas están “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión” y “Doce de Octubre”.

Entre las indecisas están “los Triana”, aunque Rueda precisó que también tienen voluntad de sumarse al proceso, y espera que se concrete en los próximos días.

“Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad y por información de pobladores de las comunas, que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para la paz total”, dijo.

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TREGUA ENTRE BANDAS
Los grupos que participarán en esta etapa pública de las conversaciones expidieron un comunicado el 28 de abril de 2023, en el que manifestaron su apoyo al proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro. El texto fue leído en la entrada de la prisión de Itagüí por Daniel Millares, representante de la Mapp-OEA.

“Como un aporte de nuestra parte, los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá, en condición de reclusión en la cárcel La Paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades”, señalaron, poniendo por escrito algo que en la práctica ya se venía dando en la calle desde 2020.

Añadieron que tienen “disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína”, alegando que “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.

Y prometieron colaborar con la reducción de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores.

Aunque el documento no aparece firmado por nadie en particular, en su redacción y aprobación participaron 16 cabecillas, la mayoría trasladados a Itagüí desde otras prisiones, por gestión de la Oficina del Alto Comisionado.

La lista incluye a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Albert Henao Acevedo (“Alber”) y Carlos Correa López (“don Pepe”), entre otros. Desde otras cárceles colaboraron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”).

Las demás estructuras y líderes involucrados se conocerán apenas se instalen las conversaciones formalmente.

La cárcel de Itagüí será entonces el eje de un plan piloto de paz urbana en Colombia. El Gobierno ya había comenzado en diciembre otro acercamiento de este tipo en Buenaventura, con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los avances han sido tímidos en esa región.

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El comunicado de las bandas del Valle de Aburrá. Cortesía.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si bien las bandas al parecer no están de acuerdo con la ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso, aceptaron avanzar en los acercamientos porque, según Rueda, “están cansados de la guerra y viven en la zozobra”.

El comisionado insistió en que no será una negociación de paz, como la que ya está en curso con la guerrilla del ELN, sino un diálogo para buscar “acuerdos sociojurídicos”.

Lo jurídico se refiere a la exploración de opciones legales para facilitar el desmantelamiento de las bandas. La senadora Isabel Zuleta aclaró que, por el momento, el marco normativo es el del Código Penal y la ley de sometimiento; cualquier cambio futuro tendrá que pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Y lo social implica revisar las características de vida de los integrantes de esos grupos, que incluyen las condiciones para su eventual reinserción, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.

El plan del Gobierno es ir más allá de un desarme, “que poco han servido en el pasado”, según Rueda, y lograr un verdadero impacto en los barrios: “Que se acabe la gobernanza criminal y se instaure el estado de derecho en las comunas de Medellín”.

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ANEXO: ¿LAS BANDAS SI TIENEN 14.000 MIEMBROS?
En las agencias de seguridad causó extrañeza la cifra de posibles reinsertados de las bandas que dejaría la paz urbana en Medellín, anunciada por el comisionado Danilo Rueda: 14.000. En las cuentas de la Policía, los miembros de las 94 bandas priorizadas no superan los 1.200 integrantes, y si se tienen en cuenta las 350 existentes en el Valle de Aburrá (contando los combos más pequeños), no sobrepasan los 5.000.
¿Entonces de dónde saldría tanta gente? Medellín ya tiene un antecedente: la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2003, cuando se “reinsertaron” cientos de delincuentes comunes que nada tenían que ver con el conflicto.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo?

El Inspector.

Yo soy El Inspector, un periodista que durante más de una década ha registrado las infamias perpetradas en Medellín y Colombia, y los guiaré por los relatos más escalofriantes sobre los criminales y las investigaciones que destaparon los más graves delitos.

El Inspector continuará relatando las historias del bajo mundo en el blog y ahora también en el podcast. Foto de William Santamaría.

Esta producción sonora hace parte de la estrategia de podcast de la Casa Editorial El Colombiano y fusionará el estilo narrativo de la crónica periodística con la ambientación de las radionovelas de antaño.

La primera temporada será de 10 episodios y se publicará uno cada viernes. Para disfrutarlos, ingresen a www.elcolombiano.com/podcast.

El origen de Revelaciones del Bajo Mundo se remonta a mayo de 2008, en medio de una oleada de violencia sicarial que azotó al Valle de Aburrá. Para contar lo que ocurría en las calles, creé un blog de internet, el cual rápidamente se convirtió en una fuente de información para las autoridades y en un espacio para las denuncias de los ciudadanos afectados por la violencia.

Esta idea sobrevivió a los avatares del tiempo y luego de 14 años evolucionó. Hoy, las audiencias de Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano pueden seguir leyendo el blog y ahora escucharán nuevas historias en el podcast.

En el primer capítulo, que se publica este viernes 23 de septiembre, les narraré la trama de un feroz comando de criminales encapuchados, dotado con fusilería, chalecos blindados y uniformes para suplantar a las autoridades, que ha ejecutado dos asaltos de película en El Poblado, el corazón empresarial de Medellín.

Su objetivo: robar oro, igual que los antiguos forajidos del Viejo Oeste, y como ellos, están dispuestos a todo. Les contaré los detalles detrás de los atracos que han sacudido a la ciudad, y de la trepidante persecución de los detectives para ponerlos tras las rejas.

A ustedes, mis apreciados lectores y comentaristas, que han acompañado esta aventura desde el principio, los invito especialmente a escuchar esta nueva producción de Revelaciones del Bajo Mundo. Acompáñenme a descubrir hasta dónde puede llegar la maldad del alma humana.

Bienvenidos.

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El Inspector.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el hallazgo se registró a las 6:30 a.m. de este sábado 30 de julio, en inmediaciones del barrio La Gabriela. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este sector del barrio La Gabriela de Bello fueron abandonados los cadáveres. Foto de Andrés Osorio.

En la calle 37 con la carrera 45, al lado de un conjunto residencial, los vecinos observaron los cuerpos envueltos en bolsas plásticas negras y cinta adhesiva. Al costado había dos carteles manuscritos, con el mensaje: “Por ratas HP”.

Los técnicos forenses del CTI de la Fiscalía llegaron posteriormente al lugar y confirmaron que se trataba de dos personas, cuya causa de muerte será establecida en el laboratorio de Medicina Legal.

De acuerdo con lo observado en las cámaras de vigilancia del sector, al parecer los cadáveres fueron traídos en un carro desde otro lugar, para luego arrojarlos junto a la vía. De momento se desconoce la identidad de las víctimas.

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El Inspector.

Ricardo Abel Ayala Orrego murió este viernes 10 de junio en un operativo del Ejército y el CTI de la Fiscalía, en una finca ubicada entre las veredas La Herradura y Monteloro, de Barbosa. Las autoridades confirmaron su identidad mediante el procedimiento de dactiloscopia y por un tatuaje de lobo que tenía en el brazo derecho. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Cabuyo” quedó tendido afuera de la finca en la cual se escondía, en el municipio de Barbosa. Foto cortesía.

El general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División, detalló que Ayala llegó a la zona hace un par de semanas, con la intención de comprar fincas. A sus vecinos se les presentó como “Carlos”.

Durante el operativo, ejecutado en la tarde de hoy, uno de los comandos militares fue detectado por un perro, que comenzó a ladrarle.

“Cabuyo” le disparó al uniformado, pero el proyectil se incrustó en su fusil de dotación. El militar cayó al suelo por el impacto, y cuando el delincuente iba a rematarlo, este fue más veloz y apretó primero el gatillo, dándolo de baja.

En el sitio fueron detenidos una novia de “Cabuyo” y un supuesto escolta, llamado Jairo Alberto Galeano Zapata. De igual manera, fueron incautados un fusil y pistolas.

El operativo fue celebrado por el presidente Iván Duque, quien trinó en su cuenta de Twitter: “A los narcoterroristas que amedrentan al pueblo colombiano les seguimos demostrando que no tienen lugar donde esconderse. Gracias a la labor de nuestro @COL_EJERCITO fue neutralizado alias Cabuyo, cabecilla de las disidencias de las Farc GAOr 36”.

Estos fueron los tatuajes por los que los militares identificaron a “Cabuyo”, luego del tiroteo. Foto: cortesía.

“Cabuyo”, de 29 años, era uno de los delincuentes más buscados de Antioquia. A la fecha había sobrevivido a 10 operaciones militares, incluyendo un bombardeo del que salió herido en 2018, y los disparos de un tirador de alta precisión en febrero de 2021, que también lo dejaron gravemente lesionado.

Su escondite era el cañón de San Pablo, una depresión montañosa con entradas y salidas por cuatro municipios: Guadalupe, Anorí, Campamento y Angostura, en el Norte de Antioquia.

Por el momento se desconoce por qué salió de su área de retaguardia para ir al Valle de Aburrá. Una de las hipótesis, según fuentes judiciales, es que estaba muy enfermo, como consecuencia de las heridas que le dejaron los operativos anteriores.

Galeano Zapata, quien estaba a su lado en el momento de la muerte, era supuestamente uno de sus hombres de confianza. Pasó de arreglarle motos en el cañón de San Pablo a cuidarlo y llevarle los medicamentos al escondite.

PRONTUARIO CRIMINAL
Ayala se hizo conocido públicamente durante los diálogos de paz de La Habana, cuando fue seleccionado para coordinar un programa piloto de desminado humanitario en la vereda El Orejón, en el municipio de Briceño. Sin embargo, cuando se firmó el acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, desertó del proceso y siguió delinquiendo.

La disidencia del frente 36 de las Farc actúa en las subregiones del Norte y el Nordeste, donde se dedica al tráfico de narcóticos y de armas, la minería ilegal, el sicariato y la extorsión, entre otros delitos.

Ricardo Abel Ayala, alias “Cabuyo”. Foto de cortesía.

En la lista de crímenes de esta organización está el ataque armado contra una comisión de trabajadores de la empresa minera Continental Gold, el 20 de septiembre de 2018, en el corregimiento Ochalí, del municipio de Yarumal. En el hecho murieron los geólogos Camilo Andrés Tirado Farak, Henry Mauricio Martínez Gómez y Laura Alejandra Flórez Aguirre; tres de sus colegas quedaron heridos.

También se les endilga la masacre de cuatro jóvenes en el municipio de Anorí, perpetrada el 2 de octubre de 2021. Las víctimas fueron raptadas en el casco urbano y llevadas a un paraje rural conocido como San Gregorio, donde fueron fusiladas. Los difuntos fueron los hermanos Yeiner Alexis y Yéferson Hernández Ceballos, de 20 y 19 años; Hernán David López Úsuga, de 20; y Yober Ernesto Londoño Gallego, de 15.

Al igual que la desaparición forzada y el asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo, en la vereda La Frijolera, de Campamento.

Además de esto, por cuenta de sus brutales enfrentamientos contra el Clan del Golfo, la organización terrorista generó desplazamientos forzados de comunidades campesinas.

Ahora las autoridades se concentran en buscar a su posible sucesor al frente de la disidencia del frente 36. Todo apunta a que sería su primo Édgar de Jesús Orrego Arango, alias “Leo” o “Firu”, quien tiene orden de captura por varios delitos.

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El Inspector.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y del Gobierno estadounidense le confirmaron a El Colombiano que estas son las organizaciones internacionales que más recursos invierten en los cultivos de coca, insumos químicos, laboratorios de producción de cocaína, bodegaje, transporte marítimo y aéreo de la mercancía. Eso, en otras palabras, significa que son las principales financiadoras de estas actividades ilícitas en el país y, de manera indirecta, de la violencia que eso genera.

Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, sobre estas sociedades de crimen organizado transnacional que afectan la seguridad de Colombia, Antioquia y Medellín.

Ismael “el Mayo” Zambada (arriba) y Nemesio “el Mencho” Oseguera, jefes de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, respectivamente. Fotos de cortesía y archivo El Colombiano.

El cartel de Sinaloa, también conocido como “la Federación”, es el que lleva más tiempo en el negocio. Se forjó en 1989 y estableció alianzas con los carteles de Medellín y de Cali; y cuando estos fueron desmantelados en los años 90, supo conservar los contactos con los herederos del narcotráfico colombiano.

El de Jalisco, en cambio, es una estructura más nueva, creada a sangre y fuego en 2010, pero con una capacidad de expansión que ya supera a sus competidores.

CARRERA CRIMINAL
Al cartel de Sinaloa lo conforman tres grandes empresas confederadas: la de Joaquín “el Chapo” Guzmán, extraditado en 2017 y condenado a cadena perpetua en EE.UU.; la de Juan Esparragoza (“el Azul”), que algunos suponen muerto desde 2014, pero no hay cadáver para confirmarlo; y la de Ismael “el Mayo” Zambada.

Ante las desgracias de sus socios, cuyos negocios quedaron en manos de familiares, “el Mayo” se convirtió en el máximo líder de la organización. A sus 74 años de edad, es uno de los narcos activos más antiguos, y esa experiencia le ha servido para sostener una federación con tentáculos en los cinco continentes.

El cartel de Sinaloa domina pasos fronterizos y plazas de vicio en territorio estadounidense, en los que por décadas ha posicionado la cocaína colombiana como un producto de “alta calidad”.

Su principal enemigo en la actualidad es el cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Surgió en 2007 como un comando sicarial al servicio de otras facciones, distinguiéndose por sus métodos sanguinarios de intimidación. En ese entonces se hacían llamar “los Mata Zetas”, porque estaban en guerra contra el cartel de “los Zetas”.

Con este cartel el gobierno de EE.UU. ofrece recompensa contra “el Mencho”. Foto: cortesía.

En 2010, luego de las capturas y muertes de varios capos en dicho pleito, el grupo heredó rutas y contactos de narcotráfico, y se transformó en el CJNG. Su jefe es Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”, un cultivador de aguacate que se convirtió en asesino.

Bajo su mandato, el cartel de Jalisco desplazó a las organizaciones rivales dentro de México y en EE.UU., al punto de pelearle las plazas de tú a tú a Sinaloa.

La DEA calculó en 2019 que la fortuna ilegal de “el Mencho” rondaba los US$1.000 millones. Aunque el negocio más lucrativo para él es el tráfico de metanfetaminas y opioides como el fentanilo y la heroína, que están de moda entre los consumidores globales, la cocaína significa un rubro importante.

En el mercado colombiano, indicaron fuentes policiales, el CJNG reemplazó al cartel del Golfo y a “los Zetas”, que hasta 2016 eran los financiadores mayoritarios junto a Sinaloa. Dichos grupos cedieron terreno tras los arrestos y asesinatos de sus máximos líderes.

La Casa Blanca ofrece US$10 millones de recompensa por información que lleve a la captura de “el Mencho” y US$15 millones por “el Mayo”.

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INTERESES EN COLOMBIA
Agentes de Inteligencia indicaron que en nuestro país, los carteles de Sinaloa y Jalisco financian los cultivos y la producción en los enclaves cocaleros de Nariño (eje Tumaco-Barbacoas), Cauca, Putumayo, Norte de Santander (Catatumbo) y Antioquia (triángulo de Valdivia, Anorí y Tarazá).

Su preocupación es lograr una cocaína de alta calidad, pues esto es lo que les permite posicionar su marca entre los consumidores de EE.UU., Europa, Asia y Australia.

El cartel con la millonaria recompensa contra “el Mayo” Zambada. Foto de cortesía.

Eso explica por qué cada vez es más común encontrar a sus delegados negociando en persona en Colombia, tal cual analizó El Colombiano en un reportaje anterior. El último capturado en Cali, hace dos semanas, fue Brian Olguín Berdugo (“Pitt”), representante de Sinaloa.

“Los mexicanos están pagando la producción por adelantado. ¿Qué otro agrocultivo tiene la venta garantizada antes de la cosecha? Ninguno”, reflexionó un agente judicial.

Estos narcos también patrocinan laboratorios clandestinos, insumos químicos y refinerías ilegales. De manera indirecta fomentan el robo de combustible de los oleoductos de Ecopetrol, pues el crudo se usa como disolvente de la hoja de coca, para darle mejor consistencia; en dicho proceso, se contamina el medioambiente.

Estos estímulos a la fabricación de cocaína han mantenido un nivel constante en la producción colombiana, a pesar de la reducción en las hectáreas cultivadas.

Según el último monitoreo de cultivos de la ONU, en 2019 había 154.000 hta, que mermaron a 143.000 hta en 2020. A pesar de esto, en ese mismo periodo la producción potencial de hoja de coca fresca subió de 993.100 toneladas métricas a 997.300 tm; y la producción potencial de clorhidrato de cocaína aumentó de 1.137 tm a 1.228 tm.

¿Cómo es posible que con menor cantidad de hectáreas, se produjera más cocaína? Pues los mexicanos, en compañía de sus aliados colombianos, lograron un mayor rendimiento en el proceso. Según la ONU, en 2019 los narcos obtenían 6,7 kilos de cocaína por cada hectárea sembrada, mientras que en 2020 ese rendimiento subió a 7,9 kilos.

De esta bonanza también se han beneficiado carteles de otras naciones, como los italianos, españoles, neerlandeses, balcánicos y marroquíes, que surten sus plazas con el producto colombiano.

Entre los principales socios de Sinaloa y el CJNG están el Clan del Golfo, “los Pachenca”, disidencias de las Farc, la nueva “Junta Directiva del Narcotráfico”, “los Puntilleros”, “los Pelusos”, el ELN, “la Oficina” y “la Cordillera”, así como el cartel de los Soles (venezolano).

Con ellos pactan los pormenores de la producción, el transporte interno y la exportación a EE.UU. por vía marítima, aérea o terrestre. Estos acuerdos suelen hacerse en reuniones en apartamentos de Miami, Ciudad de México, Acapulco, Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Caracas.

Uno de los asuntos que llama la atención a los investigadores es que la guerra que sostienen Sinaloa y CJNG por las plazas de México y EE.UU. no se ha trasladado a los centros de producción en Colombia. Por el contrario, aquí “mercan” en paz, sabiendo que la despensa alcanza para todos.

Más allá de esta situación, el dinero que pagan los mexicanos se convierte en armas y recursos logísticos con los que los grupos locales sostienen conflictos en Chocó y el litoral Pacífico, Bajo Cauca, Catatumbo, Arauca y los Llanos. A pesar de esto, en Colombia no hay un solo proceso judicial contra “el Mayo” y “el Mencho”, quienes a la sombra instigan el negocio que pone a sangrar a Colombia.

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ANEXO: OTROS CARTELES MEXICANOS EN EL NEGOCIO

- Aunque el CJNG y Sinaloa son los carteles predominantes en el mercado transnacional de la cocaína colombiana, hay otros grupos mexicanos que también participan de este negocio y les compran directamente a los productores colombianos. Entre ellos están: el cartel del Golfo, el cartel Arellano Félix, el cartel de Oaxaca y la organización Beltrán Leyva, principalmente.
- También hay facciones mexicanas que comercializan cocaína colombiana, pero no adquieren la mercancía en nuestro país, sino que se la compran a los carteles más poderosos, que al importarla a México actúan como distribuidores mayoristas. Entre los minoristas están “los Viagras”, “los Cuinis”, “Plaza Nueva” y “Santa Rosa de Lima”.

El Inspector.

Las muertes involucraron a múltiples atacantes, aunque de momento no hay pistas que conecten los dos hechos.

Las víctimas, el subintendente Eduard Guarín (izquierda) y el patrullero Fredy Sierra. Fotos cortesía de la Policía.

El caso más reciente fue el del patrullero Fredy Alberto Sierra Muriel, de 32 años, quien trabajaba en la estación de Policía de Belén, en el suroccidente de Medellín.

En la noche del pasado miércoles 11 de mayo, luego de terminar su turno en la estación, Sierra fue a cumplir una cita en la vereda El Noral, del municipio de Copacabana. De acuerdo con la información preliminar, iba a cobrar el dinero por la venta de un carro.

A las 9:30 p.m. los vecinos del sector, en una zona semirrural, escucharon un disparo. Cuando se asomaron, encontraron el cadáver del patrullero, quien tenía dos heridas de puñal en la espalda y un agujero de bala en la cabeza; en la escena del crimen, los asesinos dejaron el cuchillo con el cual lo atacaron.

El caso anterior ocurrió a las 5:00 de la madrugada del pasado 17 de abril en el barrio Manrique, nororiente de Medellín, y la víctima fue el subintendente Eduard Giovany Guarín Quiroz, quien trabajaba para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según la información de testigos y lo observado en una cámara de vigilancia, Guarín vestía de civil y estaba en tiempo de descanso, cuando fue atacado a golpes por varias personas que lo interceptaron a pie y en motocicletas. En medio del alboroto, uno de los motorizados sacó un arma de fuego y le disparó en un costado del pecho.

El suboficial se libró de las personas que trataban de lincharlo y corrió varias cuadras, pero estaba perdiendo mucha sangre y se desplomó en el suelo. Los patrulleros que llegaron para atender el desorden público lo auxiliaron y ayudaron a trasladarlo al Hospital San Vicente Fundación, adonde no fue posible salvarlo. Falleció a los 43 años de edad.

Por el momento no han sido esclarecidas las causas de estos asesinatos, aunque la Policía anunció que las investigaciones ya tienen avances.

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El Inspector.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este vehículo se transportaba la familia, cuando se produjo el ataque sicarial en el Occidente de Medellín, Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

El coronel José Galindo, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, relató que el hecho se presentó a las 6:41 a.m. del pasado 3 de febrero, cuando la familia se movilizaba en un automóvil Chevrolet Spark por las vías del barrio Córdoba.

En la transversal 78 con la calle 65 fueron interceptados por dos hombres a bordo de una moto Pulsar NS negra, desde la cual hicieron múltiples disparos al carro. Los impactos entraron por las ventanillas laterales de la izquierda y el parabrisas trasero, durante una rápida persecución en la que el Spark chocó contra un taxi.

El conductor de 28 años logró maniobrar el vehículo para escapar y llegar con vida al hospital Pablo Tobón Uribe, donde fue ingresado en el área de urgencias con su pareja de 29. Según el parte médico inicial, él tiene cuatro heridas de bala (en tórax y abdomen) y su cónyuge tres (abdomen y mano izquierda); al bebé que cargaban no le pasó nada.

“La Policía hizo un Plan Candado y los delincuentes abandonaron la moto en el barrio Moravia. Lamentamos lo que le sucedió a esta familia, ya desplegamos nuestras capacidades institucionales para esclarecer los hechos, estamos analizando cámaras y haciendo entrevistas”, dijo Galindo.

El oficial pidió información a la comunidad y recordó que existe una recompensa de hasta $40 millones para quien ayude a esclarecer este tipo de casos violentos.

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El Inspector.

Este es el análisis de las muertes violentas realizado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los últimos dos años en Medellín han sido los menos violentos desde 1979, la época previa al auge del narcotráfico. Foto de Edwin Bustamante.

¿Qué tal si iniciamos este análisis con la cara positiva de la moneda? Hace 42 años comenzó la medición oficial de los homicidios en la capital antioqueña, con las Estadísticas Vitales del Dane. En ese entonces, cuando apenas despertaba el monstruo de la cocaína, hubo 615 asesinatos.

Después hubo picos terribles, como el de 6.809 crímenes de 1991, en la guerra de los carteles de Medellín y Cali, “los Pepes” y la Fuerza Pública; y en 2002, con 3.829, cuando los paramilitares confrontaban a las milicias por el control de las comunas.

Pasaron décadas para que pudiéramos registrar un 2020 con 369 casos y un 2021 con 403. En palabras del secretario de Seguridad, José Acevedo, “el año anterior fue el segundo menos violento en 40 años y completamos dos años consecutivos con récords en la reducción de este indicador”.

La cifra no viene sola: la tasa de homicidios, 15.68 por cada 100.000 habitantes, está por debajo de la tasa nacional (22.2); y el porcentaje de esclarecimiento de asesinatos (en la investigación judicial) está en 39%, superior a la media colombiana del 20%.

También hubo 126 días no consecutivos sin homicidios.

Si comparamos los casos de 2021 con los de 2020, hubo un aumento del 9.2%, con 34 homicidios más. Esto era previsible, según analistas de seguridad y el propio Acevedo, teniendo en cuenta que en 2020 hubo cuarentenas que restringieron las interacciones ciudadanas y que en 2021 se reactivó toda la vida social.

No obstante, al observar en detalle las métricas, hay unas tareas pendientes en territorios puntuales y frente a algunos modalidades de homicidio en particular.

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RETOS TERRITORIALES
Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), de la Alcaldía, en la mitad de las 16 comunas de Medellín aumentaron los asesinatos en 2021 con relación al año anterior; de igual manera, crecieron en cuatro de los cinco corregimientos.

Algunos incrementos fueron poco significativos (numéricamente), como el de la comuna Popular, que pasó de 11 a 12. Pero otros son delicados: El Poblado saltó de 2 a 10 (400% más); Laureles, de 9 a 16 (78%); y Guayabal, de 7 a 14 (100%). Según analistas de la Policía y la Fiscalía, las muertes ligadas a atracos pusieron un porcentaje importante de en estas tres comunas, en las que, dicho sea de paso, no hay ningún conflicto activo entre organizaciones criminales.

El contexto es diferente en Manrique, que pasó de 13 a 20 (54%); y Aranjuez, de 28 a 38 (36%). En esos territorios hay una fragmentación en “la Terraza”, la banda hegemónica.

Esta disputa interna se está saldando con sicariato, “y no todos los muertos quedan en esas dos comunas, algunos van a dar al río Medellín y otros se los suman estadísticamente a otros sectores, en los que botan los cuerpos desmembrados”, relató un investigador judicial.

Si hablamos de depósitos de cadáveres, el corregimiento de San Cristóbal es uno de los más perjudicados. Subió de 16 a 29 homicidios (81%) y en gran medida fue porque, según las fuentes, allí se arrojaron los cuerpos de víctimas asesinadas en otras áreas vecinas, como San Javier, Robledo, Doce de Octubre, Altavista y el municipio de Bello.

“Llama la atención una cosa: que las comunas que tienen frontera con San Cristóbal rebajaron los homicidios, pero el corregimiento subió. Algunos de esos muertos, que al principio se registraron como NN, luego resultaron ser del área urbana de Medellín. Parece que las bandas, para no ‘calentar’ su zona con la Policía, le tiraron los muertos a San Cristóbal”, opinó otro agente.

En efecto, si observamos las comunas aledañas, Robledo mermó 25%, San Javier 16% y Doce de Octubre apenas subió un caso (de 17 a 18). Entre las tres albergan cerca de 90 combos, que al parecer ven en San Cristóbal el escondite para sus ajustes de cuentas.

Una mención aparte merece La Candelaria. En 2021 fue la comuna con más asesinatos al registrar 78, con aumento del 34% (en 2020 fueron 58); este en un deshonroso sitial que repite anualmente desde 2010.

Su problemática es múltiple: homicidios por riñas, por disputas por plazas de vicio, mala convivencia entre mendigos y atracos violentos, entre otras causas, que se camuflan en una población flotante de 1.2 millones de personas.

A pesar de contar con las sedes del gobierno local y regional, el Palacio de Justicia y el Comando de Policía, la mayoría de establecimientos artísticos e iglesias, universidades, empresas, hospitales y zonas comerciales y turísticas, la delincuencia en el Centro sigue siendo indomable.

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MODALIDADES QUE PREOCUPAN
De acuerdo con el Sisc, los homicidios ligados al crimen organizado disminuyeron de 164 a 139 (15% menos), y subieron los asociados a la convivencia, de 46 a 70 (52%), y los derivados de la violencia intrafamiliar, de 6 a 11 (83%). Los que tuvieron que ver con hurtos estuvieron estables (de 33 a 34), al igual que los de violencia de género (de 16 a 14).

Que la intolerancia esté poniendo una mayor cantidad de víctimas, refleja “una modificación en el comportamiento social, que impone nuevos retos en prevención y en educación”, declaró ayer el general Gustavo Franco, comandante de la Región N°6 de Policía.

También hay que ponerle cuidado a los feminicidios, que pasaron de 24 a 27.

Entre las primeras medidas anunciadas por la Alcaldía para 2022, están el aumento de recompensas por información que ayude a esclarecer feminicidios, que fue fijada en $80 millones; y para los homicidios, $40 millones.

La tarea, sin embargo, no es toda de la Administración o de la Policía. A los ciudadanos nos corresponde, al menos, aportar la tolerancia.

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ANEXO: LOGROS CONTRA LAS BANDAS ILEGALES
Según la Alcaldía de Medellín, entre 2020 y 2021 fueron capturados 53 cabecillas de grupos de crimen organizado. También fueron arrestados 213 coordinadores (mandos medios) y 1.026 integrantes.
Entre esas capturas se destacan alias “Dimas”, cabecilla del Clan del Golfo en Medellín; “Válvula”, del combo “la Silla”; “Toño”, de “San Cristóbal”; y “Chepe”, del Clan Osorio. Sin embargo, preocupa la excarcelación de otros peces gordos, como “Soto” y “Yam”, de “Picacho”; “Pichi Belén”, de “San Bernardo”; y “Yordi”, de “la Terraza”, entre otros.

El Inspector.

El hallazgo se registró a las 7:00 a.m. de el viernes 12 de noviembre y la víctima fue identificada como Víctor Hugo Castaño Vélez, de 32 años. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta carretera terciaria fue encontrada la víctima. La causa de la muerte fue ahorcamiento, según las autoridades. Foto de Andrés Osorio.

De acuerdo con el informe judicial del caso, estaba envuelto en una sábana roja, al costado de una vía terciaria de la vereda Pantanillo, en un sector conocido como Cerro Verde. Tenía señales de haber sido torturado, con múltiples golpes en el rostro, además de surcos de presión en el cuello, causados con alguna clase de cuerda, por lo que los forenses certificaron que falleció por ahorcamiento.

La investigación preliminar arrojó que llevaba un día desaparecido, pues el jueves anterior había salido a comprar un carro en el cual estaba interesado, pero esa noche no regresó a la casa. Los familiares informaron la situación a la Policía.

Los allegados recibieron después la llamada de un desconocido, el cual les advirtió que Castaño había sido asesinado y que su cuerpo estaba en Santa Elena, por lo que las autoridades fueron a buscarlo allá.

El fallecido era uno de los hijos de Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “La Firma”, un antiguo cabecilla financiero de la organización mafiosa “la Oficina”.

Este hombre fue extraditado en 2010 a Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Medio de La Florida lo sentenció a 10 años por cargos de narcotráfico.

“Botija” pagó seis años, tras haber logrado una rebaja en su pena por colaboración con la justicia sirviendo como testigo en los procesos penales que terminaron con las condenas de otros extraditados, como Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”), cabecilla del cartel del Norte del Valle, y el comandante paramilitar Eder Pedraza Peña (“Ramón Mojana”).

En 2016 regresó a Colombia y retomó sus contactos con “la Oficina”, la estructura criminal más poderosa del Valle de Aburrá. El 22 de enero de 2018 fue asesinado a tiros por sicarios, a sus 49 años de edad, cuando conducía una camioneta por una calle de El Poblado, en Medellín.

Su familia continúa enfrentando en los estrados judiciales un proceso de extinción de dominio que inició en 2011, en contra de nueve bienes y propiedades valoradas en $45.000 millones, las cuales se localizan en Sucre, Envigado y Girardota (Antioquia).

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 8:30 p.m. de este domingo 26 de septiembre, cuando dos hombres en una motocicleta NKD blanca llegaron a una edificación de la carrera 30A con la calle 30, según el reporte inicial de las autoridades. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este apartamento del barrio Loreto, en el oriente de Medellín, ocurrió el doble homicidio de los venezolanos. Foto de Santiago Olivares Tobón.

Los vecinos contaron que vestían jeans, chaquetas negras y cascos negros, y subieron hasta el apartamento 301. Allí vivían en alquiler los venezolanos David José Andrade, de 36 años, y Freymar del Carmen Mesa Figueroa, de 23, en compañía de la niña.

Los visitantes tocaron la puerta e ingresaron. Luego de un par de minutos, se escucharon dos detonaciones en el recinto, y los hombres de negro salieron rápidamente.

Una patrulla de Policía llegó al poco tiempo, alertada por la comunidad, y encontró los cadáveres de los extranjeros, junto a su hija. Cada uno tenía un disparo tipo ejecución en la sien derecha.

Las víctimas llevaban un mes arrendando el apartamento en el que ocurrió el crimen. De momento se desconocen las razones del ataque.

Este fue el segundo doble homicidio ocurrido en una vivienda del oriente de Medellín en un lapso de apenas 48 horas. A las 11:00 a.m. del pasado 24 de septiembre fueron encontrados otros dos cuerpos en una casa de la carrera 2Este con la calle 55G, del barrio La Sierra, con múltiples impactos de bala.

Los finados carecían de documentos de identidad, y al parecer habían sido acribillados en la madrugada. Posteriormente se supo que eran hermanos y se llamaban Alfonso y Felipe Ortiz Mejía, de 34 y 35 años, respectivamente. Ambos eran oriundos del municipio de Maicao, en La Guajira.

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El Inspector.

Esta es la reseña de los casos elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Escena del asesinato ocurrido en la Loma de los Bernal, en Medellín. Foto de Santiago Olivares Tobón.

El primer caso se registró a las 9:00 a.m. en la carrera 81 con la calle 4G del barrio La Loma de Los Bernal, en el suroccidente de la capital antioqueña. De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, Fernando José Romero Pabuena vivía en una casa de la zona y a esa hora salió con su hijo de 14 años, a bordo de una motocicleta Yamaha Nmax.

Al pasar por la dirección reseñada, fueron interceptados por dos hombres que iban en una moto Pulsar negra. El pasajero esgrimió un arma de fuego y, aún en movimiento, le disparó a Romero, impactándolo una vez en el cuello y dos veces en el brazo izquierdo.

Padre e hijo cayeron al asfalto, mientras los agresores escapaban. Aunque el menor de edad trató de socorrer al papá, no fue posible salvarlo y falleció en sus brazos.

La Policía reaccionó montando un plan candado en la zona, pero no lograron dar con los sicarios.

Familiares de la víctima le explicaron a los investigadores que Romero tenía 39 años y era natural de Caucasia, Antioquia. Según ellos, trabajaba en un parqueadero de Envigado.

Al revisar la base de datos de la Fiscalía, los agentes constataron que tenía 16 anotaciones desde 2009, en calidad de indiciado y por cargos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, lesiones culposas, receptación y constreñimiento ilegal.

En 2017 fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú (Córdoba), por el delito de porte ilegal de armas.

En archivos de prensa figura que estuvo detenido por integrar supuestamente una banda conocida como “los Ferchos”, dedicada al hurto de motos y autopartes en el Bajo Cauca, Córdoba y Sucre.

A las 10:30 a.m. ocurrió el siguiente asesinato, en la vereda La Salada de Caldas. La víctima fue Luisa María Cortés Rivera, de 30 años, quien trabajaba arreglando uñas.

Según las pesquisas iniciales de la Policía, estaba en compañía de su hijo de 11 años, cuando un desconocido empujo la reja e ingresó a la casa, aprovechando que la puerta estaba abierta.

Sin importar que el niño estuviera presente, le disparó a la mujer en la espalda y la cabeza. Luego huyó.

Por ahora no hay personas capturadas por esos dos asesinatos.

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El Inspector.

De acuerdo con investigadores judiciales consultados por Revelaciones del Bajo Mundo, los encargados de esos “trabajos” no necesariamente son integrantes de bandas, sino terceros especializados en esa truculenta modalidad, que trabajan bajo contrato.

Así fueron encontradas las dos mujeres en el barrio La Navarra, de Bello, en límites con Copacabana. El caso está ligado con el hallazgo de la noche anterior en la vereda El Noral de este último municipio. Foto de cortesía.

A las 8:45 p.m. del viernes 18 de junio de 2021, un hombre asustado llegó a la estación de Policía del municipio de Copacabana. Les dijo a los uniformados que acababa de ver un cadáver en la vereda El Noral.

Una patrulla se dirigió a la zona para verificar la información. En el sector conocido como El Chamito encontraron a la víctima, era un área boscosa, sin iluminación cercana ni cámaras de vigilancia.

El cuerpo estaba envuelto en papel adhesivo transparente, también llamado papel chicle. La forma en la que se cometió el homicidio quedó por establecer, pues los técnicos forenses de la Sijín se lo llevaron para Medicina Legal sin abrir el “capullo”. Horas más tarde, fue identificado como Wilson Alfonso Zapata Guisao, de 51 años y contratista de construcción.

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Cinco horas después se presentó un hallazgo similar, no muy lejos de allí. A la 1:40 de la madrugada en el barrio La Navarra, del vecino municipio de Bello, un mendigo alertó sobre los cuerpos a una patrulla que estaba cerca del peaje de Niquía.

En una manga de la diagonal 52 con la avenida 20, a un costado de la vía Bello-Copacabana, fueron dejados los dos cadáveres, envueltos de la misma manera que el caso anterior: con papel chicle y cinta adhesiva. Las víctimas resultaron ser dos mujeres: Diana María Jaramillo Henao y Nubia Isleny Pérez Cárdenas.

Las pesquisas preliminares apuntan a que Nubia, de 50 años, era la pareja de Wilson, y que Diana, de 49, era amiga de él. Los tres vivían en el barrio Cinco Estrellas (comuna de Fontidueño), en Bello, donde Diana además era líder comunitaria. Lo último que se supo es que fueron a cumplir una cita al barrio La Gabriela.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que los agentes de la Sijín ya están tras la pista de este caso.

Una situación que resalta es la manera en que envolvieron los cuerpos. Esta es una práctica común en el Valle de Aburrá, ejecutada por criminales expertos en esta clase de labores, que son contratados por bandas ilegales. De hecho, es el séptimo hallazgo de este tipo en el año y, si miramos años atrás, se presenta con cierta frecuencia (ver las notas relacionadas).

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Entre las organizaciones que acostumbran a contratar estos servicios están “la Oficina”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “los Triana”, “los Mondongueros” y “Caicedo”, entre otras.

Las víctimas suelen ser asesinadas en otros lugares, transportadas en vehículos durante la noche y abandonadas en sitios estratégicos, bien sea para evitar ser observados mientras sacan los cuerpos de los carros, o porque se trata de lugares cercanos a las facciones enemigas, para enviarles un mensaje de advertencia.

Otras modalidades detectadas en esta región incluyen abandonar los cadáveres dentro de taxis o automóviles particulares; el desmembramiento de los despojos humanos; la incineración del cuerpo y del lugar circundante; envoltura en sábanas, costales, colchones y basura, o con bolsas plásticas aprisionando la cara; introducción del occiso entero o sus partes en maletas o canecas que se abandonan en la calle; meter a la víctima en un recipiente o una fosa y vaciarle cal y cemento, entre otros.

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La prensa, la comunidad y las redes sociales le han atribuido toda serie de adjetivos a estos hallazgos: embolsados, enmaletados, descuartizados o encostalados, por citar algunos.

Estas aberraciones tienen un factor común: es muy difícil detectar a quienes las cometen y la mayoría quedan impunes. De hecho, las capturas de estos “carniceros” son muy inusuales.

Los investigadores judiciales relataron que, por lo general, las víctimas son asesinadas por una persona, pero es otra la que tiene la misión de deshacerse del cuerpo. De modo que, en el eventual caso de una captura, “es complicado imputarles el delito de homicidio, o tal vez solo en la modalidad de cómplices, que da menos años. También cabe judicializarlos por el cargo de irrespeto a cadáver, que si mucho da tres años de cárcel”, manifestó uno de los agentes.

Algunos de los “despachadores” de cadáveres más conocidos en el bajo mundo son alias “Carracas”, un expolicía del Gaula, señalado de hacerle esta clase de “favores” a la banda “la Oficina” y a las autodefensas paramilitares. Lo último que se supo de él fue que su familia reportó su desaparición en México, en 2014.

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El otro es conocido como “Guateque”, un exparamilitar mencionado en las averiguaciones por la muerte y desaparición de algunos cabecillas de las mafias de Medellín, Envigado y Bello, en la década del 2003 al 2013. Lo último que se supo de él es que se movía en el occidente de Medellín, entre Robledo y San Cristóbal, donde en 2018 fue detenido por la Policía. Un juez lo liberó al día siguiente, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

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Los continuos hallazgos de víctimas, cuyos despojos aparecen de las maneras descritas en este artículo y en las notas relacionadas, hacen suponer que hay más carniceros de su tipo, actuando de forma impune en el Valle de Aburrá, un lugar donde al parecer abundan las personas que pagan por aniquilar.

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El Inspector.

En otra audiencia, el mismo juzgado también envió a una celda a Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), presunto jefe de sicarios de “el Mesa” y enemigo mortal de “Pocho”.

Luego de su captura en Bogotá, Francisco Mazo (“Pocho”) fue trasladado a Medellín. Foto cortesía de la Policía.

En una vía pública de la ciudad de Bogotá, la Dijín de la Policía capturó el 26 de septiembre de 2020 a Mazo Pulgarín. La detención se presentó en cumplimiento de una orden de captura por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Al momento del procedimiento, el sospechoso se identificó con una cédula y una licencia de conducción que tenía su foto, pero los datos de un familiar. Los detectives descubrieron el engaño.

Mazo está en el cartel de los más buscados del municipio de Bello, señalado por las autoridades de ser uno de los supuestos responsables de la guerra de bandas que afecta a esa localidad desde febrero de 2019.

En esa época comenzó una violenta confrontación entre “Pachelly” y sus enemigos de “el Mesa” y “Niquía Camacol”, caracterizada por asesinatos selectivos, tiroteos en vías públicas y desplazamientos intraurbanos.

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En el prontuario de “Pocho” ya hay una condena de cuatro años por concierto para delinquir. En 2014 fue capturado en una finca de El Peñol y puesto tras las rejas. También es desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas paramilitares (2006).

Volvió a las calles a finales de 2016, y según la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, siguió delinquiendo.

En la audiencia de control de garantías, que terminó este martes 29 de septiembre, el ente acusador le imputó el concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público, pero él se declaró inocente de ambos cargos, antes de ser enviado a prisión.

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JEFE DE SICARIOS

“Pirry” también se declaró inocente, en su audiencia del pasado 16 de septiembre. Le imputaron homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por ser el supuesto jefe de sicarios de la banda “el Mesa”.

Jhonathan Castrillón, alias “Pirry”. Cortesía.

La Dijín lo detuvo el 14 de septiembre, en un allanamiento a un apartamento ubicado en el barrio Prado de Bello. De acuerdo con la información preliminar, en dicho procedimiento también le encontraron 10 papeletas del estupefaciente conocido como tusi o 2CB.

Aunque se presume que “Pirry” ha coordinado muchos de los asesinatos en el marco de la guerra contra “Pachelly”, de momento solo le imputaron uno ocurrido el 31 de mayo de 2017.

Aquel día, un grupo de hombres secuestró a Santiago Londoño Álvarez en el barrio Andalucía de Bello. Lo llevaron a una casa del sector El Tapón, donde estaba “Pirry”. Lo señalaron de tratar de robarse una moto y lo degollaron con una sierra.

Después lo desmembraron y empacaron en tres bolsas de plástico, las cuales arrojaron al día siguiente en un calle del barrio Toscana de Medellín.

Jhonathan Castrillón ya tiene una condena en su prontuario, de 2009. Esa vez fue capturado por liderar una red de tráfico de drogas en Soacha (Cundinamarca) y en Bogotá, en particular en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe. Allá la organización criminal “el Mesa” es denominada “los Paisas”.

La sentencia fue de 14 años y cinco meses, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, por tráfico de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer.

Como sucede con casi todos los cabecillas del crimen organizado de Bello, no pagó la pena completa y regresó a las calles el 5 de diciembre de 2016. De hecho, tiene otra investigación penal en curso, porque al parecer en ese expediente figuraba con una identidad fraudulenta, a nombre de Héctor Jhonatan Rua Díaz.

En la actualidad está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

NOTA RELACIONADA: Millonario embargo de bienes a la banda “el Mesa”.

El Inspector.

En la audiencia de control de garantías, ante el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, se declaró inocente del cargo de concierto para delinquir agravado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Albert Henao Acevedo, alias “Alber”, fue capturado en un apartamento de El Poblado, en un operativo policial coordinado desde Bogotá. Foto cortesía de la Policía.

La detención se produjo en la tarde de este domingo 9 de agosto, en una acción coordinada por policías de Inteligencia de la Sipol y Dipol, cumpliendo con una orden de captura por concierto para delinquir agravado, según fuentes cercanas al caso.

Así fue reseñado Albert Henao Acevedo, luego de su captura por parte de la Policía. Foto de cortesía.

En el sitio le incautaron dos celulares, varios anteojos y pelucas, así como múltiples cédulas de identidad, que al parecer usaba para pasar desapercibido, por causa de la persecución en su contra. El rostro de “Alber” aparecía desde el año pasado en el cartel de los cabecillas más buscados del municipio de Bello, con una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que llevara a su captura.

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, contó que esta operación, denominada “San Rafael”, contó con el apoyo y recursos de la embajada británica en Colombia.

La detención fue difícil, pues el objetivo era “extremadamente selectivo con su círculo confianza, cada semana cambiaba de celular y en los últimos meses rotó su permanencia en 10 inmuebles del área metropolitana, cambiando de lugar cada tres días”, detalló el oficial.

Al parecer varios de sus familiares se contagiaron de covid-19, situación por la cual Henao redujo su contacto con las personas cercanas, aislándose en el apartamento de la Loma del Indio, donde finalmente lo apresaron.

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CONTEXTO DE VIOLENCIA

La detención de este hombre se había convertido en una prioridad para las autoridades desde febrero de 2019, cuando en la localidad bellanita se desató una violenta confrontación que involucró a la banda de “Pachelly”, enfrentada contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”.

Desde que inició la disputa han sido detenidos otros supuestos líderes de “Pachelly”, entre ellos Alexánder Uribe García (“Banano”) e Iván Darío Giraldo Restrepo (“Agapo”).

Y el pasado 21 de marzo, en la cárcel de Cómbita (Boyacá), mataron a puñaladas a Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), en un crimen en el que el principal sospechoso es su enemigo Rodrigo Rodríguez Rodríguez (”el Montañero”), jefe de “el Mesa”, quien estaba detenido en el mismo patio.

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Esta no es la primera vez que “Alber” es detenido por el cargo de concierto para delinquir. En septiembre de 2011 lo capturó la Policía, pero salió en libertad en 2016, tras cumplir la sentencia.

La Policía explicó que volvió a delinquir, al parecer expandiendo las operaciones de narcotráfico, extorsión y minería ilegal de la banda en el Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca, donde al parecer tendría alianzas con el Clan del Golfo.

El general Atehortúa hizo énfasis en que Henao Acevedo se desmovilizó en 2005 del bloque Centauros de las Autodefensas, al lado de Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo jefe del Clan del Golfo.

La audiencia de control de garantías de Henao Acevedo comenzó este lunes 10 de agosto, en el Palacio de Justicia de Medellín ( de manera virtual). Luego de que se declarara inocente de la imputación, el juzgado decidió aplazar la decisión de medida de aseguramiento para el martes.

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El crimen quedó registrado en una cámara de vigilancia, en la cual se aprecia que las víctimas se movilizaban en un automóvil Mazda 2 negro, de vidrios polarizados, y arribaron a las 5:18 p.m. a la carrera 58CC con la calle 23A. Allí se estacionaron a un costado de la vía.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este automóvil viajaban las víctimas. El asesino disparó primero a través de la ventanilla del copiloto. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

A media cuadra, una motocicleta descargó a un sicario, quien caminó hasta el carro, se ubicó en el costado derecho y disparó en múltiples oportunidades, perforando la ventanilla del copiloto.

Los ocupantes abrieron las puertas del lado opuesto, tratando de escapar. La mujer cayó al asfalto, donde a los pocos minutos falleció. Se llamaba Carolina María Zuluaga García y tenía 29 años.

El hombre que iba con ella alcanzó a correr una cuadra, malherido, pero fue perseguido por el verdugo, quien lo alcanzó y lo remató, dejándolo sin vida en la mitad de la calle. Las autoridades lo identificaron como Dahiam Alexis Arbeláez Aguirre, de 23 años.

Carolina Zuluaga y Dahiam Arbeláez, las víctimas del ataque en el barrio Las Cabañas. Cortesía.

Se presume que en el ataque habrían participado dos motociclistas, que también emprendieron la persecución del muchacho después de los disparos.

Como hipótesis inicial, fuentes policiales atribuyeron el doble homicidio a la disputa entre combos delincuenciales que agobia al municipio de Bello desde el año pasado.

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El Inspector.

Una serie de asesinatos desde febrero, caracterizados por tiroteos públicos y hallazgos de cadáveres, tiene como protagonistas a “Pachelly” contra “el Mesa” y “Niquía Camacol”, según la Policía.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La violencia en Bello también afecta a Copacabana y Medellín. En este carro iban “Tetero” y “Cachetes”, miembros de “Pachelly” asesinados en la Autopista Norte, a la altura de Castilla. Foto de Andrés Osorio.

Las tres estructuras están envueltas en una confrontación desde 2019, por traiciones, negocios malhabidos y retaliaciones, lo que provocó el aumento del índice de homicidios entre febrero y agosto de ese año, llegando al 175% de aumento en esas muertes, concentradas en las comunas de Niquía y Altos de Niquía (ver la NOTA RELACIONADA: División en la banda “Pachely” provocó desorden público en Bello).

La situación escaló hasta las altas esferas del Gobierno. El presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa y la Gobernación encabezaron consejos de seguridad, exigiendo resultados. A Bello llegó un refuerzo en pie de fuerza policial y militar sin precedentes, hubo operativos y capturas de cabecillas, hasta que la violencia disminuyó.

Antes de las elecciones regionales hubo una tregua entre las bandas, según fuentes de Inteligencia, por lo que los bellanitas votaron tranquilos en octubre y gozaron de una Navidad sin aspavientos.

Sin embargo, en febrero de 2020, tras cuatro meses de paz, revivió la disputa, esta vez focalizada en las comunas La Cumbre, Bellavista y Niquía.

Entre los crímenes está el ataque a bala contra dos primos, en el que falleció Robin Guzmán Palacio, de 28 años, y su familiar de 21 quedó herido, el 29 de enero en Niquía.

El 6 de febrero abandonaron en una manga de El Trapiche el cadáver abaleado de un joven de 17 años, envuelto en una cobija y un costal.

El periodo más crítico empezó el 20 de febrero, cuando en el baúl de un carro, en el barrio Santa Ana, dejaron el cuerpo sin vida de David Andrés Sandoval, de 29 años. Ese mismo día hubo otros dos asesinatos en El Ángel y Camacol; en el segundo sitio la víctima fue Cristian Peláez (“Boso”), un presunto mando medio de “Pachelly”.

Él era el comerciante y exfutbolista Juan Diego González Alzate. Foto de archivo El Colombiano.

El 22 de febrero hubo dos ataques sicariales en el barrio Buenos Aires, que dos muertos y un herido. El 29 de febrero acribillaron a otro adolescente de 17 años en el barrio Bellavista.

En total, en enero hubo 4 asesinatos, en febrero se duplicó a 9 y dos más en marzo (15). Las vecindades más afectadas son Playa Rica, Niquía, Buenos Aires y El Trapiche, en Bello.

La confrontación se trasladó a Copacabana, municipio adyacente en el que han botado cinco cuerpos amarrados y envueltos en cobijas, del 15 de enero al 27 de febrero; en este último día, los bomberos rescataron dos cadáveres del río, metidos en costales, y uno de los difuntos resultó ser el exfutbolista Diego González (ver el Anexo).

En Medellín hubo otro episodio al mediodía del 5 de marzo, cuando sicarios abalearon a dos supuestos integrantes de “Pachelly” que iban en un carro por la Autopista Norte, en Castilla. Murieron David Grajales (“Tetero”), presunto coordinador del grupo en el sector Villas del Sol, y Johan Betancur (“Cachetes”).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Ómar Rodríguez, opinó que la reacción de la Fuerza Pública ha impedido que el problema escale a las mismas proporciones del año pasado. “Tenemos un refuerzo de 200 policías adicionales, hicimos allanamientos, logramos 48 capturas y la incautación de 18 armas de fuego. La situación se ha estabilizado”, precisó.

La operación más reciente contra estos grupos delincuenciales la realizó el Gaula de la Policía el pasado 27 de febrero, capturando a 11 presuntos miembros de “Pachelly” en Bello. En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado; ninguno aceptó la culpa y el juzgado les dictó medida de aseguramiento en prisión.

Los procesados fueron: Arley Duque Callejas (“Churro”), Sergio Duque Callejas (“Cheo”), Diego Patiño Barco (“Estropajo”), Carlos Angulo Landázuri (“el Negro”), Juan Vélez Pérez (“Chuky”), Víctor Giraldo Galeano (“Pelos”), Duvaney Giraldo Galeano (“Leche”), Wilson Giraldo Galeano (“Lino”), Dubán Giraldo Galeano (“Ñapa”), Jair Restrepo Díez (“Ojara”) y Dulfay Cadavid Arroyave (“Gaby”).

El mismo 5 de marzo visitó el municipio el ministro de Defensa, Carlos Holmes, y anunció otras medidas: 1). La Policía y el Ejército incrementarán sus patrullajes en los barrios Niquía, Pachelly, Bellavista, Villa Linda y Nueva Jerusalén; 2). El Gaula hará una intervención puerta a puerta, durante 60 días, para instruir a la comunidad sobre medidas contra la extorsión; 3). El Ministerio acompañará a la Gobernación y a las alcaldías en la construcción de un Plan Integral de Seguridad Metropolitano.

Estos son los 11 supuestos miembros de “Pachelly” capturados por el Gaula en Bello. Un juez los envió a la cárcel. Foto cortesía de la Policía.

La secretaria de Gobierno de Bello, Daniela Ortega, reiteró que la Alcaldía ofrece hasta $10 millones para quien suministre datos que lleven a la captura de los generadores de violencia: “Invitamos a la comunidad a que haga parte de las estrategias de seguridad, ayudando con información”.

Aunque los jefes de las tres bandas están encarcelados, en libertad hay varios cabecillas que las siguen regentando. La Policía y la Fiscalía tienen entre ojos a alias “Juan 23”, de “Niquía Camacol”; a “Pocho” y “Alber”, de “Pachelly”; y a “Mangandy”, “Gordo Willington” y “Jalea”, de “el Mesa”.

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ANEXO: EL FUTBOLISTA ASESINADO

A los 39 años fue asesinado el exfutbolista y comerciante antioqueño Juan Diego González Alzate, quien jugó en Envigado, Medellín, Santa Fe, Once Caldas, San Lorenzo (Argentina) y Santos Laguna (México).

La información fue confirmada por dos amigos cercanos, quienes indicaron que su familia reconoció el cuerpo en la morgue de Medicina Legal, el martes 3 de marzo. El coronel Ómar Rodríguez contó que el cadáver fue hallado el 27 de febrero en Copacabana, junto a un joven de 19 años llamado Deiber Galeano, quien residía en Niquía y estaba desaparecido desde hacía tres días.

González se formó en la cantera del club Sajo’s de Bello, y de allí pasó a la selección de Antioquia. Oriundo del barrio Machado (Copacabana), hizo parte de una camada de talentos que incluía al volante Mauricio Molina, con quien dio el salto del fútbol aficionado al Envigado F.C., luego de sus destacadas campañas con la Selección Antioquia prejuvenil.

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El Inspector.

La matanza sucedió a las 10:20 p.m. de este sábado 15 de febrero, en un local de comidas del barrio Antonio Nariño, en la carrera 107 con la calle 45A.

Las autoridades no revelaron, en principio, la identidad del sospechoso detenido con las armas después de la masacre. Foto cortesía de la Policía.

En el lugar departían la comerciante Daniela Henao Pareja, de 28 años y dueña de un carrito de comidas; el conductor Luis Miguel Gómez Loaiza, de 26; y los desempleados Juan Felipe Villa Castaño y José David Cano Ospina, de 28 y 29, respectivamente.

De repente llegaron tres hombres en motocicleta y abrieron fuego contra los presentes, para después escapar. Las víctimas fueron llevadas a la Unidad Intermedia de San Javier, donde no fue posible salvarlas.

Cerca del sitio había una patrulla de la Policía y un pelotón del Ejército, que llegaron a atender el caso. En el trayecto hubo un intercambio de disparos con algunos delincuentes, que aprovecharon la oscuridad para perderse entre la maleza que rodea el vecindario.

Drones y el helicóptero Halcón de la Policía se sumaron a la persecución, y con sus reflectores y cámaras de alta resolución ayudaron a ubicar un sospechoso de 27 años, cuando trataba de escapar por los tejados. Le encontraron una bolsa con dos pistolas 9 milímetros, una escopeta Mossberg calibre 20 y municiones.

En este lugar departían las víctimas, en el momento en que fueron acribilladas por los asesinos. Foto de cortesía.

Según las autoridades, es un presunto integrante de la banda “la Agonía” y se investiga si está conectado con la masacre. El coronel Ómar Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, declaró que tiene antecedentes por el delito de homicidio y que lo investigan por otros dos asesinatos perpetrados en San Javier en días pasados.

En la reacción y con ayuda de la comunidad, los uniformados lograron identificar a otros dos supuestos atacantes, los cuales están siendo buscados.

Sobre las causas de la violenta incursión, los investigadores ya tienen una hipótesis. Fuentes de Inteligencia manifestaron que horas antes de la masacre hubo un atentado cinco cuadras más abajo, en contra de un hombre apodado “César”, miembro de “la Agonía”, quien sobrevivió. En principio se cree que ese ataque lo realizaron integrantes del combo “Peñitas”.

En respuesta, algunos sicarios de “la Agonía” salieron a cazar gente de “Peñitas”. Se presume que uno de los muertos tenía conexión con ese grupo ilegal, de acuerdo con esta teoría policial.

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El Inspector.

El ataque sucedió en la madrugada del martes 5 de noviembre, y las víctimas fueron Ribaldo Álvarez Vásquez, de 20 años, y Cristian David Henríquez Henao, de 29 y apodado “el Burro”.

En este automóvil se transportaban las víctimas, cuando se produjo el ataque de los sicarios. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

De acuerdo con la investigación preliminar, los dos hombres se movilizaban en un automóvil Mazda 3. Estaban de fiesta, y luego de ingerir licor en Manrique condujeron el carro hacia Buenos Aires.

A las 2:00 a.m. pasaban por el citado vecindario, cuando fueron perseguidos por sicarios motorizados. Los agresores dispararon contra el automotor y los proyectiles atravesaron las ventanillas, lesionando de muerte a los ocupantes.

Las víctimas aceleraron, pero terminaron estrelladas contra una vivienda en la calle 46 con la carrera 30. Allí perdieron la vida.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que “el Burro” tenía antecedentes delincuenciales. En la base de datos judicial le figuran investigaciones por hurto, tráfico de estupefacientes y violencia contra servidor público; al parecer era integrante del combo “la Milagrosa”, que delinque en el barrio del mismo nombre.

Los investigadores presumen que el atentado estaba dirigido contra él y que su acompañante murió por daño colateral. En la pesquisas iniciales logró establecerse que los asesinos salieron de un barrio vecino, aunque no se ha establecido para qué grupo criminal trabajan.

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El Inspector.